Sergio Mena Abascal

Expediente 477/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
477/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
11/12/2023

Partes del expediente

  • Sergio Mena Abascal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, once de diciembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que el treinta de noviembre del dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio del subdirector divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, por medio del cual en cumplimiento a lo requerido en autos, informó la cantidad a devolver a los quejosos respecto de la cuenta predial ********************, se ordenó dar vista al quejoso por el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, para que manifestara su conformidad o inconformidad con la cantidad a devolver, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. En esas condiciones, atento a la certificación de cuenta y al estado procesal de autos, se desprende que feneció el plazo concedido al quejoso para atender el requerimiento formulado, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, de manera que se considera consentida y firme la cantidad propuesta por la autoridad fiscal para que le sea devuelta mediante aviso de pago. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase al subdirector divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México en su carácter de autoridad vinculada, para que en el plazo de tres días acredite el cumplimiento a la sentencia de amparo, esto es, realice el pago mediante aviso al quejoso ******************** de la cuenta predial ********************. Se hace del conocimiento de la autoridad que subsisten los apercibimientos decretados en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el subdirector divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por el que solicita se le proporcione diversa documentación para estar en posibilidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, remítase copia de las documentales que refiere. En el entendido de que subsisten los apercibimientos decretados en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio firmado por la directora de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, por el que informa que la autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo es la Administración Tributaria en Parque Lira de la propia secretaría, de lo que se toma conocimiento. Por tanto, remítase copia de la sentencia, testimonio de la ejecutoria de amparo y del oficio de cuenta a la Administración Tributaria en Parque Lira de la citada secretaría y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele como autoridad vinculada, para que en el plazo de tres días contado a partir de que quede notificada de esta determinación, acredite el cumplimiento de la sentencia en relación con la cuenta predial *******, esto es, efectúe el cálculo y autorice el dictamen de la cantidad a devolver con su actualización. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo. 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad vinculada que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña, seguirá siendo responsable del desacato a la sentencia constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. En el entendido de que: 1. La autoridad vinculada al cumplimiento debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando la autoridad lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo, lo anterior, tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Por otra parte, agréguese el oficio y anexo remitidos por el tesorero por si y en representación de la Secretaría de Administración y Finanzas, ambos del Gobierno de la Ciudad de México, por el que hace del conocimiento de este juzgado de Distrito las gestiones que realizó a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que acredita con copia del diverso dirigido a su subalterno, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio número 1569, firmado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, adjunto al cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, por el Pleno de dicho Tribunal, en el amparo en revisión en materia administrativa 1163/2020 y devuelve en un tomo los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que el Tribunal Colegiado antes mencionado, determinó: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia controvertida. SEGUNDO. Se ordena REPONER el procedimiento del juicio de amparo 2030/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para los efectos precisados en el cuarto considerando de la presente resolución. TERCERO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva interpuesta por la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones expuestas en el quinto considerando de este fallo." CONSIDERACIÓN PREVIA AL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA Previo a acordar lo conducente respecto de los efectos para los cuales el referido Cuarto Tribunal ordenó reponer el procedimiento, el suscrito estima oportuno precisar que en el escrito inicial de demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables, entre otras, las siguientes: a) Autoridades ordenadoras - Las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del H Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, . [.] [.] - El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos . De lo anterior se aprecia que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Presidente de la República, así en auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve (foja 246) este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de amparo, así como de los dos escritos de ampliación de la misma y ordenó emplazar a esa autoridad. Por otro lado, en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, acordó entre otros aspectos, lo siguiente: "[.] En consecuencia, intégrese por separado y duplicado el incidente de suspensión, por haber sido solicitado. [.]." De igual modo, el referido órgano jurisdiccional en acuerdo de esa misma fecha -veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho-, dictado en el incidente de suspensión respectivo, entre otras cuestiones, acordó: "[.] INFORME(S) PREVIO(S). En acato a lo establecido por los numerales 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y requiéraseles su informe previo que deberán rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas, en el que señalarán: [.]." De autos se advierte, que se ordenó emplazar a la autoridad responsable Presidente de la República; asimismo, ordenó formar por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo, en el cual en auto de la misma fecha ordenó correr traslado con una copia de la demanda que acompañó la quejosa a su escrito inicial, situación que se corrobora con la transcripción que antecede. Asimismo, conviene hacer la aclaración que el escrito inicial de amparo fue presentado con diez copias, como se advierte de la papeleta de turno y de la primera hoja de la demanda que obran en autos a fojas 12 y 13; tal circunstancia permitió observar que dicha autoridad fuese emplazada a juicio con la copia de la demanda de amparo. Derivado de lo anterior, la citada autoridad rindió su informe justificado en el que manifestó: "SON CIERTOS los actos del C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAOS, consistentes en la aprobación y promulgación que de forma tácita o implícita realizó del "Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2018, en específico los artículos 1, 2, fracción III, 3, fracción I, 5, 6, 7, 8 y 12, segundo párrafo, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SON CIERTOS los actos del C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAOS, consistentes en la aprobación y promulgación, que de forma tácita o implícita realizó del "Decreto por el que se por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2018, en específico los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal que reclaman los quejosos." De lo que se advierte que el Presidente de la República aceptó el acto reclamado consistente en la promulgación implícita del Decreto controvertido, el cual fue tomado en consideración y valorado al momento de dictar la sentencia correspondiente. Ahora bien, es oportuno señalar que el suscrito tiene pleno conocimiento de lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, la contradicción de tesis 102/2021 entre las sustentadas por el Primer y el Cuarto Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señaló, en la parte que aquí interesa, lo siguiente. "[.] 76. Precisado lo anterior, como se anunció, en aquellos juicios de amparo en los que se haya reclamado la Ley Federal de Remuneraciones, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y el quejoso no haya señalado como autoridad responsable al Presidente de la República, el juez de distrito precisará primero, que el titular del Ejecutivo Federal tiene esa calidad; por ende, sólo debe requerir al promovente para que exhiba copias de la demanda para correr traslado a esa autoridad y, en caso de no presentarlas, no se tendrá como acto reclamado ese ordenamiento. 77. Lo anterior es así, pues por jurisprudencia de esta Segunda Sala el Presidente de la República es autoridad responsable en los juicios de amparo en los que se reclame la Ley Federal de Remuneraciones publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, es parte en esos procesos, por ello, el juez de amparo tendría que asentarlo así en el auto respectivo. 78. Bajo esa lógica no debe preguntarse al quejoso si es su voluntad señalar al titular del Ejecutivo Federal como autoridad responsable, por lo que, congruentes con ello, el juez de amparo sólo debe requerir al promovente para que exhiba copia de la demanda, a fin de correr traslado a esa autoridad y, en el supuesto de no exhibirla, no se tendrá como acto reclamado la Ley, lo que encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. 79. Se enfatiza que la omisión de desahogar el requerimiento sólo trae como resultado el que no se tenga como acto reclamado la legislación de que se trata, pero de ningún modo esta situación puede provocar que se deseche la demanda en su totalidad, pues se entiende que los quejosos acreditaron el resto de requisitos de la demanda; aunado a que la interpretación relacionada de los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo no puede conducirnos a conclusiones categóricas que impidan el acceso a la justicia. [.]." La versión pública de la anterior resolución, es consultable en la página electrónica https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx? AsuntoID=282991. De igual forma, se precisa que la anterior determinación resulta obligatoria en términos del primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, aún y cuando no se encuentre publicada en el Semanario judicial de la Federación, lo anterior en términos de la jurisprudencia 2a./J. 107/2002 (10a.). Por otro lado, de la anterior transcripción se puede advertir, en lo que atañe al presente asunto, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que en los juicios de amparo en los que se haya reclamado la Ley Federal de Remuneraciones, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el Presidente de la República es autoridad responsable, es decir, es parte en ese litigio constitucional porque en la jurisprudencia 2a./J. 11/2020 (10a.), así se reconoció su participación en el procedimiento legislativo que culminó con la emisión de ese ordenamiento. De igual forma se precisó, que no debe preguntarse al quejoso si es su voluntad señalar al titular del Ejecutivo Federal como autoridad responsable, puesto que tal aspecto, en esos asuntos, así acontece de facto en términos de lo resuelto en dicha jurisprudencia. Lo anterior es así, puesto que dejó en claro que de la interpretación del artículo 72 constitucional se entiende que el Presidente de la República intervino en el procedimiento legislativo señalado, y si bien no ordenó su publicación, su promulgación operó por disposición constitucional, esto es, aconteció una promulgación (implícita) de dicho ordenamiento, razón por la cual se reconoce su participación en el proceso legislativo que dio lugar al Decreto publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, tal y como quedó asentado en la Jurisprudencia 2a./J. 11/2020 (10a.); y, por ende, tiene la calidad de autoridad responsable en los juicios donde se reclame dicha normatividad, entendiéndose que el acto legislativo que le corresponde es la promulgación (implícita) del ordenamiento que nos ocupa. Esto es, en estos asuntos, cuando la parte quejosa no haya señalado como autoridad responsable al Presidente de la República, el Juez de Distrito debe precisar en el acuerdo respectivo porque a dicha autoridad sí le reviste el carácter de responsable, ello, con motivo de la participación (implícita) que tuvo en el proceso legislativo por cuanto hace a la promulgación del Decreto. Así, concluyó que en los asuntos en los cuales se reclame la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y la parte quejosa no haya señalado al Presidente de la República como autoridad responsable, el Juez de Distrito debe precisar en primer término, como se dijo, que el titular del Ejecutivo Federal tiene esa calidad ya que promulgó (implícitamente) el Decreto controvertido, tal y como se analizó en la jurisprudencia 2a./J. 11/2020 (10a.), para luego solo requerir al promovente la exhibición de una copia de la demanda para así poder llevar a cabo su respectivo emplazamiento, debiéndose precisar como apercibimiento, que en caso de no desahogar tal requerimiento, no se tendrá como acto reclamado ese ordenamiento. En otras palabras, en ese supuesto, (i) no debe requerirse a la parte quejosa para que precise si es su intención señalar como autoridad responsable al Titular del Ejecutivo Federal, y por ende, (ii) tampoco requerirle a fin de que precise si es su intención atribuirle como acto destacado la promulgación (implícita) del Decreto controvertido, puesto que tal aspecto será precisado por el órgano judicial de amparo, cuando advierta la ausencia del señalamiento como autoridad responsable del Presidente de la Republica. Del contenido del cuarto considerando de la ejecutoria de la superioridad, en lo que respecta al subtitulo "PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO RECLAMADO", se precisó que en la demanda de amparo no se advierte que el quejoso haya señalado como acto reclamado la promulgación de la Ley Federal de Remuneraciones publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. De igual forma, se precisó, que no se señaló como autoridad responsable al Presidente de la Republica, respecto del ordenamiento controvertido (sic), tal y como se advierte de la siguiente transcripción: "En el caso particular, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no señaló como acto reclamado la promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, ni menos aún como responsable al Presidente de la República." En razón de lo anterior, la superioridad concluyó que en el presente asuntó debió haberse actuado conforme a la ejecutoria de la contradicción de tesis 102/2021, esto es, se debió precisar porque al Presidente de la Republica sí le reviste el carácter de autoridad responsable y que ello debió asentarse así en el auto respectivo, por lo que si no se procedió en esos términos, se infringieron las normas esenciales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Al respecto, a consideración del suscrito, en el presente asunto sí se señaló como autoridad responsable al Presidente de la República, respecto de la Ley Federal de Remuneraciones publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, de ahí que en opinión de este órgano jurisdiccional, con dicho aspecto, se satisfizo el requisito necesario para emplazar a juicio a la indicada responsable, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 11/2020 (10a.), atribuyéndosele de oficio como acto reclamado la promulgación (implícita) del mencionado Decreto controvertido. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA No obstante lo anterior, este Juzgado de Distrito en estricto apego a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en la resolución dictada en el amparo en revisión en materia administrativa 1163/2020, provee atendiendo los efectos precisados por el Órgano Colegiado cuyos alcances se indicaron: a) Se deje insubsistente la audiencia constitucional celebrada el seis de noviembre de dos mil diecinueve, y la sentencia firmada el diecisiete de febrero de dos mil veinte. b) El Juzgador de amparo, debe emitir acuerdo en el sentido de que en términos de la jurisprudencia 2a./J. 11/23020 (10a.), de la Segunda Sala, el Presidente de la República es autoridad responsable en los juicios de amparo en los que se reclame la Ley Federal de Remuneraciones publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, es parte en esos procesos. Se requiera a la parte quejosa para el efecto de que en términos del artículo 110 de la Ley de Amaro, exhiba una copia necesaria para emplazar a la autoridad responsable Presidente de la República, la cual es la encargada de la promulgación del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo legal correspondiente, conforme a lo determinado en la tesis de contradicción 102/2021, antes referida no se tendrá como acto reclamado el ordenamiento legal reclamado. c) De igual forma, deberá ordenar dar vista personal a la parte quejosa con el contenido del informe justificado rendido por el Banco de México, indicándole la existencia del acto de aplicación de la ley reclamada surgido con posterioridad a la presentación de su demanda de amparo. d) Además, le juez de Distrito deberá indicarle a la parte quejosa, que de su primera ampliación de demanda se advierte la participación de una nueva autoridad responsable, esto es, la Junta de Gobierno del Banco de México, no llamada al juicio de amparo y requerirla para que manifieste si desea ampliar la demanda por dicha autoridad, a efecto de incorporar eficazmente a la problemática del juicio, así como su acto concreto de aplicación; Además, deberá prevenirla para que indique si es su deseo formular nuevos conceptos de violación en cuanto al acto concreto de aplicación y respecto de los que atañen a la inconstitucionalidad de la ley. Asimismo, apercibir a la parte quejosa de las consecuencias que en su caso se derivan de la falta de cumplimiento de los requerimientos establecidos en los incisos c) y d), pues de no manifestar nada, se resolverá la problemática del juicio de amparo conforme a los actos, autoridades y argumentos planteados en su demanda de amparo. Hecho lo anterior, transcurrido el plazo señalado, con ampliación o sin ella, deberá reanudar el trámite del procedimiento hasta su conclusión, emitiendo la sentencia que en derecho proceda." Así en estricto cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa, se deja insubsistente la audiencia constitucional de seis de noviembre de dos mil diecinueve, así como sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil veinte y se acuerda lo siguiente: En términos de la resolución de la contradicción de tesis 102/2021 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México (expediente de origen recurso de queja 1406/2019 y recurso de queja 180/2019) y el Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar revisor, en la que se determinó que en los asuntos en los que se tenga como acto reclamado el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, le asiste el carácter de autoridad responsable al titular del Ejecutivo Federal, aún y cuando la parte quejosa no haya atribuido ese acto al Presidente de la República, se le debe reconocer el carácter de autoridad responsable debido a que es parte en el proceso de creación del Decreto controvertido, lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.11/2020 (10a.) de la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal. Por lo tanto, en atención a lo ordenado por el órgano colegiado y en términos de la jurisprudencia 2a./J.11/2020 (10a.) de la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, se precisa en el presente asunto que el Presidente de la República le reviste el carácter de autoridad responsable, debido a que es quien promulgó (implícitamente) el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que al momento de desahogar el requerimiento que más adelante se detalla, exhiba una copia de su escrito inicial de demanda de amparo, para estar en aptitud de emplazar a juicio a dicha autoridad; apercibida que de no exhibirla no se tendrá como acto reclamado dicho Decreto lo cual será valorado al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo y atento a lo resuelto en la ejecutoria de amparo de cuenta, se advierte que este órgano de control constitucional en proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, admitió a trámite además del escrito de la demanda de amparo y el de la primera ampliación, el diverso escrito de la segunda ampliación y solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, por lo que, a ese respecto, el Director Jurídico del Banco de México, en representación de dicho Instituto Central y de su Junta de Gobierno, rindió informe justificado, en el que señaló, en la parte conducente, lo siguiente: "[.] a) Respecto a los actos reclamados es cierto que el Banco de México, por conducto de las unidades administrativas competentes, aplicó el artículo 6o., fracción II, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 7 de diciembre de 2018, por lo que este Instituto Central dejó de cubrir la prestación a favor de la parte promovente a que se refiere el artículo 69 de las Condiciones Generales de Trabajo del Banco de México. No obstante, se seguirá otorgando en lo futuro dicha prestación, por lo que no se disminuirán las percepciones de ninguno de los servidores públicos del Banco de México. Lo anterior, derivado de las suspensiones concedidas al quejoso en el presente juicio de amparo, así como a los hechos públicos y notorios consistentes en la emisión del acuerdo de 7 de enero de 2019, dictado por el Señor Ministro Alberto Pérez Dayán en el incidente de la Controversia Constitucional número 2/2019, promovida por este Instituto Central, en la cual, nuestro Máximo Tribunal ordenó suspender la aplicación de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, primero y segundo transitorios de la mencionada Ley Federal, y en lo determinado en la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 19 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo DOF), en la que fue declarada la invalidez de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como párrafo último, y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la citada Ley Federal, así como la invalidez de los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, por lo que la aplicación del aludido artículo 6o., fracción III, quedó sin efectos. b) No es cierto que el Banco de México haya prohibido o pretenda prohibir el otorgamiento de préstamos y créditos a la parte quejosa derivado de lo establecido en el artículo 12 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. II. En el primer escrito de ampliación de demanda, en el apartado "4. NUEVOS ACTOS RECLAMADOS:", la quejosa señaló como actos reclamados de Banco de México y de su Junta de Gobierno, los que se precisan a continuación: "c) Del Banco de México reclamo: Observar y ejecutar en mi esfera jurídica el límite máximo de las remuneraciones previsto en los artículos 3, fracción IXI, 16, fracción II, inciso c), así como en los anexos 23.1.2 y 23.1.3 del PEF 2019, mediante los cuales se fijaron los tabuladores netos mensuales y anuales del Ejecutivo Federal, en $108,656 y $1'663,050, respectivamente, con la finalidad de disminuir mis remuneraciones a partir del ejercicio 2019. De su Junta de Gobierno el ajuste a los tabuladores de las remuneraciones correspondiente a los servidores públicos del Instituto Central, entre ellos del que suscribe, en atención a los límites señalados para la remuneración del Presidente de la República establecida en el PEF 2019, con la finalidad de disminuir mis remuneraciones a partir del ejercicio fiscal 2019." e) De todas y cada una de las autoridades responsables reclamo las demás consecuencias jurídicas y materiales que deriven de los actos que les atribuyo." Con relación a los actos reclamados en el primer escrito de ampliación de demanda al Banco de México y su Junta de Gobierno, los mismos se precisan a continuación: Es cierto que este Instituto Central, por conducto de su Junta de Gobierno observó el límite máximo de las remuneraciones previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (en lo sucesivo PEF) para el Presidente de la República, por lo que su Junta de Gobierno aprobó su Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física, ajustando los tabuladores de las remuneraciones de sus servidores públicos tomando en cuenta dicho límite de conformidad con lo previsto en el artículo 46, fracción XI, de la Ley de Banco de México. No obstante, el Banco de México ni su Junta de Gobierno realizaron disminución alguna a las remuneraciones de la parte quejosa, en atención al proveído de 7 de enero de 2019, emitido por el ministro Alberto Pérez Dayán, en el incidente de suspensión de la Controversia Constitucional 2/2019, promovido por Banco de México, en el que se suspendieron los efectos y consecuencias de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, primero y segundo transitorios de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y del PEF 3019, particularmente, del artículo 16, fracción II, inciso c) y los Anexos 23.1.2 y 23.1.3 de éste, a fin de que no se utilicen como parámetros para la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos de este Instituto Central. Por tanto, este órgano jurisdiccional autónomo en cumplimiento a dicha determinación, se abstendrá de aplicar el PEF 2019, en perjuicio de cualquiera de sus servidores públicos. b) Finalmente, respecto a los actos reclamados consistentes en "todas y cada una de las autoridades responsables reclamo las demás consecuencias jurídicas y materiales que deriven de los actos que les atribuyo", los mismos se niegan, por no ser ciertos, pues no se ha aplicado en perjuicio de la parte quejosa ninguna de las normas contenidas en el Decreto de reformas y adiciones, publicado en el DOF el 12 de abril de 2019. III. En el escrito de ampliación de demanda, en el apartado "4. ACTOS RECLAMADOS", la parte quejosa señaló como actos impugnados de Banco de México, los que se precisan a continuación: "d) Del Banco de México reclamo la ejecución o inminente ejecución de las reformas a la Ley de Remuneraciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril de 2019. e) De todas y cada una de las autoridades responsables reclamo las demás consecuencias jurídicas y materiales que deriven de los actos que les atribuyo." Con relación a los actos reclamados señalados en el segundo escrito de ampliación de demanda al Banco de México, los mismos se precisan a continuación: a) Respecto de los actos reclamados al Banco de México en el numeral 4, inciso d) del capítulo respectivo en el escrito de ampliación de demanda, relativos a "la ejecución o inminente ejecución de las reformas a la Ley de Remuneraciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019", se niegan ya que este Instituto Central no ha realizado acto alguno de aplicación en perjuicio de la parte quejosa de las normas contenidas en el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Remuneraciones Administrativas" en lo sucesivo Decreto de reformas y adiciones, publicado en el DOF el 12 de abril de 2019. b) En relación a los actos reclamados, consistentes en "todas y cada una de las autoridades responsables reclamó las demás consecuencias jurídicas y materiales que deriven de los actos que les atribuyó", los mismos se niegan, pues no se ha aplicado en perjuicio de la parte quejosa ninguna de las normas contenidas en el Decreto de reformas y adiciones citado." V. ACTOS DEL BANCO DE MÉXICO COMO AUTORIDAD EJECUTORA Banco de México, como órgano constitucional autónomo se encuentra obligado a cumplir con el orden jurídico mexicano, por lo que su proceder debe ser congruente con el mismo, por ello y en acatamiento al principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. Consecuentemente, este Instituto Central en su actuación sólo cumple con lo establecido por el ordenamiento jurídico, es decir, con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que derivan de la misma. En tal virtud, Banco de México derivado de la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, difundida en el DOF el 5 de noviembre de 2019, y toda vez que no había recibido alguna orden judicial de suspensión de la misma, por conducto de las unidades administrativas competentes aplicó el artículo 6o., fracción III, de la citada Ley Federal el 7 de diciembre de 2019, por lo que este Instituto Central dejó de cubrir la prestación a favor de la parte quejosa a que se refiere el artículo 69 de las Condiciones Generales de Trabajo del Bando de México. No obstante lo anterior, derivado de las notificaciones de las medidas cautelares citadas en el presente informe y en la sentencia publicada en el DOF relativa a las Acciones de Inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, las referidas autoridades responsables no han dejado de cubrir a la parte quejosa la prestación prevista en el artículo 69 de las Condiciones Generales de Trabajo del Bando de México. Asimismo, la Junta de Gobierno de este Instituto Central en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 46, fracciones XI y XVII, de la Ley del Banco de México, dicho órgano colegiado el 2 de enero de 2019 aprobó el Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física de este órgano constitucional autónomo para el año 2019, así como las remuneraciones máximas para los servidores públicos del Banco de México, desde nivel Subgerente, determinación que se hizo conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y aplicable al momento de realizarse dicha actuación. Por ende, esta se encuentra apegada a derecho. Sin perjuicio de lo señalado, se reitera a su Señoría que en acatamiento a las medidas cautelares precisadas en el presente informe, no se ha realizado disminución alguna a las remuneraciones de la parte quejosa, hasta en tanto se encuentren vigentes dichas suspensiones, o bien, sean resueltos de manera definitiva los procesos constitucionales en las que fueren decretadas. En ese sentido, y toda vez que las leyes gozan de una presunción de constitucionalidad, las autoridades del Estado Mexicano, como es el caso del Banco de México, están obligadas a su cumplimiento, hasta en tanto, el órgano jurisdiccional competente declare su inconstitucionalidad. [.] [.] En consecuencia, las autoridades que represento actuaron y actúan en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, así como a las leyes expedidas para tal efecto." Por tanto, visto el oficio en el que el Director Jurídico del Banco de México, en representación de dicho Instituto Central y de su Junta de Gobierno, rindió su informe justificado y visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que en acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se le tuvo por rendido el informe justificado, de cuyo contenido se advierte la existencia de actos que no se controvierten en la demanda de amparo, pero que se encuentran vinculados con los originalmente impugnados en la misma y en razón de que se impugnan normas de carácter general, lo que constituye un derecho para la solicitante de la tutela constitucional a fin de no dejarle en estado de indefensión, no obstante de que en dicha data se ordenó dar vista a la parte quejosa con el informe justificado de la mencionada responsable, no se ordenó que el proveído de referencia se le notificara de manera personal. Por ello, con copia del aludido informe, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de quince días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito realice lo siguiente: Manifieste si desea ampliar la demanda respecto al acto de aplicación surgido con posterioridad a la presentación de la demanda, manifestado por el Director Jurídico del Banco de México, en representación de dicho Instituto Central y de su Junta de Gobierno, en el informe justificado que rindió respecto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en concreto el artículo 6o., fracción III de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siete de diciembre de dos mil dieciocho, fecha en la que el Banco de México dejó de cubrirle la prestación a su favor a que se refiere el artículo 69 de las Condiciones Generales de Trabajo del Banco de México. Deberá precisar la o las autoridades a las que les atribuya la ejecución o aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Si es su deseo señalar como acto destacado la aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo del Banco de México, en concreto su artículo 69; en caso de que sí manifieste ampliar su demanda de amparo respecto de dicho acto, deberá precisar a qué autoridad o autoridades, le atribuye su ejecución, precisando realmente en que consiste su acto de aplicación. Asimismo, se le previene para que indique si es su deseo formular nuevos conceptos de violación en cuanto al acto concreto de aplicación, y respecto de los que atañen a la inconstitucionalidad de la ley. El escrito en el que se dé cumplimiento a los requerimientos que anteceden deberá contener los requisitos previstos en los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo, debiendo presentar las copias necesarias de dicho escrito, teniendo en cuenta la o las autoridades que llegara a señalar como responsables, la del Fiscal Ejecutivo Asistente de la adscripción (Agente del Ministerio Público de la Federación). Asimismo, deberá presentar las copias del escrito de la demanda de amparo y del de la primera ampliación de la misma, teniendo en cuenta el señalamiento que haga de las autoridades responsables relativas a los incisos a) y b). Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del tomo III segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el Juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Son aplicables también los criterios contenidos en las tesis con número de registros 206049 y 2020126, de rubros: "LEYES, AMPARO CONTRA. SU ESTUDIO NO PUEDE HACERSE SI NO SE EMPLAZA AL JUICIO DE GARANTIAS A LA AUTORIDAD QUE LAS EXPIDE." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO." Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a la prevención indicada en el inciso a), dentro del plazo que se le ha concedido conforme a lo determinado en la tesis de contradicción 102/2021 antes referida, no se tendrá como acto reclamado el ordenamiento legal impugnado. De igual modo, apercibida la parte quejosa que de no dar cumplimiento a las prevenciones que se le indican en los incisos b), c) y d) y en caso de no manifestar nada al respecto, se resolverá la problemática del presente juicio de amparo conforme a los actos, autoridades y argumentos planteados en su escrito inicial de demanda; así como también, bajo apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada en los términos antes indicados en el inciso c), o de no exhibir copias suficientes del escrito en el que amplíe la demanda, así como de los diversos escritos de ampliación no se tendrá por ampliada la demanda y se continuará con la secuela procesal en los términos en que promovió su escrito inicial de demanda. Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar las prevenciones formuladas dentro del plazo señalado y de no exhibir las copias necesarias del escrito en el que dé cumplimiento a los referidos requerimientos, se acordará lo que en derecho proceda y se resolverá la problemática del juicio de amparo conforme a los actos, autoridades y argumentos planteados en su demanda de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, aplicada por identidad de razón y en lo conducente al caso, la jurisprudencia 1a./J.136/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFIADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA." En el entendido de que el plazo para presentar la ampliación a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo iniciará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, salvo las excepciones a que se refiere la jurisprudencia P./J. 8/2018 (registro 2016652), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO". Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1ª./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." En otro contexto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa reclamó el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, así como su aplicación. En ese orden del informe justificado rendido por el Director Jurídico del Banco de México, en representación de dicho Instituto Central y de su Junta de Gobierno, en el que manifestó y en lo que interesa se transcribe: "[.] No obstante lo anterior, derivado de las notificaciones de las medidas cautelares citadas en el presente informe y en la sentencia publicada en el DOF relativa a las Acciones de Inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, las referidas autoridades responsables no han dejado de cubrir a la parte quejosa la prestación prevista en el artículo 69 de las Condiciones Generales de Trabajo del Bando de México. Asimismo, la Junta de Gobierno de este Instituto Central en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 46, fracciones XI y XVII, de la Ley del Banco de México, dicho órgano colegiado el 2 de enero de 2019 aprobó el Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física de este órgano constitucional autónomo para el año 2019, así como las remuneraciones máximas para los servidores públicos del Banco de México, desde nivel Subgerente, determinación que se hizo conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y aplicable al momento de realizarse dicha actuación. Por ende, esta se encuentra apegada a derecho." En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable Banco de México, por conducto del Director Jurídico, en su carácter de representante de dicho Instituto Central, para que dentro del término de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, informe lo siguiente: a) Qué prestaciones o conceptos de los que integran las remuneraciones de la parte quejosa, fueron afectados con la aplicación de las normas que refiere en el informe justificado que rindió en representación de la autoridad responsable Banco de México, y en qué consistieron éstos exactamente. b) Qué ordenamiento legal y qué artículos en específico, fueron aplicados cuando dejó de cubrir la prestación de la parte quejosa a que se refiere el artículo 69 de las Condiciones Generales de Trabajo del Banco de México, así como en el pago de las remuneraciones de la parte quejosa en dos mil diecinueve. c) Si la aplicación de las porciones normativas que en su caso señale, se dio a conocer a través de oficio, recibo de pago, circular, correo electrónico o algún otro medio. Asimismo, remita copia certificada de las documentales con las que acredite su dicho; apercibida que de no cumplir con lo anterior, en el plazo concedido, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto en la fracción I del numeral 237, en relación con el diverso 259 ambas de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, así como al Tribunal Colegiado de Circuito oficiante.

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