Sergio Mayorga Castillo

Expediente 84/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
84/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Sergio Mayorga Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad, con su artículo segundo, en relación con el numeral 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de la fecha en que las autoridades responsables, hayan sido notificadas de la mencionada resolución, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que les fue reclamado; lo que no acontece en la especie, dado el sobreseimiento dictado. Encuentra puntual aplicación a lo anterior por identidad de razones, la tesis asilada XI.3º.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro y texto: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. .... ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, así como con el Capítulo 7 relativo a expedientes depurables, numeral 7.4 referente al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración con independencia del sentido en que se resolvió o concluyó el presente juicio de amparo, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse decretado la suspensión de plano del acto reclamado a la parte quejosa; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. En la inteligencia que deberán conservarse las resoluciones que se concedió la suspensión de plano, el proveído en que se acuerda el archivo del expediente y los demás documentos que se consideren importantes al estar vinculados con aquélla. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULA DE EXPEDIENTE. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible a depuración, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. DEPURACIÓN Y TRANSFERENCIA. Transcurrido el plazo de tres años que se establece en el penúltimo párrafo del referido artículo 18, este órgano jurisdiccional procederá a la depuración del juicio principal, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que se estimen necesarios. Hecho lo anterior, transfiérase el expediente de que se trata a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa solicitud que realice este Juzgado Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia oficial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en esta vía consiste en: La omisión de brindar la atención médica de manera integral, constante, continua y de calidad al quejoso Sergio Mayorga Castillo, quien se encuentra interno en el Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, San Luis Potosí. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir su informe justificado, sin que el aquí quejoso haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. Ahora bien, no obstante que de tal informe se dio vista a la parte quejosa, esta no aportó medio de convicción alguno tendiente a desvirtuar tal negativa, como era su carga probatoria conforme a la interpretación, a contrario sentido, del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que al prevalecer dicha negativa debe concluirse que los actos atribuidos a tal autoridade son inexistentes. En ese sentido, no puede desconocerse que la parte quejosa tiene la obligación de demostrar que la petición efectivamente fue elevada y recibida por la autoridad responsable; pues sólo así, es legalmente posible que nazca la obligación por parte de la autoridad de dar respuesta. Lo anterior es así, porque tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente, regla genérica que tiene como excepción la necesaria demostración de una manera previa de la existencia de una solicitud del particular quejoso, para que la autoridad ejerza la facultad regulada por el texto constitucional, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis 2a. CXLI/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 366, tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 197269 que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular - el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última". Sin embargo, la parte quejosa no aportó prueba alguna para evidenciar la existencia de sus peticiones; entonces, al no existir prueba idónea que desvirtúe la negativa referida; lo procedente es tener inexistente la referida abstención que se imputa a las autoridades responsables, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 305, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- septiembre 2011, Tomo II, Materia Común, Sexta Época, número de registro 1002350, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Asimismo, no son ciertos los actos reclamados de la autoridad responsable Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado al señalar que no es un ente brindador de servicios médicos; sin prueba en contrario. En efecto, en el artículo 41 TER, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, se dispone: .... Así, del análisis de la disposición transcrita se pone de manifiesto que la normatividad aplicable no le atribuye competencia a la Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí, para otorgar atención médica a los internos privados de su libertad, como tampoco el suministro de insumos médicos; por tanto, el acto reclamado debe tenerse como inexistente. En consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, por lo que a dicha autoridad se refiere. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, octubre de 2018, Tomo I, página 926, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. ... CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director General de Prevención y Reinserción Social y Director del Centro Penitenciario de Ciudad Valles, San Luis Potosí, no obstante que el primero haya sido omiso en referir si es cierto o no el acto que se le atribuye, sin embargo, de lo narrado en su informe con justificación se desprende la certeza del mismo; mientras que el segundo, lo negó al rendir su informe justificado, al sostener que se le ha brindado atención médica al quejoso, en virtud de que el análisis de esa negativa en la forma planteada, no es dable en el presente apartado de la sentencia, pues implicaría hacer un pronunciamiento de fondo respecto a si la autoridad responsable vulneró o no los derechos fundamentales de la aquí impetrante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. ... Además, la anterior afirmación se corrobora con las constancias que obran en autos del presente sumario; documentos que tienen pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas por funcionario autorizado para tal efecto. CUARTO. Estudio de causas de improcedencia. Por ser de estudio preferente al fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las aleguen o no, al ser una cuestión de orden público y acorde con la obligación que impone al juzgador de amparo el artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto, de oficio este juzgado advierte que en la especie se actualiza la causa que se previene en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: .... Es así, porque la fracción anterior consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte que lo impetre debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Ahora bien, el promovente del amparo reclama la abstención de proporcionarle atención médica para sus molestias que, refiere, tienen características de embolia e infarto, que le generó la pérdida de movilidad en una parte de su rosto y cuerpo. Ahora bien, de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: ... De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Una vez admitida la petición, el Director del Centro Penitenciario tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. El Director del Centro Penitenciario estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. De ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez para plantear su petición. En este caso, el Juez de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: .... De lo anterior, en lo aplicable, se advierte lo siguiente: Los jueces de ejecución conocen controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Los internos están legitimados para promover ante el Juez del proceso o de ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que el quejoso, previo a promover demanda de amparo, debe presentar la petición de que se le proporcione la atención médica que refiere, ante la autoridad penitenciaria ante la cual se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, posteriormente, de ser el caso, ante el Juez del proceso o Ejecución. Ello es así, pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces el juicio de amparo. El razonamiento expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, libro 61, diciembre de dos mil dieciocho, Tomo I, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2018548, que dice lo siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. .... Criterio anterior que tuvo su origen al resolverse la contradicción de tesis 57/2018, en la que la referida Sala determinó que las personas privadas de su libertad, cuando reclaman omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto deben agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, porque dicha ley prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además el citado mecanismo ofrece una asistencia continua y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle su petición, la razón de ésta y a ofrecer las pruebas que estime conducentes para apoyarla. Igualmente, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. También ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que la persona privada de su libertad impugne ante el juez de ejecución o control, según corresponda, la respuesta de la citada autoridad si estima que es contraria a sus intereses. Asimismo, establece la posibilidad de apelar la determinación del juez en caso de considerar que ésta es contraria a sus derechos. Del mismo modo, el mecanismo de control establece que cuando el acto omisivo constituya un caso urgente, el interno tendrá la posibilidad de acudir directamente ante el juez correspondiente, quien previamente al resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es un acto omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones positivas correspondientes. Por otra parte, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. En el entendido de que el anterior criterio hace alusión a todas las hipótesis, pues en ningún momento señala algún caso de excepción, como es el caso que nos ocupa, en el que el promovente señala la abstención de proporcionarle atención médica. En esa tesitura, debido a que en el caso se reclama una omisión inherente a las condiciones de internamiento del peticionario -que tiene como consecuencia la deficiencia en la prestación del servicio médico en un centro de reclusión- y no se agotó el procedimiento previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal ni sus medios de impugnación; es inconcuso que no se satisfizo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo y se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la propia norma en análisis prevé que inclusive, ante la falta de respuesta de la petición administrativa, el interno puede acudir directamente al juez; procedimiento que en el caso, no se advierte que haya sido agotado. En las condiciones anotadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que, conforme a la fracción V del numeral 63 de la legislación que rige la materia, impone que se decrete el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 84/2022-II-I, promovido por .... por conducto de su defensor particular César Armando García de León, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el considerando segundo y señaladas en los puntos de consideración tercero y cuarto de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio de cuenta remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual informa que el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad responsable Director General de Prevención y Reinserción Social con sede en San Luis Potosí, en contra del auto por el que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito en el Estado, desechó el recurso de queja interpuesto contra el proveído que admitió la demanda de amparo y decretó la suspensión de plano, mismo que quedo registrado bajo el número 5/2022; en tal virtud, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de septiembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, informando que se admitió a trámite el recurso de de reclamación interpuesto por la autoridad responsable Director General de Prevención y Reinserción Social con sede en San Luis Potosí, en contra del auto por el que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito en el Estado, desechó el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se admitió la demanda de amparo y se decretó la suspensión de plano, mismo que quedó registrado bajo el número 5/2022. En tal virtud, mediante oficio que al efecto se remita vía interconexión, solicítese al Tribunal de Alzada en cita, que de no existir inconveniente informe a este Juzgado, el estado procesal que guarda el recurso de reclamación 5/2022. DIFERIMIENTO. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veintiséis de septiembre dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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