Sergio Noé Vargas Macías

Expediente 915/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
915/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • Sergio Noé Vargas Macías

Actuaciones

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del diecinueve de julio del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por Sergio Noé Vargas Macías; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que se dictó un acuerdo en el que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos de la Doctora **********, Coordinadora Municipal de Centro de Salud Santa María Tultepec del Instituto de Salud del Estado de México y otras autoridades; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 915/2023-I. El quejoso reclama lo siguiente: a) Las órdenes verbales de impedir desempeñar sus funciones como Técnico en Atención Primaria de Salud, así como la de retirar el tarjetero de asistencias, la tarjeta 25 perteneciente al quejoso. b) La nota informativa del trece de julio de dos mil veintitrés, con la que pretende impedir al quejoso registrar su entrada y salida. c) La falta de notificación para intervenir dentro de la diligencia en la que se hicieron constar los hechos. d) El inicio de algún procedimiento administrativo que tenga como consecuencia la suspensión de su suelda y/o baja. e) La orden verbal de suspender su salario. f) La ejecución de todos y cada uno de los actos reclamados. g) La omisión de notificar al quejoso que debía presentarse a la diligencia de la cual se levantó una constancia (nota informativa del trece de julio de dos mil veintitrés). h) La omisión de contestar el escrito de trece de julio de dos mil veintitrés, presentado en esa misma fecha. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo debe ser desechada, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia. En relación a los actos identificados con los incisos a) al g) se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1o., los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Conforme a los preceptos transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen, violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso en concreto, los actos reclamados derivan de una relación laboral entre el ahora quejoso y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM). Sin embargo, en contra de los citados actos reclamados el aquí quejoso debió interponer demanda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, pues es precisamente ahí donde se determinará la legalidad o ilegalidad de la conclusión de su nombramiento, resultando improcedente la vía constitucional intentada. Sin que este Órgano Constitucional deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 125/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2002215, Libro XIV, de fecha Noviembre de 2012, Tomo 2, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA.". En relación al acto descrito en el inciso h, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 8o., de la Constitución Federal. A fin de precisar lo anterior, deviene importante traer a colación el contenido del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra versa: "Articulo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De la interpretación del precepto legal citado, se desprende que para que exista un derecho de petición en favor de un ciudadano deben actualizarse los siguientes supuestos: a) La petición debe constar por escrito. b) Se debe realizar de manera pacífica y respetuosa. c) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito. d) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. Con lo anterior, resulta claro que el peticionario de amparo cumplió con los supuestos marcados en los incisos a) y b), en el momento de analizar el contenido del artículo 8o. Constitucional, en líneas acápites anteriores. Ahora bien, resulta dable citar el contenido del artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 135. Las peticiones que los particulares hagan a las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados con funciones de autoridad, de carácter estatal o municipal, deberán ser resueltas en forma escrita y notificada, dentro de un plazo que no exceda de quince días hábiles posteriores a la fecha de su presentación, a excepción de los trámites que tengan plazo establecido en la Ley de la materia, los cuales deberán ser resueltos en el término señalado para tal efecto." Del artículo citado se obtiene que la autoridad responsable no puede exceder del plazo de quince días para dar contestación a las peticiones que le fueran formuladas, en ese sentido, se sostiene que no le asiste razón a la parte quejosa para la promoción del presente asunto. Se expone tal aserto, pues como se advierte de las constancias que se adjuntaron a la demanda de amparo, la petición respecto de la cuales aduce no le ha sido contestada, fueron recibidos por la autoridad responsable en fecha trece de julio de dos mil veintitrés, en lo Oficialía de Partes del Instituto de Salud del, Estado de México. Aunado a lo anterior, de las constancias que integran los autos se obtiene que la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común el catorce de los cursantes, esto es, un día hábil después de la solicitud formulada a la autoridad señalada como responsable. En ese sentido, se colige que el quejoso no resiente hasta este momento vulneración alguna al artículo 8o. constitucional como pretende hacer valer en esta instancia constitucional, pues, se insiste la autoridad responsable no puede exceder del plazo de quince días para dar una respuesta congruente, fundada y motivada a su solicitud, situación que regula el citado precepto constitucional, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas sea "breve término". Consecuentemente, no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito. Cobra aplicación también, la tesis I.4o.A.68 K, publicada en la página 390, del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 1994, tomo XIII, Octava Época, que dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Así como, la tesis publicada en la página 167, del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1993, tomo XII, Octava Época, que refiere: "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Si bien es verdad que el artículo 8o. constitucional habla expresa y claramente de "breve término" para dar a conocer al quejoso sobre su petición, tal concepto debe interpretarse en relación directa a la naturaleza o características de la misma, lo que hace necesario que al abordar el problema a través de un juicio de amparo, el análisis deba ser casuista y en función al estudio o trámite que la contestación requiera, para adecuar el lapso prudente para que la autoridad cumpla con esa garantía." Por tal motivo, se estima que la quejosa no sufre una transgresión a su derecho fundamental de petición tutelado en el artículo 8º Constitucional, pues la autoridad a quien formuló la petición que aduce origina su agravio, está dentro del término que para tal efecto le concede la ley que rige el acto reclamado, así como el estimado por la Carta Magna. Tiene aplicación, por las razones que sustentan la tesis I.1o.A.E.64 A (10a.), publicada en la página 2003, Libro 19, Tomo III, en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, Materia Constitucional, con número de registro 2009510, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en 'breve término', guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de 'plazo razonable' descrito." En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en la demanda, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado; por tanto háganse las subsecuentes notificaciones por medio de lista electrónica. Dada la trascendencia de este acuerdo, por única ocasión se comisiona a un actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio de la parte quejosa y, le notifique este proveído. Se tienen por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. No obstante que también refiere como domicilio para oír y recibir notificaciones el que correo convencional, la legislación de amparo no establece dicho medio para tal efecto, por tanto, realícense las notificaciones por medio de la lista electrónica. Hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. De igual forma las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y por única ocasión personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    I. citatorio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso el proveído de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos de la Doctora **********, Coordinadora Municipal de Centro de Salud Santa María Tultepec del Instituto de Salud del Estado de México y otras autoridades; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 915/2023-I. El quejoso reclama lo siguiente: a) Las órdenes verbales de impedir desempeñar sus funciones como Técnico en Atención Primaria de Salud, así como la de retirar el tarjetero de asistencias, la tarjeta 25 perteneciente al quejoso. b) La nota informativa del trece de julio de dos mil veintitrés, con la que pretende impedir al quejoso registrar su entrada y salida. c) La falta de notificación para intervenir dentro de la diligencia en la que se hicieron constar los hechos. d) El inicio de algún procedimiento administrativo que tenga como consecuencia la suspensión de su suelda y/o baja. e) La orden verbal de suspender su salario. f) La ejecución de todos y cada uno de los actos reclamados. g) La omisión de notificar al quejoso que debía presentarse a la diligencia de la cual se levantó una constancia (nota informativa del trece de julio de dos mil veintitrés). h) La omisión de contestar el escrito de trece de julio de dos mil veintitrés, presentado en esa misma fecha. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo debe ser desechada, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia. En relación a los actos identificados con los incisos a) al g) se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1o., los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Conforme a los preceptos transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen, violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso en concreto, los actos reclamados derivan de una relación laboral entre el ahora quejoso y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM). Sin embargo, en contra de los citados actos reclamados el aquí quejoso debió interponer demanda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, pues es precisamente ahí donde se determinará la legalidad o ilegalidad de la conclusión de su nombramiento, resultando improcedente la vía constitucional intentada. Sin que este Órgano Constitucional deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 125/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2002215, Libro XIV, de fecha Noviembre de 2012, Tomo 2, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA.". En relación al acto descrito en el inciso h, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 8o., de la Constitución Federal. A fin de precisar lo anterior, deviene importante traer a colación el contenido del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra versa: "Articulo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De la interpretación del precepto legal citado, se desprende que para que exista un derecho de petición en favor de un ciudadano deben actualizarse los siguientes supuestos: a) La petición debe constar por escrito. b) Se debe realizar de manera pacífica y respetuosa. c) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito. d) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. Con lo anterior, resulta claro que el peticionario de amparo cumplió con los supuestos marcados en los incisos a) y b), en el momento de analizar el contenido del artículo 8o. Constitucional, en líneas acápites anteriores. Ahora bien, resulta dable citar el contenido del artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 135. Las peticiones que los particulares hagan a las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados con funciones de autoridad, de carácter estatal o municipal, deberán ser resueltas en forma escrita y notificada, dentro de un plazo que no exceda de quince días hábiles posteriores a la fecha de su presentación, a excepción de los trámites que tengan plazo establecido en la Ley de la materia, los cuales deberán ser resueltos en el término señalado para tal efecto." Del artículo citado se obtiene que la autoridad responsable no puede exceder del plazo de quince días para dar contestación a las peticiones que le fueran formuladas, en ese sentido, se sostiene que no le asiste razón a la parte quejosa para la promoción del presente asunto. Se expone tal aserto, pues como se advierte de las constancias que se adjuntaron a la demanda de amparo, la petición respecto de la cuales aduce no le ha sido contestada, fueron recibidos por la autoridad responsable en fecha trece de julio de dos mil veintitrés, en lo Oficialía de Partes del Instituto de Salud del, Estado de México. Aunado a lo anterior, de las constancias que integran los autos se obtiene que la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común el catorce de los cursantes, esto es, un día hábil después de la solicitud formulada a la autoridad señalada como responsable. En ese sentido, se colige que el quejoso no resiente hasta este momento vulneración alguna al artículo 8o. constitucional como pretende hacer valer en esta instancia constitucional, pues, se insiste la autoridad responsable no puede exceder del plazo de quince días para dar una respuesta congruente, fundada y motivada a su solicitud, situación que regula el citado precepto constitucional, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas sea "breve término". Consecuentemente, no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito. Cobra aplicación también, la tesis I.4o.A.68 K, publicada en la página 390, del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 1994, tomo XIII, Octava Época, que dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Así como, la tesis publicada en la página 167, del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1993, tomo XII, Octava Época, que refiere: "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Si bien es verdad que el artículo 8o. constitucional habla expresa y claramente de "breve término" para dar a conocer al quejoso sobre su petición, tal concepto debe interpretarse en relación directa a la naturaleza o características de la misma, lo que hace necesario que al abordar el problema a través de un juicio de amparo, el análisis deba ser casuista y en función al estudio o trámite que la contestación requiera, para adecuar el lapso prudente para que la autoridad cumpla con esa garantía." Por tal motivo, se estima que la quejosa no sufre una transgresión a su derecho fundamental de petición tutelado en el artículo 8º Constitucional, pues la autoridad a quien formuló la petición que aduce origina su agravio, está dentro del término que para tal efecto le concede la ley que rige el acto reclamado, así como el estimado por la Carta Magna. Tiene aplicación, por las razones que sustentan la tesis I.1o.A.E.64 A (10a.), publicada en la página 2003, Libro 19, Tomo III, en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, Materia Constitucional, con número de registro 2009510, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en 'breve término', guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de 'plazo razonable' descrito." En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en la demanda, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado; por tanto háganse las subsecuentes notificaciones por medio de lista electrónica. Dada la trascendencia de este acuerdo, por única ocasión se comisiona a un actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio de la parte quejosa y, le notifique este proveído. Se tienen por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. No obstante que también refiere como domicilio para oír y recibir notificaciones el que correo convencional, la legislación de amparo no establece dicho medio para tal efecto, por tanto, realícense las notificaciones por medio de la lista electrónica. Hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. De igual forma las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y por única ocasión personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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