Sergio Michael Martinez Renteria
Expediente 512/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sergio Michael Martinez Renteria
Actuaciones
- Principal
Así pues, el uno de marzo de dos mil veintiuno culminó la vigencia del acuerdo señalado en el párrafo que antecede; por tanto, se reanuda el trámite de este juicio de amparo. Por otra parte, de los autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que no fue recurrido dentro del término legal, el proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda promovida; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tres de mayo de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta, ***, por propio derecho, solicita el ampro y protección de la justifica federal. Se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de control con el número 512/2020-I.2, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Formalidades que debe cumplir la demanda de amparo. Es necesario analizar la forma en que se presentó la demanda de amparo, ya que, al ser un documento, debe contar los requisitos y formalidades que para su presentación prevé la Ley de Amparo. Para la promoción del juicio de amparo, es necesario cumplir con los requisitos del normativo 108 de la Ley de Amparo; En caso de que el juicio constitucional se promueva por algún acto que enlista el numeral 15 de la ley en la materia, es factible la presentación de la demanda, siempre que se satisfagan los requisitos del diverso ordinal 109; y, Ante la necesidad apremiante de tramitar la demanda, si esta se presenta vía electrónica, para su envío es factible prescindir de la firma electrónica (FIREL). Actos reclamados en la demanda de cuenta; no actualizan la hipótesis prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Hechas estas precisiones, de una interpretación integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama lo siguiente: La orden de presentación y/o citación y/o localización y/o detención ministerial librados en su contra. Como se vio, el multicitado ordinal 15 protege la libertad personal e integridad física de los quejosos directos cuando se ven imposibilitados para pedir amparo de manera personal. Lo que persigue este artículo es el llamado habeas corpus, ya que es necesario que se exhiba ponga en presencia del juez de amparo al quejoso directo, con el objeto de velar porque se respeten sus derechos fundamentales con motivo de su detención y no se le practique tortura, malos tratos, incomunicación, deporte, expulse, proscriba, destierre, extradite o se le practique algún acto prohibido por el ordinal 22 constitucional o, bien, cuando se pretenda incorporar forzosamente al quejoso al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Así, de un simple contraste, se aprecia que el acto reclamado -La orden de presentación y/o citación y/o localización y/o detención- no actualiza el supuesto normativo previsto en el precepto 15 de la Ley de Amparo; es decir, el acto combatido, de manera alguna, atenta contra los derechos fundamentales que protege el referido numeral para hacer viable la promoción del juicio constitucional de manera más rápida y sin exceso de formalismos. Lo cierto es que para promover el juicio de amparo en su contra es necesario que se satisfagan los requisitos formales previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo y, además, en caso de promoverse por la vía electrónica, se firme electrónicamente por el quejoso. Lo anterior, ya que la finalidad del legislador, como se dijo, era la de proporcionar a las personas las facilidades necesarias para promover el juicio de amparo a cualquier hora y sin tantos formalismos, con el objeto de mover la maquinaria judicial a brevedad posible y poner ante la presencia judicial al quejoso directo. Pensar lo contrario equivaldría a hacer nugatoria la finalidad del legislador y desnaturalizar la función protectora del juicio de amparo como un habeas corpus. Bajo esta premisa, es evidente que el acto que se reclama en esta instancia constitucional no encuadra en la hipótesis normativa del artículo 15 de la Ley de Amparo y, por tanto, no le son aplicables las salvedades previstas en los diversos numerales 3 y 109 de la ley en la materia. Por tal motivo, es procedente analizar si la demanda satisface o no los requisitos que debe contener y que enuncia el precepto 108 del ordenamiento legal en cita. Consideraciones previas. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Falta de firma autógrafa o electrónica. En el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, de los que se advierte que el juicio de amparo, con las salvedades a que alude el numeral 15 de la ley en consulta, sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada, es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el ordinal 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, se desecha por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no ha lugar a tener por promovido el juicio de amparo. No escapa a la consideración de esta juzgadora que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada.
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