Sergio Lujan del Ángel
Expediente 594/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sergio Lujan del Ángel
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe la Encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Boca del Río, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del oficio 24809, e informa el cumplimiento al mismo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, mediante el cual comunica que acepta la competencia planteada, y se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimento a los puntos noveno fracción I, décimo, y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente cuaderno de antecedentes, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. En el entendido que al no contar con documentos originales, transcurridos seis meses contados a partir del presente acuerdo, deberá procederse a su destrucción, en términos del punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías que promueve ********************contra actos del Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en el Estado de Veracruz; fórmese expediente y regístrese bajo el número 594/2017. Del análisis de la demanda de garantías, se desprende que el promovente del amparo reclama del Juez de Juzgado Primero de Primera Instancia en el Estado de Veracruz, la inactividad procesal en la causa penal ********************, instruida en su contra. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone expresamente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la transcripción de este artículo se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que residan las autoridades del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito donde se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquél donde se presente la demanda. Es así que, si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar en donde ésta tenga lugar. Atento a lo anterior, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado, a saber, " la inactividad procesal en la causa penal ********************, instruida en su contra, del índice del juzgado Primero de Primera Instancia en Veracruz", el suscrito estima se actualiza es la mencionada en el inciso a), esto es, la prevista en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo. Ello es así, dado que la competencia del juez de distrito radica donde ejerce jurisdicción el juez que conoce del proceso penal, y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, en el caso el Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, pues si bien es cierto que la ejecución material de la dilación en el trámite de la causa penal instruida en contra del quejoso, tiene por efecto mantenerlo privado de su libertad personal, cierto es también, que atendiendo a la naturaleza del acto aquí reclamado, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, pues si bien es cierto que el acto reclamado es de carácter omisivo, no menos cierto es, que su materialización es de carácter positivo, pues como se dijo en el párrafo precedente, sus efectos se trasladan directamente al proceso, el cual se encuentra radicado en el Estado de Veracruz, y que de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, corresponde a la jurisdicción de los juzgados de distrito con residencia en Boca del Rio, Veracruz. Por tanto, resulta evidente que el acto reclamado se asemeja, por su forma de expresión, a una inejecución simple; sin embargo, por sus efectos se deduce que en realidad tiene naturaleza positiva y como tal debe tratarse, pues constituye una consecuencia directa vinculada con la negativa de la autoridad para substanciar el proceso penal en contra del quejoso, afectando su esfera jurídica; luego, es claro que sus efectos son de naturaleza positiva Se invoca por identidad, la tesis emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 2288, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Así como la diversa sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así también, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 2183, Libro III, Diciembre 2011, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." En consecuencia, con fundamento en el invocado numeral 37 de la Ley de Amparo, el suscrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata. Remítase la demanda de cuenta al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Rio, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en ese lugar; solicitándole el acuse de recibo correspondiente; fórmese cuaderno de antecedentes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 13 CPS-OAXACA, CON SEDE EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA.
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