Sergio Martin del Campo Campillo

Expediente 106/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
106/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
12/04/2018

Partes del expediente

  • Sergio Martin del Campo Campillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d); en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE DVDS A AUTORIDAD RESPONSABLE Hágase devolución a la autoridad responsable Juez de Garantías del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, de tres discos compactos en formato DVD, en virtud, de ser innecesarios en el presente juicio de amparo dado lo determinado en el presente proveído. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con la fracción II, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas precedentes. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal y el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. Por otro lado, en términos de la fracción III, del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo Cuarto del acuerdo normativo. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma Jesús Javier Segovia Sánchez, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicada mediante oficio CCJ/ST/1646/2018, de diez de abril del presente año, emitida por el Secretario Técnico de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación, asistido del Secretario Roberto Pérez de Gante, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Con vista a las partes, agréguese para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la Juez Unitario del Tribunal de Juicio Oral del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por auto de siete de marzo del presente año, remitiendo un disco compacto (DVD), que contiene los registros audiovisuales de la audiencia de reanudación de proceso desahogada el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 2541/2015, de su índice. Ahora bien, de la reproducción del disco compacto DVD remitido por la autoridad responsable de cuenta, al cual se le confiere valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y que cuenta con la naturaleza jurídica de prueba documental pública, la que se tiene por desahogada sin necesidad de la celebración de una audiencia especial , se advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Así mismo, el precepto 77, fracción II, de la ley de la materia, establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; [.]" De la interpretación relacionada de los artículos anteriormente transcritos, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó rastro alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, en el caso se advierte que el acto reclamado lo constituye: La orden de aprehensión girada en contra del quejoso el catorce de febrero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 2541/2015, del índice del Juzgado de Garantías de esta ciudad. Consecuentemente, anexo al oficio de cuenta, la autoridad responsable Juez Unitario del Tribunal de Juicio Oral del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, remitió a este juzgado federal un disco compacto DVD, el cual -de su reproducción- se desprende que el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de reanudación de proceso por comparecencia voluntaria del quejoso Sergio Martín del Campo Campillo, en donde en la hora 1:16:10 PM, se ordenó la cancelación de la orden de aprehensión girada en su contra, dentro de la causa penal 2541/2015. En tal virtud, es evidente que el acto que por la presente vía se reclama ha cesado sus efectos, pues las consecuencias del acto reclamado desaparecieron en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo cual el quejoso fue restituido en el pleno goce de sus garantías, dado que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, cuyo rubro y texto disponen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, es aplicable la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, con el título y contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En ese tenor, se hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse la citada causa de improcedencia; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, pues como ya se dijo, en el caso han cesado los efectos del acto reclamado; por lo cual, lo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, misma que se encuentra señalada para las once horas con cuarenta minutos del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Jesús Javier Segovia Sánchez, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por la Juez Unitario del Tribunal de Juicio Oral del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que en veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se desahogó la audiencia de reanudación de proceso por comparecencia voluntaria del quejoso Sergio Martín del Campo Campillo, en la cual se ordenó la cancelación de la orden de aprehensión expedida en su contra. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, así como en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2º, requiérase a la autoridad oficiante para que dentro del plazo de tres días hábiles computados legalmente, remita copia certificada de los registros audiovisuales de la referida audiencia; apercibida que de no cumplir con lo anterior en el plazo indicado, se le aplicara una multa prevista en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    ÚNICO. Se CONCEDE a SERGIO MARTÍN DEL CAMPO CAMPILLO, la suspensión definitiva, en cuanto a los actos de las autoridades responsables, en términos de lo detallado en el considerando tercero de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Jesús Javier Segovia Sánchez, quien autoriza y da fe.

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