Sergio Martin Canul Uitz
Expediente 1348/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1348/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sergio Martin Canul Uitz
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de veinticinco de agosto del año en curso, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado acuerdo en que se desechó la demanda, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Sergio Martín Canul Uitz, contra los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico relativo con el número 1348/2023-VI. Ahora bien, sentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo y del ocurso aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la inconstitucionalidad del artículo 295, fracción V, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, a través de su primer acto de aplicación, que lo fue la boleta de infracción 762257, de uno de agosto de dos mil veintitrés, así como la multa contenida en ésta. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la demanda de amparo que nos atañe, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Ahora bien, se insiste, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la inconstitucionalidad del artículo 295, fracción V, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, a través de su primer acto de aplicación, que lo fue la boleta de infracción 762257, de uno de agosto de dos mil veintitrés, así como la multa contenida en ésta. En ese sentido, una vez sentado lo anterior, debe decirse que, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Sobre esa base, en relación a la alegada inconstitucionalidad del artículo 295, fracción V, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, a través de su primer acto de aplicación, que lo fue la boleta de infracción 762257, de uno de agosto de dos mil veintitrés, se estima conveniente precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es el que causa perjuicio a la parte quejosa y no la ley considerada en abstracto. De igual forma, ha señalado que el Juez de Distrito debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de la protección constitucional la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia, pues de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por tanto, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, contra el acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Dicho criterio se encuentra recogido en la jurisprudencia 346, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima Época, con el texto y rubro siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Asimismo, el criterio puede consultarse en la diversa tesis P. XVII/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, contra el acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En ese tenor, este órgano de control constitucional estima preferente el estudio de la procedencia del amparo con relación a la determinación en la que supuestamente se dio el primer acto de aplicación de la norma impugnada, que lo es la boleta de infracción 762257, de uno de agosto de dos mil veintitrés, en la que se le impuso al quejoso, una multa consistente en ocho Unidades de Medida y Actualización. Con base en lo narrado en los párrafos que preceden, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, respecto del acto de aplicación reclamado, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el numeral 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de lo expresado por el quejoso se desprende que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, el uno de agosto de dos mil veintitrés, en que le fue levantada la boleta de infracción 762257 y se le impuso al quejoso, una multa consistente en ocho Unidades de Medida y Actualización. La notificación de la boleta de infracción relativa, acaecida el uno de agosto de dos mil veintitrés, surtió sus efectos inmediatamente que fue entregada al directo quejoso, esto es, en esa propia data, conforme se preceptúa en los artículos 82 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y 468 de su Reglamento. Máxime, que el quejoso tuvo conocimiento de la multa contenida en la citada boleta de infracción, el propio uno de agosto de dos mil veintitrés, en virtud de que la misma le fue impuesta y entregada directamente a él, como se desprende del contenido de la precitada boleta. Por tanto, es evidente que, a la data en que presentó la parte quejosa su demanda de amparo, esto es, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, desde el uno de agosto de dos mil veintitrés, le fue aplicado el numeral tildado de inconstitucional, al imponérsele una multa de ocho Unidades de Medida y Actualización, en la boleta de infracción 762257, como se desprende de la copia que de dicha boleta se adjuntó a la demanda de amparo; por ende, es notorio, se reitera, que al menos desde esa fecha, tuvo pleno conocimiento de dicho acto, por lo que al haber presentado su escrito de demanda el veintitrés de agosto del año en curso, es patente que, conforme quedó expuesto en el párrafo que antecede, dicha demanda resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, y por lo que respecta al artículo 295, fracción V, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, impugnado por la parte quejosa con motivo de su aplicación a través de la boleta de infracción 762257, de uno de agosto de dos mil veintitrés, al haber resultado improcedente el juicio de amparo por lo que hace a dicho acto de aplicación, consecuentemente, también lo es por lo que respecta al invocado numeral, lo que motiva que la demanda de amparo promovida en su contra, de igual manera deba desecharse. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, del Volumen 217-228, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." En ese orden de ideas, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 890, Tomo VII del mes de mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otro orden de ideas, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda. Asimismo de conformidad con el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tiene como correo de la parte quejosa el que señala en su demanda de mérito, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. De igual forma, se tiene como autorizado a Erick del Jesús Chan Cab, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. En otro contexto, se hace saber a la parte quejosa que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al Actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, tal y como lo solicita la parte quejosa se le tiene por opuesto a la publicación de sus datos personales en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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