Sergio Lizárraga Zatarain
Expediente 548/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Sergio Lizárraga Zatarain
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende en el registro electrónico que se lleva en el departamento de oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la promovente del amparo, recurriera el auto en que se desechó su demanda, dictado por este juzgado el veintidós de junio de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que fue notificado el veintitrés siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veintisiete de junio al tres de julio de dos mil veintitrés. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento, de conformidad con el artículo 20 fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, el sumario en que se actúa es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos seis meses de haberse dictado el presente acuerdo, al haberse desechado la demanda de amparo.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo signada autógrafamente por Sergio Lizárraga Zatarain, por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 548/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta alguna causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. En la especie, se advierte que el quejoso Sergio Lizárraga Zatarain, por su propio derecho, señala como actos reclamados los siguientes: A) De la Cámara de Diputados y la de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México. La aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, concretamente los artículos 6, 7 fracción XXI, 10, 10 BIS, 12, 13, 13 BIS, 14, 14 BIS, 15, 19, 19 BIS, 20, 23, 27, 28, 37, 39 42, 43, 46, 53 BIS, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64 de la Ley de Minería; 29 BIS 4, 37 y 8 BIS 4 de la Ley de Aguas Nacionales; 107 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1, 5, 16, 17, 27, 33, 40, 41, 42 y 45 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y los artículos quinto, sexto, décimo y décimo tercero transitorios de dicho Decreto. B) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México. La promulgación y orden de cumplimiento del Decreto antes citado. En tales condiciones, una vez examinado el acto de autoridad del que se dice afectado el quejoso y los antecedentes plasmados en el escrito de cuenta, es posible advertir en forma indudable y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra las que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del artículo citado, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos que al efecto prevé la ley de la materia, lo que determina que el gobernado consiente de forma tácita los actos de autoridad. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior se advierte, que de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, en el caso, se entiende por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que señala el artículo 17 de la ley de la materia. Al respecto, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda es de quince días, salvo: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la misma ley se computarán a partir del día siguiente a aquél en que: 1.- Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o bien, 2.- Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Precisa además, que en el caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Asimismo, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. La disposición mencionada comprende la procedencia del juicio de amparo indirecto para impugnar tanto las leyes autoaplicativas como las heteroaplicativas, dentro de cuyo concepto in genere o lato sensu se incluyen los ordenamientos que, con independencia de su naturaleza formal, deben intrínsecamente reputarse "leyes" por contener normas jurídicas abstractas, impersonales y generales, como son los tratados internacionales, decretos y acuerdos de observancia general y reglamentos federales y locales. Para distinguir entre las leyes autoaplicativas y las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo VI, Julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 198,200, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." En el caso, la parte quejosa reclama el siguiente ordenamiento legal, en su carácter de normas autoaplicativas (como él mismo lo señala en su escrito inicial de demanda, página 5): - Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, concretamente los artículos 6, 7 fracción XXI, 10, 10 BIS, 12, 13, 13 BIS, 14, 14 BIS, 15, 19, 19 BIS, 20, 23, 27, 28, 37, 39 42, 43, 46, 53 BIS, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64 de la Ley de Minería; 29 BIS 4, 37 y 8 BIS 4 de la Ley de Aguas Nacionales; 107 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1, 5, 16, 17, 27, 33, 40, 41, 42 y 45 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y los artículos quinto, sexto, décimo y décimo tercero transitorios de dicho Decreto. Al respecto, el ordenamiento legal señalado, fue publicado en el Diario Oficial del Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, por lo que en términos del Transitorio Primero de dicha Ley, el mismo entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el nueve de mayo de la propia anualidad, por lo que el término para interponer la demanda en contra del acto reclamado transcurrió del nueve de mayo al diecinueve de junio de dos mil veintitrés, debiéndose descontar del cómputo respectivo los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de mayo, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de junio, todos del dos mil veintitrés, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo. Cabe precisar que el juicio de garantías contra una norma autoaplicativa puede interponerse dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, por lo que el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas. En ese sentido, sí la demanda en estudio fue presentada el veinte de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, resulta evidente que la demanda de amparo es extemporánea, por lo que hace a los citados actos reclamados. En mérito de lo expuesto, la parte quejosa consintió de manera tácita las normas reclamadas, toda vez que no promovió el juicio de amparo dentro del término de treinta días que establece el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; es decir, cuando se impugnen normas en su carácter de autoaplicativas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Apoya la anterior determinación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de mil novecientos noventa y cinco, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE." También es aplicable al caso, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, visible en la página doscientos treinta y cinco, de rubro: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS." DESECHAMIENTO. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el diverso 63, fracción V, del invocado cuerpo normativo, se desecha la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Se precisa que los criterios en que se sustenta la presente determinación anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no contravienen lo previsto en la Ley de Amparo, por lo que conservan su vigencia, de conformidad con el artículo sexto transitorio del decreto que expidió la referida ley reglamentaria. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos físicos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, ********************, código postal ********************, en esta ciudad, y como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados ******************** y ******************** quienes tienen sus cédulas profesionales ******************** y ******************** reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que causa estado este acuerdo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. N
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