Sergio Llaguno Recillas
Expediente 20/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Sergio Llaguno Recillas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo, por tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, y carecer de relevancia documental.
- Principal
QUEDA FIRME el auto en el cual se desechó la presente demanda de amparo. En virtud de lo anterior se ordena el archivo del presente expediente.
- Principal
AVISO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU SÍNTESIS DICE: Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que el impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214 de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Como lo dispone el punto décimo primero, y el diverso vigésimo primero, fracción II, ambos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SIN QUE SE HAYA PRESENTADO LA PARTE QUEJOSA A EFECTO DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL ACUERDO DE OCHO DE ENERO ACTUAL, PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN AQUÉL Y SE LE HACE LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, LA DETERMINACIÓN QUE DICE: Por recibida la demanda de amparo promovida por ****************, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de la Directora General del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso Morelos) Atlacholoaya y otra autoridad. ? Registro de la demanda. Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. ? Desechamiento de la demanda. Sin proveer sobre su admisión, se desecha la presente demanda de amparo promovida por ****************, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que de su estudio integral este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previamente a su análisis, este Juzgado Federal considera pertinente precisar las siguientes consideraciones: En efecto, el quejoso ****************, señala como actos reclamados, los siguientes: "la Omisión a respetar mi derecho humano a la salud y con ello el riesgo latente a que el suscrito quejoso pierda la vida;". En el caso, a criterio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación, las cuales son expuestas tomando como referente una nueva reflexión que sobre el tema realiza este tribunal federal. Con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización. Conforme con el nuevo sistema se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Ello tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena.Ahora bien, como puede advertirse, el quejoso ****************, en el juicio de amparo en que se actúa, reclama esencialmente la omisión de brindarle atención médica; sin embargo, conforme a lo citado, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y, en caso de estar inconforme con la respuesta, podría formular controversia ante el juez de control o de ejecución, según correspondiera, pues aunque se trate de una cuestión relacionada con las condiciones de internamiento de la referida quejosa, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas. En efecto, como se puede observar en autos, el quejoso ****************, se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", con residencia en Atlacholoaya, Morelos, por tanto, está en condiciones de realizar su solicitud ante las autoridades penitenciarias, razón por la que en el caso concreto se actualiza la causa de ****************improcedencia del presente juicio, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales.Tramitación que, comparativamente con lo contenido en los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo, no resulta ser mayor, pues de conformidad con estos preceptos legales, para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, se requiere: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. III. Que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios a terceros. En esa tesitura, la Ley Nacional de Ejecución Penal, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos, que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Incluso, tomando como parámetro su tramitación, es dable afirmar que brinda una mayor cobertura al ordenar que de inmediato se suspenderá la ejecución, es decir, dentro de un plazo razonable y sin mayor requisito que la simple solicitud En ese tenor, si bien con la "petición administrativa" el legislador buscó privilegiar y sacar provecho de la inmediatez con las autoridades penitenciarias y auxiliares, lo cierto es que éstas de cualquier forma se encuentran bajo la vigilancia y control de una autoridad jurisdiccional durante su tramitación. Entonces, queda en evidencia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, necesariamente tiene que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal, por ende, no puede ser combatido en esta instancia constitucional sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede obtener la atención médica que solicita el promovente mediante solicitud formulada al director del centro de reclusión en el que se encuentra y en ausencia de respuesta o contestación no favorable, acudir ante el juez de ejecución o de control, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada, ya que como se evidenció, su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es importante señalar que la condición de sentenciado o bien de persona sujeta a prisión preventiva, no marca alguna diferencia para los efectos de la observancia del principio de definitividad, pues como se indicó, las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, por así disponerlo el artículo 2 de dicho cuerpo normativo que ya se ha citado; de ahí que no exista impedimento alguno para su aplicación en el caso que el quejoso se encontrare sujeto a proceso o ya sentenciado, pues la norma no establece distinción alguna. Entonces, la parte quejosa debe seguir el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lo obliga a recorrer y agotar todas las instancias contempladas, en este caso la petición ante la autoridad penitenciaria del lugar donde está recluido, y en caso de que la respuesta no sea favorable a su petición, la impugnación relativa ante el juez de control o de ejecución, según corresponda, pues de lo contrario, en cualquier circunstancia, a criterio del justiciable, podría acudir directamente al juicio de amparo, sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Dicho de otro modo, la parte interesada debe agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. Por tanto, no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del numeral 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XVIII, en concordancia con la fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con los artículos 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por****************.
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