Sergio Madrazo Pintado

Expediente 1021/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1021/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Sergio Madrazo Pintado
  • MARICELA MICHEL ORTEGA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por el que exhibe constancias con las que aduce el cumplimiento del fallo protector. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se da vista al quejoso con el oficio de cuenta y sus anexos, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el acatamiento de la sentencia de amparo, en el entendido que transcurrido dicho término, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución correspondiente, con base en las documentales que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, doce de noviembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por el Actuario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que acusa recibo del recurso de queja interpuesto en contra del proveído de veinte de octubre del año en curso e informa que lo admitió a trámite bajo el número de toca QA-123/2020. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, por el que solicita copia certificada de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, a partir del acuerdo de trece de septiembre de dos mil diecinueve. Con apoyo en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, remítanse a la autoridad oficiante las constancias que requiere. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil veinte. Por recibida la demanda promovida por *******, por derecho propio, contra actos del Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena el registro en el libro de gobierno bajo el número de expediente 1021/2020-II, así como la formación de los expedientes que refiere el artículo 3° de la ley de la materia. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar el escrito de demanda y, si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano; lo que se encuentra vinculado con los supuestos de improcedencia previstos en el artículo 61 de la Ley de Amparo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cita prevé que, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, que sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso. DESECHAMIENTO POR DEFINITIVIDAD. Este Juzgado observa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, 63 y 113, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, contra el desechamiento de la demanda del juicio de nulidad, procede el recurso de reclamación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo"; El artículo citado contiene el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, que se actualiza contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa que se encarga de velar por el orden constitucional y por los derechos fundamentales, no puede ser promovido respecto de cualquier acto, sino solo de aquel que sea definitivo para la parte quejosa. Es decir, que no exista medio de defensa ordinario alguno por medio del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto respectivo y las consecuencias que implique para la esfera del gobernado. Para que se actualice la causa de improcedencia respecto de actos que se reclamen en la instancia constitucional, es necesario que se actualicen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Los referidos requisitos en el caso se cumplen, puesto que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que: El acto reclamado fue emitido por el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (tribunal administrativo). La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé la procedencia del recurso de reclamación contra el desechamiento de la demanda del juicio de nulidad. El Recurso se interpone dentro del juicio contencioso administrativo, y tiene como finalidad modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. En efecto, conforme a los artículos 61, 63 y 113 de dicha legislación, el Magistrado que corresponda, dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue turnada, concederá o negará la suspensión, la admitirá, prevendrá o la desechará, y el desechamiento es impugnable mediante el recurso de reclamación Además, resulta importante destacar que la Ley de Amparo establece cuatro excepciones, que se actualizan en las hipótesis siguientes: i) Se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ii) El acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, iii) Se trate de persona extraña al procedimiento. iv) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad, tal como se expone a continuación: No se reclaman actos relacionados con la privación de la libertad, o los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Los quejosos no son extraños al procedimiento ya que fueron ellos quienes presentaron la demanda que se desechó. La procedencia de la reclamación no se sujeta a interpretación, pues la ley es clara al establecer que el desechamiento de la demanda de nulidad es impugnable mediante dicho medio de defensa, y en los diversos preceptos 113 a 115, de la Ley de Justicia Administrativa se establece el procedimiento para su interposición, de manera que el quejoso puede conocer los requisitos de procedencia. No pasa inadvertido para este juzgado, que la parte quejosa señale que se actualiza una excepción al principio de definitividad porque reclama actos de imposible reparación y el recurso de reclamación no prevé la suspensión de los actos impugnados; sin embargo ello no es obstáculo para la improcedencia del juicio de amparo establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, sino que se actualiza respecto de la diversa contenida en la fracción XX, del mismo precepto legal, que establece el principio de definitividad pero respecto de actos provenientes de autoridades distintas a los tribunales judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que contiene, la tesis sustentada los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 3141, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005387, del siguiente texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA AMPARO INDIRECTO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el entendido que, el desechamiento de la demanda de amparo no constituye denegación de justicia, ni genera inseguridad jurídica, dado que cuando el Juzgado o Tribunal de Amparo se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." AUTORIZADOS Y DOMICILIO Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala para tales efectos y que tengan debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como para oír y recibir notificaciones a las personas que señala para tales efectos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción puedan realizar las diligencias que resulten necesarias. MEDIOS ELECTRÓNICOS. En términos de la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos que permitan la digitalización de las actuaciones de este sumario, siempre y cuando se avise previamente al encargado del área de actuaría. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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