Sergio Manuel Hernández Álvarez
Expediente 380/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/07/2022
Partes del expediente
- Sergio Manuel Hernández Álvarez
- Tribual de Arbitraje Y Escalafón del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente por estar concluido. este expediente es susceptible de destrucción, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el toca de queja 58/2022, del que se advierte que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja"; testimonio que se ordena agregar a los autos para los efectos legales correspondientes. Hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, y acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en lo conducente establece: .Consecuentemente, se revoca el auto recurrido, para el efecto de que se provea de nueva cuenta acerca de la admisión o rechazo de la demanda de amparo en comento, pero absteniéndose de desecharla por los motivos que aquí se desestimaron. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como apoderado especial de **, carácter que se le reconoce con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo y tenerlo acreditado en el juicio de amparo 158/2022-III del índice de este juzgado de Distrito; contra actos de LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, a continuación procede analizar si de conformidad con lo establecido por el precepto legal invocado, se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Conforme a lo expuesto, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el juicio laboral *, mediante el cual la autoridad responsable requirió a la parte demandada para que diera cumplimiento al laudo dictado en el aludido expediente, motivo por el cual el juicio de amparo deviene improcedente. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. Expuesto lo anterior, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, cuyos contenidos son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXlll.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Articulo 107.- El amparo indirecto procede: IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan al archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. De los preceptos legales antes transcritos, se advierte que el amparo indirecto es procedente en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente contra aquéllos que constituyen la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; lo anterior, con la finalidad de evitar que se abuse del juicio de amparo y que por cada acto se instaure una nueva litis constitucional, provocando que se viole el derecho a la plena ejecución de las sentencias. En ese sentido, el amparo se pedirá una vez que se haya dictado la última resolución dentro del procedimiento de ejecución. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta, Tomo VII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que a la letra dice: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. De igual forma por su exacta aplicación, la Jurisprudencia 1a./J. 28/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Civil, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que excepcionalmente durante la etapa de ejecución de sentencia, procede el juicio de amparo en la vía indirecta cuando exista una afectación a los derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Es ilustrativa la Jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página doscientos treinta, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil once, Novena Época, cuyo rubro y texto son: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es oportuno mencionar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia trascrita, se delimitó la procedencia del juicio de amparo aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (cuyo contenido, en lo que interesa, es similar al de la legislación en vigor), ya que se estableció que no sería procedente impugnar violaciones procesales aunque fueran relevantes, pues al efecto el Máximo Tribunal dijo lo siguiente: Esto es, la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Así entonces, acorde a las consideraciones de la ejecutoria respectiva y al contenido de la Ley de Amparo, se obtiene que los supuestos de procedencia de la fracción IV del artículo 107 de dicha legislación, deben entenderse en correlación con la fracción V del mismo numeral, ya que ésta establece un supuesto de procedencia más amplio, de modo que es la que da pauta para la interpretación de la fracción anterior y no a la inversa. Luego entonces, el supuesto normativo establecido en la fracción V citada, en el que se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe entenderse que ello también puede darse en los supuestos normativos regulados por la fracción IV, es decir, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia. Por tanto, ante la regla general consistente en que tratándose de actos dentro de la fase de ejecución de sentencia sólo procede el amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en esa etapa, cabe excepcionalmente la procedencia del mencionado juicio de amparo establecida en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, si es que dichos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Lo anterior, siempre y cuando el acto reclamado cuya emisión se suscitó durante el trámite del procedimiento de ejecución de sentencia, afecte de manera inmediata derechos sustantivos, los cuales, indispensablemente tienen que ser ajenos a lo resuelto en el fallo que se ejecuta. En atención a lo antes expuesto, se colige que el acto ahora reclamado no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio de amparo cuando se trata de actos emitidos en la etapa de ejecución de laudo, puesto que la parte quejosa se duele, en síntesis, del acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado en juicio laboral burocrático *, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por el cual se requirió a la demandada, por el pago de lo condenado. Se sostiene lo expuesto, en virtud de que lo determinado en el auto reclamado, trae como consecuencia que se continúe con la ejecución del laudo burocrático en mención, en lo que atañe que se requiera a la parte demandada por el pago de lo condenado; lo cual, no contraviene los derechos fundamentales de los aquí quejosos, y denota la improcedencia del presente asunto, pues al no actualizarse la hipótesis que permite la promoción de manera inmediata del juicio de control constitucional, que se ocasione una afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, se debe esperar hasta que se emita la resolución definitiva en la etapa de ejecución de la sentencia. Además, la determinación reclamada no se ubica en los supuestos de excepción antes reseñados, pues no es un acto autónomo o desvinculado de lo sentenciado, ni tiene la trascendencia que jurídicamente obligue a analizar esa determinación de forma inmediata en el amparo indirecto, toda vez que constituye una consecuencia directa de lo resuelto en el procedimiento de origen. Esto es, la actuación controvertida no lesiona de manera alguna directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de los gobernados tutelados en la Constitución General o en los tratados internacionales, a través de los derechos subjetivos públicos que en ésta se contemplan como son la libertad, la propiedad o la posesión, sino que únicamente tiene efectos de carácter intraprocesal o formal. De ahí que la parte quejosa debe esperar hasta que se emita la resolución que ponga fin a dicha etapa de ejecución, esto es, la que alude la fracción IV, párrafo segundo, es decir, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, para estar en posibilidad de impugnar dicha determinación, y de estimar que la misma resulta contraria a sus intereses, podrá controvertir también todas las violaciones al procedimiento que estime hayan acontecido, entre las que bien podría incluir la resolución que aquí se reclama. Lo anterior, en virtud de que, como se expuso en líneas previas, la determinación que constituye el acto reclamado se emitió después de concluido el juicio y dentro de la etapa de ejecución del procedimiento natural. En ese tenor, al no existir hasta este momento una afectación de ejecución de imposible reparación en la esfera de derechos de los solicitantes de la tutela constitucional, para en su caso, decretar la procedencia de manera excepcional e inmediata del juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, aplicadas a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio procesal el que indica la parte quejosa en su demanda de amparo. Con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la elaboración de las notificaciones que se ordenen en este expediente. En otro aspecto, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo preceptuado en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Visto el oficio que suscribe la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, comunica el acuerdo dictado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en la queja 58/2022, del que se advierte, admite a trámite el recurso de queja interpuesto en autos; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
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