Sergio Meneses León
Expediente 1415/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1415/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sergio Meneses León
Actuaciones
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. SOLICITUD ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por *****, quien se ostenta como autorizado de la parte quejosa, y solicita el acceso al expediente electrónico y copias de todo lo actuado en el presente juicio de amparo; sin embargo, no es dable atender a su solicitud, en virtud de que en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, no se encuentra registrado como autorizado de la parte quejosa. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Sonia Karen Jiménez Garrido, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, once de abril de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. ORDEN DE ARCHIVO. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. ORDEN DE DESTRUCCIÓN. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el numeral 21, inciso a)1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 15, del acuerdo citado en párrafos que anteceden. INFORMACIÓN RESERVADA. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Sonia Karen Jiménez Garrido, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Secretario de Gobernación del Gobierno de la República y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Creación del expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número 1415/2022-III, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. *** Precisión. Del contenido integral de la demanda, se desprende que la promovente, reclama: La orden de traslado de celda de reclusión y de reclusorio. Decisión constitucional. Ahora bien, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar la demanda de garantías y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 61 de la Ley de Amparo. *** Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la que se desprende que el quejoso reclama: La orden de traslado de celda de reclusión y de reclusorio. En el caso, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, se estima que se actualiza la causal improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: *** No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" En la que está inmerso el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme el cual, antes de acudir a esa vía es necesario agotar los medios de defensa ordinarios, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados en el propio juicio de amparo. *** De dichos preceptos legales, se advierte que la parte quejosa cuenta con un medio de defensa previo a la promoción del juicio de amparo; así, de una interpretación sistemática de dichos preceptos legales se infiere, que corresponde a las autoridades administrativas la emisión de las órdenes de traslados por razones urgentes relacionadas con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, determinación que no requerirá autorización previa del Juez de Ejecución y, dicha determinación puede ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada, en términos de la fracción III, del citado artículo 117, que establece que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas, también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente. Asimismo, los artículos 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: *** De dichos preceptos legales, se advierte que la tramitación de la acción judicial prevista en la fracción III, del artículo 117, de la Ley en cita, se encuentra regulada en los citados artículos, de los que se advierte -en lo que aquí interesa- que podrán intervenir como partes procesales de acuerdo a la naturaleza de la controversia, entre otros, la persona privada de la libertad (como en la especie acontece); en virtud, que ******************** se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de las Flores, Estado de México, acción que además, establece la posibilidad de solicitar la suspensión del acto y cuando se considere que se trata de caso urgente -a petición de parte o de oficio- el juez de ejecución la decretará de inmediato. Al margen de lo anterior, es evidente que tratándose de una orden de traslado la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla mediante un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo; por ende, si el interno promueve la acción constitucional contra dicho acto, sin que previamente hubiera agotado el recurso ordinario previsto, el juicio de amparo se torna improcedente. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto, porque no se está en el supuesto de que se aleguen sólo violaciones directas a la Constitución; ni que el acto carezca de fundamentación. En esas condiciones, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad, por ende, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, respecto de dichas autoridades y acto reclamado al ser notoriamente improcedente. *** Intervención a las partes del juicio de amparo. Parte quejosa. Domicilio. Se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones las listas de publicación que se fijan en los estrados de éste órgano jurisdiccional por así haberlo solicitado. *** NOTIFÍQUESE PERSONALMNETE AL QUEJOSO EN SU CENTRO DE RELCUSIÓN. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Brianda Ivette Pacheco Flores, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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