Sergio Nacif Martínez
Expediente 1836/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1836/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2022
Partes del expediente
- Sergio Nacif Martínez
Actuaciones
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS FIJADOS EN EL AVISO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: Zapopan, Jalisco, once de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se recibe despacho. Téngase por recibido el oficio con anexos que remite el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Noveno Partido Judicial, en Cihuatlán, Jalisco, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 128/2022, orden 227/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, que le fue enviado a efecto de llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial, encomendada en autos, por las razones que refiere. Dése de baja. Se ordena dar de baja dicha comunicación procesal y acúsese el recibo correspondiente. Se requiere a la parte quejosa. En tales condiciones, ante la imposibilidad de llevar acabo el desahogo de la prueba testimonial de referencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se da vista a la quejosa con el oficio y anexos que anteceden para que, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, en su caso, proporcione diverso domicilio en el que pueda ser efectivamente citados los atestes para el desahogo de la prueba testimonial ofertada en presente asunto. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por desinteresado de la prueba de referencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Rodrigo Torres Padilla, Juez Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el licenciado Gerardo Domínguez Espinoza, secretario que autoriza, da fe y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coincide en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. El Juez El Secretario
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Coordinador de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en atención al oficio 35509/2022, por medio del cual informa que de la búsqueda realizada en su sistema, no localizó registro de Guadalupe de la Torre Olivares. Agréguese el oficio de cuenta a los presentes autos para los efectos legales conducentes y téngase a la citada dependencia cumpliendo el requerimiento formulado en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, por lo que se deja insubsistente el apercibimiento contenido en el mismo respecto de aquéllas. De tal suerte, se está en espera de que el resto de las dependencias requeridas en el citado auto cumplan con el mismo, a fin de proveer lo que en derecho corresponda sobre el emplazamiento de la tercera interesada. Notifíquese
- Principal
Zapopan, Jalisco, dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se tiene por recibido el escrito de cuenta, presentado por la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relacionadas con las constancias exhibidas por la responsable en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, por tanto, en atención a lo que manifiesta, y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, para que, en el plazo de tres días legalmente computado a partir de que se le comunique el presente proveído, informen y remitan cualquier infracción impuesta por sus dependencias respecto del vehículo con número de placas JU22600, para lo cual se les remite copia de la tarjeta de circulación y de la impresión del adeudo aportadas por el quejoso con su demanda de amparo. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondrá multa equivalente a CINCUENTA unidades de medida y actualización. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cincuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). En cuanto a su solicitud en el sentido de hacer efectivo el apercibimiento dictado en auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, indíquese que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que, mediante oficio recibido en auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, informó la imposibilidad que tenía para cumplir, por los motivos ahí expuestos, y se dejó sin efectos el apercibimiento a que hace alusión. Además, es importante destacar que la intención de los requerimientos formulados a las autoridades responsables, no es, de manera preponderante, sancionarlas, sino lograr el cumplimiento de los requerimientos realizados, razón por la cual este juzgador debe dictar las órdenes y medidas de apremio necesarias para lograr ello y, de ser necesario, imponer las sanciones correspondientes a las autoridades responsables. Por otra parte, dígase que no ha lugar a reconocer el carácter de apoderado legal a ******, ya que el promovente es omiso en exhibir documento habilitante de la personalidad. No obstante lo anterior, se le tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, además, se autoriza a la diversa persona que señala, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haber sido designada. Es aplicable la Jurisprudencia 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.".1 Sirve de apoyo además a lo anterior, la tesis de jurisprudencia: 2a./J. 124/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, noviembre de dos mil dieciséis, cuyo contenido es el siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Notifíquese.
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