Sergio Najera García

Expediente 293/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
293/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • Sergio Najera García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, a través del cual transcribe el proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo indirecto D-107/2021 de su estadística, de cuyo contenido se advierte en lo que interesa, que tuvo por recibido el toca de apelación 105/2018, el expediente 811/2012 en dos tomos y un sobre con documentos. Atento a lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales procedentes y sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento en atención a que en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno se ordenó el archivo del presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio CCJ/ST/2762/2021 signado por Vicente Adrián Rojas Álvarez Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno la Comisión de Carrera Judicial del referido Consejo autorizó al licenciado José Carlos Ibáñez Méndez para desempeñar las funciones de Juez de Distrito a partir del doce de agosto de dos mil veintiuno, hasta en tanto se adscriba un nuevo titular a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Promoción:. En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con catorce minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la continuación de la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en este juicio de amparo, la que fue suspendida por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se hizo valer la objeción de documentos propuesta por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, en el presente juicio de garantías55/2020-II-B, el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, actuando con la Secretaria Nelly Guillermina Contreras Torres, quien autoriza y da fe, la declaró abierta con fundamento en los artículos 115, 119 y 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia, la Secretaria hace constar que se reanuda la audiencia constitucional en el período de pruebas, en el que se tramita el incidente objeción de documentos, y en el período de PRUEBAS Y CONTRA PRUEBAS DE DICHO INCIDENTE, la Secretaria da cuenta con las pruebas aportadas por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla y la parte quejosa, consistentes en la prueba pericial en materia de grafoscopía y con los dictámenes periciales emitidos por los especialistas designados en autos. A continuación se acuerda: Ténganse por hecha la anterior relación secretarial para los efectos legales a que haya lugar. CERRADO EL PERIODO DE PRUEBAS Y CONTRAPRUEBAS Y ABIERTO EL DE ALEGATOS EN EL INCIDENTE DE OBJECIÓN DE DOCUMENTO, la Secretaria certifica que ninguna de las partes los formuló. Al respecto, se acuerda. Se tiene por hecha la certificación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Continuando con LA AUDIENCA EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE CIERRA EL PERIODO DE PRUEBAS Y ABIERTO EL DE ALEGATOS, la Secretaria certifica que ninguna de las partes los formuló. Al respecto, se acuerda. Se tiene por hecha la certificación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Se cierra el período de alegatos. A continuación, el Secretario hace constar que no existen promociones pendientes de acuerdo, por lo que, con fundamento en el artículo 124 citado, procédase al dictado de la resolución correspondiente. LIC. ALFONSO ORTIZ LÓPEZ. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA. LIC. NELLY GUILLERMINA CONTRERAS TORRES. SECRETARIA DE JUZGADO.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, intégrese al expediente el oficio del Juez de lo Civil de Xicotepec de Juárez, Puebla, mediante el cual comunica las gestiones realizadas para el cumplimiento al fallo protector; asimismo, informa el contenido del auto dictado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente 662/2019 de su índice, donde entre otras cuestiones, se advierte que giró oficio al DIF Desarrollo Integral de la Familia, de aquélla población para que en auxilio de sus labores designe un perito en psicología, fijando las diez horas del catorce de abril del año en curso, para que dicha especialista, acepte y proteste el cargo conferido, con la finalidad de que ayude a la menor I.G.P., a comprender su entrega para con su progenitora LORENA PADILLA MARTÍNEZ, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con copia del oficio de cuenta, notifíquese lo anterior al quejoso, para que surta los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, en términos de lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al JUEZ DE LO CIVIL DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, para que posterior al catorce de abril de la presente anualidad, informe el resultado del desahogo de la diligencia de entrega de la menor I.G.P., a su progenitora LORENA PADILLA MARTÍNEZ, a favor de quien decretó la guarda y custodia provisional, con el apoyo del personal o especialista necesario que ayude a la menor a comprender su entrega. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una Con el APERCIBIMIENTO que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, se hace de su conocimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se ordenara remitir el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO CON COPIA DEL OFICIO DE CUENTA (REGISTRO 4835).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, concedió a la parte quejosa Magdalena Santos Rendón, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 130/2016-IV, promovido por HSBC México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSCB, a través de su apoderado Felipe Ochoa Aguilar, contra la aquí quejosa Magdalena Santos Rendón y ordenara practicar de nueva cuenta la diligencia de emplazamiento reclamado subsanando los vicios formales destacados en esta sentencia, hecho lo anterior, substancie el procedimiento conforme a derecho corresponda, concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en la circunscripción territorial de Puebla, debido a que este no fue impugnado por vicios propios. En cumplimiento a lo anterior, el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante oficio recibido el veintiséis de febrero del año en curso, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 130/2016-A, dejó insubsistente todo lo actuado en dicho juicio ejecutivo mercantil, así como el embargo trabado el cinco de octubre de dos mil diecisiete, sobre el inmueble materia del mismo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Puebla, bajo el índice de Predio Mayor o folio real 200413, ordenando girar el oficio a dicha autoridad registral, a efecto de que cancelara la inscripción de dicho embargo, comisionando al actuario de su adscripción a efecto de que realizara el emplazamiento respectivo de la demandada Magdalena Santos Rendón, aquí quejosa. De igual manera, mediante oficio recibido el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el Registrador Público de la Circunscripción Territorial de Puebla, informó que en cumplimiento a la sentencia de amparo, dejó sin efecto la inscripción número 2349708 de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, correspondiente al embargo ordenado en autos del expediente 130/2016 de la estadística del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, generándose el asiento registral 2785417 de tres de marzo del año en curso, en el folio real inmobiliario 200413 1, remitiendo copia certificada de las constancias relativas. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18 fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó conceder el amparo. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. De igual manera, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. En otro tenor, se hace la indicación que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, con apoyo en el la fracción I, inciso c, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". En diverso aspecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente incidente de suspensión carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. .

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