Sergio Moreno Palacios y Otros.

Expediente 1218/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1218/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Sergio Moreno Palacios y Otros.
  • Sergio Moreno Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    Oficio III-1015/2022, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecisiete de febrero pasado, en el recurso de queja 9/2022, donde resolvió: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Sergio Moreno Palacios, a través de su autorizo en términos amplios, en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 1218/2021." Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años- al haberse desechado el presente juicio y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Escrito signado por ***, autorizado de la parte quejosa. Atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de dieciséis de diciembre pasado; por tanto, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación de referencia, en contra del proveído por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, envíese copia fotostática certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en Turno, para la substanciación del recurso correspondiente. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que el artículo 101 de la Ley de Amparo establece que se deberá notificar a las demás partes la interposición del recurso de queja para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse para la substanciación del medio de defensa; toda vez que, en el caso, se estima que al no haberse admitido a trámite la demanda, y por ende no haber emplazado al presente juicio a la autoridad responsable, ni a la tercera interesada, no hay partes a quien correr traslado.

  3. Principal

    Se advierte que mediante proveído de dieciséis de los cursantes, se ordenó la notificación a la parte quejosa de manera personal respecto de dicho proveído, sin que a la fecha obre la constancia de la consulta realizada de la notificación electrónica correspondiente; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario para que realice al quejoso la notificación electrónica respecto del proveído de dieciséis de los cursantes. MISMO QUE DICE: AUTO DE 16/12/2021.- Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 1208/2021. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la Jurisprudencia XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado es el auto de trámite de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Puebla Capital en la carpeta de ejecución 272/2017/JES/E, por el cual ordenó iniciar el procedimiento económico coactivo relativo al pago por concepto de multa a la que fue condenado en sentencia definitiva emitida dentro de la causa penal 268/2011. Respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como puede advertirse, la señalada causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Contemplándose como casos de excepción, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; cuando el acto reclamado consista en resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; mismos que en el caso particular no acontecen. Conforme lo expuesto, el presente juicio de amparo resulta improcedente contra el acto reclamado consistente en el auto de mero trámite de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Puebla Capital en la carpeta de ejecución 272/2017/JES/E, por el cual ordenó iniciar el procedimiento económico coactivo relativo al pago por concepto de multa a la que fue condenado en sentencia definitiva emitida dentro de la causa penal 268/2011, porque previamente debió agotarse el recurso de revocación. En efecto, la tramitación de la carpeta de ejecución de sentencias penales donde emana el acto reclamado está regulada por la Ley Nacional de Ejecución de Penas, la cual en su artículo 130 establece: "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido..." De lo transcrito se advierte que la aludida legislación establece la procedencia del recurso de revocación en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta aquella. En ese sentido, el auto de mero trámite de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Puebla Capital en la carpeta de ejecución 272/2017/JES/E, por el cual ordenó iniciar el procedimiento económico coactivo relativo al pago por concepto de multa a la que fue condenado en sentencia definitiva emitida dentro de la causa penal 268/2011, está en el supuesto de procedencia del recurso de revocación establecido en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. En consecuencia, atendiendo al artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, el auto que se combate en el presente juicio de amparo es combatible mediante el recurso de revocación, ante lo cual resulta inconcuso que si la ley aplicable contempla un medio de defensa legal que tiene por objeto que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda; por ende, el quejoso, previamente a intentar la acción constitucional debió haber agotado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, interponiendo el recurso de revocación en contra del auto de mero trámite de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Puebla Capital en la carpeta de ejecución 272/2017/JES/E. Apoya a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXX, Materia Común, consultable en la página 1406, con el rubro: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO." Asimismo, el criterio contenido en la tesis emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIV, Materia Común, página 128, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS." En consecuencia, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa lo constituye aquél en que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda, mediante el medio de impugnación que la ley de la materia establece para ello, pues siendo parte, está obligado a que deba agotarse el recurso previsto por la ley previamente a intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, pues no obstante que dicho acto pudiera considerarse de imposible reparación, lo cierto es que el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, señala expresamente que el amparo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Por lo expuesto, este órgano de control constitucional de oficio estima que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Por otra parte, se tiene por autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Vega García, toda vez que tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. En cuanto a su solicitud, en el sentido de que se les permita el uso de medios electrónicos para acceder a la información del presente expediente; de conformidad con el artículo 93, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su uso, en virtud de que no existe disposición legal que lo prohíba, autorizando para tal efecto a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, quien deberá identificarse a satisfacción de este Juzgado. Lo anterior, previa cita que agende la parte promovente en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", sistema "Agenda OJ" dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que mediante proceso automatizado se le otorgue a aquélla o cualesquiera de sus autorizados que lo soliciten, un Código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional para el fin indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido, que queda bajo la absoluta responsabilidad de los peticionarios o autorizados, la distribución o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso, tecnológico o en las redes sociales, así como su utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. En otro orden, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como medio de comunicación no procesal el correo electrónico y el número telefónico que menciona en el de cuenta. Como lo solicita, se comisiona al Analista Jurídico SISE para que realice la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario "FernandoVega", para la consulta del expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación con el artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la vía electrónica, que podrá consultar a través de los usuarios citados en el párrafo precedente. Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, asienten la razón respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II, de la ley de la materia. Apercibida que, de no cumplir con lo anterior, las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II, del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En otro orden, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como medio de comunicación no procesal los números telefónicos que mencionan en el de cuenta. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, se destaca que a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículo 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos

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