Sergio Meneses Álvarez
Expediente 1516/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1516/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/12/2018
Partes del expediente
- Sergio Meneses Álvarez
- Sergio Meneses Álvarez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
Intégrese el oficio del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en el conflicto competencial 21/2018, en la cual se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara legalmente competente el Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales el Estado de México, con sede en Toluca, para seguir conociendo del juicio de amparo indirecto promovido por SERGIO MENESES ÁLVAREZ y ACACIO LEMPINO MORALES." Acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas, glósense sólo las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes motivo del conflicto competencial. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de garantías de que se trata, toda vez que de su contenido integral, este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 fracción I, ambos de la ley de la materia los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." De la interpretación relacionada de lo dispuesto en los numerales antes mencionados, se arriba a la convicción de que, para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, es necesario que se reúnan los siguientes elementos: Que la autoridad responsable destruya todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional. Que con la destrucción de dichos efectos las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Que no se deje huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden, los quejosos reclaman del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Distrito Judicial en el Municipio de Jilotepec, Estado de México: "a) El auto de fecha 04 de septiembre de 2018, mediante el cual se tiene por admitido el recurso de apelación interpuesto por la C. Agente del Ministerio Público Lic. Ana Martínez Chaparro. b) El auto de 10 de septiembre de 2018, mediante el cual declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por mi defensor particular Lic. Christopher Oswaldo Meneses Galindo. c) El auto de 12 de septiembre de dos 2018 mediante el cual se tiene por admitido el escrito presentado por la Lic. Adriana Gabriel Guzmán, Asesora Jurídica Pública, mediante el cual se adhiere al recurso de apelación interpuesto por la C. Agente del Ministerio Público Lic. Ana Martínez Chaparro." (Sic). Por su parte, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, es un hecho notorio para este juzgador, que en los juicios de amparo 1829/2018-IV-D y 1830/2018-I-A, promovidos por los mismos quejosos Sergio Meneses Álvarez y Acacio Lempino Morales de este índice, en específico de las demandas, aquéllos reclaman de las autoridades responsables lo siguiente: "a) De los CC. Magistrados integrantes del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la Resolución dictada en fecha 19 de octubre de 2018, mediante la cual REVOCA la sentencia absolutoria dictada a mi favor. b) Del H. Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Distrito Judicial en el Municipio de Jilotepec, Estado de México, la emisión de la ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O REAPREHENSIÓN, dictada en mi contra (.)"(Sic). Sin que tengan que glosarse y certificarse las actuaciones relativas a dichos expedientes para tener valor probatorio pleno en este sumario, en atención al criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En ese orden, de las manifestaciones contenidas en las demandas de amparo que se hicieron alusión, se advierte que la admisión del recurso de apelación y la adhesión de éste, del que se dolían los impetrantes, a la presente data ya fue resuelto ese medio de impugnación por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en los autos del toca 494/2018, en la que modificó el fallo de la primera instancia, dictando sentencia condenatoria por la comisión del delito de robo con modificativa agravante y, como consecuencia de ello, giraron orden de aprehensión en contra de los accionantes. Lo anterior pone de manifiesto que, con dicho proceder, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones. El ejercicio del recurso de apelación que interpusieron el Agente del Ministerio Público y la Defensora Pública en contra del fallo de primera instancia de veinte de agosto de dos mil dieciocho por la que se absolvió a los quejosos, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida, toda vez la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación de que se trata-recurso de apelación-, lo que en la especie ya aconteció, como se dijo al resolverse ese recurso por los Magistrados que conforman el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que determinaron revocar dicha resolución y condenar a los impetrantes de amparo por el delito de robo con modificativa agravante. En tales condiciones, la decisión que dirimió el recurso de apelación sustituyó procesalmente el auto de diez de septiembre del año en curso, en el que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el defensor particular del aquí quejoso, en contra del auto de cuatro de septiembre anterior, por el que se admitió el recurso de apelación hecho valer por la representación social, así como el diverso de doce de ese mismo mes y año por el que se admitió la adhesión de ese medio de impugnación por la defensora pública, los cuales son impugnados en esta vía de amparo, esto es, la resolución de diecinueve de octubre de la anualidad que transcurre, dentro del toca 494/2018, por virtud del análisis de legalidad que se hace de ésta, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, como se advierte de las demandas de amparo 1829/2018-IV-D y 1830/2018-I-A, promovidas por los mismos quejosos Sergio Meneses Álvarez y Acacio Lempino Morales de este índice. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo en la Jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 59/99, consultable en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, registro número 193758, que precisa lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la tesis que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009, Página 1492, Tesis I.3o.C.769 C, Materia Civil, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI en relación con el numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías respecto de los actos reclamados precisados en párrafos que anteceden, promovida por Sergio Meneses Álvarez y Acacio Lempino Morales, en términos del artículo 113 de la Legislación Federal en consulta.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el cual informa que se admitió el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mismo que registró con el número 21/2018.
- Principal
se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para los efectos legales conducentes.
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