Sergio Mecino Morales
Expediente 1080/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
- Sergio Mecino Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
VISTOS y RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su escrito de demanda de amparo ********************, solicitó la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 en relación con el 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como acto reclamado el decreto número 428, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado el seis de junio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado, en específico los artículos 146 y 147, así como sus artículos transitorios primero, segundo y tercero. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Las autoridades responsables Congreso del Estado; Comisión de Justicia el Congreso y Secretario del Gobierno, todas del Estado de Michoacán, fueron omisas en rendir sus informes previos, no obstante encontrarse notificadas de los oficios por los cuales se les requirió el mismo, por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume la existencia del acto reclamado. Por su parte, la autoridad responsable Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, al rendir su informe previo manifestó que no es cierto el acto que se le atribuye; no obstante esa negativa queda desvirtuada dado que su actuación se encuentra probada con el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento legislativo, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. CUARTO. Análisis de la suspensión solicitada. 4.1. Pretensión de la suspensión. Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa la solicita para efecto de: "se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y, mientras se resuelve en definitiva el presente juicio de amparo, no se apliquen, en mi perjuicio los artículos 146 y 147 del Decreto de reformas al Código de Justicia Administrativa reclamado y, como consecuencia de ello, no se me obligue a sujetarme al procedimiento que describen, en el momento de que opere mi reelección y se defina ésta". 4.2. Improcedencia de la suspensión Es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 128 y 152 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse; 2. Que exista la solicitud del agraviado; 3. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 4.3. Se niega suspensión. En ese tenor, habida cuenta que si bien existe petición expresa de la parte quejosa respecto a la suspensión definitiva; sin embargo, atendiendo a su naturaleza no es posible suspenderse. El artículo 148 de la Ley de Amparo dispone que cuando se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Sin embargo, ello no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión. Ahora bien, los artículos 146 y 147, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, y sus artículos transitorios primero, segundo y tercero, que reclama el quejoso en este amparo establecen: ".ÚNICO. Se reforman los artículos 146 y 147 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue: Artículo 146. Para el nombramiento y reelección de los magistrados, el Congreso expedirá convocatoria pública registrando a los aspirantes al cargo de los cuales integraraì una terna por cada vacante, que será sometida a votación en el Pleno. Seraì electo Magistrado quien obtenga el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. Artículo 147. El Magistrado duraraì en su encargo cinco años y podrá ser reelecto hasta en dos ocasiones. Al término de su período, cesaraì en sus funciones y quedaraì separado de su encargo. El Congreso, dentro de los noventa días naturales anteriores a la fecha en que concluya el periodo del Magistrado o Magistrada en funciones, emitirá la convocatoria pública correspondiente observando el principio de paridad de género. De no hacerse en tiempo y forma el nombramiento, se procederá a cubrir la falta de Magistrado en los términos de este Código. T R A N S I T O R I O S PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Notifíquese al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo Legislativo número 30, de fecha 18 de noviembre de 2021 del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, y queda sin efectos la Convocatoria contenida en el mismo. El Congreso del Estado, a través de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, emitirá convocatoria, incluyendo los términos de la presente reforma para elegir y en su caso reelegir magistrada titular de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. Las aspirantes que se hayan registrado en los términos de la convocatoria contenida en el Acuerdo Legislativo número 30 que se abroga mediante el presente Decreto, y que decidan participar en la nueva convocatoria, podrán ratificar por escrito su intención así como la información previamente presentada, misma que podrá ser complementada en caso de que así lo consideren. Dicho escrito será suficiente para adquirir el carácter de aspirante registrada. TERCERO. La persona que ostentaba la titularidad de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, tendrá derecho a participar en la convocatoria que se expedirá conforme lo dispuesto en el transitorio segundo del presente Decreto para, en su caso, ser reelecta como Magistrada. Notifíquese." (Transcripción tomada de la página de internet del Periódico Oficial del Estado) Así, atento a la literalidad de dichos normativos, no es posible advertir que el promovente del amparo resienta una afectación a su interés jurídico o legítimo, ya que en su escrito de demanda indicó que en resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Pleno de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, determinó que no alcanzó la votación calificada requerida constitucional y legalmente, por lo que no fue reelecto como Magistrado de la Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. Es decir, antes de la entrada en vigor de la norma cuya inconstitucionalidad reclama, dejó de ostentar ese cargo, por lo que, de momento, no es posible advertir que con la emisión del decreto reclamado se le ocasione un perjuicio irreparable, ya que en fecha anterior se determinó su no reelección. De ahí que, no se surte el primero de los requisitos para la procedencia de la suspensión solicitada. Además, de considerar un eventual perjuicio que pudiera que resentir el quejoso, éste resulta de menor entidad frente a la afectación causada a la colectividad en el supuesto de otorgarse la medida, ya que tal detrimento puede ser reparado y no impacta en el juicio de amparo, a diferencia del interés social, el cual, con el otorgamiento de la media sí podría llegar a verse afectado, pues la sociedad está interesada en el cumplimiento de la norma. Así las cosas, la medida cautelar solicitada no puede tener por efecto que en lo sucesivo, no se le aplique el decreto reclamado, específicamente, los artículos 146 y 147 del Decreto de reformas al Código de Justicia Administrativa reclamado, pues de hacerlo, se otorgarían efectos constitutivos de derechos, los cuales son propios de la sentencia de amparo. Se invoca por a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del siguiente tenor: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ARTÍCULO 24, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA, RECLAMADO COMO AUTOAPLICATIVO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 128, 138 Y 148 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron en sentidos opuestos en relación con la suspensión provisional solicitada respecto de la naturaleza jurídica de los efectos y consecuencias que genera, en la esfera jurídica de la parte quejosa, el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley Federal de Austeridad Republicana reclamado como autoaplicativo, con base en los artículos 128, 138 y 148 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito determina que, atendiendo a la naturaleza jurídica de los efectos y consecuencias que genera el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana reclamado como autoaplicativo, son futuros de realización incierta, por lo tanto, es improcedente otorgar la suspensión provisional en términos de lo establecido en los artículos 128, 138 y 148 de la Ley de Amparo. Justificación: Para la procedencia de la suspensión provisional, solicitada en contra de los efectos y consecuencias del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, reclamada como norma autoaplicativa, no basta con acreditar únicamente el carácter de servidor público que se desempeñe en los grupos jerárquicos de mando superior, en términos del Manual de Percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, ya que para que se actualice la prohibición de no ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada con motivo de su encargo, salvo que hubieran transcurrido al menos diez años, resulta indispensable demostrar, por lo menos de manera indiciaria, la existencia de un acto relacionado con la separación del cargo, pues si bien es cierto que el juzgador constitucional debe analizar la procedencia de la suspensión considerando que se reclama una norma autoaplicativa y además realizar una ponderación entre la apariencia del buen derecho, el interés social y el orden público, también lo es que, además, debe verificar si los efectos y consecuencias de la norma prevén una afectación actual e inminente en la esfera jurídica de los sujetos que se encuentren en la condición de la norma general reclamada; por lo tanto, si dicha afectación no existe, resulta improcedente conceder la medida cautelar provisional." Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ********************, conforme a lo expuesto en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Queja fundada. Téngase a la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, informado que dentro de la queja administrativa 328/2023, relativa al juicio de amparo en que se actúa, se pronunció sentencia, la que se encuentra disponible a través del Portal de Servicios en Línea para su consulta, a través de la liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Atento a ello, se procedió a descargar la ejecutoria pronunciada en sesión de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, que contiene los puntos resolutivos siguientes: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja." En consecuencia, acúsese de recibo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. 2. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Sergio Mecino Morales, por su propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 3. Suspensión. Por separado tramítese el incidente de suspensión. 4. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. 5. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán: 5.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberán hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. 5.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que contienen el acto reclamado. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ******************** en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 6. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 7. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto reclamado, se considera que no le revista tal carácter a persona alguna. 8. Pruebas. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha, en el expediente principal y con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, con una copia simple del libelo constitucional, tramítese por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 2. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la ley de la materia, pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente proveído, enviándoles al efecto copia simple del libelo constitucional. 3. Audiencia incidental. Hágase saber a las partes, que en este asunto se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental. 4. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como acto reclamado el decreto número 428, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado el seis de junio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado, en específico los artículos 146 y 147, así como sus artículos transitorios primero, segundo y tercero. 4.1 Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa la solicita para efecto de: "se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y, mientras se resuelve en definitiva el presente juicio de amparo, no se apliquen, en mi perjuicio los artículos 146 y 147 del Decreto de reformas al Código de Justicia Administrativa reclamado y, como consecuencia de ello, no se me obligue a sujetarme al procedimiento que describen, en el momento de que opere mi reelección y se defina ésta". 4.2 Improcedencia de la suspensión Es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 128 y 152 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse; 2. Que exista la solicitud del agraviado; 3. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 4.3 Se niega suspensión. En ese tenor, habida cuenta que si bien existe petición expresa de la parte quejosa respecto a la suspensión provisional; sin embargo, atendiendo a su naturaleza no es posible suspenderse. El artículo 148 de la Ley de Amparo dispone que cuando se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Sin embargo, ello no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión. Ahora bien, los artículos 146 y 147, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, y sus artículos transitorios primero, segundo y tercero, que reclama el quejoso en este amparo establecen: ".ÚNICO. Se reforman los artículos 146 y 147 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue: Artículo 146. Para el nombramiento y reelección de los magistrados, el Congreso expedirá convocatoria pública registrando a los aspirantes al cargo de los cuales integraraì una terna por cada vacante, que será sometida a votación en el Pleno. Seraì electo Magistrado quien obtenga el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. Artículo 147. El Magistrado duraraì en su encargo cinco años y podrá ser reelecto hasta en dos ocasiones. Al término de su período, cesaraì en sus funciones y quedaraì separado de su encargo. El Congreso, dentro de los noventa días naturales anteriores a la fecha en que concluya el periodo del Magistrado o Magistrada en funciones, emitirá la convocatoria pública correspondiente observando el principio de paridad de género. De no hacerse en tiempo y forma el nombramiento, se procederá a cubrir la falta de Magistrado en los términos de este Código. T R A N S I T O R I O S PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Notifíquese al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo Legislativo número 30, de fecha 18 de noviembre de 2021 del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, y queda sin efectos la Convocatoria contenida en el mismo. El Congreso del Estado, a través de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación, emitirá convocatoria, incluyendo los términos de la presente reforma para elegir y en su caso reelegir magistrada titular de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. Las aspirantes que se hayan registrado en los términos de la convocatoria contenida en el Acuerdo Legislativo número 30 que se abroga mediante el presente Decreto, y que decidan participar en la nueva convocatoria, podrán ratificar por escrito su intención así como la información previamente presentada, misma que podrá ser complementada en caso de que así lo consideren. Dicho escrito será suficiente para adquirir el carácter de aspirante registrada. TERCERO. La persona que ostentaba la titularidad de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, tendrá derecho a participar en la convocatoria que se expedirá conforme lo dispuesto en el transitorio segundo del presente Decreto para, en su caso, ser reelecta como Magistrada. Notifíquese." (transcripción tomada de la página de internet del Periódico Oficial del Estado) Así, atento a la literalidad de dichos normativos, no es posible advertir que el promovente del amparo resienta una afectación a su interés jurídico o legítimo, ya que en su escrito de demanda indicó que en resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Pleno de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, determinó que no alcanzó la votación calificada requerida constitucional y legalmente, por lo que no fue reelecto como Magistrado de la Quinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. Es decir, antes de la entrada en vigor de la norma cuya inconstitucionalidad reclama, dejó de ostentar ese cargo, por lo que, de momento, no es posible advertir que con la emisión del decreto reclamado se le ocasione un perjuicio irreparable, ya que en fecha anterior se determinó su no reelección. De ahí que, no se surte el primero de los requisitos para la procedencia de la suspensión solicitada. Además, de considerar un eventual perjuicio que pudiera que resentir el quejoso, éste resulta de menor entidad frente a la afectación causada a la colectividad en el supuesto de otorgarse la medida, ya que tal detrimento puede ser reparado y no impacta en el juicio de amparo, a diferencia del interés social, el cual, con el otorgamiento de la media sí podría llegar a verse afectado, pues la sociedad está interesada en el cumplimiento de la norma. Así las cosas, la medida cautelar solicitada no puede tener por efecto que en lo sucesivo, no se le aplique el decreto reclamado, específicamente, los artículos 146 y 147 del Decreto de reformas al Código de Justicia Administrativa reclamado, pues de hacerlo, se otorgarían efectos constitutivos de derechos, los cuales son propios de la sentencia de amparo. Se invoca por a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del siguiente tenor: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ARTÍCULO 24, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA, RECLAMADO COMO AUTOAPLICATIVO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 128, 138 Y 148 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron en sentidos opuestos en relación con la suspensión provisional solicitada respecto de la naturaleza jurídica de los efectos y consecuencias que genera, en la esfera jurídica de la parte quejosa, el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley Federal de Austeridad Republicana reclamado como autoaplicativo, con base en los artículos 128, 138 y 148 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito determina que, atendiendo a la naturaleza jurídica de los efectos y consecuencias que genera el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana reclamado como autoaplicativo, son futuros de realización incierta, por lo tanto, es improcedente otorgar la suspensión provisional en términos de lo establecido en los artículos 128, 138 y 148 de la Ley de Amparo. Justificación: Para la procedencia de la suspensión provisional, solicitada en contra de los efectos y consecuencias del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, reclamada como norma autoaplicativa, no basta con acreditar únicamente el carácter de servidor público que se desempeñe en los grupos jerárquicos de mando superior, en términos del Manual de Percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, ya que para que se actualice la prohibición de no ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada con motivo de su encargo, salvo que hubieran transcurrido al menos diez años, resulta indispensable demostrar, por lo menos de manera indiciaria, la existencia de un acto relacionado con la separación del cargo, pues si bien es cierto que el juzgador constitucional debe analizar la procedencia de la suspensión considerando que se reclama una norma autoaplicativa y además realizar una ponderación entre la apariencia del buen derecho, el interés social y el orden público, también lo es que, además, debe verificar si los efectos y consecuencias de la norma prevén una afectación actual e inminente en la esfera jurídica de los sujetos que se encuentren en la condición de la norma general reclamada; por lo tanto, si dicha afectación no existe, resulta improcedente conceder la medida cautelar provisional." 5. Pruebas. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que refiere en su escrito de demanda; las que se tienen por admitidas y desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de recibirlas en la audiencia incidental. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Queja fundada. Téngase a la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, informado que dentro de la queja administrativa 328/2023, relativa al juicio de amparo en que se actúa, se pronunció sentencia, la que se encuentra disponible a través del Portal de Servicios en Línea para su consulta, a través de la liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Atento a ello, se procedió a descargar la ejecutoria pronunciada en sesión de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, que contiene los puntos resolutivos siguientes: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja." En consecuencia, acúsese de recibo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. 2. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Sergio Mecino Morales, por su propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 3. Suspensión. Por separado tramítese el incidente de suspensión. 4. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. 5. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán: 5.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberán hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. 5.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que contienen el acto reclamado. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ******************** en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 6. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 7. Tercero interesado. Dada la naturaleza del acto reclamado, se considera que no le revista tal carácter a persona alguna. 8. Pruebas. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Sergio Iván Núñez Del Río990/2023
- Sergio López Ochoa35/2018
- Sergio López Ochoa131/2020
- Sergio Luis Calderón Anguiano457/2018
- Sergio Maldonado Guzmán762/2022
- Sergio Martínez Cortés35/2021
- Sergio Mendoza Cortés312/2023
- Sergio Mora Martínez816/2023
- Sergio Morales Guzmán674/2022
- Sergio Nieto Vázquez118/2021
- Sergio Nieto Vázquez484/2023
- Sergio Oliber Díaz Rodríguez645/2023