Sergio Navarro Ramírez

Expediente 551/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
551/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
18/08/2017

Partes del expediente

  • Sergio Navarro Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del tres al dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, sin contar los días cinco, seis, doce y trece por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de julio último dentro del juicio de amparo número 551/2017-1. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el presente juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión. Que si existen documentos por devolver a la autoridad responsable. En la misma fecha el Secretario da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de julio del año en curso, que negó al quejoso Sergio Navarro Ramírez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. En otro aspecto, se ordena devolver a la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el toca A.P. 158/2016-B y original del proceso penal 52/2012, que adjuntó en su oportunidad a su informe justificado. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que sea el caso que alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese por medio de lista a las partes y a la autoridad responsable por oficio. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- Doy fe. Olivia

  2. Principal

    En treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta al Secretario encargado del despacho, con la razón actuarial de veintiocho de julio del año en curso. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial de cuenta, y en atención a que de la misma se desprende que no le fue posible al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado notificar personalmente a los terceros interesados Laura Goytia y Emmanuel Reyes Ramírez, la sentencia dictada en veintisiete de julio del año en curso, ya que no obra en autos domicilio señalado de su parte en esta ciudad, no obstante que se les previno al momento de su emplazamiento para ello; por tanto, se les hace efectivo a los citados terceros interesados el apercibimiento hecho por auto de cinco de junio de la presente anualidad, por lo que la notificación de la sentencia de mérito, así como las posteriores que tengan el carácter de personales practíquenseles por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. OE*. se notifica por lista a los terceros interesados la sentencia de 27 de julio de 2017, de coinformidad con lo dispuewsto por el articulo 29 de la ley de amparo. "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 551/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Sergio Navarro Ramírez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: - La resolución de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, emitida en la causa de ejecución de sanciones 54/2013, mediante la cual se negó la obtención de la compurgación de la pena. Acto que consideró violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de cinco de junio de dos mil diecisiete (fojas 11 a 14), se registró el juicio con el expediente 551/2017, se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción, se mandó emplazar a la parte tercera interesada, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - La sentencia de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, emitida en el toca de ejecución de sanciones 5/2017, mediante la que se confirmó la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, que negó al quejoso el beneficio de libertad anticipada, en su modalidad de remisión parcial de la penal, en la carpeta de ejecución de sanciones 54/2013, en relación con la pena impuesta en la causa penal 332/2012 (del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas), por los delitos de secuestro exprés y robo calificado. . TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La magistrada presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas aceptó la emisión de la resolución reclamada (foja 18). Además, en apoyo de su informe con justificación, dicha autoridad remitió las constancias relativas al toca de ejecución de origen y a la causa penal natural; documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narraran los antecedentes del acto reclamado: 1. En sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil doce, emitida dentro del procedimiento abreviado seguido en la causa penal 332/2012, la Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital del Estado de Zacatecas condenó al quejoso a la pena de prisión de trece años, seis meses, por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro exprés y robo calificado, cometidos en agravio de Emmanuel Reyes Ramírez, el primero, y de Laura Ramírez Goytia, el segundo (fojas 2 a 14 del tomo de pruebas relativo al cuaderno de ejecución natural). 2. En auto de catorce de enero de dos mil doce, se declaró que la sentencia anterior había quedado firme (foja 16 del cuaderno referido). 3. En resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, negó el beneficio de libertad anticipada, en su modalidad de remisión parcial de la pena, solicitado por el quejoso (fojas 272 a 276 del tomo de pruebas relativo al cuaderno de ejecución de origen). 4. Inconforme con la determinación anterior, el quejoso interpuso recurso de apelación (fojas 279 a 289). 5. En sentencia de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, los magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas confirmaron la resolución impugnada (fojas 324 a 337). QUINTO. Ausencia de transcripción de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad por no causar perjuicio a las partes ni existir disposición legal que obligue a ello, según establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan infundados. El quejoso argumenta, en esencia, que la resolución reclamada resulta violatoria del artículo 18 constitucional, porque no se le concede acceder a su derecho de reinserción social, al negársele el beneficio de remisión parcial de la pena. Lo anterior, afirma, dado que ha cumplido al pie de la letra con los requisitos para obtener su libertad de manera anticipada y ha modificado sus rasgos de personalidad criminal; por lo que, a su juicio, se ha logrado el objetivo de reinserción social. Sobre esa base, estima, resulta violatorio de derechos el criterio jurisprudencial citado como fundamento en el acto reclamado (contradicción de tesis 8/2015 del Pleno en materia Penal del Primer Circuito), porque atenta directamente contra el derecho fundamental referido, al determinar que no se concedan los beneficios procesales señalados. En ese sentido, señala, el objetivo de compurgar una pena de prisión es saldar la deuda con la sociedad, pero también reincorporarse a ésta de manera positiva, productiva y sin recriminación; por lo que negar el beneficio solicitado conlleva una discriminación social y judicial en perjuicio del sentenciado, porque no se hace efectiva la reincorporación en comento y provoca que se deje de tener la motivación de recuperar la libertad, lo que desnaturaliza la finalidad de que se deje de delinquir; siendo que se debe tratar igual a todos los sentenciados. Los motivos de inconformidad anteriores resultan infundados, conforme a lo siguiente: El segundo párrafo del artículo 18 constitucional establece: "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.". De la disposición constitucional trascrita se deduce que la compurgación de las penas tiene como finalidad el lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte y observando los beneficios que para el sentenciado se establecen en ley. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis 1a. CCXXI/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de dos mil dieciséis, Tomo I, página 509: "REINSERCIÓN SOCIAL. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la evolución histórica del artículo constitucional citado, se advierte que los cambios en su redacción reflejan los diversos propósitos que han perseguido la pena y el sistema penitenciario en su conjunto; en principio, se consideró que el autor del delito era una persona degenerada, de ahí que la Constitución General tuviera como finalidad su regeneración; en un segundo momento, se le percibió como un sujeto mental o psicológicamente desviado que requería de una readaptación, en ambos casos debía ser objeto de tratamiento; mientras que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2011, respectivamente, básicamente resultaron en: i) La sustitución del término "readaptación" por "reinserción"; ii) El abandono del término "delincuente"; iii) La inclusión del fomento al respeto por los derechos humanos, como medio para lograr la reinserción; iv) La inclusión de un objetivo adicional a "lograr la reinserción", a saber: "procurar que la persona no vuelva a delinquir"; y, v) La adición del concepto "beneficios" como parte de la lógica del sistema penitenciario. De este modo, la intención del Constituyente consistió en cambiar el concepto penitenciario de readaptación social por uno más moderno y eficiente, denominándolo "reinserción" o "reintegración" a la sociedad apoyado, entre otros elementos, en el respeto a los derechos humanos y el trabajo. Por tanto, a raíz de la citada reforma de 2008, la reinserción social, como fin de la pena, no acepta la idea de que al culpable se le caracterice por ser degenerado, desadaptado o enfermo, y que hasta que sane podrá obtener no sólo la compurgación de la pena, sino inclusive alguno de los beneficios preliberacionales que prevé la norma. En consecuencia, el ejercicio de la facultad legislativa en materia de derecho penitenciario no puede ser arbitraria, pues la discrecionalidad que impera en la materia y que ha sido reconocida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en materia de beneficios preliberacionales, debe aspirar a conseguir un objetivo constitucional, consistente en la reinserción social del individuo, antes que en su regeneración o readaptación". Así pues, el sistema penitenciario busca regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de los diversos medios establecidos para tal efecto. De lo anterior destaca que las actividades y programas que se implementen en los centros penitenciarios deben ser idóneos para permitir a las personas condenadas a pena de prisión su regreso a la sociedad, pues, como se expuso en la tesis citada, no es posible que sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como una atención de la salud, la educación y el deporte. Sin embargo de dicha finalidad no se sigue que el derecho fundamental en comento implique la libertad anticipada de manera necesaria, pues debe entenderse que la reinserción debe buscarse durante todo el tiempo que dure la pena, pero no que ésta pueda reducirse en virtud de aquélla. Esto es así, pues no se establece que la reinserción del reo incida en la duración de la pena; por el contrario, se dispone que, como parte de tal prerrogativa, deben observarse los beneficios que en favor del sentenciado marque la ley. De tal suerte que se remite a la ley secundaria para la configuración de los requisitos que regulen tales prerrogativas, sin que se establezca una directriz particular que incida en éstos. Por tanto, el principio de reinserción social contenido en el artículo 18 constitucional únicamente conlleva la obligación de que el conjunto de actividades y programas del sistema penitenciario tengan como objetivo y sean eficaces para regresar al sentenciado a la vida en sociedad. Sin que pueda realizarse una interpretación más amplia del derecho en comento, en particular, en relación con los beneficios a que pueden acceder los sentenciados, porque, se reitera, no se establece disposición alguna al respecto y, por el contrario, se remite a la ley secundaria para la configuración de éstos; de ahí que no existiría un parámetro constitucional válido para extender el alcance de la prerrogativa en estudio. En consecuencia, el derecho fundamental en análisis no conlleva directriz alguna respecto de la duración de la pena, por lo que no puede implicar, se insiste, la libertad anticipada de los sentenciados, ya que tal tipo de beneficios deben otorgarse en los términos que regule la ley secundaria. En ese contexto, el artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 19. Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas conforme al Código Penal Federal y la legislación aplicable en materia de ejecución de sanciones, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian: I. Respecto de los delitos sancionados con una pena que no exceda de cuatro años de prisión; II. El sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y pague el costo de su operación y mantenimiento; III. El sentenciado sea primodelincuente; IV. En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación; V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad judicial el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado VI. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias adecuadas que acrediten que continuará estudiando; VII. Cuente con fiador, y VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron en su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a éstos". Del precepto anterior se deduce la prohibición expresa de que los sentenciados por los delitos materia de la ley en comento puedan obtener los beneficios de libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena; salvo que se trate de quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas (siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto). Lo expuesto implica que el legislador ordinario estableció un régimen especial en relación con los beneficios en comento para los sentenciados por delitos en materia de secuestro. En consecuencia, es posible advertir que se consideró que las personas citadas debían ser sancionadas de manera más severa por la naturaleza de los ilícitos involucrados, lo que revela un doble propósito: desincentivar que se realicen las conductas en comento y que exista certeza de que la condena se cumpla en su integridad. Lo anterior resulta conforme con el artículo 18 constitucional, ya que debe entenderse que se consideró que las condenas por los delitos en comento eran el tiempo mínimo indispensable para lograr la reinserción social de los sentenciados. Por tanto, el derecho de reinserción en comento se respeta en la medida en que, durante todo el tiempo de la pena, el sistema penitenciario busque la reinserción del sentenciado, pero, como se consideró, la prerrogativa en comento no puede modificar la duración de aquélla. En consecuencia, los sentenciados por delitos en materia de secuestro no pueden acceder a los beneficios en comento, salvo los supuestos expresamente previstos en la ley de la materia. En el caso, se advierte que el quejoso fue sentenciado, en lo conducente, por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro exprés, en términos del artículo 9, fracción I, inciso d, de la ley general de delitos en materia de secuestro. Por tanto, es indudable que en términos del artículo 19 de dicha legislación citada, no puede acceder a los beneficios que impliquen la reducción de la condena. Sin que exista constancia de que el sentenciado haya colaborado proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas ni que, en ese supuesto, cumpla con los requisitos establecidos para gozar de los beneficios en comento; porque la pretensión del quejoso se concretó en la obtención de los beneficios en virtud del derecho de reinserción social. En consecuencia, contrariamente a lo alegado, resulta correcto que en la resolución reclamada se haya confirmado la negativa de la libertad anticipada solicitada, porque es evidente que resulta improcedente, al tratarse de un delito en materia de secuestro. Además, si bien lo anterior implica un trato diferenciado frente a otro tipo de ilícitos, no resulta en sí mismo discriminatorio, porque se utiliza como parámetro de distinción la naturaleza de los delitos involucrados, por lo que al ser distinta ésta dependiendo del bien jurídico de que se trate, es posible que se sancionen en términos discordantes; sostener lo contrario implicaría que todos los delitos debieran sancionarse en iguales términos y magnitud, lo que evidentemente resultaría un contrasentido, ya que se trata de conductas con diferente impacto en la sociedad. Por tanto, lo relevante es que la disposición en comento trata igual a todos los sentenciados por los delitos de la misma materia, es decir, a los que se encuentran en igualdad de condiciones. Así pues, no es posible que a la luz del derecho de reinserción se le libere anticipadamente, porque existe una ley especial que prohíbe expresamente tal beneficio y la prerrogativa alegada, se insiste, no implica que la condena necesariamente deba reducirse, al estar sujetos dichos beneficios a lo que se establezca en la ley secundaria. Entonces, el hecho de que no se reduzca la condena materia del acto reclamado no implica trasgresión al artículo 18 constitucional, en la medida en que debe entenderse que en toda su duración se buscará la reinserción social del quejoso. En conclusión, al resultar infundados los conceptos de violación, y no advertirse alguna cuestión diversa a la planteada por la que proceda suplir la deficiencia de la queja, se niega el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Navarro Ramírez, en contra del acto reclamado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la sentencia de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, emitida en el toca de ejecución de sanciones 5/2017; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, el veintisiete de julio de dos mil diecisiete en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 551/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Sergio Navarro Ramírez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: - La resolución de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, emitida en la causa de ejecución de sanciones 54/2013, mediante la cual se negó la obtención de la compurgación de la pena. Acto que consideró violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de cinco de junio de dos mil diecisiete (fojas 11 a 14), se registró el juicio con el expediente 551/2017, se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción, se mandó emplazar a la parte tercera interesada, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - La sentencia de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, emitida en el toca de ejecución de sanciones 5/2017, mediante la que se confirmó la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, que negó al quejoso el beneficio de libertad anticipada, en su modalidad de remisión parcial de la penal, en la carpeta de ejecución de sanciones 54/2013, en relación con la pena impuesta en la causa penal 332/2012 (del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas), por los delitos de secuestro exprés y robo calificado. . TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La magistrada presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas aceptó la emisión de la resolución reclamada (foja 18). Además, en apoyo de su informe con justificación, dicha autoridad remitió las constancias relativas al toca de ejecución de origen y a la causa penal natural; documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narraran los antecedentes del acto reclamado: 1. En sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil doce, emitida dentro del procedimiento abreviado seguido en la causa penal 332/2012, la Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital del Estado de Zacatecas condenó al quejoso a la pena de prisión de trece años, seis meses, por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro exprés y robo calificado, cometidos en agravio de Emmanuel Reyes Ramírez, el primero, y de Laura Ramírez Goytia, el segundo (fojas 2 a 14 del tomo de pruebas relativo al cuaderno de ejecución natural). 2. En auto de catorce de enero de dos mil doce, se declaró que la sentencia anterior había quedado firme (foja 16 del cuaderno referido). 3. En resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, negó el beneficio de libertad anticipada, en su modalidad de remisión parcial de la pena, solicitado por el quejoso (fojas 272 a 276 del tomo de pruebas relativo al cuaderno de ejecución de origen). 4. Inconforme con la determinación anterior, el quejoso interpuso recurso de apelación (fojas 279 a 289). 5. En sentencia de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, los magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas confirmaron la resolución impugnada (fojas 324 a 337). QUINTO. Ausencia de transcripción de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad por no causar perjuicio a las partes ni existir disposición legal que obligue a ello, según establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan infundados. El quejoso argumenta, en esencia, que la resolución reclamada resulta violatoria del artículo 18 constitucional, porque no se le concede acceder a su derecho de reinserción social, al negársele el beneficio de remisión parcial de la pena. Lo anterior, afirma, dado que ha cumplido al pie de la letra con los requisitos para obtener su libertad de manera anticipada y ha modificado sus rasgos de personalidad criminal; por lo que, a su juicio, se ha logrado el objetivo de reinserción social. Sobre esa base, estima, resulta violatorio de derechos el criterio jurisprudencial citado como fundamento en el acto reclamado (contradicción de tesis 8/2015 del Pleno en materia Penal del Primer Circuito), porque atenta directamente contra el derecho fundamental referido, al determinar que no se concedan los beneficios procesales señalados. En ese sentido, señala, el objetivo de compurgar una pena de prisión es saldar la deuda con la sociedad, pero también reincorporarse a ésta de manera positiva, productiva y sin recriminación; por lo que negar el beneficio solicitado conlleva una discriminación social y judicial en perjuicio del sentenciado, porque no se hace efectiva la reincorporación en comento y provoca que se deje de tener la motivación de recuperar la libertad, lo que desnaturaliza la finalidad de que se deje de delinquir; siendo que se debe tratar igual a todos los sentenciados. Los motivos de inconformidad anteriores resultan infundados, conforme a lo siguiente: El segundo párrafo del artículo 18 constitucional establece: "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.". De la disposición constitucional trascrita se deduce que la compurgación de las penas tiene como finalidad el lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte y observando los beneficios que para el sentenciado se establecen en ley. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis 1a. CCXXI/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de dos mil dieciséis, Tomo I, página 509: "REINSERCIÓN SOCIAL. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la evolución histórica del artículo constitucional citado, se advierte que los cambios en su redacción reflejan los diversos propósitos que han perseguido la pena y el sistema penitenciario en su conjunto; en principio, se consideró que el autor del delito era una persona degenerada, de ahí que la Constitución General tuviera como finalidad su regeneración; en un segundo momento, se le percibió como un sujeto mental o psicológicamente desviado que requería de una readaptación, en ambos casos debía ser objeto de tratamiento; mientras que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2011, respectivamente, básicamente resultaron en: i) La sustitución del término "readaptación" por "reinserción"; ii) El abandono del término "delincuente"; iii) La inclusión del fomento al respeto por los derechos humanos, como medio para lograr la reinserción; iv) La inclusión de un objetivo adicional a "lograr la reinserción", a saber: "procurar que la persona no vuelva a delinquir"; y, v) La adición del concepto "beneficios" como parte de la lógica del sistema penitenciario. De este modo, la intención del Constituyente consistió en cambiar el concepto penitenciario de readaptación social por uno más moderno y eficiente, denominándolo "reinserción" o "reintegración" a la sociedad apoyado, entre otros elementos, en el respeto a los derechos humanos y el trabajo. Por tanto, a raíz de la citada reforma de 2008, la reinserción social, como fin de la pena, no acepta la idea de que al culpable se le caracterice por ser degenerado, desadaptado o enfermo, y que hasta que sane podrá obtener no sólo la compurgación de la pena, sino inclusive alguno de los beneficios preliberacionales que prevé la norma. En consecuencia, el ejercicio de la facultad legislativa en materia de derecho penitenciario no puede ser arbitraria, pues la discrecionalidad que impera en la materia y que ha sido reconocida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en materia de beneficios preliberacionales, debe aspirar a conseguir un objetivo constitucional, consistente en la reinserción social del individuo, antes que en su regeneración o readaptación". Así pues, el sistema penitenciario busca regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de los diversos medios establecidos para tal efecto. De lo anterior destaca que las actividades y programas que se implementen en los centros penitenciarios deben ser idóneos para permitir a las personas condenadas a pena de prisión su regreso a la sociedad, pues, como se expuso en la tesis citada, no es posible que sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como una atención de la salud, la educación y el deporte. Sin embargo de dicha finalidad no se sigue que el derecho fundamental en comento implique la libertad anticipada de manera necesaria, pues debe entenderse que la reinserción debe buscarse durante todo el tiempo que dure la pena, pero no que ésta pueda reducirse en virtud de aquélla. Esto es así, pues no se establece que la reinserción del reo incida en la duración de la pena; por el contrario, se dispone que, como parte de tal prerrogativa, deben observarse los beneficios que en favor del sentenciado marque la ley. De tal suerte que se remite a la ley secundaria para la configuración de los requisitos que regulen tales prerrogativas, sin que se establezca una directriz particular que incida en éstos. Por tanto, el principio de reinserción social contenido en el artículo 18 constitucional únicamente conlleva la obligación de que el conjunto de actividades y programas del sistema penitenciario tengan como objetivo y sean eficaces para regresar al sentenciado a la vida en sociedad. Sin que pueda realizarse una interpretación más amplia del derecho en comento, en particular, en relación con los beneficios a que pueden acceder los sentenciados, porque, se reitera, no se establece disposición alguna al respecto y, por el contrario, se remite a la ley secundaria para la configuración de éstos; de ahí que no existiría un parámetro constitucional válido para extender el alcance de la prerrogativa en estudio. En consecuencia, el derecho fundamental en análisis no conlleva directriz alguna respecto de la duración de la pena, por lo que no puede implicar, se insiste, la libertad anticipada de los sentenciados, ya que tal tipo de beneficios deben otorgarse en los términos que regule la ley secundaria. En ese contexto, el artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 19. Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas conforme al Código Penal Federal y la legislación aplicable en materia de ejecución de sanciones, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian: I. Respecto de los delitos sancionados con una pena que no exceda de cuatro años de prisión; II. El sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y pague el costo de su operación y mantenimiento; III. El sentenciado sea primodelincuente; IV. En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación; V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad judicial el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado VI. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias adecuadas que acrediten que continuará estudiando; VII. Cuente con fiador, y VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron en su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a éstos". Del precepto anterior se deduce la prohibición expresa de que los sentenciados por los delitos materia de la ley en comento puedan obtener los beneficios de libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena; salvo que se trate de quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas (siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto). Lo expuesto implica que el legislador ordinario estableció un régimen especial en relación con los beneficios en comento para los sentenciados por delitos en materia de secuestro. En consecuencia, es posible advertir que se consideró que las personas citadas debían ser sancionadas de manera más severa por la naturaleza de los ilícitos involucrados, lo que revela un doble propósito: desincentivar que se realicen las conductas en comento y que exista certeza de que la condena se cumpla en su integridad. Lo anterior resulta conforme con el artículo 18 constitucional, ya que debe entenderse que se consideró que las condenas por los delitos en comento eran el tiempo mínimo indispensable para lograr la reinserción social de los sentenciados. Por tanto, el derecho de reinserción en comento se respeta en la medida en que, durante todo el tiempo de la pena, el sistema penitenciario busque la reinserción del sentenciado, pero, como se consideró, la prerrogativa en comento no puede modificar la duración de aquélla. En consecuencia, los sentenciados por delitos en materia de secuestro no pueden acceder a los beneficios en comento, salvo los supuestos expresamente previstos en la ley de la materia. En el caso, se advierte que el quejoso fue sentenciado, en lo conducente, por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro exprés, en términos del artículo 9, fracción I, inciso d, de la ley general de delitos en materia de secuestro. Por tanto, es indudable que en términos del artículo 19 de dicha legislación citada, no puede acceder a los beneficios que impliquen la reducción de la condena. Sin que exista constancia de que el sentenciado haya colaborado proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas ni que, en ese supuesto, cumpla con los requisitos establecidos para gozar de los beneficios en comento; porque la pretensión del quejoso se concretó en la obtención de los beneficios en virtud del derecho de reinserción social. En consecuencia, contrariamente a lo alegado, resulta correcto que en la resolución reclamada se haya confirmado la negativa de la libertad anticipada solicitada, porque es evidente que resulta improcedente, al tratarse de un delito en materia de secuestro. Además, si bien lo anterior implica un trato diferenciado frente a otro tipo de ilícitos, no resulta en sí mismo discriminatorio, porque se utiliza como parámetro de distinción la naturaleza de los delitos involucrados, por lo que al ser distinta ésta dependiendo del bien jurídico de que se trate, es posible que se sancionen en términos discordantes; sostener lo contrario implicaría que todos los delitos debieran sancionarse en iguales términos y magnitud, lo que evidentemente resultaría un contrasentido, ya que se trata de conductas con diferente impacto en la sociedad. Por tanto, lo relevante es que la disposición en comento trata igual a todos los sentenciados por los delitos de la misma materia, es decir, a los que se encuentran en igualdad de condiciones. Así pues, no es posible que a la luz del derecho de reinserción se le libere anticipadamente, porque existe una ley especial que prohíbe expresamente tal beneficio y la prerrogativa alegada, se insiste, no implica que la condena necesariamente deba reducirse, al estar sujetos dichos beneficios a lo que se establezca en la ley secundaria. Entonces, el hecho de que no se reduzca la condena materia del acto reclamado no implica trasgresión al artículo 18 constitucional, en la medida en que debe entenderse que en toda su duración se buscará la reinserción social del quejoso. En conclusión, al resultar infundados los conceptos de violación, y no advertirse alguna cuestión diversa a la planteada por la que proceda suplir la deficiencia de la queja, se niega el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Navarro Ramírez, en contra del acto reclamado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la sentencia de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, emitida en el toca de ejecución de sanciones 5/2017; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, el veintisiete de julio de dos mil diecisiete en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    El tres de julio de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con cuarenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con cuarenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, a fin de dar oportunidad a que la parte quejosa y terceros interesados a quienes se les emplazó en veintiocho de junio del año en curso (f. 29), se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y pruebas que adjuntó relativas al toca A. J. E. 05/2017, carpeta judicial 54/2013-E, sobre con trece discos compactos, constancia de orden cronológico de la intervención de las partes en audiencia de cinco de abril del año en curso y copia certificada (1) disco compacto del registro de audio y video de la misma, con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Olivia

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano