Sergio Mancillas Moncada
Expediente 980/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Sergio Mancillas Moncada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de octubre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento exhibido por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficios a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local San Luis Potosí de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual manifiesta que se actualiza una causal de sobreseimiento. Y al efecto remite impresión con firma electrónica de la resolución número B00.923.16-2022, de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, mediante la cual dio respuesta a la solicitud del trámite de transmisión de derechos del título de concesión así como permiso de perforación, solicitadas por el aquí quejoso, mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil veinte, al cual le correspondió el número de folio ***. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Estado de autos Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que respecto de la omisión reclamada se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar de la Dirección Local San Luis Potosí de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: La omisión de resolver el trámite relativo a la solicitud de transmisión de derechos del título de concesión así como permiso de perforación, solicitadas por el aquí quejoso, mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil veinte, al cual le correspondió el número de folio ***. Precisado lo anterior, en el caso, la suscrita considera que con relación a dicho acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.-El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, del anexo que el Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local San Luis Potosí de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, adjunta a su oficio de cuenta, a la que se le concede valor conforme a lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde al numeral 2° del último de los ordenamientos citados, se aprecia que el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictó emitió la resolución relativa la solicitud de transmisión de derechos del título de concesión así como permiso de perforación, solicitadas por el aquí quejoso, mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil veinte, al cual le correspondió el número de folio ***, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "[.] Por lo anteriormente expuesto se: RESUELVE Primero. Autorizar la transmisión de derechos total del título cedente materia de este trámite, con las características, obligaciones y condiciones establecidas para los títulos del cedente y cesionario en los Considerandos de esta resolución y en los títulos mencionados, asimismo se autoriza el permiso para realizar obras de perforación. Segundo. Cancélese el título de concesión cedente con motivo de la transmisión autorizada en esta resolución, e inscríbase la cancelación en el Registro Público de Derechos de Agua. Tercero. Expídase un nuevo título al cesionario reflejando los derechos transmitidos autorizados en esta resolución, e inscríbase la nueva inmatriculación con motivo de la transmisión en el Registro Público de Derechos de Agua en cumplimiento del artículo 30 de la Ley de Aguas Nacionales. Cuarto. La construcción de la obra deberá realizarse en el sitio autorizado y deberá de ajustarse a la Norma Oficial Mexicana NOM-003-CONAGUA-1996, la cual entre otros puntos indica la obligación a realizar: registro eléctrico del pozo, integrado por curvas de resistividad (normal corta y normal larga) y curva de potencial espontáneo (S.P.); Registro estratigráfico (corte litológico), y análisis fisicoquímicos del agua que incluya determinación del pH, conductividad eléctrica, sulfatos, nitratos, cloruros, dureza total, calcio, sodio, potasio y sólidos disueltos totales. Quinto. En caso de que la obra no resulte productiva, por su cuenta deberá proceder a su cierre o sellado, conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-CONAGUA-1996. Sexto. Deberá permitir las visitas de verificación o de inspección por personal debidamente acreditado de la Comisión Nacional del Agua y a proporcionarle la documentación que se solicite en relación con lo que establece la presente resolución. Séptimo. La presente anuencia se otorga sin perjuicio de derechos de terceros; los trabajos correspondientes a la perforación deberán de concluir en 2 años, a partir del día siguiente a la fecha de notificación del presente, haciendo de su conocimiento que en caso de no concluir la perforación en el tiempo establecido, deberá solicitar nuevamente el permiso de perforación. Octavo. Deberá de ejecutar las obras y trabajos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas en los términos y condiciones que establece la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, las normas oficiales mexicanas aplicables y comprobar su ejecución para prevenir efectos negativos a terceros o al desarrollo hídrico de las fuentes de abastecimiento o de la cuenca hidrológica, así como informar a la Comisión Nacional del Agua dentro de los treinta días siguientes a la fecha de conclusión de la obra, las características de la misma. Noveno. La Comisión Nacional del Agua se reserva el derecho para ejercer sus facultades de verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y las condiciones establecidas en el título. Décimo. El cedente y el cesionario deberán cumplir con las condiciones, características y obligaciones establecidas en la presente Resolución y en el título, por lo que de contravenir alguna de dichas disposiciones se harán acreedores a las sanciones y consecuencias jurídicas previstas en la ley de Aguas Nacionales, Ley Federal de Derechos, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Bienes Nacionales, Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables. Décimo primero. El cesionario se subroga en los derechos y obligaciones del cedente generados con anterioridad a la autorización de la transmisión respecto de los derechos que adquiere en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 36 de la ley de Aguas Nacionales y 69, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales aplicable conforme a lo dispuesto por el articulo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004. Décimo segundo. El cedente y el cesionario asumen de forma solidaria la obligación de responder por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros por la transmisión de derechos, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 72, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales aplicable conforme a lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004. Décimo tercero. El cedente y el cesionario asumen de forma solidaria la obligación del cierre o destrucción de la obra de extracción y de sufragar los gasto que ello ocasione dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 69, fracción IV y 72, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales aplicable conforme a lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004. Décimo cuarto. La vigencia del título del cesionario se condiciona a que el titular correspondiente, en caso de que las aguas nacionales concesionadas posterior a su uso se descarguen a cuerpo receptor propiedad de la Nación, presente en un plazo que no exceda de un mes contado a partir del día en que surta efectos la notificación de esta resolución, solicitud que reúna todos los requisitos indispensables para obtener o modificar el permiso de descarga de aguas residuales el cual deberá considerar los nuevos volúmenes y usos autorizados en concesión con motivo de la transmisión de derechos y a mantener la vigencia del citado permiso durante la vigencia del título. Décimo quinto. El expediente electrónico en que se actúa puede ser consultado en cualquiera de los Centros Integrales de Servicio de la Comisión Nacional del Agua con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Décimo sexto. La presente resolución tiene el carácter de definitiva, por lo que puede ser recurrida a través del recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación y deberá presentarse por escrito en la Comisión Nacional del Agua en términos de lo establecido en los artículos 124 de la Ley de Aguas Nacionales, 190 de Reglamento, así como el Titulo Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Décimo séptimo. Notifíquese al cedente y al cesionario la presente resolución así como el título que se ordena expedir en esta resolución, en la cuenta del Buzón del Agua correspondiente a la persona a nombre de quien se expide el título dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la emisión de la presente resolución, lo anterior en términos de los artículos 35, fracción II y 39 de la ley Federal de Procedimiento Administrativo y las reglas acordadas entre la solicitante y la Comisión Nacional del Agua al momento de presentar la solicitud que en este acto se resuelve. Décimo octavo. Una vez cumplimentados todos y cada uno de los anteriores resolutivos, archívese el expediente electrónico en el que se actúa como asunto total y debidamente concluido. [.]." Determinación cuya notificación se tuvo por realizada al aquí quejoso con fecha diecisiete de agosto de dos mil veintidós, según la constancia de notificación que se acompaña a la misma. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que el Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local San Luis Potosí de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, demostró que el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se emitió la resolución relativa la solicitud de transmisión de derechos del título de concesión así como permiso de perforación, solicitadas por el aquí quejoso, mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil veinte, al cual le correspondió el número de folio ***, cuya omisión se reclama en esta instancia constitucional; misma que le notificó el diecisiete de agosto del año en curso, por tanto, es inconcuso que tales eventos constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión tildada de inconstitucional han desaparecido de modo absoluto, pues los actos omisivos en estudio ya fueron subsanados por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobre lo expresado es aplicable, por las razones que la informan, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, del tomo LXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.- Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley." Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes, tengan oportunidad de imponerse del contenido del informe justificado rendido por el Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local San Luis Potosí de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en suplencia por ausencia del director local, recibido en auto de nueve de agosto del año en curso, y manifiesten lo que a su derecho convenga. Diferimiento. En consecuencia, a efecto de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local San Luis Potosí de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en suplencia por ausencia del director local. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que son parcialmente ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que manifestó que existe el expediente administrativo identificado con el número 2S.3.13/02701-2020. Vista. Con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Correo electrónico. Téngase a la autoridad responsable señalando como correo electrónico el que indica. Usuario del portal de servicios en línea. Con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la oficiante para consultar el expediente electrónico a través del usuario "omunozm". Se comisiona a la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese el usuario respectivo para tales efectos. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
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