Sergio Murillo Estrella
Expediente 296/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Murillo Estrella
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, los oficios suscritos por la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán; mediante el cual hace del conocimiento que por auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés fue admitido el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el veintiséis de junio del año en curso, mismo que quedó registrado con el número 322/2023. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y las certificaciones que anteceden, de los cuales se advierte que en proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, se reservó remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en Morelia, Michoacán, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, hasta en tanto estuviera debidamente integrado, lo que en la especie ya aconteció. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en Morelia, Michoacán, el juicio de amparo en que se actúa, previo cuaderno de antecedentes que se forme, así como el original (con las constancias que hayan llegado de forma física y las notificaciones practicadas de esa forma), con copia del escrito de expresión de agravios; lo anterior para los efectos legales procedentes. En la inteligencia que para la revisión de la totalidad de las actuaciones, se deja a disposición el expediente electrónico del presente juicio de amparo 296/20********************; por lo que se instruye a la encargada del SISE que otorgue los permisos correspondientes en dicho sistema, y en su oportunidad sea vinculado por la superioridad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso, Sergio Murillo Estrella, mediante el cual interpone recurso de revisión contra de la sentencia constitucional de veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios, con excepción de la parte recurrente, en razón de que es la parte que interpone el medio de impugnación. Una vez que se encuentre debidamente integrado este expediente, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en Morelia, Michoacán, mismo que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, se enviara únicamente con las constancias que hayan llegado de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma. En la inteligencia que para la revisión de la totalidad de las actuaciones, se deja a disposición el expediente electrónico del presente juicio de amparo ********************/********************; por lo que se instruye a la encargada del SISE que otorgue los permisos correspondientes en dicho sistema, y en oportunidad sea vinculado por la superioridad. Finalmente, solicítese a las autoridades responsables, que una vez que reciban los oficios de notificación del presente proveído tengan a bien acusar recibo por una sola vía a saber, telegráfica o por correo electrónico oficial (8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx). NOTIFÍQUESE.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, Serg********************, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos de las autoridades citadas al preámbulo de esta sentencia contra actos que más adelante se indicarán. SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. Por razón de turno correspondió conocer del asunto a este Juzgado, quien, por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, admitió la demanda en cuestión, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la adscripción, se tramitó la suspensión solicitada y se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo Generales 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos de autoridades con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La obligación de dar respuesta en "breve término" a la solicitud formulada por el suscrito respecto de la expedición de la copia certificada del acta de asamblea que se celebró el día 16 dieciséis de abril del año en curso, en las instalaciones del salón de usos múltiples que se encuentra a un lado de del (sic) templo María Auxiliadora, en el Fraccionamiento ******************** de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. Así como la negativa de expedirme copias certificadas del acta levantada en la mesa de trabajo que se realizó el 2 dos de mayo del año en curso en las instalaciones del salón de usos múltiples que se encuentra a un lado del templo de María Auxiliadora, en el Fraccionamiento ******************** de esta ciudad[.] "[.] la discriminación de la que soy objeto, ya que se me limita mi derecho humano a la igualdad, previsto en el numeral 4º de nuestra Carta Magna, AL NO PERMITIRME CONTENDER O ASPIRAR A SER PARTE DE LA MESA DIRECTIVA DE "RESIDENTES DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, ASOCIACIÓN CIVIL", así como de la JUNTA LOCAL MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, AL NO TENER CARÁCTER DE PROPIETARIO RESIDENTE, SINO ÚNICAMENTE RESIDENTE, NO OBSTANTE QUE EL SUSCRITO HABITO EN EL DOMICILIO UBICADO EN [.] ESTA CIUDAD DE URUAPAN MICHOACÁN, POR LO AL SER (SIC) RESIDENTE DEL CITADO FRACCIONAMIENTO DESDE HACE APROXIMADAMENTE 7 SIETE AÑOS, CUENTO CON DERECHOS Y OBLIGACIONES [.]" Esto el acto señalado con el inciso a), es referente a reclamar violación al derecho de petición; en tanto, aquel del inciso b), se refiere al derecho de igualdad y no discriminación. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados -relacionados al derecho de petición-. Las autoridades responsables PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO "EL MIRADOR" ASOCIACIÓN CIVIL Y DE RESIDENTES DEL FRACCIONAMIENTO "EL MIRADOR" ASOCIACION CIVIL negaron la existencia del primer acto reclamado, en el caso, el concerniente a dar respuesta en "breve término" a la solicitud formulada por el quejoso, respecto de la expedición de la copia certificada del acta de asamblea que se tuvo verificativo el dieciséis de abril del año en curso, en las instalaciones del salón de usos múltiples del Fraccionamiento ********************, Uruapan, Michoacán; así como la negativa de expedirle copias certificadas del acta levantada en la mesa de trabajo que se realizó el dos de mayo del año en curso, en las instalaciones del salón de usos múltiples del citado fraccionamiento. En ese sentido, se tiene que la negativa por lo que se refiere a la Presidenta de la Junta Local Municipal del Agua Potable del fraccionamiento "********************" asociación civil se ve corroborada por las pruebas aportadas por la parte quejosa, consistentes en: Acuse de recibo de la Junta Local Municipal de Agua Potable del Fraccionamiento ********************, a dos escritos que dirigió a la presidenta y representante legal de la junta municipal de Agua Potable del citado fraccionamiento, con los cuales, respectivamente, solicitó a esa autoridad copias de diversas actas efectuadas por dicha asamblea con fecha ambos de tres de mayo de dos mil veintitrés. Luego, la presente demanda de amparo, como ya se indicó, fue presentada el once de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán. Así, la inexistencia de los actos reclamados a la Presidenta de la Junta Local Municipal del Agua Potable del fraccionamiento "********************" asociación civil, relacionados al derecho de petición del quejoso, exige remisión a lo que, por silencio administrativo contempla la ley. En ese sentido, el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 27 al referirse al silencio administrativo, establece: la omisión o falta absoluta de resolución de procedimientos administrativos solicitados por el particular, como aquella que dentro del plazo previsto por ese Código o las normas aplicables al caso concreto, la autoridad debiera emitir en sentido positivo o negativo; en tanto, en su artículo 28 dispone que, no podrá exceder de treinta días el plazo para que las autoridades resuelvan lo que corresponda. Dicho esto, se tiene que, el silencio administrativo, respecto a la solicitud de expedición de copia certificada de las actas que por misivas de tres de mayo de este año, el quejoso le solicitó, no existió a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, en razón a que, entre la fecha de presentación de esas solicitudes a la autoridad responsable, y la presentación de la demanda de amparo, no transcurrieron más de treinta días, por tanto, no se colma lo que, para la legislación administrativa del Estado, se contempla como omisión. Ahora, la negativa contenida en el informe justificado, se ve corroborada, ante la falta de pruebas que permitan advertir la existencia de los actos atribuidos a la Presidenta de residentes del fraccionamiento "********************" ASOCIACION CIVIL relacionados al derecho de petición del quejoso. Lo anterior es así, porque, los escritos a través de los cuales, la parte quejosa solicitó copias de sendas actas de asamblea -y de los cuales, exhibió sus acuses-, se advierte, fueron dirigidos a la Presidenta y representante legal pero de la Junta Local Municipal de Agua Potable del Fraccionamiento "********************" de Uruapan, Michoacán, y no a la presidenta de residentes del fraccionamiento "********************" asociación civil. Por tanto, ante la falta de petición escrita dirigida a la presidenta de residentes del fraccionamiento "********************" asociación civil, entonces, se corrobora la inexistencia de los actos que le fueron reclamados, relacionados al derecho de petición de la parte quejosa. En esa medida y, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos relacionados al derecho de petición que afirma el quejoso se violentó con dichos actoss. Resulta aplicable, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". En esa medida, toda vez que la parte quejosa, no aportó prueba tendente a desvirtuar las referidas negativas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos que se atribuyen a la citada autoridad. Resulta aplicable, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Existencia de los actos reclamados a la Presidenta y representante legal del Fraccionamiento "********************" Asociación Civil" y Presidenta de la Junta Local Municipal de Agua Potable del Fraccionamiento "********************" Asociación Civil -relacionados al derecho de igualdad y no discriminación que alega la parte quejosa se le violentó-. Las personas que fueron señaladas como autoridades responsables, negaron la existencia de los actos que les fueron reclamados, relacionados al derecho de igualdad y no discriminación que alega la parte quejosa se le vulneró. No obstante dicha negativa, queda desvirtuada, en virtud a que el quejoso, entre los elementos de prueba, aportó: Copia simple de las convocatorias que efectuó el Consejo Directivo del Fraccionamiento ********************, así como la Asamblea General de Usuarios de la Junta Local de Agua Potable del citado fraccionamiento, para el veintiuno de mayo de dos mil veintitrés, donde se propondría cambio de sus directivas, y, entre otros, se advierte como requisito que se debe ser propietario residente para asistir. Documentales que adquieren valor probatorio en términos de los artículos 133, 197 y 203 de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, al tratarse de copias simples [Convocatoria], que se relacionan a las manifestaciones del quejoso expuestas, bajo protesta de decir verdad y, que permiten desvirtuar la negativa de la autoridad. Ello es así, porque, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no se tiene noticia de que el quejoso, en calidad de habitante -no de propietario- del fraccionamiento aludido, esté en condiciones para formar parte de las mesas directivas de las asociaciones que fueron señaladas como responsables. En tales condiciones, la negativa, respecto a la existencia de los actos reclamados se desvirtúa, por ende, se acredita, la existencia de los actos reclamados, para los efectos del presente juicio de amparo. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo indirecto. Se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la Presidenta y representante legal del Fraccionamiento "********************" Asociación Civil" y Presidenta de la Junta Local Municipal de Agua Potable del Fraccionamiento "********************" Asociación Civil, afirma que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, porque, bajo su perspectiva, para los efectos de este juicio, no tiene el carácter de autoridad responsable. De lo anterior, se tiene que, dicha causa de improcedencia debe entenderse en términos de lo previsto en el artículo 61, en su fracción XXIII, con relación a los diversos numerales 1o y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, la cual es infundada, por lo que se refiere a la Junta Local Municipal del Agua Potable del Fraccionamiento ********************, y solo se actualiza por lo que se refiere a la Presidenta de Residentes del Fraccionamiento "********************" Asociación Civil". Lo anterior es así, porque, la Ley de Amparo, en sus artículos 1o, fracción I, y 5º fracción II, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, que la autoridad responsable, tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; a su vez, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego, de dichos preceptos deriva que la procedencia del juicio de amparo está supeditada a que los actos que se reclamen provengan, precisamente, de una autoridad. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Así como la tesis 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Conforme a los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es autoridad para efectos del amparo aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin que para ello requiera de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De tal manera que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que, para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, se está frente a actos de autoridad cuando existe una relación de supra a subordinación con un particular; cuando se establezca en la ley; cuando a través de ella emita actos unilaterales, con los que cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado y cuando para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que cuando se imputa un acto de autoridad lesivo a los derechos fundamentales, debe analizarse si se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, donde el promovente debe tener el carácter de gobernado o si la vinculación de que se trata deriva de una relación de coordinación, que excluiría la concepción de autoridad y de resultar esto último, el litigio que se suscite ha de ventilarse conforme al procedimiento establecido en el derecho privado. Puede suceder también que las normas constitucionales coloquen al Estado en una situación jurídica parecida a la de un particular. Por ello, con base en los criterios transcritos, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio, están reguladas por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro; por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; en tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Ahora, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general." Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. Además, para que los particulares puedan tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, su actuar deberá desempeñarse en ejercicio de funciones públicas, es decir, no podrá considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a los particulares que actúen en forma convencional y en sí como entes privados o particulares. Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En este orden, los argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la precitada jurisprudencia 2a./J.164/2011, quien estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad están regidas por los siguientes parámetros: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, fue sostenido en la siguiente jurisprudencia que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS" En ese sentido apoya al anterior argumento la tesis aislada I.15o.A.36 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1316, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES." Así como la diversa tesis aislada con número de registro digital 2022873 de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA ASOCIACIÓN CIVIL NO TIENE ESE CARÁCTER, CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PERJUICIO DE UN PARTICULAR. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad en los que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría esas situaciones jurídicas, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otro lado, los artículos 2670 al 2687 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que regulan las asociaciones civiles, las definen como un contrato constituido por varios individuos que convienen reunirse de manera no transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, el cual debe constar por escrito. Asimismo, se advierte que se rigen por sus estatutos y el poder reside en su asamblea general, lo que pone en evidencia que las partes contratantes celebran ese pacto de voluntades en un plano de igualdad, de manera voluntaria, y establecen los estatutos para su funcionamiento. Por ende, no se puede considerar a una asociación civil autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se reclama la violación de derechos fundamentales (impedirle el acceso a las instalaciones de la asociación) que produzca en perjuicio de un particular, lo pactado en un contrato celebrado en un plano de igualdad, pues actúa como ente particular y sus facultades derivan de la voluntad de sus contratantes, plasmada en sus estatutos, por lo que sus funciones no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado." HIPÓTESIS EN CONCRETO En ese orden, se recuerda que los actos reclamados son: [.] la discriminación de la que soy objeto, ya que se me limita mi derecho humano a la igualdad, previsto en el numeral 4º de nuestra Carta Magna, AL NO PERMITIRME CONTENDER O ASPIRAR A SER PARTE DE LA MESA DIRECTIVA DE "RESIDENTES DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, ASOCIACIÓN CIVIL", así como de la JUNTA LOCAL MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, AL NO TENER CARÁCTER DE PROPIETARIO RESIDENTE, SINO ÚNICAMENTE RESIDENTE, NO OBSTANTE QUE EL SUSCRITO HABITO EN EL DOMICILIO UBICADO EN [.] ESTA CIUDAD DE URUAPAN MICHOACÁN, POR LO AL SER (SIC) RESIDENTE DEL CITADO FRACCIONAMIENTO DESDE HACE APROXIMADAMENTE 7 SIETE AÑOS, CUENTO CON DERECHOS Y OBLIGACIONES [.] CAUSA DE IMPROCEDENCIA INFUNDADA, RESPECTO A LA JUNTA LOCAL MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR En esta tesitura, la citada causa de improcedencia es infundada, pero únicamente, por lo que se refiere a la Junta Local Municipal del Agua Potable del Fraccionamiento ********************, toda vez que, con el Decreto del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Uruapan, Michoacán, en cuyo artículo 24, se establece que se podrán formar Juntas Locales Municipales que dependan del organismo operador, las que deberán estar integradas por el Jefe de tenencia o encargado del orden de la localidad correspondiente, quien tendrá el carácter de presidente, un secretario designado por el Ayuntamiento a propuestas del Presidente Municipal y cuando menos tres vocales que sean elegidos de entre los ciudadanos de más ascendencia en la legalidad. En todo caso deberá existir un acuerdo del Ayuntamiento para la creación de las Juntas. Por tanto, las actividades de esa Junta se encuentran subordinadas a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan, Michoacán, de ahí que, sus actos pueden concebirse como de supra subordinación frente al quejoso, al no permitirle participar en la integración de su mesa directiva. Por lo tanto, sí puede tener el carácter de autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. CAUSA DE IMPROCEDENCIA FUNDADA, RESPECTO A LA PRESIDENTA DE RESIDENTES DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR Ahora, la invocada causa de improcedencia, sí se actualiza, Respecto a la Presidenta de Residentes del Fraccionamiento ********************, porque, en la especie actúa con el carácter de una asociación civil, es decir, la relación que existe entre el quejoso y la autoridad señalada con dicho carácter es de coordinación, de ahí que el acto relacionado con no incluirlo como posible integrante de su mesa directiva, puede ser impugnado en el juicio respectivo, ante el Tribunal ordinario competente en ejercicio de funciones materialmente civiles. De ahí que a dicha responsable, no le reviste la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque, sus actos no son de autoridad. Ello es así, toda vez que carece de potestad e imperio que es lo que distingue a los actos provenientes de autoridades, sino que sólo se trata de actos de particulares y entre similares, aunado ello a que las funciones de las responsables no se encuentra determinadas por una norma, sino por los estatutos que la rijan. En esas condiciones, se colige que el acto reclamado no se realizó en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado por actuar los primeros en un plano superior a la segunda, sino en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad; dicho de otra forma, en torno al acto reclamado, no se advierte que el que se analiza en esta instancia constitucional tenga características distintivas a los actos de autoridad, puesto que en el caso concreto se trata de actos entre particulares. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. SEXTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, bastando hacer su análisis como corresponda, atendiendo a su causa de pedir, a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Con la precisión que, en el presente asunto, no es aplicable la suplencia de la deficiencia de la queja en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo, por tanto, serán analizados conforme al principio de estricto derecho. SÉPTIMO. Estudio. En el caso, se tiene que los conceptos de violación son inoperantes, toda vez que, éstos no se dirigen a revelar la inconstitucionalidad del acto reclamado "NO PERMITIRME CONTENDER O ASPIRAR A SER PARTE DE LA MESA DIRECTIVA DE . la JUNTA LOCAL MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR", sino que aquellos esgrimidos se dirigen en atacar el acto reclamado "NO PERMITIRME CONTENDER O ASPIRAR A SER PARTE DE LA MESA DIRECTIVA DE "RESIDENTES DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, ASOCIACIÓN CIVIL.". Lo anterior es así, porque, si bien la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, no permitirle contender o aspirar a ser parte de la mesa directiva de la Junta Local Municipal de Agua Potable del Fraccionamiento ********************, por no tener el carácter de propietario residente del Fraccionamiento ********************, a pesar de afirmar tener su residencia precisamente en ese fraccionamiento, y que ha efectuado el pago de las cuotas como residente, así como el pago de servicios a ese inmueble, tales como agua de uso doméstico y saneamiento doméstico, y para acreditarlo, anexó a su escrito de demanda, las documentales siguientes: 1. Ticket original a su nombre, relativo al pago de servicio de internet relacionado al inmueble ubicado en calle Reloj número 320 en el Fraccionamiento el Mirador, en Uruapan, Michoacán; 2. Recibos de pago de cuotas de mantenimiento, así como de uso de agua y saneamiento (ambos domésticos) relacionados al inmueble ubicado en calle Reloj número 320 en el Fraccionamiento el Mirador, en Uruapan, Michoacán pero dirigidos a nombre de Luis Manuel Ángeles Arizpe. 3. Copia certificada de la licencia de conducir a nombre del quejoso; 4. Copia simple de la convocatoria que efectúa el Consejo Directivo del Fraccionamiento ********************, para el próximo veintiuno de mayo de dos mil veintitrés, donde se propondrá el cambio de su directiva, y como requisito se advierte que se debe ser propietario residente, entre otros. Así como la testimonial a cargo de Edna Teresita Melgoza Ángeles, quien afirmó ser esposa del aquí quejoso y tener su domicilio junto con él, concretamente el ubicado en calle Reloj número 320 en el Fraccionamiento el Mirador, en Uruapan, Michoacán. Documentales que adquieren valor probatorio en términos de los artículos 133, 197 y 203 de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, al tratarse de constancias originales [1 y 2], así como copias simples y certificadas [3 y 4]. Asimismo, a la testimonial se le otorga valor probatorio indiciario, en términos de los artículos 187 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a este asunto conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo. Las cuales permiten relacionarlas con las manifestaciones del quejoso expuestas, bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, para acreditar en este juicio, su residencia en el referido fraccionamiento. Así, frente a la convocatoria emitida por la autoridad responsable, refiere no encontrarse en un plano de igualdad, cuando la convocatoria hace una distinción entre dos tipos de residentes, los que son propietario de un inmueble en el fraccionamiento y los que no lo son; es decir, revela que el acto del que afirma es de discriminación se traduce en no permitirle participar en el proceso de selección de la mesa directiva al no ser propietario del inmueble donde reside. Empero, al desarrollar ese concepto de violación, únicamente lo decanta en la imposibilidad de acceder a pertenecer a la mesa Directiva en el FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, al indicar: "QUE SE ADVIERTE EL TRATO DIFERENCIADO, YA QUE "AMBOS RESIDENTES", CONTAMOS CON OBLIGACIONES COMO LO SON: el pago de la cuota como residente por la cantidad de $245.00 (DOSCIENTOS CUARNTE (sic) Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), así como la cantidad de $243.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) por concepto de agua de uso doméstico, ya que en dicho fraccionamiento se cuenta con un pozo de agua, concesionado por la Comisión Nacional del Agua CONAGUA; y finalmente $148.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) POR SANEAMIENTO DOMÉSTICO, no obstante no contar con tal servicio." ".AMBOS RESIDENTES NO CONTAMOS CON LOS MISMOS DERECHOS; Y COMO EJEMPLO ES QUE LOS RESIDENTES NO PROPIETARIOS (COMO EL DE LA VOZ) NO PUEDEN ACCEDER A PERTENECER A LA MESA DIRECTIVA EN EL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, NO OBSTANTE CONTAR CON LAS MISMAS OBLIGACIONES, PERO NO LOS MISMOS DERECHOS, DE AHÍ DERIVA EL TRATO DIFERENCIADO." "Que es falso que en la asamblea de fecha 16 dieciséis de abril del año en curso se haya acordado por los vecinos solo los residentes propietarios podían contender por la mesa directiva en el fraccionamiento (CONSTITUYE MI PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN AL NEGARME DICHA ACTA DE ASAMBLEA), sino que parece ser una argucia legal de la mesa que preside en la actualidad ALMA GABRIELA MAULION, en franco contubernio con la notaria pública número 147 licenciada Fabiola Verónica Sánchez de la Parra con sede en esta ciudad, ya que aun sin conceder que ello fuere cierto, tal modificación a los estatutos del fraccionamiento no son admisibles, menos aun legítimos. "Finalmente, la discriminación de la que soy objeto, me limita mi derecho humano a la igualdad previsto en el numeral 4° de nuestra Carta Magna, AL NO PERMITIRME CONTENDER O ASPIRAR A formar parte de la mesa directiva de residentes del fraccionamiento el mirador, no obstante no tener adeudos, AL NO TENER UN CARÁCTER DE PROPIETARIO RESIDENTE, SINO UNICAMENTE RESIDENTE, NO OBSTANTE QUE EL SUSCRITO HABITO DESDE HACE APROXIMADAMENTE 7 SIETE AÑOS EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE RELOJ NÚMERO 320 TRESCIENTOS (sic) EN EL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, EN ESTA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN." Esto es, como se puede advertir los conceptos de violación no se dirigen a inconformarse o revelar la inconstitucionalidad del -a su dicho- acto de discriminación concerniente a no permitirle formar parte de la mesa directiva de la JUNTA LOCAL MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." En ese sentido, se actualiza la ausencia de conceptos de violación contra el acto reclamado, y no se trata de un asunto en el que prospere la suplencia en la deficiencia de la queja, tomando en cuenta que, la suscrita no advierte violación grave y manifiesta de la ley; ni se actualiza ninguna otra hipótesis de los previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, al encontrarnos ante un asunto que se rige bajo el principio de estricto derecho en materia administrativa, no basta que la parte quejosa afirme que el acto reclamado violenta su derecho humano a la igualdad, previsto en el artículo 4° constitucional, sino que, debió indicar bajo qué vertiente ese acto, no le permite el ejercicio de algún derecho fundamental, o aportar elementos para analizar un trato diferenciado que a su parecer es injustificado, esto es, que residentes propietarios y residentes habitantes se encuentran en un plano suficientemente similar para reclamar, prima facie, un trato igual con relación a la participación a las asambleas convocadas por la autoridad señalada como responsable. Asimismo, al no pertenecer el quejoso a una categoría sospechosa, este órgano jurisdiccional no está obligado a analizar el asunto bajo una perspectiva distinta o con mayor amplitud. Es decir, no se debe perder de vista, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano, esto es, el derecho a participar en las decisiones de su comunidad, o en todo caso, su derecho de asociación, etc. Lo cual implica la citada ausencia en sus conceptos de violación. Es aplicable a lo anterior por analogía, la jurisprudencia de rubro y texto: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta." En ese sentido, lo procedentes es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, toda vez que, se actualiza la ausencia de conceptos de violación contra el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO INCURRE EN INCONGRUENCIA SI CON MOTIVO DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, NIEGA EL AMPARO. El hecho de que el Juez de Distrito haya estimado que parte de los conceptos de violación son inoperantes y, por ende, haya negado el amparo solicitado y no considerado la improcedencia del juicio, no transgrede el principio de congruencia que las sentencias de amparo deben revestir. Esto es así, porque la improcedencia del juicio alude a obstáculos o causas que impiden el estudio de los conceptos de violación y que, en consecuencia, no permiten que el juzgador se pronuncie sobre la inconstitucionalidad planteada, lo que conduce al sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 73 y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, mientras que la inoperancia de los conceptos de violación proviene de la ineptitud de los argumentos para conducir a la concesión del amparo, esto es, que aun cuando resultaran fundados, ello no daría lugar a conceder el amparo, por lo que, ante la inutilidad de su análisis, la consecuencia es la negativa del amparo y no la improcedencia del juicio, ya que no existe obstáculo alguno para su estudio." OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de la información de carácter clasificada y confidencial. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Serg********************, contra la Presidenta de la Junta Local municipal del Agua Potable del fraccionamiento "********************" asociación civil y Presidenta de residentes del fraccionamiento "********************" asociación civil por las razones contenidas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Se NIEGA el AMPARO y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a Serg********************, contra el acto atribuido a la autoridad Junta Local Municipal del Agua Potable del Fraccionamiento ******************** por las razones contenidas en el considerando séptimo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro electrónico, así como las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
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