Sergio Najera Baylón
Expediente 336/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sergio Najera Baylón
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra la determinación de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en los artículos 201 y 202 de la ley de la materia, se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, tomando en consideración que no existe actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del cuadernillo en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), concuerdan con las que obran en el expediente físico; por tanto, con apoyo en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y capítulo 7, numeral 7.1.1.,subnumeral 1, 7.3 y 7.6, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; pues no obstante que por una parte se sobreseyó, por otra se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa, al prudente arbitrio del suscrito no tiene relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de que sean conservadas la demanda de amparo, auto admisorio, sentencia, autos referentes al cumplimiento, así como el presente acuerdo. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. De la certificación que antecede, se obtiene que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que, si a sus intereses convenía, se pronunciara en torno a los actos realizados por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, sin que se haya pronunciado al respecto. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. De acuerdo con la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Para tal fin, es oportuno establecer que en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se tuvo al promotor del amparo acudiendo a solicitar la protección constitucional; por lo que, una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, el veinte de junio último, se dictó sentencia, en la cual, en lo que aquí interesa, se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional; resolución que al no ser recurrida por las partes, causó ejecutoria el veintiséis de julio del año en curso, y en esa misma fecha se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Es importante establecer que en la sentencia de referencia se concedió la protección constitucional al quejoso Sergio Nájera Bailón, para los siguientes efectos: "(.) se le cobre únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos sesenta y cinco centavos) moneda nacional, por cada uno de los servicios que recibió, única y exclusivamente respecto el pago correspondiente al certificado identificado con número e operación 1992646, relativos al concepto de inscripción traslativa de dominio, de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, expedido a favor del promotor del amparo; y, Se le reintegre la parte que cubrió en exceso por tal concepto (.)". Así las cosas, luego de diversos requerimientos, el cinco de los actuales, se recibió el oficio SH-DJR-1289/2022, signado por el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, en representación del Recaudador de Rentas en Ciudad Juárez, Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, con el que informó que el quejoso Sergio Nájera Bailón el título de crédito 1153513, de trece de ese mes y año, por la cantidad de $3,745.35 (tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos treinta y cinco centavos) moneda nacional, expedido a su favor en cumplimiento al fallo protector. Tomando en consideración que hasta esa fecha (cinco de los actuales) no obraba constancia previa en autos acerca de la emisión del referido documento nominativo expedido a favor del quejoso en cumplimiento al fallo protector, se dio vista con su contenido, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que realizara algún pronunciamiento al respecto. Ahora bien, luego de analizar los actos que llevó a cabo el Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para cumplir con la ejecutoria de amparo, se llega a la conclusión de que ésta fue acatada en sus términos, pues se advierte que llevó a cabo adecuadamente el procedimiento establecido en el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, para obtener la actualización de la cantidad que debía devolver al peticionario del amparo, estableciendo que ésta asciende a $3,745.35 (tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos treinta y cinco centavos) moneda nacional. De tal manera que con la expedición del cheque 1153513, de trece de septiembre de dos mil veintidós, valioso por la cantidad mencionada, cuya copia fue recibida en este juzgado el cuatro de los actuales, dio cabal cumplimiento al fallo protector, sin que exista exceso o defecto en su proceder. Por ende, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia dictada en el presente juicio. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes involucradas en el procedimiento de ejecución y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que en contra de esta determinación procede el recurso de inconformidad, por lo que en caso de estar en desacuerdo con lo resuelto cuenta con un plazo de quince días para interponerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Supervisor Administrativo del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica y delegado de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa; atento a su contenido, téngasele informando las gestiones llevadas a cabo por esa oficina exactora a fin cumplimiento al fallo protector, para lo cual menciona que mediante oficio DJF.-17339-XI/2022, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, cuyo acuse acompaña para constancia, solicitó al Jefe del Departamento de Padrón y Control de Obligaciones de esa oficina exactora, la liberación del recurso de la cuenta correspondiente para estar en aptitud de proceder a la devolución de las cantidades ordenadas en la ejecutoria de amparo, así como la elaboración y expedición del cheque a favor del quejoso quejosa. Lo cual será tomado en consideración al momento de analizar el cumplimiento del fallo protector. Finalmente, como lo solicita, con apoyo en lo establecido en el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en el artículo 297, fracción I, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se concede al Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto del Recaudador de Rentas en Ciudad Juárez, Chihuahua, un plazo de diez días más para que cumpla cabalmente con la sentencia de amparo, el cual iniciará al día siguiente al en que quede legalmente notificado de este acuerdo. Apercibido que de no cumplir con lo solicitado dentro del lapso concedido, se le impondrá como medio de apremio una multa de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero último, en términos de lo previsto en el artículo 258, en relación con el diverso artículo 238, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sin perjuicio de incrementarlo en caso de requerimientos posteriores; y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en turno, para el trámite del incidente de inejecución respectivo, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Asimismo, en términos del aludido artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Gobernadora del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad requerida Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba la notificación de este proveído, sin demora alguna haga uso de los medios legales que tenga a su alcance y ordene a su inferior que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo, realizando los apercibimientos de ley que procedan y remitiendo las constancias que así lo acrediten. En el entendido que de no demostrar que dio la orden para que su inferior cumpla con el fallo protector dentro del lapso concedido, se le impondrá como medio de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero último, en términos de lo previsto en el artículo 258, en relación con el diverso artículo 238, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sin perjuicio de incrementarla en caso de requerimientos posteriores; sin dejar de mencionar que en su carácter de superior jerárquico incurriría en igual responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que su inferior, según lo dispone el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, por lo que se haría igualmente acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistente en su separación del cargo y consignación ante la autoridad competente, pues al incurrir en omisión o desacato a un mandato judicial entorpece la pronta impartición de la Justicia Federal. Notifíquese, por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y cúmplase.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio remitido por el Director de Análisis Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, en su calidad de superior jerárquico de la exactora estatal vinculada al cumplimiento de la sentencia dictada en autos, con el que informa que giró instrucciones a la Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda a fin de que dé cumplimiento al fallo protector, lo cual acredita con la documental que acompaña; lo cual será tomado en consideración al momento de analizar el acatamiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese, por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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