Sergio Manuel Sánchez Tirado
Expediente 841/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sergio Manuel Sánchez Tirado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por *******************, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso c), del artículo 21, del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos, y de un análisis efectuado a las constancias que remitió como complemento de su informe el Juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, y con la cual se demuestra lo informado por dicha autoridad oficiante, de conformidad con lo dispuesto en el criterio cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", de las que se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)" La hipótesis legal invocada se surte cuando la parte quejosa expresa manifestaciones de voluntad en el sentido de estar conforme con el acto reclamado. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada dentro del auto de vinculación a proceso por el Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, en la causa penal **************, en audiencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; así como el cumplimiento de dicha medida. En el caso, de las constancias y registros de audio y video en formato DVD (disco versátil digital) remitidos por el Juez responsable, relativas a la causa penal ******** y su acumulada *************, se desprende que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se decretó auto de vinculación a proceso en contra de ***************, por la probabilidad de su autoría en la comisión de los hechos señalados en la ley como el delito de violencia familiar, en agravio de la ciudadana ************** y querellado por ella misma, delito previsto y sancionado por los artículos 221, 221 -a fracción II-, incisos e) y f), en relación con los artículos 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto del Código Penal del Estado de Guanajuato; imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (acto reclamado). Empero, dicha determinación fue consentida por el quejoso al decidir concluir el proceso penal, a través de la salida alternativa de suspensión condicional. En efecto, de las propias constancias y registros de audio y video remitidos por el Juez responsable, se advierte que en audiencia celebrada el diez de enero de dos mil veintidós, se suspendió el procedimiento, al haber aprobado la suspensión condicional del proceso en favor del quejoso, razón por la cual fue decretada la suspensión de las medidas cautelares impuestas al imputado en fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. En tal virtud, a criterio del suscrito, la aceptación del quejoso de concluir el proceso penal, a través de la suspensión condicional, entraña el consentimiento del acto reclamado bajo estudio, pues implica la voluntad del imputado de optar por una solución alterna a la continuación del proceso que precisamente se le instruía por virtud del auto de vinculación a proceso, lo que hace que ya no pueda haber un sistema represivo respecto de un acto que ocurrió antes de someterse a dicho mecanismo. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016 destacó que la reforma constitucional del artículo 17 constitucional introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema de justicia en general, a través de la creación de nuevos caminos de solución de todos aquellos conflictos que podrían encontrar mejor solución mediante mecanismos alternativos, caracterizados porque las partes involucradas en el conflicto penal son los protagonistas y no un tercero que en el juicio es el Estado. De manera que, concluyó la Sala, los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren como punto de partida el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado, acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. En ese contexto, de conformidad con el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional del proceso, no es otra cosa que el resultado del uso de un mecanismo alternativo de resolución de controversias que una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de Control -según el estado procesal del asunto- y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. De ahí que el referido medio alternativo constituye una manifestación de voluntad de las partes que intervienen y entraña a la vez el consentimiento del imputado respecto del acto reclamado; lo que actualiza la causal de improcedencia en estudio respecto del auto referido como acto de aplicación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, y de un análisis efectuado a las constancias que remitió como complemento de su informe el Juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, y con la cual se demuestra lo informado por dicha autoridad oficiante, de conformidad con lo dispuesto en el criterio cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", de las que se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)" La hipótesis legal invocada se surte cuando la parte quejosa expresa manifestaciones de voluntad en el sentido de estar conforme con el acto reclamado. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada dentro del auto de vinculación a proceso por el Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, en la causa penal **************, en audiencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; así como el cumplimiento de dicha medida. En el caso, de las constancias y registros de audio y video en formato DVD (disco versátil digital) remitidos por el Juez responsable, relativas a la causa penal ******** y su acumulada *************, se desprende que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se decretó auto de vinculación a proceso en contra de ***************, por la probabilidad de su autoría en la comisión de los hechos señalados en la ley como el delito de violencia familiar, en agravio de la ciudadana ************** y querellado por ella misma, delito previsto y sancionado por los artículos 221, 221 -a fracción II-, incisos e) y f), en relación con los artículos 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto del Código Penal del Estado de Guanajuato; imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (acto reclamado). Empero, dicha determinación fue consentida por el quejoso al decidir concluir el proceso penal, a través de la salida alternativa de suspensión condicional. En efecto, de las propias constancias y registros de audio y video remitidos por el Juez responsable, se advierte que en audiencia celebrada el diez de enero de dos mil veintidós, se suspendió el procedimiento, al haber aprobado la suspensión condicional del proceso en favor del quejoso, razón por la cual fue decretada la suspensión de las medidas cautelares impuestas al imputado en fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. En tal virtud, a criterio del suscrito, la aceptación del quejoso de concluir el proceso penal, a través de la suspensión condicional, entraña el consentimiento del acto reclamado bajo estudio, pues implica la voluntad del imputado de optar por una solución alterna a la continuación del proceso que precisamente se le instruía por virtud del auto de vinculación a proceso, lo que hace que ya no pueda haber un sistema represivo respecto de un acto que ocurrió antes de someterse a dicho mecanismo. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016 destacó que la reforma constitucional del artículo 17 constitucional introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema de justicia en general, a través de la creación de nuevos caminos de solución de todos aquellos conflictos que podrían encontrar mejor solución mediante mecanismos alternativos, caracterizados porque las partes involucradas en el conflicto penal son los protagonistas y no un tercero que en el juicio es el Estado. De manera que, concluyó la Sala, los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren como punto de partida el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado, acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. En ese contexto, de conformidad con el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional del proceso, no es otra cosa que el resultado del uso de un mecanismo alternativo de resolución de controversias que una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de Control -según el estado procesal del asunto- y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. De ahí que el referido medio alternativo constituye una manifestación de voluntad de las partes que intervienen y entraña a la vez el consentimiento del imputado respecto del acto reclamado; lo que actualiza la causal de improcedencia en estudio respecto del auto referido como acto de aplicación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Encargada de la Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede Celaya, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de catorce de los actuales, informa que la causa ******** se encuentra suspendida, pues en audiencia de diez de enero del año en curso, se concedió la suspensión condicional del proceso al imputado ************, por un plazo de seis meses; lo cual acredita con el DVD que adjuntó como complemento de su informe justificado; el titular queda enterado de su contenido y ordena agregarlo en autos.
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