Sergio Misael Morales Hernández
Expediente 600/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sergio Misael Morales Hernández
- Sergio Misael Morales Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se desprende que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hayan inconformado contra el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, dése aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este expediente carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste expediente se advierte que la parte quejosa exhibió dos discos compactos; en consecuencia, hágase de su conocimiento que quedan a su disposición, para que se presente persona autorizada a recogerlos en hora y día hábil, con identificación oficial vigente, previa razón que por su recibo se deje agregada en autos, una vez que las labores de este juzgado lo permitan; apercibida que de no hacerlo dentro del término de noventa días, serán destruidos junto con el expediente, sin necesidad de ulterior acuerdo, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Para lo cual, deberá atender a los requisitos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2021 respecto a su vigencia, para su obtención, esto es, agendar una cita de lunes a viernes, en un horario comprendido de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresando a la página serviciosenlinea.pjf.gob.mx, atendiendo a la contingencia sanitaria por la que atraviesa nuestro país. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse concedido la protección constitucional y carecer de relevancia documental. Al resultar innecesaria la conservación de los DVD remitidos por el Segundo Juez Militar de Control de la Primera Región Militar, devuélvanse sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo, con base en las constancias que remitió la autoridad responsable, este órgano de control constitucional, determina si la ejecutoria pronunciada en este asunto se encuentra o no cumplida. El presente juicio de garantías se formó con la demanda promovida por Sergio Misael Morales Hernández, por propio derecho, contra la determinación de uno de octubre de dos mil veinte, a través de la cual se resolvió como improcedente la impugnación planteada contra el no ejercicio de la acción penal, dictada en la carpeta judicial 006/2020 y su ejecución, que se atribuyeron al Juez Militar del Segundo Juzgado Militar de Control de la Primera Región Militar y al agente del Ministerio Público Militar adscrito a la Fiscalía General de Justicia Militar. En sentencia de terminada de engrosar el trece de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al aquí quejoso para que el juez responsable: "Deje insubsistente solamente lo resuelto en la audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, dictada en carpeta judicial 006/2020 y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción y con base en lo expuesto por las partes, dicte otra en la que de manera fundada y motivada, exponga las razones por las cuales considera que confirma o no la determinación de no ejercicio de la acción penal. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución, por no reclamarse por vicios propios sino como consecuencia del acto reclamado al Juez de Control responsable." En proveído de ocho de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el citado fallo y se requirió el cumplimiento respectivo. En acatamiento a la sentencia protectora las autoridades responsables, en su carácter de ejecutora y ordenadora, mediante oficios 7122 y 10422, respectivamente informaron sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo el juez de control diversas constancias y un disco versátil digital que contiene la audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la que: En términos del artículo 17 constitucional dejó insubsistente únicamente lo resuelto en la audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, dictada en carpeta judicial 006/2020. Indicó que subsistían las manifestaciones realizadas por las partes de manera oral en audiencia de uno de octubre de dos mil veinte. Con plenitud de jurisdicción y, con fundamento en los artículos 1º, 13, 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 192, 193 de la Ley de amparo; 251 del Código Militar de Procedimientos Penales; así como, con apoyo en la tesis con registro 2017683, determinó que no se actualizaba el elemento de ilicitud previsto por el tipo penal del artículo 214 del citado Código Penal Federal y lo procedente era confirmar el no ejercicio de la acción penal decretado por el ministerio público, para lo cual: En principio realizó una relación de antecedentes, precisó el contenido de la fracción IV del artículo 214 del Código Penal Federal, posteriormente indicó que el órgano técnico de investigación propuso el no ejercicio de la acción penal al señalar que si bien la indiciada remitió la hoja de nota clínica de Sergio Misael Morales Hernán como parte de su informe, también lo era que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por conducto de su Director de Quejas solicitó a la Secretaría de Marina que se hiciera extensivo sendo oficio de requerimiento a Irma García Alegría para que manifestara lo que a su derecho conviniera, por encontrarse relacionado con los motivos de la queja interpuesta por el citado Morales Hernán, motivo por el cual aquella anexó a su informe la citada hoja de nota clínica. Continúo señalando el contenido de los artículos 48, 63 sextus y 73 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, especificó que son los aplicables al caso concreto. Acto seguido, refirió que se debería resolver con base en lo expuesto en la audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, en la que, la parte impugnante manifestó en lo toral: Prevalece el tipo penal pues el documento que utilizó la servidora pública contiene datos sensibles que forman parte de su expediente clínico, que por su naturaleza y de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana correspondiente es de naturaleza confidencial, el cual no fue requerido específicamente, al no estar relacionado con los hechos materia de la queja presentada en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, los cuales se hicieron consistir en el trato discriminatorio, lo cual nada tiene que ver con la nota clínica que aparentemente lo descalifica porque se le arrestó por tener aliento alcohólico. Además, la expresión "informe lo que a su derecho convenga" no da amplio margen al servidor público de utilizar información de donde venga y enviarla de motu proprio, sino en todo caso debió indicar dónde estaba la información, pues sólo se le requirió informe sobre hechos de discriminación, por lo que el elemento de ilicitud persiste. Mientras que la fiscalía expuso en lo medular que: La queja no versó solo sobre lo que el asesor indicó en la audiencia, sino también respecto a que personal le hacía la ley del hielo; así como, cuestiones de mal manejo en el que refirió que lo metían muchas veces de servicio e incluso había cuestiones administrativas en que él daba parte a su superior sin correr la cadena de mando, siendo esto lo que motivó que la teniente remitiera la mencionada hoja clínica al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sumado a que era obligación de Irma García Alegría remitir la información y documentación al así indicarlo la citada institución en el punto siete de su oficio, en el sentido de que se hiciera extensivo el contenido del documento a las personas relacionadas con la queja para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, expresión que debe interpretarse de manera amplia y no limitativa. Aunado a que, dicha remisión de la hoja clínica no tiene el carácter de ilícito al ser permisible por la norma, pues conforme a los artículos 48, 63, sextus y 73, fracción I, de la Ley del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se le dio libertad de manifestar lo que a su derecho correspondiera respecto a la discriminación y demás situaciones que se indicaron en la queja y, así realizarse la investigación, máxime que la parte impugnante no mencionó conforme a qué Norma Oficial Mexicana dicha documentación era confidencial, para saber los puntos específicos a tratar. A partir de lo anterior, el juez de control resolvió que se debía confirmar el no ejercicio de la acción penal porque si bien el artículo 214, fracción IV del Código Penal Federal establece que comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentra bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión y, la hoja de nota clínica de Sergio Misael Morales Hernán tiene el carácter de confidencial, así determinado por las leyes, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas en la materia, también lo es que, la indiciada García Alegría al ser parte de la queja interpuesta por el citado Morales Hernán ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, fue requerida por la autoridad investigadora en dicho asunto, en los siguientes términos. El director de quejas del referido consejo solicitó a la Secretaría de Marina se hiciera extensivo el oficio de requerimiento a Irma García Alegría para que manifestara lo que a su derecho conviniera por encontrarse relacionada con los hechos motivo de la queja interpuesta por el aquí promovente del amparo, razón por la cual aquella anexó a su informe la hoja de notas clínicas de Sergio Misael Morales Hernán. Luego, indicó el juez de control, como lo dispone del artículo 48 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las personas particulares, como las personas servidoras públicas están obligadas a rendir los informes que se les soliciten en los términos requeridos y si fueran omisos, establece un procedimiento consistente en informar a su superior jerárquico de esa situación, y en caso de continuar con el incumplimiento, dar vista al órgano interno de control correspondiente para que aplique las sanciones administrativas conducentes, de modo que estimó que el hecho de que la indiciada remitiera un documento junto con su informe, era una obligación, sin que por mutuo propio lo hiciera. De igual forma, el responsable sostuvo que conforme al ordinal 63 sextus de la citada ley, en la contestación se afirmarán, refutarán o negarán todos y cada uno de los hechos actos omisiones o prácticas discriminatorias imputadas, además se incluirá un informe detallado y documentado de los antecedentes del asunto, sus fundamentos y motivaciones y, en su caso, elementos jurídicos o de otra naturaleza que los sustenten y, demás que considere necesarios, por lo que, refirió que dicho numeral aplicable a la sustanciación del asunto, deja al libre arbitrio de la persona que está obligada a contestar los hechos que se le imputan en la queja, incluir informes, documentos y demás elementos que considere necesarios, siendo que en el caso, la indiciada estimó pertinente remitir la nota clínica. Respecto al artículo 73 de la mencionada legislación, dijo que prevé que el Consejo efectuará la investigación, para lo cual podrá: solicitar a las autoridades o particulares a los que se atribuyen los hechos motivo de queja la remisión de informes complementarios y documentos relacionados con el asunto materia de la investigación; solicitar a otras personas físicas o morales, personas servidoras públicas o poderes públicos federales que puedan tener relación con los hechos o motivos de la queja, la remisión de informes o documentos vinculados con el asunto, además de que para realizar la investigación, no será impedimento el carácter confidencial o reservado de la información; sin embargo, el Consejo deberá manejar ésta en la más estricta confidencialidad y con apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Siendo que en el caso, señaló el responsable, dicho ordinal faculta a la servidora pública hoy indiciada a remitir los informes y documentos relacionados o vinculados con el asunto, lo que guarda relación con el artículo 63 sextus, última parte, que establece que podrá incluir informes o documentación de los antecedentes de la queja, fundamentos y motivaciones, elementos jurídicos o de otra naturaleza que los sustente y demás que considere necesarios. A partir de dichos preceptos legales, estableció que la indiciada García Alegría no sólo podía, sino que por ministerio de ley estaba obligada a remitir informes y documentos relacionados con la queja por discriminación, aun en su carácter de particular, aunque aquellos tuvieran el carácter de confidenciales o reservados, pues dichos documentos pueden referirse a los antecedentes, a los hechos, a los motivos, fundamentos y demás que considere necesarios para el mejor conocimiento de la queja para su substanciación. Esto es así, afirmó el juez de control, porque la autoridad investigadora de la queja instó a la indiciada García Alegría para que manifestara lo que a su derecho conviniera, y el propio artículo 63 sextus en cita, en relación con el diverso 48, no sólo establecen que constituye un requerimiento sino una obligación de la servidora pública, aun en su carácter de particular. Aunado a que en audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, el extremo de sustracción del documento contemplado en el tipo penal en estudio quedó superado en la citada diligencia, y así quedó manifestado por ambas partes. Luego, concluyó que la utilización ilícita de un documento clasificado como confidencial -hoja de notas clínicas del quejoso- desplegada por la Teniente de Navío Médico Cirujano Naval Irma García Alegría, no constituía delito en términos del artículo 214, fracción IV del Código Penal Federal, en tal virtud de las manifestaciones realizada por las partes en audiencia y los argumentos vertidos a lo largo de la misma, confirmó la determinación del ministerio público militar del no ejercicio de la acción penal. Bajo esa guisa, al haberse dejado sin efectos el acto reclamado, esto es, única y exclusivamente lo resuelto en audiencia de uno de octubre de dos mil veinte y dictado otra el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, con los argumentos expuestos por las partes en esa diligencia, en la que determinó que la conducta desplegada por la Teniente de Navío Médico Cirujano Naval Irma García Alegría, consistente en la utilización de la hoja de notas clínicas del quejoso, que tiene el carácter de confidencial o reservado no constituye delito en términos del artículo 214, fracción IV del Código Penal Federal, en razón que al ser requerida por la autoridad investigadora para que manifestara lo que a su derecho conviniera con motivo de la queja por discriminación instaurada por Sergio Misael Morales Hernán, y anexara la nota clínica al informe, ello lo realizó en términos de los artículos 48, 63 sextus y 73 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, numerales que la constriñen a rendir informe, anexando los documentos de los antecedentes del asunto, sus fundamentos, motivaciones, elementos jurídicos o de otra naturaleza y demás que consideró necesarios para la resolución de la queja interpuesta en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación; por lo que, de conformidad, con los artículos 77 y párrafo tercero del 196, ambos de la Ley de Amparo, se declara que ha quedado cumplida cabalmente la ejecutoria de referencia, sin exceso o defecto. Sin que en el caso, asista la razón al peticionario del amparo respecto a sus manifestaciones en el sentido de que existe un exceso o defecto en la nueva determinación, porque no permitió verter argumento alguno a las partes, pues como se indicó, los efectos de la sentencia de amparo consistieron en que dejará insubsistente solamente lo resuelto en la audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, dictada en carpeta judicial 006/2020 y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción y con base en lo ya expuesto por las partes, dictara otra en la que de manera fundada y motivada, expusiera las razones por las cuales consideraba que confirma o no la determinación de no ejercicio de la acción penal, esto es, no debía dar nueva intervención a las partes, aun cuando afirma que no analizó los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, pues ello, en todo caso se debió exponer en la audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, a efecto de que fuera materia de pronunciamiento por parte del juez de control. De igual forma, al no formar parte de la ejecutoria de amparo la legalidad o ilegalidad de dicha resolución que emitió en cumplimiento, no es posible su estudio, pues en todo caso, esta sería materia de análisis en un diverso medio de impugnación. Queda a salvo el derecho de la partes para inconformarse dentro del término que al efecto prevén los artículos 201 y 202 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
Agréguese el oficio 4920/2021-E, suscrito por el actuario judicial adscrito al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual informa que mediante acuerdo de veintiuno de octubre actual, dictado en el INCP. 17/2021, causó estado el acuerdo de ocho de octubre del año en curso, por el que desechó el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa y ordenó la devolución del juicio de amparo 600/2020 y dos discos compactos, a este órgano jurisdiccional. Acúsese de recibo a la Superioridad. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio 4657/2021-E, suscrito por el actuario judicial del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que ocho de octubre actual, desechó por improcedente el recurso de inconformidad interpuesto por ..., pues la resolución que combate no es la que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sino la determinación del Juez Militar de Control adscrito a la Primera Regio Militar, en la que estableció el no ejercicio de la acción penal; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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