Sergio Luis Ramírez López
Expediente 946/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 09/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Sergio Luis Ramírez López
- Gobernador Constitucional de Colima
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) que son sujetos de DESTRUCCIÓN (aunque con la precisión de que respecto al duplicado será en el aludido lapso de seis meses). Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general.
- Principal
Visto lo de cuenta, el suscrito juez advierte que las partes NO INTERPUSIERON RECURSO DE REVISIÓN, dentro del término legal, contra el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de DESTRUCCIÓN, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. Finalmente, el suscrito juez, ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Principal
Agréguese el informe justificado signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, así como las constancias que acompaña. Ahora bien, del escrito de demanda se desprende que el acto reclamado por el impetrante de garantías en esencia consiste en la omisión de la responsable de resolver si acepta o no la competencia que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le declinó para conocer del juicio laboral 243/2015, del índice de esta última. De las constancias que remitió la responsable, se advierte que con fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima remitió a la Junta Especial Número Cincuenta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el expediente 243/2015, al haberse declarado incompetente; asimismo, la Junta Federal, mediante proveído de uno de septiembre de dos mil diecisiete, se declaró incompetente para conocer del asunto identificado como expediente 267/2017 de su índice y ordenó turnarlo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito a efecto de resolver el conflicto competencial planteado. Concatenado a lo anterior, por acuerdo correspondiente a la sesión celebrada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete en el Conflicto Competencial 30/2017 del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, declaró inexistente el referido conflicto y se ordenó remitir los autos del expediente laboral 267/2017 a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima para su conocimiento. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno, por tratarse de actuaciones emitidas por autoridad competente dentro del límite de sus funciones y con motivo de ellas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 209, 484 "DOCUMENTO PUBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". Al respecto, se advierte que la superioridad resolvió el conflicto competencial planteado y determinó que el conocimiento del expediente 267/2017 corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima, por lo que la omisión que a la fecha de la presentación de la demanda (tres de julio de dos mil diecisiete) reclamaba el impetrante de garantías a la autoridad responsable dejó de existir; en tal virtud, este juzgador de oficio advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con las fracciones IV y V, del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este Juicio de Garantías. En apoyo a lo anterior, se cita la Tesis número CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, ha hecho este Tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y, la jurisprudencia 10/2003, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero de dos mil tres, que a la letra reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la Materia, tan es así que en segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
Se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso el auto de diecisiete de enero dos mil dieciocho, que en su parte conducente dice: Agréguese el informe justificado signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, así como las constancias que acompaña. Ahora bien, del escrito de demanda se desprende que el acto reclamado por el impetrante de garantías en esencia consiste en la omisión de la responsable de resolver si acepta o no la competencia que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le declinó para conocer del juicio laboral 243/2015, del índice de esta última. De las constancias que remitió la responsable, se advierte que con fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima remitió a la Junta Especial Número Cincuenta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el expediente 243/2015, al haberse declarado incompetente; asimismo, la Junta Federal, mediante proveído de uno de septiembre de dos mil diecisiete, se declaró incompetente para conocer del asunto identificado como expediente 267/2017 de su índice y ordenó turnarlo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito a efecto de resolver el conflicto competencial planteado. Concatenado a lo anterior, por acuerdo correspondiente a la sesión celebrada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete en el Conflicto Competencial 30/2017 del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, declaró inexistente el referido conflicto y se ordenó remitir los autos del expediente laboral 267/2017 a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima para su conocimiento. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno, por tratarse de actuaciones emitidas por autoridad competente dentro del límite de sus funciones y con motivo de ellas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 209, 484 "DOCUMENTO PUBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". Al respecto, se advierte que la superioridad resolvió el conflicto competencial planteado y determinó que el conocimiento del expediente 267/2017 corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima, por lo que la omisión que a la fecha de la presentación de la demanda (tres de julio de dos mil diecisiete) reclamaba el impetrante de garantías a la autoridad responsable dejó de existir; en tal virtud, este juzgador de oficio advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con las fracciones IV y V, del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este Juicio de Garantías. En apoyo a lo anterior, se cita la Tesis número CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, ha hecho este Tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y, la jurisprudencia 10/2003, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero de dos mil tres, que a la letra reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la Materia, tan es así que en segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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