Sergio Moreno Martínez

Expediente 650/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
650/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Sergio Moreno Martínez
  • Laura Adriana Rodríguez Medrano, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patromonial y Financiera de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. En relación con el original y duplicado del incidente, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del Acuerdo en mención, destrúyanse los mismos; el original transcurridos tres años, y el duplicado seis meses del periodo de conservación, ambos dentro de los treinta días siguientes, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MANUEL CLEOFAS MAZA MARÍN, POR SÍ O A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS, LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: Número de expediente: 650/2021 Acuerdo: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 650/2021-VII, promovido por Sergio Romero Martínez, por su propio derecho contra actos de: Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial, remitido en la misma fecha a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Sergio Romero Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y la autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE: en cuanto ordenadora y Ejecutora la LICENCIADA EN DERECHO LAURA ADRIANA RODRÍGUEZ MEDRANO, en cuanto Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, quien integra la carpeta de investigación con número MOR/053/27425/2021 NUC 1003202115835, quien tiene su domicilio en calle Periférico Independencia número 5000, colonia Sentimientos de la Nación de Morelia, Michoacán. En cuanto ordenadora; así como AMALIA HERRERA ARROYO, en cuanto JUEZA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN MORELIA dentro del cuadernillo de antecedentes número 253/2021, autoridad que tiene su domicilio ubicado en Avenida Calzada la Huerta número 400, colonia Nueva Valladolid, Morelia, Michoacán C.P. 58190 IV.- ACTO RECLAMADO: de la LICENCIADA EN DERECHO LAURA ADRIANA RODRÍGUEZ MEDRANO, en cuanto Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclama el inicio de la carpeta de investigación con número MOR/053/27425/2021, NUC 1003202115835, de fecha 27 veintisiete de abril del 2021 dos mil veintiuno, en Morelia, Michoacán, por el delito de FRAUDE, en la cual se tiene como víctima u ofendido al C. MANUEL CLEOFA MAZA MARÍN quien no cumple el requisito de procedibilidad para que se le pudiera dar esa calidad de Víctima, según consta en la narrativa de du (sic) Querella, y en cuanto imputado al C. SERGIO ROMERO MARTÍNEZ, Querella que no cumple lo dispuesto en el artículo 221 y 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el Denunciante carece de Legitimación para Interponer Denuncia, mucho menos en contra del suscrito, así como violaciones al Artículo 20 apartado B de la Constitución Política de los estados unidos Mexicanos (sic), derechos del Imputado, acceso a la Justicia, ser informado sobre el trámite e inicio de la carpeta de investigación; así como realizar indebidamente sin fundamento y sustento alguno el convenio en que supuestamente se realizó en Sede Ministerial de fecha 31 de Mayo de 2021, el cual carece de sustento legal, y legitimidad; por último el cumplimiento a lo ordenado en fecha 11 de Junio de 2021, mediante el cual dentro del cuadernillo de Antecedentes 253/2021 la JUEZA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN MORELIA, AMALIA HERRERA ARROYO, autorizó y ordenó la búsqueda de información sobre Datos Bancarios Personales; En (sic) cuanto Ordenadora AMALIA HERRERA ARROYO, en cuento JUEZA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN MORELIA dentro del cuadernillo de antecedentes número 253/2021, mediante el cual ordena actos de molestia en mi contra sin antes corroborar la procedibilidad de la carpeta de investigación con número MOR/053/27425/2021, NUC 1003202115835, dicho acuerdo se realizó en fecha 11 de Junio de 2021. : (.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 20 Apartado B), fracciones I, VI, VII y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el señalado escrito de solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal, correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que previo cumplimiento a prevención en proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, desechó por un lado, la demanda de amparo respecto de la autoridad ministerial; y, por otro, admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende, en relación con la autoridad restante registrándola con el número de juicio de amparo 650/2021-VII; requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien presentó pedimento.En contra del auto que desechó la demanda de garantías, la quejosa interpuso recurso de queja, el que se declaró infundado en ejecutoria de quince de octubre de dos mil veintiuno, pronunciada por los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito al resolver la queja número 169/2021.Seguido el procedimiento previos diferimientos, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 1/2022 del propio Pleno. Igualmente se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos emitidos en un asunto de naturaleza penal, que tienen ejecución dentro del territorio donde ese órgano de control constitucional ejerce jurisdicción; esto es, esta ciudad de Morelia, Michoacán.SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamados a la autoridad responsable, es el siguiente: El auto pronunciado el once de Junio de dos mil veintiuno, dentro del cuadernillo de antecedentes número 253/2021 en el que autorizó la búsqueda de información sobre datos bancarios sobre el quejoso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le atribuye.Tales afirmaciones se corroboran con las constancias consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación número MOR/053/27425/2021 con Número de Único Caso 1003 2021 15835, de la estadística del Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, que la referida autoridad acompañó a su informe justificado.Medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene probada la existencia del acto que en esta vía constitucional es reclamado a la autoridad responsable. De ahí que, contra lo afirmado por el Agente del Ministerio Público adscrito, sí es cierto el acto reclamado. CUARTO. Existencia de causal de improcedencia. Dilucidado lo anterior, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, tal como lo hace valer el representante social de la Federación, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, conviene mencionar que los artículos 5°, fracción II, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior la tesis I.13o.C.12 C (10a.), que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Esto quiere decir que para pedir amparo, el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo, existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente que tiene derecho subjetivo y la afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), con motivo del acto reclamado. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene la Jurisprudencia 51/2019 (10a) siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (El énfasis es añadido). Sentado lo anterior, como ya se precisó, en el caso, Sergio Romero Martínez instó el presente juicio de amparo, reclamando en forma destacada el proveído dictado por la responsable el once de junio de dos mil veintiuno, dentro del cuaderno de antecedentes número 253/2021, formado con motivo de la solicitud realizada por el fiscal investigador, dentro de la carpeta de investigación MOR/053/27425/2021 con Número de Único Caso 1003 2021 15835, y para un mejor entendimiento es preciso relatar los siguientes hechos: Con fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, Manuel Cleofa Maza Marín, compareció ante la Agente del Ministerio Público adscrito a la unidad de Extinción de Dominio e inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y relató lo siguiente: "(.) El motivo de mi comparecencia ante esta Representación Social, lo es con el fin de presentar formal QUERELLA por el delito de FRAUDE cometido en mi agravio, para ello quiero señalar lo siguiente; que de oficio soy empresario me dedico a la compra venta de maquinaria de construcción, así como de sus refacciones, .para el mes de noviembre del 2020 un cliente de nombre MANUEL LÓPEZ MORALES me pidió que le consiguiera una pieza que se llama Banco de Válvulas, esta pieza sirve para accionar el brazo trasero y estabilizador de Retroexcavadora marca Case, yo le respondí que esa pieza costaba $135,000 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) y que tendríamos que conseguirla en Ciudad de México o Cuernavaca, diciéndome mi cliente que estaba bien, para esto a principios del mes de noviembre del 2020 mi cliente ya se había entrevistado con SERGIO ROMERO MARTÍNEZ quien tiene número celular 4432582419, persona a la que conocí cuando yo estaba trabajando como gerente de ventas en una agencia de venta de maquinaria, y la relación actual que manteníamos era de comprador y proveedor de maquinaria, y refacciones, volviendo al tema; SERGIO le dio a MANUEL una pieza usada que le vendió en $45,000 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) se instala en su retroexcavadora pero al ver que no tenía el mismo resultado es cuando me dice a mí que lo consigamos nuevo, y es que yo contacto a SERGIO para decirle que el cliente quería la pieza original y él me dice que lo podía conseguir en México pero que necesitaba $95,000 (NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) y que tomaría a cuenta los $45,000 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) por la pieza usada pero que se la devolviera y yo le dije que estaba bien, para esto Sergio me dice que su contacto en Cuernavaca Morelos; para la venta de la pieza es el señor FRANCISCO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN, para esto seguía siendo el mes de noviembre del 2020 pero ya a finales y Sergio me manda por imagen a mi WhatsApp foto de una tarjeta de la Institución BBVA Bancomer con número 4152313595774436 con fecha de vencimiento 10/24, adicional Sergio me dijo que de preferencia se tenía que hacer el pago total de los $95,000 (NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) antes de concluir diciembre del 2020 y le dije que se lo comentaría al cliente, y es que a principios del mes de diciembre del 2020 por medio de llamada al celular 4531193213 perteneciente a MANUEL LOPEZ MORALES desde mi celular es que le digo cómo tenían que hacerse el depósito para que pudieran instalar la pieza, diciéndome el cliente que estaba bien, es así que recibí 3 tres transferencias del señor MANUEL a mi cuenta bancaria BBVA Bancomer con número 4152313380254941 mismas que fueron 1.- con fecha 10 de noviembre del 2020 por la cantidad de $50,000 (CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M.N.), 2.- con fecha 01 de diciembre del 2020 por la cantidad de $20,000 (VEINTE MIL PESOS CON 00/100 M.N.) Y 3.- con fecha 04 de enero del 2021 por la cantidad de $25,000 (VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.), quiero señalar que estos depósitos de manera inmediata yo los transfería a la cuenta BBVA Bancomer con número 4152313595774436 misma que supuestamente pertenece a FRANCISCO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN desde mi cuenta bancaria, a partir del último depósito le dije de inmediato a SERGIO que en cuánto tiempo llegaría la pieza porque el cliente ya necesitaba echar a andar la maquinaria, y solo me daba excusas como que sería enviada por paquetería y que por eso tarda, hasta que en el mes de marzo de 2021 le dije que mi cliente ya estaba sumamente enojado y que hasta me había dicho que me demandaría si no le entregaba la pieza o su dinero, que se dejara de juegos y que me dijera dónde podía localizar a FRANCISCO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN para yo mismo ir por la pieza pero ya no me respondía, y cada que le llamaba que era casi a diario sólo me desviaba las llamada (sic) y no me respondía, a principios del mes de abril del 2021 después de varias llamadas sólo me respondió una ocasión y sin dejarme hablar sólo me dijo, deja de estar chingando, no te voy a dar ni tu dinero ni la pieza y hazle como quieras colgando la llamada, a partir de ese momento ya no me responde o los mensajes de WhatsApp me deja en visto, si (sic) que hasta la fecha me de alguna explicación o el domicilio a donde puedo pasar por la refacción. (.). Por lo anterior a través del oficio de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Extinción de dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera Perteneciente a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, solicitó a la Jueza de Control del Proceso Penal, Acusatorio y Oral en turno de este Distrito Judicial lo siguiente: "(.) Por medio del presente oficio y en relación con la carpeta de investigación MOR/053/27425/2021 NUC 1003202115835, iniciada por el delito de FRAUDE, en contra de QUIEN RESULTE RESPONSABLE y en agravio del C. MANUEL CLEOFAS MAZA MARÍN, con fundamento en los artículos 1, 14, 16, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, normados por los arábigos 262 Fracción VI, 259 y 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales, denominador 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y número 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, indico: Tenga a bien autorizar Audiencia a favor de esta Representación Social para la entrega de INFORMACIÓN RELATIVA AL SECRETO BANCARIO O FINANCIERO POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES misma que se materializará a través del sistema de atención de requerimientos de autoridad (SIARA) por lo que ve a la siguiente cuenta bancaria: Sector (Casas de Bolsa, Instituciones de Banca de Desarrollo, Instituciones de Banca Múltiple) Ver Catálogo de Entidades. Institución. Sólo una Institución por renglón. No. de cuenta. Sólo una cuenta por renglón. Instrucciones. Se debe indicar de manera precisa lo que se requiere de la cuenta señalada. INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE BANCO BANCOMER CUENTA 4152313595774436 CUENTA DE IMPUTADO NÚMERO DE CUENTA EJE. NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TITULARES DE LA CUENTA. NÚMERO Y DOMICILIO DE LA SUCURSAL BANCARIA DONDE ESTÁ APERTURADA LA CUENTA. FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA. ESTADO DE CUENTA Y/O RESUMEN DE SALDO Y/O SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021, 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021. ESTATUS Y SALDO ACTUAL DE LA CUENTA. IP DESTINO DE LA TRANSFERENCIA. ENVIAR EL EXPEDIENTE COMPLETO DEL CUENTAHABIENTE AL MOMENTO DE LA APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA, INCLUYENDO DOCUMENTO CON EL QUE SE IDENTIFICÓ AL MOMENTO DE APERTURAR LA CUENTA, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA. Para lo cual el fiscal indagador relató en forma breve los hechos materia de la querella presentada por el ahora tercero interesado MANUEL CLEOFAS MAZA MARÍN. Con fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, la Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad, tuvo por recibido el oficio descrito en el punto que antecede y a fin de atender la petición contenida en el mismo, fijó las doce horas del once de junio del dos mil veintiuno, El once de junio de dos mil veintiuno, en la audiencia de solicitud de datos bancarios, la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad determinó lo siguiente: "(.)Resolución 12:20 horas. Una vez escuchada la solicitud y datos que se me dieron a conocer, determiné mi competencia para resolver la solicitud, en términos de lo que señalan los artículos 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 252, fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 12:24 horas. Por lo que, de acuerdo a la información proporcionada en audiencia, encontré justificada la solicitud de los datos confidenciales que me fue solicitada, a fin de comprobar un hecho con apariencia de delito de fraude. (.) 12:29 horas. En consecuencia, se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto del Sistema de Atención de Requerimiento de Autoridad (SIARA), haciéndole del conocimiento la autorización al Fiscal General del Estado de Michoacán, para que proporcione la información de la cuenta e institución bancaria indicada, lo siguiente: BANCO BANCOMER NÚMERO DE CUENTA 4152313595774436 Número de cuenta eje. Nombre y domicilio de los titulares de la cuenta. Número y domicilio de la sucursal bancaria donde está aperturada la cuenta. Fecha de apertura de la cuenta bancaria. Estado de cuenta o resumen de saldos e historial de movimientos del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2020, del 1 al 31 de diciembre de 2020 y del 1 al 31 de enero de 2021, y 1 a 28 de febrero de 2021. Estatus y saldo actual de la cuenta. IP destino de la transferencia. Copia del expediente completo del cuentahabiente al momento de la apertura de la cuenta bancaria, incluyendo documento con el que se identificó al momento de aperturar la cuenta, comprobante de domicilio y contrato de apertura de la cuenta. 12:29 horas. La cual deberá de entregar al Fiscal General del Estado de Michoacán, en un plazo de 30 días naturales contados a partir de que la comisión nacional bancaria reciba la solicitud. (.)." Orden que se giró a la autoridad referida a través del oficio 3067/2021, de esa misma fecha.Lo que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. A la petición señalada en el punto que antecede, la autoridad bancaria requerida proporcionó al fiscal indagador la información que a su vez le fue otorgada por la Institución Bancaria BBVA Bancomer en el sentido de que la tarjeta bancaria con número 4152313595774436, se encuentra asociada con la cuenta eje 2990690961, que se encuentra activa como cuenta de ahorro, aperturada el veintisiete de diciembre de dos mil trece, a nombre de MARIO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN, con domicilio en la calle Retorno Laurel número 43 de la colonia Ampliación Chamilpa, en Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62210, siendo el único titular autorizado para realizar movimientos. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con la propiedad de una cuenta bancaria, es necesario que para la justificación del interés jurídico el peticionario de la protección constitucional acredite la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito que dice: "ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO DICHA MEDIDA PRECAUTORIA, SE ACREDITA CON LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE CELEBRADOS ENTRE EL QUEJOSO Y LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE. Tratándose del aseguramiento de cuentas bancarias, la exhibición en el juicio de amparo de un cheque con un número de cuenta a nombre del quejoso, resulta insuficiente para demostrar -plena y fehacientemente- la titularidad de una cuenta bancaria y, por ende, el interés jurídico para reclamar mediante el juicio constitucional la mencionada medida cautelar. Lo anterior es así, porque el contrato de cuenta corriente de cheques firmado entre el peticionario de garantías y la institución de crédito correspondiente, es el documento idóneo para acreditar el referido interés jurídico, pues demuestra que la cuenta se encuentra vigente". En ese orden de ideas, debe decirse que para acreditar el interés jurídico se requiere que el derecho que se defienda en la sede constitucional conste de manera fehaciente; esto es, con el contrato de apertura de cuenta celebrado entre el peticionario de garantías y la institución de crédito correspondiente. Lo anterior porque con ello se demuestra la vigencia de la cuenta y la titularidad del derecho. Sin embargo, luego de examinar las constancias que integran el expediente que se resuelve, es factible concluir que el peticionario de la protección constitucional no demostró con documento idóneo su interés jurídico, en relación con la cuenta bancaria 2990690961, a la que corresponde a la tarjeta referida, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, de la que la Jueza responsable solicitó fueran proporcionados los datos personales requeridos por el fiscal indagador para la integración de la carpeta de investigación MOR/053/27425/2021- NUC 1003202115835, iniciada por el delito de FRAUDE, en contra de QUIEN RESULTE RESPONSABLE y en agravio del ahora tercero MANUEL CLEOFAS MAZA MARÍN. Incluso, contra lo anterior las constancias que obran agregadas al juicio de amparo refieren que, según la información proporcionada por la autoridad requerida dicha cuenta pertenece a MARIO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN, quien no acudió a esta sede constitucional. Por ende, al no haberse acreditado el interés jurídico del peticionario del amparo, en términos de los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a la autoridad responsable. En la inteligencia de que tampoco la sola orden para recabar información o datos de prueba puede considerarse un acto que, afecte el interés jurídico de la parte quejosa; en tanto ello se vincula al ejercicio natural de las funciones ministeriales de investigación, en términos de lo previsto en el artículo 21 constitucional; a más de que respecto de los actos atribuidos a la fiscalía, se desechó la demanda de amparo, lo que fue reiterado por el tribunal de alzada. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Cabe señalar que la determinación adoptada por este órgano de control constitucional no genera alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que el mencionado derecho no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.." No pasa inadvertido que con fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la jueza responsable emitió nueva orden para recabar información sobre la diversa cuenta bancaria 1164431162 a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Empero, dicho acto no es reclamado en esta vía constitucional, a más de que se dictó con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de julio de dos mil veintiuno); de ahí que era inexistente en la citada fecha, por ende, tampoco procedía dar vista al quejoso para ampliar su demanda. Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente.Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E:ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Sergio Romero Martínez, por propio derecho contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, por los motivos anotados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 650/2021-VII, promovido por Sergio Romero Martínez, por su propio derecho contra actos de: Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial, remitido en la misma fecha a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Sergio Romero Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y la autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE: en cuanto ordenadora y Ejecutora la LICENCIADA EN DERECHO LAURA ADRIANA RODRÍGUEZ MEDRANO, en cuanto Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, quien integra la carpeta de investigación con número MOR/053/27425/2021 NUC 1003202115835, quien tiene su domicilio en calle Periférico Independencia número 5000, colonia Sentimientos de la Nación de Morelia, Michoacán. En cuanto ordenadora; así como AMALIA HERRERA ARROYO, en cuanto JUEZA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN MORELIA dentro del cuadernillo de antecedentes número 253/2021, autoridad que tiene su domicilio ubicado en Avenida Calzada la Huerta número 400, colonia Nueva Valladolid, Morelia, Michoacán C.P. 58190 IV.- ACTO RECLAMADO: de la LICENCIADA EN DERECHO LAURA ADRIANA RODRÍGUEZ MEDRANO, en cuanto Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclama el inicio de la carpeta de investigación con número MOR/053/27425/2021, NUC 1003202115835, de fecha 27 veintisiete de abril del 2021 dos mil veintiuno, en Morelia, Michoacán, por el delito de FRAUDE, en la cual se tiene como víctima u ofendido al C. MANUEL CLEOFA MAZA MARÍN quien no cumple el requisito de procedibilidad para que se le pudiera dar esa calidad de Víctima, según consta en la narrativa de du (sic) Querella, y en cuanto imputado al C. SERGIO ROMERO MARTÍNEZ, Querella que no cumple lo dispuesto en el artículo 221 y 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el Denunciante carece de Legitimación para Interponer Denuncia, mucho menos en contra del suscrito, así como violaciones al Artículo 20 apartado B de la Constitución Política de los estados unidos Mexicanos (sic), derechos del Imputado, acceso a la Justicia, ser informado sobre el trámite e inicio de la carpeta de investigación; así como realizar indebidamente sin fundamento y sustento alguno el convenio en que supuestamente se realizó en Sede Ministerial de fecha 31 de Mayo de 2021, el cual carece de sustento legal, y legitimidad; por último el cumplimiento a lo ordenado en fecha 11 de Junio de 2021, mediante el cual dentro del cuadernillo de Antecedentes 253/2021 la JUEZA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN MORELIA, AMALIA HERRERA ARROYO, autorizó y ordenó la búsqueda de información sobre Datos Bancarios Personales; En (sic) cuanto Ordenadora AMALIA HERRERA ARROYO, en cuento JUEZA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN MORELIA dentro del cuadernillo de antecedentes número 253/2021, mediante el cual ordena actos de molestia en mi contra sin antes corroborar la procedibilidad de la carpeta de investigación con número MOR/053/27425/2021, NUC 1003202115835, dicho acuerdo se realizó en fecha 11 de Junio de 2021. : (.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 20 Apartado B), fracciones I, VI, VII y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el señalado escrito de solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal, correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que previo cumplimiento a prevención en proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, desechó por un lado, la demanda de amparo respecto de la autoridad ministerial; y, por otro, admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende, en relación con la autoridad restante registrándola con el número de juicio de amparo 650/2021-VII; requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien presentó pedimento. En contra del auto que desechó la demanda de garantías, la quejosa interpuso recurso de queja, el que se declaró infundado en ejecutoria de quince de octubre de dos mil veintiuno, pronunciada por los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito al resolver la queja número 169/2021. Seguido el procedimiento previos diferimientos, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 1/2022 del propio Pleno. Igualmente se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos emitidos en un asunto de naturaleza penal, que tienen ejecución dentro del territorio donde ese órgano de control constitucional ejerce jurisdicción; esto es, esta ciudad de Morelia, Michoacán. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamados a la autoridad responsable, es el siguiente: El auto pronunciado el once de Junio de dos mil veintiuno, dentro del cuadernillo de antecedentes número 253/2021 en el que autorizó la búsqueda de información sobre datos bancarios sobre el quejoso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le atribuye. Tales afirmaciones se corroboran con las constancias consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación número MOR/053/27425/2021 con Número de Único Caso 1003 2021 15835, de la estadística del Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, que la referida autoridad acompañó a su informe justificado. Medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene probada la existencia del acto que en esta vía constitucional es reclamado a la autoridad responsable. De ahí que, contra lo afirmado por el Agente del Ministerio Público adscrito, sí es cierto el acto reclamado. CUARTO. Existencia de causal de improcedencia. Dilucidado lo anterior, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, tal como lo hace valer el representante social de la Federación, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, conviene mencionar que los artículos 5°, fracción II, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior la tesis I.13o.C.12 C (10a.), que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Esto quiere decir que para pedir amparo, el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo, existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente que tiene derecho subjetivo y la afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), con motivo del acto reclamado. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene la Jurisprudencia 51/2019 (10a) siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (El énfasis es añadido). Sentado lo anterior, como ya se precisó, en el caso, Sergio Romero Martínez instó el presente juicio de amparo, reclamando en forma destacada el proveído dictado por la responsable el once de junio de dos mil veintiuno, dentro del cuaderno de antecedentes número 253/2021, formado con motivo de la solicitud realizada por el fiscal investigador, dentro de la carpeta de investigación MOR/053/27425/2021 con Número de Único Caso 1003 2021 15835, y para un mejor entendimiento es preciso relatar los siguientes hechos: Con fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, Manuel Cleofa Maza Marín, compareció ante la Agente del Ministerio Público adscrito a la unidad de Extinción de Dominio e inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y relató lo siguiente: "(.) El motivo de mi comparecencia ante esta Representación Social, lo es con el fin de presentar formal QUERELLA por el delito de FRAUDE cometido en mi agravio, para ello quiero señalar lo siguiente; que de oficio soy empresario me dedico a la compra venta de maquinaria de construcción, así como de sus refacciones, .para el mes de noviembre del 2020 un cliente de nombre MANUEL LÓPEZ MORALES me pidió que le consiguiera una pieza que se llama Banco de Válvulas, esta pieza sirve para accionar el brazo trasero y estabilizador de Retroexcavadora marca Case, yo le respondí que esa pieza costaba $135,000 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) y que tendríamos que conseguirla en Ciudad de México o Cuernavaca, diciéndome mi cliente que estaba bien, para esto a principios del mes de noviembre del 2020 mi cliente ya se había entrevistado con SERGIO ROMERO MARTÍNEZ quien tiene número celular 4432582419, persona a la que conocí cuando yo estaba trabajando como gerente de ventas en una agencia de venta de maquinaria, y la relación actual que manteníamos era de comprador y proveedor de maquinaria, y refacciones, volviendo al tema; SERGIO le dio a MANUEL una pieza usada que le vendió en $45,000 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) se instala en su retroexcavadora pero al ver que no tenía el mismo resultado es cuando me dice a mí que lo consigamos nuevo, y es que yo contacto a SERGIO para decirle que el cliente quería la pieza original y él me dice que lo podía conseguir en México pero que necesitaba $95,000 (NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) y que tomaría a cuenta los $45,000 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) por la pieza usada pero que se la devolviera y yo le dije que estaba bien, para esto Sergio me dice que su contacto en Cuernavaca Morelos; para la venta de la pieza es el señor FRANCISCO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN, para esto seguía siendo el mes de noviembre del 2020 pero ya a finales y Sergio me manda por imagen a mi WhatsApp foto de una tarjeta de la Institución BBVA Bancomer con número 4152313595774436 con fecha de vencimiento 10/24, adicional Sergio me dijo que de preferencia se tenía que hacer el pago total de los $95,000 (NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) antes de concluir diciembre del 2020 y le dije que se lo comentaría al cliente, y es que a principios del mes de diciembre del 2020 por medio de llamada al celular 4531193213 perteneciente a MANUEL LOPEZ MORALES desde mi celular es que le digo cómo tenían que hacerse el depósito para que pudieran instalar la pieza, diciéndome el cliente que estaba bien, es así que recibí 3 tres transferencias del señor MANUEL a mi cuenta bancaria BBVA Bancomer con número 4152313380254941 mismas que fueron 1.- con fecha 10 de noviembre del 2020 por la cantidad de $50,000 (CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M.N.), 2.- con fecha 01 de diciembre del 2020 por la cantidad de $20,000 (VEINTE MIL PESOS CON 00/100 M.N.) Y 3.- con fecha 04 de enero del 2021 por la cantidad de $25,000 (VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.), quiero señalar que estos depósitos de manera inmediata yo los transfería a la cuenta BBVA Bancomer con número 4152313595774436 misma que supuestamente pertenece a FRANCISCO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN desde mi cuenta bancaria, a partir del último depósito le dije de inmediato a SERGIO que en cuánto tiempo llegaría la pieza porque el cliente ya necesitaba echar a andar la maquinaria, y solo me daba excusas como que sería enviada por paquetería y que por eso tarda, hasta que en el mes de marzo de 2021 le dije que mi cliente ya estaba sumamente enojado y que hasta me había dicho que me demandaría si no le entregaba la pieza o su dinero, que se dejara de juegos y que me dijera dónde podía localizar a FRANCISCO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN para yo mismo ir por la pieza pero ya no me respondía, y cada que le llamaba que era casi a diario sólo me desviaba las llamada (sic) y no me respondía, a principios del mes de abril del 2021 después de varias llamadas sólo me respondió una ocasión y sin dejarme hablar sólo me dijo, deja de estar chingando, no te voy a dar ni tu dinero ni la pieza y hazle como quieras colgando la llamada, a partir de ese momento ya no me responde o los mensajes de WhatsApp me deja en visto, si (sic) que hasta la fecha me de alguna explicación o el domicilio a donde puedo pasar por la refacción. (.). Por lo anterior a través del oficio de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Extinción de dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera Perteneciente a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, solicitó a la Jueza de Control del Proceso Penal, Acusatorio y Oral en turno de este Distrito Judicial lo siguiente: "(.) Por medio del presente oficio y en relación con la carpeta de investigación MOR/053/27425/2021 NUC 1003202115835, iniciada por el delito de FRAUDE, en contra de QUIEN RESULTE RESPONSABLE y en agravio del C. MANUEL CLEOFAS MAZA MARÍN, con fundamento en los artículos 1, 14, 16, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, normados por los arábigos 262 Fracción VI, 259 y 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales, denominador 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y número 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, indico: Tenga a bien autorizar Audiencia a favor de esta Representación Social para la entrega de INFORMACIÓN RELATIVA AL SECRETO BANCARIO O FINANCIERO POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES misma que se materializará a través del sistema de atención de requerimientos de autoridad (SIARA) por lo que ve a la siguiente cuenta bancaria: Sector (Casas de Bolsa, Instituciones de Banca de Desarrollo, Instituciones de Banca Múltiple) Ver Catálogo de Entidades. Institución. Sólo una Institución por renglón. No. de cuenta. Sólo una cuenta por renglón. Instrucciones. Se debe indicar de manera precisa lo que se requiere de la cuenta señalada. INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE BANCO BANCOMER CUENTA 4152313595774436 CUENTA DE IMPUTADO NÚMERO DE CUENTA EJE. NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TITULARES DE LA CUENTA. NÚMERO Y DOMICILIO DE LA SUCURSAL BANCARIA DONDE ESTÁ APERTURADA LA CUENTA. FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA. ESTADO DE CUENTA Y/O RESUMEN DE SALDO Y/O SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021, 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021. ESTATUS Y SALDO ACTUAL DE LA CUENTA. IP DESTINO DE LA TRANSFERENCIA. ENVIAR EL EXPEDIENTE COMPLETO DEL CUENTAHABIENTE AL MOMENTO DE LA APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA, INCLUYENDO DOCUMENTO CON EL QUE SE IDENTIFICÓ AL MOMENTO DE APERTURAR LA CUENTA, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA. Para lo cual el fiscal indagador relató en forma breve los hechos materia de la querella presentada por el ahora tercero interesado MANUEL CLEOFAS MAZA MARÍN. Con fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, la Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad, tuvo por recibido el oficio descrito en el punto que antecede y a fin de atender la petición contenida en el mismo, fijó las doce horas del once de junio del dos mil veintiuno, El once de junio de dos mil veintiuno, en la audiencia de solicitud de datos bancarios, la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad determinó lo siguiente: "(.) Resolución 12:20 horas. Una vez escuchada la solicitud y datos que se me dieron a conocer, determiné mi competencia para resolver la solicitud, en términos de lo que señalan los artículos 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 252, fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 12:24 horas. Por lo que, de acuerdo a la información proporcionada en audiencia, encontré justificada la solicitud de los datos confidenciales que me fue solicitada, a fin de comprobar un hecho con apariencia de delito de fraude. (.) 12:29 horas. En consecuencia, se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto del Sistema de Atención de Requerimiento de Autoridad (SIARA), haciéndole del conocimiento la autorización al Fiscal General del Estado de Michoacán, para que proporcione la información de la cuenta e institución bancaria indicada, lo siguiente: BANCO BANCOMER NÚMERO DE CUENTA 4152313595774436 Número de cuenta eje. Nombre y domicilio de los titulares de la cuenta. Número y domicilio de la sucursal bancaria donde está aperturada la cuenta. Fecha de apertura de la cuenta bancaria. Estado de cuenta o resumen de saldos e historial de movimientos del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2020, del 1 al 31 de diciembre de 2020 y del 1 al 31 de enero de 2021, y 1 a 28 de febrero de 2021. Estatus y saldo actual de la cuenta. IP destino de la transferencia. Copia del expediente completo del cuentahabiente al momento de la apertura de la cuenta bancaria, incluyendo documento con el que se identificó al momento de aperturar la cuenta, comprobante de domicilio y contrato de apertura de la cuenta. 12:29 horas. La cual deberá de entregar al Fiscal General del Estado de Michoacán, en un plazo de 30 días naturales contados a partir de que la comisión nacional bancaria reciba la solicitud. (.)." Orden que se giró a la autoridad referida a través del oficio 3067/2021, de esa misma fecha. Lo que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. A la petición señalada en el punto que antecede, la autoridad bancaria requerida proporcionó al fiscal indagador la información que a su vez le fue otorgada por la Institución Bancaria BBVA Bancomer en el sentido de que la tarjeta bancaria con número 4152313595774436, se encuentra asociada con la cuenta eje 2990690961, que se encuentra activa como cuenta de ahorro, aperturada el veintisiete de diciembre de dos mil trece, a nombre de MARIO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN, con domicilio en la calle Retorno Laurel número 43 de la colonia Ampliación Chamilpa, en Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62210, siendo el único titular autorizado para realizar movimientos. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con la propiedad de una cuenta bancaria, es necesario que para la justificación del interés jurídico el peticionario de la protección constitucional acredite la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito que dice: "ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO DICHA MEDIDA PRECAUTORIA, SE ACREDITA CON LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE CELEBRADOS ENTRE EL QUEJOSO Y LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE. Tratándose del aseguramiento de cuentas bancarias, la exhibición en el juicio de amparo de un cheque con un número de cuenta a nombre del quejoso, resulta insuficiente para demostrar -plena y fehacientemente- la titularidad de una cuenta bancaria y, por ende, el interés jurídico para reclamar mediante el juicio constitucional la mencionada medida cautelar. Lo anterior es así, porque el contrato de cuenta corriente de cheques firmado entre el peticionario de garantías y la institución de crédito correspondiente, es el documento idóneo para acreditar el referido interés jurídico, pues demuestra que la cuenta se encuentra vigente". En ese orden de ideas, debe decirse que para acreditar el interés jurídico se requiere que el derecho que se defienda en la sede constitucional conste de manera fehaciente; esto es, con el contrato de apertura de cuenta celebrado entre el peticionario de garantías y la institución de crédito correspondiente. Lo anterior porque con ello se demuestra la vigencia de la cuenta y la titularidad del derecho. Sin embargo, luego de examinar las constancias que integran el expediente que se resuelve, es factible concluir que el peticionario de la protección constitucional no demostró con documento idóneo su interés jurídico, en relación con la cuenta bancaria 2990690961, a la que corresponde a la tarjeta referida, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, de la que la Jueza responsable solicitó fueran proporcionados los datos personales requeridos por el fiscal indagador para la integración de la carpeta de investigación MOR/053/27425/2021- NUC 1003202115835, iniciada por el delito de FRAUDE, en contra de QUIEN RESULTE RESPONSABLE y en agravio del ahora tercero MANUEL CLEOFAS MAZA MARÍN. Incluso, contra lo anterior las constancias que obran agregadas al juicio de amparo refieren que, según la información proporcionada por la autoridad requerida dicha cuenta pertenece a MARIO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN, quien no acudió a esta sede constitucional. Por ende, al no haberse acreditado el interés jurídico del peticionario del amparo, en términos de los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a la autoridad responsable. En la inteligencia de que tampoco la sola orden para recabar información o datos de prueba puede considerarse un acto que, afecte el interés jurídico de la parte quejosa; en tanto ello se vincula al ejercicio natural de las funciones ministeriales de investigación, en términos de lo previsto en el artículo 21 constitucional; a más de que respecto de los actos atribuidos a la fiscalía, se desechó la demanda de amparo, lo que fue reiterado por el tribunal de alzada. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Cabe señalar que la determinación adoptada por este órgano de control constitucional no genera alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que el mencionado derecho no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.." No pasa inadvertido que con fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la jueza responsable emitió nueva orden para recabar información sobre la diversa cuenta bancaria 1164431162 a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Empero, dicho acto no es reclamado en esta vía constitucional, a más de que se dictó con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de julio de dos mil veintiuno); de ahí que era inexistente en la citada fecha, por ende, tampoco procedía dar vista al quejoso para ampliar su demanda. Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Sergio Romero Martínez, por propio derecho contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, por los motivos anotados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 650/2021-VII, promovido por Sergio Romero Martínez, por su propio derecho contra actos de: Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial, remitido en la misma fecha a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Sergio Romero Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y la autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE: en cuanto ordenadora y Ejecutora la LICENCIADA EN DERECHO LAURA ADRIANA RODRÍGUEZ MEDRANO, en cuanto Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, quien integra la carpeta de investigación con número MOR/053/27425/2021 NUC 1003202115835, quien tiene su domicilio en calle Periférico Independencia número 5000, colonia Sentimientos de la Nación de Morelia, Michoacán. En cuanto ordenadora; así como AMALIA HERRERA ARROYO, en cuanto JUEZA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN MORELIA dentro del cuadernillo de antecedentes número 253/2021, autoridad que tiene su domicilio ubicado en Avenida Calzada la Huerta número 400, colonia Nueva Valladolid, Morelia, Michoacán C.P. 58190 IV.- ACTO RECLAMADO: de la LICENCIADA EN DERECHO LAURA ADRIANA RODRÍGUEZ MEDRANO, en cuanto Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclama el inicio de la carpeta de investigación con número MOR/053/27425/2021, NUC 1003202115835, de fecha 27 veintisiete de abril del 2021 dos mil veintiuno, en Morelia, Michoacán, por el delito de FRAUDE, en la cual se tiene como víctima u ofendido al C. MANUEL CLEOFA MAZA MARÍN quien no cumple el requisito de procedibilidad para que se le pudiera dar esa calidad de Víctima, según consta en la narrativa de du (sic) Querella, y en cuanto imputado al C. SERGIO ROMERO MARTÍNEZ, Querella que no cumple lo dispuesto en el artículo 221 y 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el Denunciante carece de Legitimación para Interponer Denuncia, mucho menos en contra del suscrito, así como violaciones al Artículo 20 apartado B de la Constitución Política de los estados unidos Mexicanos (sic), derechos del Imputado, acceso a la Justicia, ser informado sobre el trámite e inicio de la carpeta de investigación; así como realizar indebidamente sin fundamento y sustento alguno el convenio en que supuestamente se realizó en Sede Ministerial de fecha 31 de Mayo de 2021, el cual carece de sustento legal, y legitimidad; por último el cumplimiento a lo ordenado en fecha 11 de Junio de 2021, mediante el cual dentro del cuadernillo de Antecedentes 253/2021 la JUEZA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN MORELIA, AMALIA HERRERA ARROYO, autorizó y ordenó la búsqueda de información sobre Datos Bancarios Personales; En (sic) cuanto Ordenadora AMALIA HERRERA ARROYO, en cuento JUEZA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN MORELIA dentro del cuadernillo de antecedentes número 253/2021, mediante el cual ordena actos de molestia en mi contra sin antes corroborar la procedibilidad de la carpeta de investigación con número MOR/053/27425/2021, NUC 1003202115835, dicho acuerdo se realizó en fecha 11 de Junio de 2021. : (.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 20 Apartado B), fracciones I, VI, VII y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el señalado escrito de solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal, correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que previo cumplimiento a prevención en proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, desechó por un lado, la demanda de amparo respecto de la autoridad ministerial; y, por otro, admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende, en relación con la autoridad restante registrándola con el número de juicio de amparo 650/2021-VII; requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien presentó pedimento. En contra del auto que desechó la demanda de garantías, la quejosa interpuso recurso de queja, el que se declaró infundado en ejecutoria de quince de octubre de dos mil veintiuno, pronunciada por los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito al resolver la queja número 169/2021. Seguido el procedimiento previos diferimientos, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 1/2022 del propio Pleno. Igualmente se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos emitidos en un asunto de naturaleza penal, que tienen ejecución dentro del territorio donde ese órgano de control constitucional ejerce jurisdicción; esto es, esta ciudad de Morelia, Michoacán. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamados a la autoridad responsable, es el siguiente: El auto pronunciado el once de Junio de dos mil veintiuno, dentro del cuadernillo de antecedentes número 253/2021 en el que autorizó la búsqueda de información sobre datos bancarios sobre el quejoso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le atribuye. Tales afirmaciones se corroboran con las constancias consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación número MOR/053/27425/2021 con Número de Único Caso 1003 2021 15835, de la estadística del Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con sede en esta ciudad, que la referida autoridad acompañó a su informe justificado. Medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene probada la existencia del acto que en esta vía constitucional es reclamado a la autoridad responsable. De ahí que, contra lo afirmado por el Agente del Ministerio Público adscrito, sí es cierto el acto reclamado. CUARTO. Existencia de causal de improcedencia. Dilucidado lo anterior, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, tal como lo hace valer el representante social de la Federación, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, conviene mencionar que los artículos 5°, fracción II, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior la tesis I.13o.C.12 C (10a.), que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Esto quiere decir que para pedir amparo, el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo, existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente que tiene derecho subjetivo y la afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), con motivo del acto reclamado. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene la Jurisprudencia 51/2019 (10a) siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (El énfasis es añadido). Sentado lo anterior, como ya se precisó, en el caso, Sergio Romero Martínez instó el presente juicio de amparo, reclamando en forma destacada el proveído dictado por la responsable el once de junio de dos mil veintiuno, dentro del cuaderno de antecedentes número 253/2021, formado con motivo de la solicitud realizada por el fiscal investigador, dentro de la carpeta de investigación MOR/053/27425/2021 con Número de Único Caso 1003 2021 15835, y para un mejor entendimiento es preciso relatar los siguientes hechos: Con fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, Manuel Cleofa Maza Marín, compareció ante la Agente del Ministerio Público adscrito a la unidad de Extinción de Dominio e inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y relató lo siguiente: "(.) El motivo de mi comparecencia ante esta Representación Social, lo es con el fin de presentar formal QUERELLA por el delito de FRAUDE cometido en mi agravio, para ello quiero señalar lo siguiente; que de oficio soy empresario me dedico a la compra venta de maquinaria de construcción, así como de sus refacciones, .para el mes de noviembre del 2020 un cliente de nombre MANUEL LÓPEZ MORALES me pidió que le consiguiera una pieza que se llama Banco de Válvulas, esta pieza sirve para accionar el brazo trasero y estabilizador de Retroexcavadora marca Case, yo le respondí que esa pieza costaba $135,000 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) y que tendríamos que conseguirla en Ciudad de México o Cuernavaca, diciéndome mi cliente que estaba bien, para esto a principios del mes de noviembre del 2020 mi cliente ya se había entrevistado con SERGIO ROMERO MARTÍNEZ quien tiene número celular 4432582419, persona a la que conocí cuando yo estaba trabajando como gerente de ventas en una agencia de venta de maquinaria, y la relación actual que manteníamos era de comprador y proveedor de maquinaria, y refacciones, volviendo al tema; SERGIO le dio a MANUEL una pieza usada que le vendió en $45,000 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) se instala en su retroexcavadora pero al ver que no tenía el mismo resultado es cuando me dice a mí que lo consigamos nuevo, y es que yo contacto a SERGIO para decirle que el cliente quería la pieza original y él me dice que lo podía conseguir en México pero que necesitaba $95,000 (NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) y que tomaría a cuenta los $45,000 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) por la pieza usada pero que se la devolviera y yo le dije que estaba bien, para esto Sergio me dice que su contacto en Cuernavaca Morelos; para la venta de la pieza es el señor FRANCISCO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN, para esto seguía siendo el mes de noviembre del 2020 pero ya a finales y Sergio me manda por imagen a mi WhatsApp foto de una tarjeta de la Institución BBVA Bancomer con número 4152313595774436 con fecha de vencimiento 10/24, adicional Sergio me dijo que de preferencia se tenía que hacer el pago total de los $95,000 (NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.) antes de concluir diciembre del 2020 y le dije que se lo comentaría al cliente, y es que a principios del mes de diciembre del 2020 por medio de llamada al celular 4531193213 perteneciente a MANUEL LOPEZ MORALES desde mi celular es que le digo cómo tenían que hacerse el depósito para que pudieran instalar la pieza, diciéndome el cliente que estaba bien, es así que recibí 3 tres transferencias del señor MANUEL a mi cuenta bancaria BBVA Bancomer con número 4152313380254941 mismas que fueron 1.- con fecha 10 de noviembre del 2020 por la cantidad de $50,000 (CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M.N.), 2.- con fecha 01 de diciembre del 2020 por la cantidad de $20,000 (VEINTE MIL PESOS CON 00/100 M.N.) Y 3.- con fecha 04 de enero del 2021 por la cantidad de $25,000 (VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.), quiero señalar que estos depósitos de manera inmediata yo los transfería a la cuenta BBVA Bancomer con número 4152313595774436 misma que supuestamente pertenece a FRANCISCO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN desde mi cuenta bancaria, a partir del último depósito le dije de inmediato a SERGIO que en cuánto tiempo llegaría la pieza porque el cliente ya necesitaba echar a andar la maquinaria, y solo me daba excusas como que sería enviada por paquetería y que por eso tarda, hasta que en el mes de marzo de 2021 le dije que mi cliente ya estaba sumamente enojado y que hasta me había dicho que me demandaría si no le entregaba la pieza o su dinero, que se dejara de juegos y que me dijera dónde podía localizar a FRANCISCO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN para yo mismo ir por la pieza pero ya no me respondía, y cada que le llamaba que era casi a diario sólo me desviaba las llamada (sic) y no me respondía, a principios del mes de abril del 2021 después de varias llamadas sólo me respondió una ocasión y sin dejarme hablar sólo me dijo, deja de estar chingando, no te voy a dar ni tu dinero ni la pieza y hazle como quieras colgando la llamada, a partir de ese momento ya no me responde o los mensajes de WhatsApp me deja en visto, si (sic) que hasta la fecha me de alguna explicación o el domicilio a donde puedo pasar por la refacción. (.). Por lo anterior a través del oficio de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Extinción de dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera Perteneciente a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, solicitó a la Jueza de Control del Proceso Penal, Acusatorio y Oral en turno de este Distrito Judicial lo siguiente: "(.) Por medio del presente oficio y en relación con la carpeta de investigación MOR/053/27425/2021 NUC 1003202115835, iniciada por el delito de FRAUDE, en contra de QUIEN RESULTE RESPONSABLE y en agravio del C. MANUEL CLEOFAS MAZA MARÍN, con fundamento en los artículos 1, 14, 16, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, normados por los arábigos 262 Fracción VI, 259 y 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales, denominador 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y número 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, indico: Tenga a bien autorizar Audiencia a favor de esta Representación Social para la entrega de INFORMACIÓN RELATIVA AL SECRETO BANCARIO O FINANCIERO POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES misma que se materializará a través del sistema de atención de requerimientos de autoridad (SIARA) por lo que ve a la siguiente cuenta bancaria: Sector (Casas de Bolsa, Instituciones de Banca de Desarrollo, Instituciones de Banca Múltiple) Ver Catálogo de Entidades. Institución. Sólo una Institución por renglón. No. de cuenta. Sólo una cuenta por renglón. Instrucciones. Se debe indicar de manera precisa lo que se requiere de la cuenta señalada. INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE BANCO BANCOMER CUENTA 4152313595774436 CUENTA DE IMPUTADO NÚMERO DE CUENTA EJE. NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TITULARES DE LA CUENTA. NÚMERO Y DOMICILIO DE LA SUCURSAL BANCARIA DONDE ESTÁ APERTURADA LA CUENTA. FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA. ESTADO DE CUENTA Y/O RESUMEN DE SALDO Y/O SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021, 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021. ESTATUS Y SALDO ACTUAL DE LA CUENTA. IP DESTINO DE LA TRANSFERENCIA. ENVIAR EL EXPEDIENTE COMPLETO DEL CUENTAHABIENTE AL MOMENTO DE LA APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA, INCLUYENDO DOCUMENTO CON EL QUE SE IDENTIFICÓ AL MOMENTO DE APERTURAR LA CUENTA, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CONTRATO DE APERTURA DE LA CUENTA. Para lo cual el fiscal indagador relató en forma breve los hechos materia de la querella presentada por el ahora tercero interesado MANUEL CLEOFAS MAZA MARÍN. Con fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, la Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad, tuvo por recibido el oficio descrito en el punto que antecede y a fin de atender la petición contenida en el mismo, fijó las doce horas del once de junio del dos mil veintiuno, El once de junio de dos mil veintiuno, en la audiencia de solicitud de datos bancarios, la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad determinó lo siguiente: "(.) Resolución 12:20 horas. Una vez escuchada la solicitud y datos que se me dieron a conocer, determiné mi competencia para resolver la solicitud, en términos de lo que señalan los artículos 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 252, fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. 12:24 horas. Por lo que, de acuerdo a la información proporcionada en audiencia, encontré justificada la solicitud de los datos confidenciales que me fue solicitada, a fin de comprobar un hecho con apariencia de delito de fraude. (.) 12:29 horas. En consecuencia, se ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto del Sistema de Atención de Requerimiento de Autoridad (SIARA), haciéndole del conocimiento la autorización al Fiscal General del Estado de Michoacán, para que proporcione la información de la cuenta e institución bancaria indicada, lo siguiente: BANCO BANCOMER NÚMERO DE CUENTA 4152313595774436 Número de cuenta eje. Nombre y domicilio de los titulares de la cuenta. Número y domicilio de la sucursal bancaria donde está aperturada la cuenta. Fecha de apertura de la cuenta bancaria. Estado de cuenta o resumen de saldos e historial de movimientos del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2020, del 1 al 31 de diciembre de 2020 y del 1 al 31 de enero de 2021, y 1 a 28 de febrero de 2021. Estatus y saldo actual de la cuenta. IP destino de la transferencia. Copia del expediente completo del cuentahabiente al momento de la apertura de la cuenta bancaria, incluyendo documento con el que se identificó al momento de aperturar la cuenta, comprobante de domicilio y contrato de apertura de la cuenta. 12:29 horas. La cual deberá de entregar al Fiscal General del Estado de Michoacán, en un plazo de 30 días naturales contados a partir de que la comisión nacional bancaria reciba la solicitud. (.)." Orden que se giró a la autoridad referida a través del oficio 3067/2021, de esa misma fecha. Lo que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. A la petición señalada en el punto que antecede, la autoridad bancaria requerida proporcionó al fiscal indagador la información que a su vez le fue otorgada por la Institución Bancaria BBVA Bancomer en el sentido de que la tarjeta bancaria con número 4152313595774436, se encuentra asociada con la cuenta eje 2990690961, que se encuentra activa como cuenta de ahorro, aperturada el veintisiete de diciembre de dos mil trece, a nombre de MARIO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN, con domicilio en la calle Retorno Laurel número 43 de la colonia Ampliación Chamilpa, en Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62210, siendo el único titular autorizado para realizar movimientos. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con la propiedad de una cuenta bancaria, es necesario que para la justificación del interés jurídico el peticionario de la protección constitucional acredite la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito que dice: "ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO DICHA MEDIDA PRECAUTORIA, SE ACREDITA CON LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE CELEBRADOS ENTRE EL QUEJOSO Y LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE. Tratándose del aseguramiento de cuentas bancarias, la exhibición en el juicio de amparo de un cheque con un número de cuenta a nombre del quejoso, resulta insuficiente para demostrar -plena y fehacientemente- la titularidad de una cuenta bancaria y, por ende, el interés jurídico para reclamar mediante el juicio constitucional la mencionada medida cautelar. Lo anterior es así, porque el contrato de cuenta corriente de cheques firmado entre el peticionario de garantías y la institución de crédito correspondiente, es el documento idóneo para acreditar el referido interés jurídico, pues demuestra que la cuenta se encuentra vigente". En ese orden de ideas, debe decirse que para acreditar el interés jurídico se requiere que el derecho que se defienda en la sede constitucional conste de manera fehaciente; esto es, con el contrato de apertura de cuenta celebrado entre el peticionario de garantías y la institución de crédito correspondiente. Lo anterior porque con ello se demuestra la vigencia de la cuenta y la titularidad del derecho. Sin embargo, luego de examinar las constancias que integran el expediente que se resuelve, es factible concluir que el peticionario de la protección constitucional no demostró con documento idóneo su interés jurídico, en relación con la cuenta bancaria 2990690961, a la que corresponde a la tarjeta referida, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, de la que la Jueza responsable solicitó fueran proporcionados los datos personales requeridos por el fiscal indagador para la integración de la carpeta de investigación MOR/053/27425/2021- NUC 1003202115835, iniciada por el delito de FRAUDE, en contra de QUIEN RESULTE RESPONSABLE y en agravio del ahora tercero MANUEL CLEOFAS MAZA MARÍN. Incluso, contra lo anterior las constancias que obran agregadas al juicio de amparo refieren que, según la información proporcionada por la autoridad requerida dicha cuenta pertenece a MARIO JAVIER MONDRAGÓN ROMÁN, quien no acudió a esta sede constitucional. Por ende, al no haberse acreditado el interés jurídico del peticionario del amparo, en términos de los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a la autoridad responsable. En la inteligencia de que tampoco la sola orden para recabar información o datos de prueba puede considerarse un acto que, afecte el interés jurídico de la parte quejosa; en tanto ello se vincula al ejercicio natural de las funciones ministeriales de investigación, en términos de lo previsto en el artículo 21 constitucional; a más de que respecto de los actos atribuidos a la fiscalía, se desechó la demanda de amparo, lo que fue reiterado por el tribunal de alzada. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Cabe señalar que la determinación adoptada por este órgano de control constitucional no genera alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que el mencionado derecho no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.." No pasa inadvertido que con fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la jueza responsable emitió nueva orden para recabar información sobre la diversa cuenta bancaria 1164431162 a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Empero, dicho acto no es reclamado en esta vía constitucional, a más de que se dictó con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de julio de dos mil veintiuno); de ahí que era inexistente en la citada fecha, por ende, tampoco procedía dar vista al quejoso para ampliar su demanda. Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Sergio Romero Martínez, por propio derecho contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, por los motivos anotados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

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