Sergio Luis Vidal Morales

Expediente 1368/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 32 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1368/2016
Año
2016
Actuaciones
32
Última actuación
23/01/2018

Partes del expediente

  • Sergio Luis Vidal Morales
  • Juez Cuarto Penal En el Distrito Judicial de Centro, Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales, el oficio suscrito por el **** mediante el cual, acusa recibo del oficio, por el que le fue remitido el tomo de pruebas I, formado con motivo de las constancias allegadas por la citada responsable anexas a su informe con justificación, consistentes en copia certificada de la causa penal 35/2016 de su estadística; de lo que queda enterado este juzgado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, once de octubre de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta se provee, en atención al estado que guardan los autos se advierte que el doce de junio de dos mil diecisiete (fojas 140 a 162), se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Sergio Luis Vidal Morales, para el efecto siguiente: para el efecto de que el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, una vez que este veredicto cause ejecutoria, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictado en autos de la causa penal 35/2016, de su índice, únicamente respecto del aquí quejoso Sergio Luis Vidal Morales, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, incisos a), en relación con el diverso 10, fracción I, incisos a), b), c) y e), fracción II, inciso a) y d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, II. Con plenitud de jurisdicción emita una nueva resolución purgando los vicios formales que lo afectaban, en la especie: a) Motive y fundamente el estudio de los elementos del cuerpo del delito y sus agravantes, debiendo purgar las violaciones formales detectadas en el presente fallo; es decir, deberá realizar el engarce correspondiente con las pruebas que obran en autos de la causa penal y el hecho que se pretenda demostrar, valorándolas y realizando el análisis lógico-jurídico que permita concluir como se actualizan cada uno de los elementos del delito y sus agravantes, en el entendido que si la agravante consistente en que él o los autores hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública de procuración o administración de justicia, o de las fuerzas armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo, no se actualiza respecto al aquí quejoso deberá omitir su análisis; b) Señale de forma pormenorizada las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución respecto del evento delictivo que se imputa al aquí quejoso, expresando los razonamientos lógico-jurídicos en que las sustente. c) Deberá acreditar la probable responsabilidad del aquí quejoso, respecto del delito de secuestro, es decir, tiene que estudiar la probable responsabilidad del evento delictivo que se imputa al aquí quejoso en forma separada, y no en lo general, estableciendo el grado de participación que sostuvo éste, y señalando si la actividad reprochable por la legislación sustantiva penal la cometió en forma dolosa o culposa y con qué medios de prueba lo acreditó, realizando el análisis lógico-jurídico correspondiente; y, d) Se ocupe de cumplir los diversos requisitos legales que para el dictado del auto de formal prisión le exige la legislación local y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (fojas 336 y 337) FIRMEZA DE LA SENTENCIA Resolución constitucional que causó ejecutoria el veintiséis de julio de dos mil diecisiete (fojas 195 a 197), por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO. La Juez Cuarto Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, remitió copia certificada del auto de término constitucional de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 289 a 342), dictado en la causa penal 35/2016; la cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral. VISTA CON EL CUMPLIMIENTO. Por acuerdo de veintisiete de septiembre de la presente anualidad (foja 346), se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos dicha notificación, manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; transcurrido el término concedido a dicha parte sin que hubiera desahogado la vista en comento; por lo que este Juzgador procede a pronunciarse sobre el cumplimiento a que se refiere la autoridad responsable, en términos de las constancias que obran en el presente sumario. Robustece lo anterior, la Tesis 2a./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Análisis evaluativo ANÁLISIS EVALUATIVO En tales circunstancias, tomando en consideración que mediante auto de cuatro de septiembre anterior (fojas 266 a 280), se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo dictado en los presentes autos, por lo que se le requirió dejara insubsistente dicho auto y acorde a los lineamientos precisados en el fallo protector dictara uno nuevo en el cual el juzgador natural se debería ceñir a los siguientes lineamientos. a) Dejar insubsistente el auto de término constitucional de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 35/2016, únicamente respecto del aquí quejoso Sergio Luis Vidal Morales. b) Purgue los vicios formales que afectan dicho auto; es decir, deberá subsanar las violaciones formales que se destacaron en el fallo protector al momento de analizar los elementos del cuerpo del delito y, la probable responsabilidad, esto es: 1) En relación al primer elemento del cuerpo del delito de secuestro se le indicó que: "debió realizar un análisis lógico-jurídico que permitiera desentrañar el por qué las declaraciones de las víctimas en su conjunto son convergentes para determinar que se acreditó el primer elemento del cuerpo del delito -la privación de la libertad de una persona-, tomando en consideración que únicamente transcribió los testimonios de éstos, señalando que de los mismos no se advierte que carezcan de credibilidad; sin embargo, no expresó los motivos por los cuáles dichos atestos concatenados al A) oficio CPIE-34/2016, de veinte de abril de dos mil dieciséis, le generan la convicción de que son conducentes para acreditar el elemento consistente en la privación de la libertad de una persona." 2) Asimismo, respecto al segundo elemento del delito consistente en que la privación de la libertad sea con el propósito de obtener un recate se le indicó: "En relación a dichos testimonios señaló que en su conjunto son coincidentes en manifestar que sus captores les pedían a sus familiares diversas cantidades a unos mil y a otros dos mil quinientos dólares, a fin de que los dejaran en libertad; y, si bien es cierto, motivó que a su juicio las declaraciones de las víctimas son idóneas para establecer que la privación de la libertad tenía como propósito obtener un rescate; lo cierto es que en el caso, la autoridad responsable no citó cómo es que éstos en su conjunto le permiten corroborar dicho elemento, pues no motivó las razones por las cuales los testimonios de los ofendidos le permiten llegar a esa conclusión, pues únicamente lo puntualizó sin realizar mayor estudio del porqué." "De ahí que, si en el caso, la juzgadora de origen dictó el auto de término constitucional de veintidós de julio de dos mil dieciséis, respecto del inculpado Sergio Luis Vidal Morales -aquí quejoso-, resulta incongruente que a la declaración que rindió Cristian Miguel de la Fuente Hernández, -activo del delito-, le otorgue el valor de una confesional, para dictarle la formal prisión al peticionario de garantías. Es decir, la confesión es el reconocimiento de un hecho delictuoso por parte del declarante respecto a su persona, pero ésta no puede tener el alcance de abarcar a quien no ha reconocido dichos hechos; y, por ende, la declaración que rindió el diverso inculpado Cristian Miguel de la Fuente Hernández, no puede tener el alcance de valorarse como una confesión en el auto de formal prisión de veintidós de julio de dos mil dieciséis, dictado en contra de Sergio Luis Vidal Morales, tomando en consideración que dicha aceptación de los hechos no corresponde a un testimonio del inculpado aquí quejoso, sino a uno de un diverso activo del delito -Cristian Miguel de la Fuente Hernández-." "Asimismo, la juzgadora de origen, adminiculó las referidas probanzas con D) la inspección realizada a los objetos asegurados y puestos a disposición con su respectiva cadena de custodia, entre las que mencionó se encuentra una libreta que contiene diversas anotaciones relativas a los pagos realizados por los migrantes, pues dijo que dentro de sus hojas se encuentra el término "PAGADO"; señalando que la misma tiene valor probatorio pleno al haber sido practicada por funcionario facultado legalmente para tal efecto y, con sujeción a los requisitos que establece el artículo 83 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco. Empero, no motivó por qué dicha probanza le merece tal valor probatorio, tomando en consideración que aun cuando se trate de una diligencia desarrollada por el representante social, lo que se inspeccionó es una libreta que en su contenido tiene la leyenda de "PAGADO"; De ahí que, el análisis de dicho medio de convicción adolezca de una debida fundamentación y motivación, toda vez que el juez natural no motivó cómo es que en el caso, la inspección a una libreta la llevó concluir que dicho medio de convicción es pertinente para acreditar que la privación de la libertad fue con el propósito de obtener un rescate; y, por tanto, no justificó por qué dicha probanza merece un valor probatorio pleno y, no un indiciario. Aunado a lo anterior dicha inspección judicial la concatenó con el E) dictamen en grafoscopía realizado al probable responsable Cristian Miguel de la Fuente Hernández, en la que el perito concluyó que las escrituras que obran en las hojas señaladas con los números uno, tres, once y trece, provienen del origen grafico del mencionado inculpado. Medio de convicción al que le otorgó valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Código de Procedimientos Penales de la Entidad, pues dijo que fue emitido por un especialista en la materia que realizó las operaciones y experimentos que su ciencia le sugieren. Empero, no motivó por qué dicha probanza le merece tal valor probatorio, tomando en consideración que aun cuando se trate de un dictamen, lo que se determinó fue si la escritura contenida en la libreta asegurada en el lugar de los hechos, corresponde al origen grafico del inculpado Cristian Miguel de la Fuente Hernández; independientemente que la juzgadora natural no señaló cómo es qué en el caso, dicha prueba pericial puede tener el alcance de determinar que una libreta que contiene la leyenda "PAGADO", es suficiente para acreditar que la privación de la libertad de la que fueron objeto las víctimas fue con motivo de obtener un rescate. De ahí que, el análisis de dicho medio de convicción adolezca de una debida fundamentación y motivación, toda vez que en el estudio de éste elemento lo que debe determinar es si la privación de la libertad fue con el propósito de obtener un rescate y, no el origen grafico de las leyendas contenidas en la libreta asegurada por la autoridad ministerial; y, por ende, la juez natural no motivó cómo es que en el caso, dicho medio de convicción merece un valor probatorio pleno y, no uno indiciario que lo lleve a concluir que la privación de la libertad fue con el propósito de obtener un rescate." 3) Ahora, respecto a la agravante consistente en que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario se le precisó que: "la juzgadora de origen, continuó con el análisis de la agravante consistente en que el plagio se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; y, al respecto dijo que se actualiza tomando en consideración las B) declaraciones que rindieron los ofendidos 1) Miguel Ángel Aceitun Borja, 2) Kabir Sosa Mejía, 3), Dennis Odilson Flores Manzanares, 4) Osman Neftali Dubon, 5) Alexis Javier Pinto Mejía, 6) Henry Adalid Flores Cano, 7) Steven Jesús García Sanders, 8) José Porfirio Sanabria Hernández, 9), Juan Carlos Mejía Benavides, 10), Milton Martínez Meza, 11) Santos Eduardo Reyes Mata; y, 12) Telvis Aristides Galindo Escobar, quienes dijo refirieron que bajaron de una combi; y, por ende, la acción delictiva fue realizada en un camino público, tomando en consideración que es de conocimiento común que los lugares donde circula el transporte público dentro del territorio mexicano, son caminos públicos; y, por tanto, dijo no se requiere mayor comprobación más que el dicho de las víctimas, pues sobre ellas recayó la acción. Empero, no señaló qué valor probatorio le merecían y, tampoco abundó cómo es que cada una de ellas en lo individual se concatena con las demás para demostrar que en el caso, se acreditó ésta agravante." 4) Por otro lado, en lo concerniente a la segunda agravante consistente en que quienes lleven a cabo el secuestro obren en grupo de dos o más personas, se le indicó: "señaló que lo acreditó con las B) declaraciones que rindieron los ofendidos, señalando que son coincidentes en manifestar que al momento de ser interceptados fueron enganchados por varias personas con el fin de llevarlos a una casa y, que estando en el domicilio donde se encontraban privados de su libertad, determinaron que el total de sus captores eran siete personas. Empero, no señaló qué valor probatorio le merecían y, tampoco abundó cómo es que cada uno de los testimonios en lo individual se concatenan para demostrar en su conjunto que se acreditó la agravante antes mencionada." 5) En ese mismo orden de ideas, en relación a la tercer agravante consistente en que el secuestro se realice con violencia se instruyó al juez natural que: "manifestó que lo acreditó con el dicho de las víctimas, los que dijo fueron coincidentes en señalar que los activos del delito les apuntaron con armas de fuego (pistolas), así como el tipo de vocabulario con el que fueron amagados al ser despojados de sus pertenencias; y, por tanto, la juzgadora de origen, señaló que las víctimas fueron coincidentes en señalar que les pegaron para obtener los números telefónicos de sus familiares con el fin de que les pudieran hablar y, les pidieran diversas cantidades de dinero por su rescate. Testimonios que concatenó con los F) dictámenes médicos y psicológicos, practicados a las víctimas, en los que dijo se aprecia la violencia de que fueron objeto los agraviados por parte de sus captores y, al efecto citó los exámenes que se les realizaron, señalando que dichas probanzas conforme a la naturaleza jurídica adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 107 del Código de Procedimientos Penales, mismos que fueron emitidos por especialistas en la materia, quienes dijo realizaron las operaciones y experimentos que su ciencia sugiere. Empero, únicamente transcribió los dictámenes y exámenes médicos que se realizaron a cada una de las víctimas; habida cuenta que no realizó un análisis lógico-jurídico que permitiera concluir que se actualizó dicha agravante; es decir, analizó dichos exámenes en su conjunto y, no precisó por qué aun cuando no todas las victimas presentan lesiones físicas y secuelas psicológicas, su estudio en conjunto permite llegar a la conclusión de que se actualizó ésta -el secuestro se realice con violencia-." 6) Por otra parte, en lo que respecta a la cuarta agravante consistente en que la víctima sea menor de dieciocho años de edad, se le preciso que: "actualizó dicho supuesto toda vez que el agraviado Miguel Ángel Aceitun Borjas, refirió tener diecisiete años, quien precisó que nació el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el que dijo haberse encontrado en el lugar de los hechos y que sus captores lo llevaron a ese lugar en compañía de más personas de origen hondureño. A dicho medio de convicción lo concatenó con G) el dictamen de edad médico legal CSMF/3293/2016, de veinte de abril de dos mil dieciséis, que realizó Mario Alberto Torres Pérez, Médico legista adscrito a la Coordinación del Servicio Médico Forense, a la mencionada víctima. Empero, la responsable no señaló el valor que le merecen dichas pruebas para determinar que son conducentes para acreditar que se actualizó la mencionada agravante, pues si bien mencionó algunos motivos, no expresó fundamento legal alguno que a su juicio le merezcan dichos medios de convicción, habida cuenta que no refirió qué conclusión obtuvo del dictamen de edad médico legal CSMF/3293/2016, de veinte de abril de dos mil dieciséis, que le permitió determinar que la víctima Miguel Ángel Aceitun Borjas, es menor de edad." 7) Ahora, en lo que se refiere a la quinta agravante consistente en que el o los autores hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública de procuración o administración de justicia, o de las fuerzas armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo, se le instruyó al juez natural que: "pues dijo que en autos se encuentra acreditado que dicho inculpado es elemento activo de Seguridad Pública; y, al efecto precisó que los agraviados refirieron que éste se hacía llamar comandante y, lo vieron vestido de policía. Lo que adminiculó con el H) oficio FGE/VFAI/AIE/176/2016, de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, suscrito por Janet de la Cruz Bayona, en el que informó que la persona de nombre Francisco Ramón de la Fuente Brito, es personal activo de la Policía Preventiva de Seguridad Pública Municipal de Cárdenas, Tabasco. De lo anterior se colige que existe una indebida fundamentación y motivación, tomando en consideración que si el auto de formal prisión reclamado -veintidós de julio de dos mil dieciséis-, se dictó en contra del inculpado Sergio Luis Vidal Morales -aquí quejoso-, resulta incorrecto que la autoridad responsable haya determinado que en el caso, se actualizó la mencionada agravante, al estar comprobado en autos que Francisco Ramón de la Fuente Brito, es personal activo de la Policía Preventiva de Seguridad Pública Municipal de Cárdenas, Tabasco. Es decir, de conformidad con el principio de culpabilidad independiente, previsto en la fracción XI del artículo 1 bis del Código Penal del Estado de Tabasco, los autores o participes del delito responderán en la medida de su propia culpabilidad; y, por ende, resulta erróneo que al inculpado Sergio Luis Vidal Morales -aquí quejoso-, se le sume la agravante de que el o los autores hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública de procuración o administración de justicia, o de las fuerzas armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo; con base en el análisis que se efectuó respecto del diverso inculpado Francisco Ramón de la Fuente Brito. De ahí la falta de fundamentación y motivación en el estudio de dicha agravante." 8) Por otra parte, en lo que se refiere a la sexta agravante consistente en que se hayan cometido actos de tortura o violencia sexual en contra de las víctimas, se precisó que: "refirió que las declaraciones de los agraviados son coincidentes en señalar que los activos del delito al momento de tenerlos cautivos ejercían actos de tortura, ya que les pegaban, e incluso señalaron haber visto que a una de las cautivas que se encontraba dentro de dicha casa la violaron. Asimismo, la juzgadora de origen refirió que de las declaraciones de los ofendidos, se advierte que se ejercían actos de tortura pues estos señalaron que los activos del delito les apuntaban con una pistola, los golpeaban, los ahogaban con tal de obtener los números telefónicos de sus familiares; y, que además cuando realizaban las llamadas eran golpeados para que sus familiares pudieran escuchar dichos actos de tortura. De lo anterior, se colige una indebida fundamentación y motivación, tomando en consideración que únicamente citó que ésta agravante se acreditó con las declaraciones de los ofendidos; sin embargo, no realizó ningún estudio para determinar cómo es qué en el caso, se actualizó dicha agravante, lo que resulta necesario, pues al ser diversas víctimas y diversos hechos los que narraron, para darle seguridad jurídica a éste punto, se debe precisar qué declaraciones son conducentes para acreditar la agravante y, cómo es qué se corrobora con las demás deposiciones para concluir que se actualizó." 9) En lo que respecta a la probable responsabilidad del aquí quejoso Sergio Luis Vidal Morales, se indicó al juez de la causa lo siguiente: "señaló en forma general que con las probanzas resumidas en los incisos A) y B), así como con la ampliación de la declaración de los ofendidos, se encuentra acreditada la probable responsabilidad del inculpado aquí quejoso, pero no precisó qué datos obtuvo de estas que sean pertinentes para determinar que Sergio Luis Vidal Morales, fue una de las personas que los privó de su libertad; o cómo es que coadyuvó a mantenerlos en cautiverio, para que con base en un estudio lógico-jurídico pudiera concluir que éste es probable responsable del delito que se le imputó. Aunado a lo anterior, independientemente de la violación formal apuntada, se advierte que la resolutora de origen, realizó un estudio deficiente del grado de participación que sostuvo el inculpado aquí quejoso, en el evento delictivo que se le imputa; es decir, sostuvo que la forma de comisión del ilícito que presuntamente realizó el peticionario de garantías, se realizó en coautoría; sin embargo, se insiste, este Juzgador considera que la autoridad responsable omitió motivar y fundamentar, con base en un análisis lógico jurídico cómo es que se justificó la conducta desarrollada por el quejoso y, por ende, como se ha visto, tampoco pudo revelarse válidamente el grado de participación de éste en la consumación del evento delictivo que se le reprocha; consecuentemente, en relación con el peticionario del amparo, no quedaron establecidas en la resolución combatida las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión de los hechos que se le atribuyen, respecto de las víctimas, y por ende, no se estableció con qué pruebas se acreditó su actuar culposo o doloso, respecto del evento delictivo que se le reprocha -secuestro en agravio de Carmen Magaña Pedraza, Patricia Guzmán León y María Landero Torres, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I..", de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- no obstante que éste es uno de los requisitos que debe satisfacerse para la debida fundamentación y motivación de un auto de formal prisión." En cumplimiento a ello, el Juez Cuarto Penal de Centro, Tabasco, el veintiséis de septiembre anterior, dictó un auto de plazo constitucional, del que se advierte que cumplió con los lineamientos precisados en el fallo protector, tomando en consideración lo siguiente: 1.- DEJÓ SIN EFECTOS EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. Al momento de emitir el nuevo auto de término constitucional la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en la causa penal 35/2016, de su índice, en contra del aquí quejoso; y, en su lugar dictó una nueva determinación (fojas 289 a 342). 2.- ANÁLISIS DEL PRIMER ELEMENTO DEL DELITO. Al momento de realizar el análisis del primer elemento del delito -la privación de la libertad de una persona-, determinó que este elemento se encontraba satisfecho con las pruebas consistentes en: El parte informativo rendido por los elementos policiales Francisco Mendoza Gómez, Félix Santiago Aguirre, Andrés Rodríguez May y Henry Gómez de la Cruz. La declaración de la víctima Miguel Ángel Aceituno Borja. La declaración de la víctima Kabir Sosa Mejia. La declaración de la víctima Dennis Odilson Flores Manzanares. La declaración de la víctima Osman Nectali Dubon. La declaración de la víctima Alexis Javier Pinto Mejía. La declaración de la víctima Henry Adalid Florescano. La declaración de la víctima Steven Jesús García Sanders. La declaración de la víctima José Porfirio Sanabria Hernández. La declaración de la víctima Juan Carlos Mejía Benavides. La declaración de la víctima Milton Ariel Martínez Meza. La declaración de la víctima Santos Eduardo Reyes Mata. La declaración de la víctima Telvis Arístides Galindo Escobar. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable realizó un análisis de las declaraciones de las víctimas que le permitió desentrañar que estas se encontraban en nuestro país con el objetivo de llegar a los Estados Unidos; sin embargo, al transitar por esta entidad fueron privadas de su libertad, toda vez que unos sujetos las sometieron para ser trasladadas en vehículos, que los llevaron a una casa en donde fueron retenidos y encerrados en contra de su voluntad; y, por ende, sí motivó por qué dichos testimonios concatenados con el oficio el oficio CPIE-34/2016, de veinte de abril de dos mil dieciséis, son conducentes para acreditar la privación de la libertad. 3.- ANÁLISIS DEL SEGUNDO ELEMENTO En ese contexto, en lo referente al segundo elemento del delito -que la privación de la libertad sea con el propósito de obtener un rescate-, realizó una breve explicación teórica de los elementos subjetivos del dolo; y, hecho lo anterior, determinó que con las declaraciones de las víctimas Steven Jesús García Sanders, Telvis Aristides Galindo Escobar, Kabir Sosa Mejía, Alexis Javier Pinto Mejía, Juan Carlos Cortes Benamides, José Porfirio Sanabria Hernández, Santos Eduardo Reyes Mata, Henry Adalid Flores Cano, Denis Odilson Flores Manzanares, Osman Neftali Dubon, Milton Martínez Meza y Miguel Ángel Aceituno Borja, se puede advertir: ".que al encontrarse dentro de la casa color rosa eran despojados de sus pertenencias y era ahí donde le pedían los números telefónicos de sus familiares con la finalidad de que estos pagaran un rescate a cambio del bienestar de la persona secuestrada que evidentemente resulta ser su familiar, después eran trasladados a otra casa color blanca repellada, con ventanas de herrería de dos cuartos y sin muebles en su interior; que en los dos cuartos eran puestos los inmigrantes hondureños, y que los que realizaban las llamas eran "Vaiper", el "pájaro" y en alguna ocasión el "pelicano", quienes después se comunicaban al familiar de la víctima y a esta última la golpeaban para que escuchará que eran maltratados y supieran los familiares que el hecho era real y ahí solicitaban el pago el cual acuerdo a las versiones dadas por los agraviados oscilaba entre $2,500 (dos mil quinientos dólares) a $3,500 (tres mil quinientos dólares)." ".de las que se puede apreciar lo ya antes mencionado, es decir que los sujetos activos los privaron de la libertad porque de ese modo realizarían las llamadas telefónicas a sus familiares con la finalidad de obtener dinero fácil a costa de la libertad y vida de los pasivos y de los sacrificios que harían los familiares quienes conseguirían el dinero a cambio de que los pasivos no fueran privados de la vida, pues como ya lo mencionaron las víctimas no los dejarían en libertad hasta que pagaran y en caso contrario los matarían." De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable realizó un análisis de las declaraciones de las víctimas que le permitió concluir que fueron privadas de su libertad en una casa en donde fueron retenidos y encerrados en contra de su voluntad, siendo ahí donde sus captores por medio de la violencia les pidieron los números telefónicos de sus familiares para que pagarán su rescate; por tanto, sí motivó por qué dichos testimonios eran conducentes para acreditar el elemento del delito en estudio. Asimismo, se purgó otra de las violaciones formales destacadas en el fallo protector, tomando en consideración que el juez natural al analizar este elemento del delito le dio valor indiciario en términos de los artículos 107 y 110 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco a la declaración realizada por el diverso inculpado Cristian Miguel de la Fuente Hernández, ya que se le indicó que dicha declaración no podía ser valorada como una confesión, puesto que no había sido realizada por el inculpado por el que se estaba resolviendo -Sergio Luis Vidal Morales-, cumpliéndose así este punto de la sentencia amparadora. Del mismo modo, valoró la libreta que le fue asegurada al imputado Cristian Miguel de la Fuente Hernández, así como los peritajes que le fueron realizados a la misma, referentes a la prueba de grafoscopia y comparativa de la escritura que obra en dicha libreta, mismos a los que les concedió valor de indicio de conformidad con los artículos 107, 108 y 110 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Tabasco, señalando lo siguiente: ".los ofendidos, tienen hasta esta etapa del proceso la razón de referir que sus captores, refiriéndose a uno de los implicados apodado como el "el pájaro" o "el pajarito", les pedían números telefónicos de los familiares para poder comunicarse con ellos y así poder pedir a cambio un beneficio." De lo anterior, se advierte que el juez natural se ajustó a los lineamientos precisados en el fallo protector, tomando en consideración que concluyó que la inspección realizada a la libreta asegurada al momento de la detención tiene valor probatorio de indicio en términos los artículos 107, 108 y 110 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Tabasco. 4.- ANÁLISIS DE LA AGRAVANTE CONSISTENTE EN QUE SE REALICE EN CAMINO PÚBLICO O EN LUGAR DESPROTEGIDO O SOLITARIO. Por otra parte, en lo que respecta a la agravante consistente en que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario, el juez de la causa la tuvo por acreditada con las declaraciones de las víctimas: Telvis Arístides Galindo Escobar. Steven Jesús García Sander Kabir Sosa Mejía Milton Ariel Martínez Meza. Juan Carlos Mejía Benavides Miguel Ángel Aceituno Borja Santos Eduardo Reyes Mata De las cuales concluyó ".que se advierte que fueron privados de su libertad en caminos públicos, claro que de forma diversa como ya ha quedado asentado pero se trata de caminos que son transitables, pero que sin embargo y a pesar de quedar a la vista del público aun así se cometen ilícitos y muchos quedado impune, pero en el caso concreto al estar presente ante victimas que no pertenecen a esta comunicad por tratarse de indocumentados de origen hondureños es evidente que desconocen el lugar exacto en que fueron privados de su libertad, pero aun así refieren detalles como cuando una de las víctima refiere haber logrado leer "La Venta", quiere decir que estaba próximo a pasar la caseta de migración cercana a la venta, por lo que dijo, aunado a que refiere haber sido levantado como a eso del mediodía y haber llegado hasta la casa donde lo tuvieron asegurado como a eso de las dos de la tarde, pero buen sin salirnos del contexto es evidente que se encontraban al momento de ser privados de su libertad en un lugar transitable por los detalles establecidos en el.". De lo anterior, se advierte que el juez natural le otorgó valor probatorio en términos del artículo 109, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, a las declaraciones de Telvis Arístides Galindo Escobar, Steven Jesús García Sander, Kabir Sosa Mejía, Milton Ariel Martínez Meza, Juan Carlos Mejía Benavides, Miguel Ángel Aceituno Borja y Santos Eduardo Reyes Mata, de las cuales pudo determinar que se actualizó la agravante consistente en que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario. De ahí que, se purgue el vicio formal destacado en la sentencia protectora. 5.- ANÁLISIS DE LA AGRAVANTE CONSISTENTE EN QUE QUIENES LLEVEN A CABO EL SECUESTRO OBREN EN GRUPO DE DOS O MÁS PERSONAS. Ahora, en lo que respecta a la segunda agravante consistente en que quienes lleven a cabo el secuestro obren en grupo de dos o más personas, la tuvo por acreditada con las declaraciones de las víctimas puesto que fueron ellas quienes vivieron los hechos de primera mano; y, con base en un análisis de las mismas arribó a la siguiente conclusión: ".los eventos vividos por cada uno de ellos han participado más de tres personas, y cuál ha sido específicamente la labor de cada uno de ellos dentro de la misma, la cual ha sido específicamente la labor de cada uno de ellos dentro de la misma, la cual se puede admicular a la diligencia de identificación de los sujetos por parte de los pasivo quienes al tener a la vista los blues de fotografías de diversos sujetos pudieron reconocer a cada sujeto." ".Atesto que tiene valor de acuerdo al numeral 109 fracción IV del Código de proceder en la materia, ello a que contrario a lo que argumenta la defensa en su pliego de alegatos, fueron diligencias que se desahogaron en presencia del agente del ministerio público que tiene fe pública, pues así le fue otorgada por el numeral 21 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, ente encargado de realizar las investigaciones con la finalidad de que los delitos no queden impunes, y por ende al tener pleno dominio sus diligencias no carecen de veracidad, por lo que no pueden ser consideradas como actuaciones dolosas o mal intencionadas, aunado a que todos los ofendidos en sus respetivas ampliaciones, fueron identificado cada uno de los sujetos que pudieron ver durante el tiempo en estuvieron privados de su libertad y con este material probatorio se robustece que en la participación del evento delictivo participaron más de tres personas y tal como ha quedado asentado se ha señalado de acuerdo a las pruebas cual fue la cuota de participación de cada uno de ellos en el mismo." De lo anterior, se desprende que el juez de la causa se ajustó a los lineamientos precisados en la sentencia dictada en autos, tomando en consideración que valoró las pruebas con fundamento en el artículo 109, fracción IV del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco; y, realizó el engarce correspondiente con cada una de las pruebas con las que tuvo por acreditada esta agravante; y, por ende, concluyó que en el evento delictivo participaron más de tres personas, cumpliéndose así este punto de la ejecutoria dictada en autos. 6.- ANÁLISIS DE LA AGRAVANTE CONSISTENTE EN QUE EL SECUESTRO SE REALICE CON VIOLENCIA. Por otro lado, en lo que respecta a la agravante consistente en que el secuestro se realice con violencia, la tuvo por acreditada con los exámenes médicos que se le practicaron a cada una de las víctimas de los que concluyó lo siguiente: ".Periciales que adquieren pleno valor de conformidad con los numerales 108 y 109 fracción II del Código de Proceder en la materia, por tratarse de documentos expedidos por expertos en medicina legal y en psicología, quienes evidentemente cumpliendo las exigencias del numeral 89 del mismo ordenamiento penal, asentaron las técnicas, métodos, planteamientos del problema, para arribar a sus conclusiones, sin que hasta esta etapa procesal se encuentren contrarrestados, y de los que se robustece las manifestaciones de los oprimidos de su libertad, pues en dichos dictámenes algunos presentan violencias físicas como escoriaciones producidas por fricciones y en otros se presentó daños emocionales, como lo refirió la psicóloga Feliciana Serra Hipólito, cuando realizo su experticia en la humanidad de OSMAN NEFTALI DUBON, quien concluyó que su estado emocional se encuentra alterado y que los signos y síntomas encontrados en sus resultados de la valoración psicológica son compatibles a los hechos que denuncia, el pronóstico de la evolución de las secuelas que pudiera ocasionarle a su estado emocional depende de la capacidad que tenga para procesar el hecho; las secuelas psicosociales derivadas del delito pueden ser positivas o negativas dependiendo como la persona examinada asimile lo ocurrido, si requiere atención psicológica mínimo de dos meses de una vez a la semana y costo de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.), por consulta. SI bien los peritajes psicológicos realizados a José Porfirio Sanabria Hernández, Steven Jesús García Sanders y Milton Ariel Martínez Meza, no presentaron afectaciones emociones para determinar que la violencia en ellos ejercida fue verbal, cierto es que obra el certificado médico realizado al primero de los mencionado, que ya fue mencionado en párrafos que preceden a este rubro en el que la médico legista adscrita María Fernanda Silva Rosado, a los servicios periciales de la fiscalía general de justicia del estado refirió que éste presentó una excoriación malar lado derecho, compatible con la producida por fricción, por lo tanto es evidente que su afectación fue física más que emocional. Cabe precisar que si bien Steven Jesús García Sanders y Milton Ariel Martínez Meza, no presentaron afectaciones emocionales ni alteraciones físicas de acuerdo a los certificados periciales realizados en su humanidad, no puede desmerecer el hecho de estos a pesar de haberse mostrado cooperadores al dialogo, no dejaron de insistir en que fueron violentados física y verbalmente, por lo tanto existe el indicio y no puede ser descartado, pues en los certificados psicológicos realizados por la psicóloga Martha Beatriz González Miranda, adscrita a los servicios periciales, concluyo en ambos dictámenes que su estado emocional no presenta reacciones en consideración, el pronóstico de las secuelas que pudiera ocasionarle en su estado emocional, es favorable, y también señala que las secuelas psicosociales derivadas del delito, por el momento no se presentan, por lo que no requiere de atención psicológica, lo que permite advertir que en un futuro si pudiese presentar dichas secuelas derivadas evidentemente de los traumas vividos, por lo que tal indicio se adminicula a las manifestaciones de los ofendidos y por ende se advierte la violencia emocional. De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos precisados en la sentencia dictada en autos, ya que analizó cada uno de los exámenes que les fueron practicados a las víctimas del delito mismos que valoró, para posteriormente concluir que sí resultaron con afectaciones, pues algunos presentan secuelas por violencia física y otros por moral; y, por ende acreditó la agravante en estudio. 7.- ANÁLISIS DE LA AGRAVANTE CONSISTENTE EN QUE LA VÍCTIMA SEA MENOR DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD. Ahora, en lo referente a la agravante consistente en que la víctima sea menor de dieciocho años de edad, el juez natural no dio cumplimiento al fallo protector, puesto que únicamente le concede valor probatorio a la declaración de la víctima Miguel Ángel Aceitun Borjas en términos del artículo 109, fracción IV del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco; sin embargo, no expresó el fundamento legal que a su juicio merece el oficio CSMF/3293/2016 de veinte de abril de dos mil dieciséis; y, no refirió que conclusión obtuvo de él, lo cual se le precisó en los efectos concesores del fallo protector; de ahí, que este punto no se tenga por cumplido. 8.- ANÁLISIS DE LA AGRAVANTE CONSISTENTE EN QUE EL O LOS AUTORES HAYAN SIDO INTEGRANTES DE ALGUNA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PROCURACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, O DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, O SE OSTENTEN COMO TALES SIN SERLO. Por otra parte, en lo que respecta a la agravante consistente en que el o los autores hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública de procuración o administración de justicia, o de las fuerzas armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo, el juez natural hizo la precisión de que dicha conducta era atribuible al diverso inculpado Francisco Ramón de la Fuente Brito; por lo que al estar resolviendo por el aquí quejoso Sergio Luis Vidal Morales, no existe prueba alguna que acredite que este laboraba o prestaba sus servicios para alguna institución, cumpliendo de esta forma con este punto de la sentencia constitucional. 9.- ANÁLISIS DE LA AGRAVANTE CONSISTENTE EN QUE SE HAYAN COMETIDO ACTOS DE TORTURA O VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA DE LAS VICTIMAS. En ese mismo orden de ideas, en lo que respecta a la agravante consistente en que se hayan cometido actos de tortura o violencia sexual en contra de las victimas el juez de la causa determinó lo siguiente: ".Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual; Cabe precisar que el agente del ministerio público al momento de consignar sus diligencias de averiguación previa, dijo que se actualizaba la hipótesis referente a la tortura o que se haya ejecutado actos sexuales, empero no obstante y toda vez que los ofendidos han referido en sus deposiciones que los golpeaban cada vez que hablaban por teléfono para que los familiares al escucharlos se inquietaran y así accedieran a realizar los pagos de los rescates, cierto es que de la mecánica de los hechos no se aprecia que estos ofendidos hayan sido torturados, pues de acuerdo a los certificados médicos analizados y valorados entre si se advierte que las lesiones no ponen en peligro la vida y se tratan de escoriaciones que duran quince días en sanar; no hay que dejar pasar de vista que la violencia va agarrada de la mano de la tortura pero ésta se presenta cuando existen otros factores que permiten discernir una de la otra, ello es así porque los pasivos también refieren en sus deposiciones que los alimentaban, los bañaban, lo único que no les permitían hacer era salir del lugar donde los tenían porque efectivamente la idea central era causar el ánimo del temor para mantenerlos privado de su libertad y así obtener un lucro el cual era el motín que se obtenía al ser pagado el rescate pedido por cada indocumentado, si bien los hondureños secuestrados también refieren en sus deposiciones las cuales a consideración es innecesaria la reproducción pues obra en párrafos anteriores de forma completa la transcripción y la valoración de las mismas, que cuando ellos se encontraban en el domicilio ubicado en el poblado C-33 del municipio de Cárdenas Tabasco, vieron a una mujer embarazada, una menor de edad y que esta última tal vez fue agredida por uno de los sujetos activos apodados el "Chuy", cierto es también que no podemos ir más allá de las acusaciones formuladas por el fiscal investigador, aunado que hasta esta etapa del proceso no hay ninguna prueba que acredite la existencia de dichas mujeres, más que las manifestaciones hechas por ellos, lo cual puede ser tomado como un indicio como lo refiere el numeral 107 de la norma procesal en vigor, que para que sea robustecido debe de ser adminiculado con otro medio de prueba, entonces si establecimos que ya se empleó la violencia física y emocional en los pasivo, de sus atestos y de los certificados médicos y psicológicos ya reseñados, no podemos establecer que existió el uso de tortura o violencia sexual hacia los pasivos del delito, no obstante y a consideración de quien resuelve si bien este elemento accesorio no se acredita, cierto es que los elementos torales del secuestro se tienen por acreditados, por lo tanto no se violenta garantía alguna sobre los gobernados." De lo anterior, se advierte que determinó que no se acreditaba esta agravante, puesto que no se podía establecer que existió el uso de tortura o violencia sexual hacia las víctimas, ya que no existen pruebas que sustentaran su configuración, quedando de esta forma cumplido este punto del fallo protector. 10.- ANÁLISIS DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD. El juez natural cumplió con este lineamiento toda vez que valoró que con las probanzas consistentes en 1) las declaraciones de las víctimas, 2) la inspección realizada a la libreta que le fue asegurada al diverso imputado Cristian Miguel de la Fuente Hernández, 3) la diligencia de identificación de los sujetos por parte de los pasivos, concluyó que el aquí quejoso Sergio Luis Vidal Morales, es probable responsable de la comisión del injusto de secuestro, toda vez que fue coautor en la comisión de este antijurídico, ya que trasladó los días dieciséis y diecisiete de abril de dos mil dieciséis, a las víctimas; y, realizaba los requerimientos de los pagos por el rescate en los días que estuvieron cautivos los inmigrantes y, se encargaba de mantenerlos encerrados. Asimismo, estableció que la conducta realizada por el inculpado fue dolosa, tomando en consideración que manifestó que con las pruebas que obran en autos se puede establecer que el inculpado tenía conocimiento de que desplegó una acción delictuosa; y, por ende, se advierte que subsanó la violación formal destacada en la probable responsabilidad puesto que el juez natural realizó un análisis que lo llevó a concluir el grado de participación del aquí quejoso. De lo antes expuesto, se puede concluir que no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, ya que tal y como se precisó no se purgaron todas las violaciones formales destacadas en el fallo protector. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Cuarto Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, deje insubsistente el auto de formal prisión y, acorde a los lineamientos precisados en el fallo protector y que en este acuerdo se plasmaron dicte un nuevo auto de plazo constitucional; bajo el apercibimiento que de incurrir en omisión a este mandamiento, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($75.49 setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), acorde con lo dispuesto en el resultando segundo de la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, publicado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; y, en su caso, se implementarán las penas a que hace referencia el arábigo 267 de la ley de la materia. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN DE LA QUE SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL TERMINO CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFESTARA LO QUE A SU INTERES CONVINIERA, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, EN LA QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A...POR LO QUE SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA...SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LA MISMA...EL PRESENTE ASUNTO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN...CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL...LA INFORMACION ES PUBLICA Y ESTARA A DISPOSICION DE LAS PARTES CUANDO LO SOLICITEN...

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO COMPARECIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL PROVEÍDO DE 11 DE OCTUBRE DE 2017.

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