Sergio Mercado Flores

Expediente 502/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
502/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Sergio Mercado Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se sobreseyó por una parte y por otra se negó el amparo y protección de la justicia federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se negó y otorgó la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 502/2021-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinticinco de junio de dos mil veinte, turnado a este juzgado el día hábil posterior, ******* promovió demanda de amparo en contra del Fiscal de Distrito Zona Norte; Fiscal en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero, Zona Norte; Coordinador de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños; Coordinador en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales; Coordinador de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública; Coordinador de la Unidad Especializada de Investigación en los Delitos Sexuales, Violencia Familiar, contra la Familia y Trata el de Personas; Coordinador Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte; Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte; Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Física y Daños de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Jefe de Grupo de la Unidad Especializada en Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Secretario de Seguridad Pública Municipal; Subcoordinador Regional de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero, Zona Norte, por sí y en representación del Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada de Violencia Familiar e Incumplimiento de las Obligaciones; y, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos; todos en sus denominaciones correctas y completas, con sede en esta ciudad; de quienes reclamó lo siguiente: ACTO RECLAMADO.- La orden de comparecencia, entrevista, detención, presentación o aprehensión que han girado las autoridades señaladas como ordenadoras con el fin de que se ejecute (.) (Sic). Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión a trámite de la demanda. En auto de siete de julio de dos mil veintiuno (foja 6), se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo conforme al acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el aquí quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos; Fiscal de Distrito Zona Norte; Fiscal en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero, Zona Norte; Coordinador de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños; Coordinador en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales; Coordinador de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública; Coordinador de la Unidad Especializada de Investigación en los Delitos Sexuales, Violencia Familiar, contra la Familia y Trata de Personas; y, Coordinador Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte; todos en sus denominaciones correctas, con sede en esta ciudad: La orden de aprehensión decretada en su contra el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******. Las órdenes de comparecencia, entrevista, detención y presentación emitidas en su contra. Del Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte; Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Física y Daños de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Jefe de Grupo de la Unidad Especializada en Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Secretario de Seguridad Pública Municipal; Subcoordinador Regional de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero, Zona Norte; y, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada de Violencia Familiar e Incumplimiento de las Obligaciones; todos en sus denominaciones correctas, con sede en esta ciudad: La ejecución los mandatos de captura referidos supra líneas. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Fiscal de Distrito Zona Norte (foja 22); Coordinador de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños (foja 22); Coordinador en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales (foja 22); Coordinador de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública (foja 22); Coordinador de la Unidad Especializada de Investigación en los Delitos Sexuales, Violencia Familiar, contra la Familia y Trata de Personas (foja 22); Coordinador Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte (foja 22); Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte (foja 23); Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte (foja 28); Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Física y Daños de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte (foja 30); Jefe de Grupo de la Unidad Especializada en Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte (foja 32); Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte (foja 34); y Secretario de Seguridad Pública Municipal (foja 36); todos en sus denominaciones correctas y completas, con sede en esta ciudad; pues al rendir sus informes con justificación, los negaron categóricamente. Enseguida, se advierte que si bien el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, sí dictó la orden de aprehensión de que se duele el quejoso, el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******; las órdenes de comparecencia, entrevista, detención y presentación que le fueron atribuidas, resultan inexistentes. Por su parte, aunque el Subcoordinador Regional de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero, Zona Norte (foja 38), por sí y en representación del Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada de Violencia Familiar e Incumplimiento de las Obligaciones (foja 38), al rendir informe con justificación, aceptaron de forma genérica lo que les fue combatido, empero, el único mandato de captura que resultó existente, fue la orden de aprehensión ya referida; de manera que, se tienen por inexistentes los actos consistentes en la ejecución de las órdenes de comparecencia, entrevista, detención y presentación, que les atribuyó el quejoso. Enseguida, el Fiscal en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero, Zona Norte, con sede en esta ciudad -autoridad señalada como ejecutora- no rindió su informe justificado, de tal suerte que, de conformidad con el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se deberían de tener por ciertos los actos que le fueron endilgados. Empero, el único mandato de captura que resultó existente, fue la orden de aprehensión, dictada por el Juez responsable. De tal suerte que, se tienen como inexistentes los actos que le fueron reclamados. Sin que el accionante del amparo, por sí o por conducto de sus autorizados en amplios términos, haya aportado medio de convicción a fin de desvirtuar lo anterior. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las responsables de referencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, adujo que sí dictó la orden de aprehensión de que se duele el quejoso, el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******, debido a que éste no acudió al citatorio para audiencia inicial, emitido para verificarse en tal fecha, y en diversa data previa. Por su parte, el Subcoordinador Regional de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero, Zona Norte (foja 38), por sí y en representación del Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada de Violencia Familiar e Incumplimiento de las Obligaciones (foja 38), con sede en esta ciudad, aceptaron el restante acto de ejecución que les fue atribuido. Lo anterior se corrobora de la documental que remitió el Juez responsable anexa a su informe con justificación, de las que se desprende que, efectivamente, mediante audiencia verificada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, previa solicitud del agente del Ministerio Público, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por los hechos señalados en la ley como constitutivos del delito de violencia familiar; misma que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, el Juez responsable envió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia respetiva, constante en un disco compacto, al que se reconoce valor probatorio en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210-A, de tal codificación. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en el disco compacto de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo; y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Ante lo anterior, resulta innegable la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables. Quinto. Procedencia. Ya que las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan diversas causas de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Examen constitucional del acto reclamado. Resulta oportuno acotar que en este asunto, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, por tener el quejoso el carácter de inculpado, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; empero, el único concepto de violación esgrimido, resulta infundado, como se demostrará más adelante, sin que exista deficiencia de la queja que suplir de conformidad con el numeral aludido. Dicho lo anterior, como se estableció en el considerando segundo, el aquí quejoso reclamó del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, la orden de aprehensión que emitió en su contra el veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Lo anterior, debido a que el propio veintiuno de enero de dos mil veintiuno, fecha en que el Juez responsable citó por segunda ocasión al aquí quejoso a audiencia inicial, de conformidad con el artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tras no comparecer, la agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero, Zona Norte, solicitó -en audiencia- la emisión de dicha orden de aprehensión en contra de la aquí accionante del amparo, ante su probable participación en la comisión del delito de violencia familiar. A partir de las señaladas circunstancias, el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el Juez responsable dictó la orden de aprehensión de que se trata, en la que determinó que obraban datos de investigación que permitían establecer la existencia de hechos constitutivos del delito de violencia familiar, previsto en el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua y la probabilidad de que el ahora quejoso hubiera participado en su comisión. Se procede a analizar enseguida el único motivo de disenso aducido en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia. Único concepto de violación Como único concepto de violación, el quejoso argumentó, en esencia, que la orden de aprehensión de que se duele, no fue adecuadamente fundada ni motivada. El motivo de disentimiento de referencia, resulta infundado. Para evidenciar lo anterior, es pertinente señalar que el párrafo primero, del artículo 16 de la Constitución Federal, establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Asimismo, establece que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. Como se aprecia, dicho precepto prevé la obligación para toda autoridad, de fundar y motivar sus determinaciones, esto es, expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión de la misma y los preceptos legales en que la apoye, los cuales deben ser coherentes entre sí. En el caso, de los antecedentes narrados en líneas precedentes, así como de las constancias que se recibieron, relativas a la causa penal *******, de su índice, se advierte que la responsable ordenó la aprehensión del quejoso en términos de los numerales 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en audiencia, a petición del agente del Ministerio Público, debido a que no asistió al citatorio para audiencia inicial emitido por el Juez responsable, para verificarse en tal fecha; por la probable comisión del hecho que la ley considera como el delito de violencia familiar. Al respecto, es de precisarse que el artículo 141 del Código procesal aludido -uno de los numerales en que el Juez de Control apoyó su determinación- establece ciertos requisitos que deben colmarse para librar una orden de aprehensión. Dicho artículo, es del contenido siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. (.) De la intelección de dicho numeral se desprende que para la emisión de la orden de aprehensión se deben cumplir los requisitos que a continuación se apuntan: I. Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. II. Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión; y, III. III. Que exista la necesidad de cautela. Por supuesto, además de las referidas exigencias, deberá vigilarse, en su caso, que dicha determinación judicial no infrinja algún derecho constitucional contenido en diverso precepto. Aunado a ello, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, ya señalado; sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz los derechos fundamentales de la persona, tutelados en la Constitución Federal. Ello, dado que podrían darse los casos siguientes: a) Que en la orden de aprehensión se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso. b) Que la orden fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. c) Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. d) Que la orden de captura no estuviere fundada y motivada. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 225, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 166, Tomo II, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del registro 904206, que estatuye: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Entonces, solo mediante el cumplimiento de esos requisitos, se podrá justificar la emisión de una orden de aprehensión. Dicho lo anterior, contra lo sostenido por el quejoso, se estima que la orden de aprehensión librada en su contra sí reúne los requisitos establecidos para su emisión, como se demostrará a continuación. I. Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. El primero de los requisitos se encuentra plenamente satisfecho. Ello se desprende, en primer término, tanto de la videograbación respectiva como de su transcripción, pues de la solicitud de orden de aprehensión en contra de ******* formulada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Distrito Zona Norte; se advierte que en fecha veintisiete de diciembre de dos mil veinte, *******, por sí y en representación del menor de iniciales ******* compareció ante el agente del Ministerio Público, en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad, a denunciar al aquí quejoso -su pareja sentimental y padre del infante de referencia- por la comisión del ilícito ya referido. Asimismo, la orden de aprehensión motivo del presente juicio de amparo, fue librada por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, según se desprende de las constancias que integran la causa penal *******, de su índice, con motivo precisamente de la denuncia presentada por *******, por sí y en representación del menor de iniciales *******. Con lo que se encuentra satisfecho el primer requisito. II. Que el agente del Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Como aspecto previo, es conveniente señalar que las bases primarias para la emisión de la orden de aprehensión están contenidas en los artículos 16, 19 y 21 de la Constitución Federal, las cuales es importante tener presentes conforme al sistema procesal penal acusatorio y oral a que se refiere la Constitución. El texto de las disposiciones constitucionales referidas, en lo conducente, es el siguiente: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. (.) Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (.) Del contenido de los preceptos transcritos se advierte en lo que nos concierne, que a) el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de investigar y perseguir los delitos, y b) en la solicitud de la orden de aprehensión de una persona, la autoridad judicial deberá tener conocimiento de que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, para resolver sobre la solicitud de la orden de aprehensión, el Juez responsable se apoyó en los artículos 141, quinto párrafo, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que son del siguiente tenor: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De la anterior reproducción, se colige, en lo que interesa, que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público podrá -previo cumplimiento de diversos requisitos legales- solicitar al Juez de Control el libramiento de la orden de aprehensión. Para tal efecto, el Ministerio Público debe realizar una clasificación jurídica de los hechos, en la que se especificará el delito atribuido, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad se reclasifique. En tal solicitud, el representante social debe realizar una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes, así como exponer las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 precitado. Por su parte, el Juez de Control se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud de orden de aprehensión. Las anteriores premisas permiten establecer que, en el caso, se encuentra satisfecho el segundo requisito para la emisión de la orden de aprehensión, esto es, que el agente Ministerio Público responsable haya expuesto las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 precitado, es decir, que obran en la carpeta de investigación datos que establecen que se han cometido los hechos que se configuran como delitos y que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. En efecto, de la solicitud de orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, formulada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Distrito Zona Norte en esta ciudad, se desprende que, entre otras cosas, expuso las razones por las que consideró que se cometió el hecho tipificado como el delito de violencia familiar y que existe la probabilidad de que el aquí quejoso haya participado en su comisión, enunciando una serie de medios de convicción que le permitieron arribar a tal conclusión, entre los que destacan, los siguientes: - Acta denuncia del día 27 de diciembre del 2020 en donde comparece la señora ******* misma que manifestó ser pareja sentimental del hoy indiciado quien es su pareja sentimental, y que esta relación tienen un hijo de iniciales de ******* de siete años de edad manifestando que el día 27 de diciembre del 2020 eran aproximadamente las 10 horas con 44 minutos ella se encontraba en su domicilio en compañía de su hijo, cuando ******* se escuchó molesto; le manifestó que se largara chingar su madre que una pinche culera; manifestó que la jaló del cabello con sus manos y que su hijo el menor referido se metió para defenderla, que ******* la aventó contra la cama y le dijo quítate a chingar a tu madre; que no solo la agresión fue en contra de la denunciante, sino también del menor y le dijo que también se fuera a chingar su madre, que empezó a tirar todas las cosas que se encontraban a su alcance (.) y lo medular en eso en eso radica, la violencia, que manifiesta la denunciante en perjuicio de ella y de su menor hijo que estos hechos se suscitaron en el domicilio que se ubica en *******, en esta ciudad. - También se cuenta con la comparecencia incluso del menor en referencia el menor de 7 años de edad, el cual refirió exactamente lo mismo; que él vive con su madre con la denunciante y así como con el indiciado en el domicilio ya proporcionado y refiere lo mismo, que estaban en su casa y que su mamá iba a la iglesia; que él la defendió para que no le pegara su papá pero que su papá la aventó a su madre a la cama y que le dijo que se fuera a chingar su madre; que le pidió que no agrediera a su madre, pero que (.) logró golpearlo. - Además de esto se cuenta con informe médico de lesiones de fecha 27 de diciembre del presente año, de la víctima, *******, signado por la doctora *******; en donde efectivamente, la galeno en mención describe diversas lesiones que encontró en la humanidad ésta persona, siendo en mano derecha región palmar, aumento de volumen en dicha área y que refiere dolor localizado, clasificó las lesiones como las que no ponen en peligro, la vida tardan en sanar menos de 15 días (.). - Asimismo un dictamen en materia de psicología de fecha 27 de diciembre practicado realizado por el licenciado *******, psicólogo adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del delito por Razones de Género, practicado a la víctima la denunciante; en donde después de realizar diversas baterías manifestó en su dictamen el profesionista en mención que la misma contaba con una afectación emocional (.) incluso recomendó 30 sesiones de tratamiento psicoterapéutico con perspectiva de género. - Y un segundo dictamen es realizado al menor en comentó donde también el mismo profesionista este dictamen fue también de fecha 27 de diciembre de 2020, donde después de realizar las baterías necesarias para arribar a su dictamen hacia el menor también dictaminó que efectivamente este contaba con una afectación emocional, si bien es cierto leve, pero incluso recomendó 25 sesiones de tratamiento psicológico especializado. - Aunado a ello pues se cuenta con el acta de nacimiento, la partida de nacimiento del menor en comento donde como dato interesante, pues aparecen como padres del registrado tanto la víctima la denunciante dentro de causa como el indicado que nos ocupa dentro de la misma es que dicha acta es dicha partida de nacimiento está registrada bajo el número *******. - Y de igual forma un parte informativo signado por el licenciado *******, agente investigador adscrito a la Agencia Estatal de Investigación en la Zona Norte, de fecha 29 de diciembre de 2020; en donde lo que interesa plasmó una serie fotográfica del lugar de los hechos estos en *******, en donde se destacan dos impresiones fotográficas en la que se aprecia el exterior de la vivienda y el cruce en el que se localiza el domicilio citado. - Y, por último, una acta narrativa de hechos probablemente delictivos por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ******* y ******* en los cuales los agentes investigadores en fecha 27 de diciembre del 2020 manifestaron que fueron acudieron a un llamado ya que se reportaba una violencia familiar en el domicilio ya multicitado en el cual se suscitaron los hechos y en donde se entrevistaron con la hoy denunciante la cual manifestó el hecho en cuestión en su perjuicio y en contra de su menor hijo; también incluso le señaló como responsable del mismo a su pareja sentimental y padre y padre del menor, el señor ******* ante tal señalamiento los agentes captores, dijeron que ella manifestó los hechos acaecidos repito en los cuales fueron concordantes con la manifestado por la misma en su denuncia ante esta representación social (.) Es en base a lo anterior y toda vez que se reúnen todos los elementos que conforman el tipo penal de violencia familiar tanto para ambas víctimas, eso es un deber del Estado su señoría la protección a las mismas aunado a ello es darle a conocer los hechos que esta representación social intenta formular y debido a la incomparecencia de hoy indiciado no se pudo realizar, le manifiesto que los hechos versan de la siguiente forma que el día 27 de diciembre del 2020 aproximadamente a las 10 horas con 44 minutos, ******* ejerció un acto abusivo de poder teniente a agredir de manera física y psicológica a las víctimas de nombres ******* así como del menor de iniciales ******* de 7 años de edad, quienes son su pareja sentimental y su hijo respectivamente toda vez que en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad. Le dijo a la víctima, ******* que se largara chingar su madre, que era una pinche culera; la jaló del cabello con sus manos para finalmente decirle que le iba quemar la casa; asimismo, aventó al menor en comento y le dijo que se quitara chingar su madre; con lo anterior dañó la estabilidad emocional de los mismos y causó una alteración en la salud de la víctima *******; hechos se encuadran perfectamente en el delito de violencia familiar previsto y sancionado sin prejuzgar por el numeral 193 del Código Penal (.) Para acreditar que se cometieron los hechos tipificados como delito de violencia familiar, y que existe la probabilidad de que el aquí quejoso haya participado en su comisión, la representante social consideró que en la carpeta de investigación existían datos que permitían establecer la existencia de hechos que encuadraban en tal delito, previsto en el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que estatuye: Artículo 193. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y el tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia familiar. Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato. Este delito se perseguirá de oficio. Asimismo, consideró que existía la probabilidad de que el ahora quejoso haya participado en la comisión de esos hechos. A la luz de esos preceptos, el Juez responsable se pronunció sobre los elementos planteados en la solicitud y determinó que de los datos que fueron puestos bajo su conocimiento, era posible establecer la existencia de hechos configurativos del referido delito. Primero, debido a que consideró de la redacción normativa del ilícito en mención y los antecedentes de los que se impuso, que fueron integrados los elementos de tal delito, a saber: Violencia familiar: a) Que el sujeto activo ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual. b) Dentro o fuera del domicilio familiar. c) Sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, o con quien haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho; entre otros. Lo anterior, toda vez que de los antecedentes que fueron hechos de su conocimiento por el agente del Ministerio Público, se desprende que: - Aparentemente, de las diez horas con cuarenta y cuatro minutos (10:44) del veintisiete de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente; el aquí quejoso, ******* agredió física y verbalmente tanto a su pareja sentimental, de nombre *******, como al menor hijo de ambos, cuyo nombre tiene las iniciales ******* - quien cuenta con siete años de edad; en el domicilio conyugal, ubicado en *******, en esta ciudad. Asimismo, la agente del Ministerio Público responsable relacionó diversos medios de convicción, entre los que destacan: 1. Acta narrativa de hechos probablemente delictivos, signada por los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de nombres ******* y *******; en los cuales, tales agentes investigadores, el veintisiete de diciembre de dos mil veinte, acudieron a un llamado que reportaba violencia familiar en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad; donde se entrevistaron con *******, quien manifestó que ella y su menor hijo, sufrieron agresiones físicas y verbales por parte del aquí quejoso. 2. Denuncia presentada ante la representación social el veintisiete de diciembre de dos mil veinte, por parte de *******, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales de ******* de quien es padre el aquí quejoso. 3. Comparecencia del menor de iniciales de ******* quien refirió a la representación social que él vive con su madre, con la denunciante, así como con el indiciado; y refirió que él defendió a su madre para que no le pegara su papá, pero que su papá aventó a su madre a la cama y que le dijo "que se fuera a chingar su madre"; golpeándolo a él también posteriormente. 4. Informe médico de lesiones de veintisiete de diciembre de dos mil veinte, de la víctima *******, signado por la doctora ******* 5. Dictamen en materia de psicología de veintisiete de diciembre de dos mil veinte, de la víctima *******, realizado por el licenciado *******, psicólogo adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del delito por Razones de Género. 6. Dictamen en materia de psicología de veintisiete de diciembre de dos mil veinte, al menor víctima de iniciales de ******* practicado por el licenciado *******, psicólogo adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del delito por Razones de Género. 7. Acta de nacimiento del menor víctima de iniciales de ******* de donde se desprendió que aparecen como padres del registrado, ******* y el indiciado, aquí quejoso. De lo anterior, el Juez responsable determinó la probabilidad de que el indiciado haya cometido los hechos que se le atribuyen; concatenando los medios de prueba ofrecidos por la agente del Ministerio Público y los razonamientos que fueron vertidos, dictó la mencionada orden de aprehensión. Asimismo, expuso las razones especificas respecto a las cuales consideró que se habían cometido el delito de que se trata, e hizo relación de ello respecto de la probabilidad de que el aquí accionante del amparo, hubiera participado en su comisión, para lo cual fundamentó su determinación en los numerales ya señalados; es decir, expresó detalladamente las razones por las cuales tomó su determinación e indicó las hipótesis normativas aplicables al caso concreto, tanto las relativas a los elementos del delito de violencia familiar (193 del Código Penal del Estado de Chihuahua), valoración de pruebas (artículos 259, 260 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales), las relativas al mandato de aprehensión (artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales), así como la necesidad de cautela. Sobre estas bases, a juicio de quien resuelve, se encuentra justificado el segundo de los elementos que la legislación procesal exige para la emisión de la orden de aprehensión, esto es, que el Ministerio Público haya anunciado que obran en la carpeta de investigación datos que establecen que se han cometido esos hechos y que sí exista la probabilidad de que la acusada los haya cometido o participado en su comisión. III. Que exista la necesidad de cautela Finalmente, es necesario establecer que otro de los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión, en el caso, lo constituye la necesidad de cautela. Cabe precisar que, si bien la redacción de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podrá librarse orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, lo cual parece indicar que quien debe advertir dicho elemento es el Ministerio Público, lo cierto es que debemos entender que el mandato va dirigido a la autoridad jurisdiccional penal, debido a que: a) La autoridad que resolverá y, en su caso, emitirá la orden de aprehensión es el juez penal y no el Ministerio Público; b) Bajo la lógica del sistema penal acusatorio, cuando el Ministerio Público dirige peticiones a la autoridad jurisdiccional lo hace en calidad de parte procesal y no de autoridad. Conjuntamente con lo anterior, el Juez de Control debe atender lo estipulado en el numeral 168 del citado Código Nacional, que establece: 168. Peligro de sustracción del imputado. I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. En el caso a estudio, al analizar la necesidad de la medida de cautela, el Juez de Control consideró lo siguiente: El tercer y último tópico de este acto de molestia, es justamente la necesidad de cautela, la cual se surte porque como di cuenta en esta audiencia ya son dos ocasiones en las cuales el tribunal ha intentado conducir a este proceso a ******* de manera voluntaria y no se ha obtenido. En esta última di cuenta cabalmente de que este incluso, éste fue notificado personalmente, tan es así, que proporcionó su credencial de elector de la cual obran fotografías a blanco y negro en esta carpeta; entonces, también se surte la necesidad de cautela dentro de esta causa penal (.). Entonces, en su estudio de la necesidad de la medida de cautela, el Juez de Control arribó a que tal elemento también existía, dado que ya había emitido citatorio para que el aquí quejoso compareciera de manera voluntaria a audiencia inicial, en dos ocasiones, sin que así lo hubiere efectuado, a pesar de que, adujo, se le hubiere notificado ello personalmente. En efecto, se estima colmado también dicho requisito, toda vez que ciertamente, el comportamiento del indiciado no evidenció que tuviera iniciativa de someterse al procedimiento penal, al no acatar dos citatorios que el Juez responsable le emitió previamente; lo que, de conformidad con el numeral 168 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales, arriba inserto, evidencia peligro en la sustracción del imputado. Así, la consideración plasmada por la autoridad responsable en su mandato de captura se estima correcta, porque las razones que tomó en consideración para justificar la necesidad de cautela, a juicio de quien resuelve, revelan que se satisfacen los elementos que le exige la Ley para determinar una orden de esa naturaleza; de ahí que, en este aspecto, la orden de aprehensión reclamada no lesione los derechos del quejoso. De tal modo que, como se anunció, el único concepto de violación vertido, deviene infundado. En las relacionadas condiciones, desestimado el único concepto de violación expresado, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva respecto de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada a las diversas autoridades responsables, al no impugnarse por vicios propios. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido ******* respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que en la presente fecha se encuentra programada la audiencia constitucional de este juicio de amparo. Sin embargo, atendiendo a la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrarla, en virtud de aún no se emplaza a juicio a los terceros interesados *** y el menor de iniciales D.N.M.R. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la citada audiencia y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades con tal calidad en este asunto, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.GNMA

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Súmense a los autos el oficio y anexo de cuenta, a excepción del sobre cerrado, para que consten como legalmente corresponda, con lo cual el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Pena Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, remite a este juzgado copia certificada de la transcripción de la orden de aprehensión dictada en contra del aquí quejoso, en autos de la causa penal *******. Con lo anterior, dese vista a las partes a fin de que realicen las manifestaciones legales que a su interés convenga, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 124, de la ley de la materia, tómese dicho documento en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional del presente asunto. Por lo que hace al emplazamiento de los terceros interesados ******* y el menor de iniciales *******, se ordena abrir cuadernillo de sigilo y proveer en él lo conducente. Notifíquese Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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