Sergio Lizárraga Lizárraga
Expediente 584/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sergio Lizárraga Lizárraga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual, solicita se habilite el expediente electrónico del juicio en que se actúa. En consecuencia y en aras de privilegiar los medios electrónicos, comisiónese al área correspondiente, a fin de que facilite el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Se hace constar que este juicio carece es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse sobreseído y negado la protección constitucional y carecer de relevancia documental. En cuanto al original del incidente de suspensión dado que fueron negadas las medidas cautelares, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de destrucción, mismo destino que tendrá el duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses-. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
vistos los autos para dictar la siguiente sentencia: S E N T E N C I A VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 584/2021; y, RESULTANDO ÚNICO. El dieciséis de julio de dos mil veintiuno se admitió la demanda de amparo promovida por Fabio Pluma Pérez, en su carácter de defensor de ..; tramitado el juicio, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Los actos reclamados consisten los acuerdos dictados dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-GTO/00002118/2016, el treinta de junio y dos de julio, ambos de la anualidad que transcurre, por el agente del Ministerio Público de la Federación de la agencia Tercera Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de delitos en contra los derechos de autor y Propiedad Industrial, en esta ciudad, de la Fiscalía General de la República. La autoridad responsable aceptó su emisión y para justificar su constitucionalidad remitió diversas documentales del citado sumario, que adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, por lo cual se tienen plenamente probados. TERCERO. Los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados son los siguientes: ..tiene el carácter de imputado dentro de la mencionada carpeta. El cuatro de marzo de dos mil veinte, se realizó la solicitud de audiencia inicial para imputación y vinculación a proceso de donde se advierte lo siguiente: .., por suponerlo responsable del (los) delito (s) de artículo (sic) 424 bis, fracción I, a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del derecho de autor, en forma dolosa con el fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos. Así como el artículo 427, se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa, a quien publique a sabiendas una obra substituyendo el nombre del autor por otro nombre, todos del Código Penal Federal." En el anexo que remitió la responsable con su informe inicial se advierte una hoja donde aparece la siguiente leyenda: "Recibí copia digital de la carpeta de investigación Fabio Pluma Pérez. 26/Mayo/2021, firma" El tres de junio de dos mil veintiuno el aquí quejoso le solicitó a la responsable le informara por escrito y de manera precisa los hechos por los que se le investigaba y su clasificación jurídica. Petición que reiteró el uno de julio de siguiente. El treinta de junio de la anualidad que transcurre, el agente del Ministerio Público investigador dictó un proveído de cuyo contenido, en la parte que interesa argumentó: "Es de indicar a las partes que las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los hechos que dieron inicio a la carpeta de investigación: los resultados de los actos que se han (sic) requerido su desahogo, así como los actos de investigación o los hechos que se requieren investigarse aún y cuando no sean competencia de esta Unidad Especializada se han acordado conforme a Derecho corresponda, todo ello se encuentran contenidos en la carpeta de investigación, siendo obligación de la asesoría jurídica y defensores el estudio del mismo y en consecuencia y si su percepción considera un mal actuar de la suscrita." Acto reclamado. El dos de julio de este año, en contestación a las peticiones señaladas en el punto 4 de estos antecedentes, la autoridad responsable emitió un auto en el que medularmente indicó: El proceso penal consta de tres etapas: investigación inicial, intermedia y juicio oral, previstas en el artículo 211, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De conformidad con el artículo 311, del citado ordenamiento legal es en la audiencia inicial donde el Ministerio Público expone al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de comisión, la forma de intervención que haya tenido, así como el nombre de su acusador. En esas condiciones, en la etapa de investigación en que se encuentra no es la idónea para establecer la descripción clara, detallada y precisa que solicita .., pues se llevará a cabo en la audiencia inicial. Durante la investigación se han proporcionado a las partes copia de la carpeta de investigación, de donde se aprecia la descripción que solicita, al igual que las fechas de la comisión del hecho, por lo que, sus abogados están en aptitud de analizarlos y enderezar su defensa como lo consideren. Acto reclamado. Cabe precisar que el agente del Ministerio Público informó que está en espera que le den fecha para la celebración de la audiencia inicial. CUARTO. Previo al estudio de fondo, procede analizar las causales de improcedencia, que se observen de oficio o en su caso hagan valer las partes, al tratarse de una cuestión de orden público de conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo. Respecto del acuerdo dictado el treinta de junio de dos mil veintiuno, este juzgador advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, pues fue sustituido procesalmente por el dictado el dos de julio siguiente con motivo de las peticiones realizadas por el aquí quejoso. De dicho precepto podemos obtener que el juicio de amparo es improcedente contra actos cuyos efectos hayan cesado, situación que puede entenderse como. Revocación del acto reclamado, o bien; La sustitución del acto reclamado El primer supuesto prevé la extinción o desaparición de los efectos del acto reclamado, con lo que el impetrante retoma el goce del derecho que estime fue violado. La segunda hipótesis, es aquella situación que derivado de un nuevo acto emitido por la autoridad, deja sin efectos, es decir sustituye al primero y, en consecuencia, hace imposible jurídicamente su análisis, pues la nueva situación depende del emitido en última instancia. En el caso que nos ocupa, se advierte que se actualiza el segundo supuesto, puesto que si bien el quejoso señaló como actos reclamados los proveídos de fecha treinta de junio y dos de julio de dos mil diecisete, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que este último fue dictado en virtud de que el quejoso presentó dos escritos con los que volvía a solicitar lo que ya había sido materia del acuerdo dictado en primer termino, por lo que es indudable que ante tal sustitución se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de amparo, de ahí que, con fundamento en lo previsto en el numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo de leyes, lo procedente sea sobreseer en el presente juicio, respecto del auto señalado en primer término. QUINTO. La parte quejosa sostiene que las consideraciones que sustentan el acuerdo impugnado -dictado el dos de julio de dos mil veintiuno- es inconstitucional, pues a su juicio se vulneraron los derechos humanos previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, apartado B, fracción III y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1.1, 8 y 8.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que el deber del Ministerio Público no solo consiste en proporcionarle acceso a la carpeta, sino que debe informarle, por escrito, de manera clara y precisa cuáles son los hechos por los que se le investiga y su clasificación jurídica. De lo señalado por la autoridad responsable en el proveído reclamado, con lo manifestado por el quejoso en su concepto de violación, se puntualiza que la litis en este asunto radica en determinar si la obligación constitucional impuesta al Ministerio Público consistente en permitir el acceso al imputado a la carpeta de investigación en los supuestos que ahí se precisa, se cumplen con facilitarle los datos que existan o está constreñido a precisarle de manera escrita los hechos que se le imputa y su clasificación jurídica. Son infundados los conceptos de violación. El dieciocho de junio de dos mil ocho, tuvo lugar una reforma constitucional que significó una transformación radical en nuestro sistema de justicia penal. Se trata de la instauración del sistema penal acusatorio. De este modo, el Poder Reformador de la Constitución, como elemento activo del Estado, decidió transitar del sistema tradicional-mixto a uno de corte acusatorio, adversarial y oral, el cual busca hacer efectivo el respeto al debido proceso y a los principios constitucionales que lo sostienen. Bajo el panorama expuesto, resulta claro pues, que el sistema acusatorio busca un punto de equilibrio entre los derechos del imputado y la víctima, de tal forma que la instauración de un proceso penal permita esclarecer los hechos; proteger a quien resulte inocente; castigar a aquellos responsables de la comisión de un injusto penal; y que la víctima que resintió la afectación obtenga un resarcimiento del daño causado. El Ministerio Público es la institución del Estado que tiene a su cargo la persecución e investigación de los delitos, por lo que es el órgano que conserva para sí el monopolio del ejercicio de la acción penal, entendido éste último como la exclusiva participación del Ministerio Público en la acusación o imputación delictiva. De acuerdo con el artículo 21 constitucional el Ministerio Público tiene encomendadas dos funciones específicas en materia penal, a saber: (1) una función investigadora, la cual consiste en la facultad/deber de indagar sobre la posible comisión de un evento delictivo, practicando las diligencias correspondientes a fin de ejercer acción penal cuando considere que hay elementos suficientes para ello; y (2) una función acusadora, la cual puede entenderse como el deber de sostener la imputación formulada en contra de determinada persona a lo largo de todas las etapas del proceso, hasta el momento en que la autoridad jurisdiccional resuelva en definitiva en torno a dicho conflicto penal. El sistema penal acusatorio se distingue por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. En este sentido, dentro del procedimiento acusatorio se pueden distinguir al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral; y finalmente, c) la realización del juicio, donde un juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad del acusado. La investigación inicial, dentro del nuevo sistema de justicia penal, constituye una etapa en la que medularmente la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez, con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Por su parte, de los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 218 y 219, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende, en primer término, la obligación que tiene la autoridad ministerial de dar acceso al imputado y a su defensor a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copias de éstos con la oportunidad debida para preparar su defensa. En ese sentido, de la lectura del precepto 218 del código adjetivo en cita, se desprende que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de investigación en determinados supuestos, que son: a) cuando se encuentre detenido; b) sea citado para comparecer como imputado; o, c) sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Ello con la finalidad de que el imputado esté en condiciones de conformar su teoría del caso, con lo cual se garantiza el derecho a una defensa adecuada y en trato procesal igual para las partes. Lo expuesto resulta acorde con la normatividad de orden constitucional e internacional, que garantiza el derecho fundamental de defensa adecuada e igualdad procesal en favor del imputado. Similares consideraciones sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), publicada en la página 994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 71, octubre de 2019, tomo I, materia penal, décima época, que a la letra dice: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." Ahora, de conformidad con el artículo 311, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es en la audiencia inicial donde el Ministerio Público, propone al juzgador los encuadramientos legales que a su juicio se actualizan, lo que dicho sea de paso, es de carácter eminentemente preliminar, pues el juzgador puede reclasificarlo, claro, sin variar los hechos planteados. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 30/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 204, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 79, octubre de 2020, tomo I, décima época, materia penal, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL HECHO DELICTIVO MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL AL DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, EN SU VERTIENTE DE DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES (INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que conocieron de los amparos en revisión respectivos, sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si la modificación de la calificación del hecho delictivo materia de la imputación al dictar auto de vinculación a proceso -prevista en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales-, vulnera el principio de imparcialidad en su vertiente de distribución de funciones. Criterio jurídico: La modificación de la calificación del hecho delictivo materia de la imputación, realizada al dictar auto de vinculación a proceso, no vulnera el principio de imparcialidad en su vertiente de distribución de funciones. Justificación: El ejercicio de la potestad conferida al Juez de Control -al dictar auto de vinculación a proceso- para otorgar una clasificación jurídica distinta al hecho delictivo materia de la imputación, no conlleva la realización de funciones de acusación, pues la vertiente que impone la distribución de funciones establece que la función de investigar y de formular la acusación le pertenece al Ministerio Público; la actividad de defensa atañe al imputado y su defensor; en tanto que la de juzgar le corresponde al Juez o tribunal de enjuiciamiento. En su vertiente de coherencia entre la imputación y el auto de vinculación a proceso, exige la necesaria correspondencia que debe concurrir entre la hipótesis fáctica que formula el actor penal y la decisión a la que arriba el Juez al emitir su determinación, lo cual se traduce en una exigencia dirigida al Juez que le prohíbe vincular a proceso por hechos distintos -circunstancias fácticas- a los que fueron señalados por el Ministerio Público al formular la imputación. En ese sentido, los hechos materia de la imputación que formula el Ministerio Público constituyen el límite de la actividad jurisdiccional del juzgador, de modo que la autoridad judicial por regla general, motu proprio, no puede variar los hechos para modificar la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación, pues al hacerlo ejercería funciones de órgano acusador, lo que implicaría reunir dos funciones antagónicas en una sola persona, en clara transgresión a la naturaleza del sistema. Por tanto, si se formula imputación por determinado hecho delictivo, cabe la posibilidad de que durante el proceso penal se le otorgue una clasificación jurídica distinta por el que técnicamente corresponda, siempre y cuando no se varíen los hechos y se garantice el derecho de defensa del imputado." Así, de lo expuesto se puede concluir que el Ministerio Público cumple con la función de respeto al derecho de defensa del investigado cuando le permite el acceso a la carpeta de investigación, ya sea para consulta o proporcionandole copias o fotografías y que la clasificación jurídica la realiza hasta la audiencia inicial, por lo que no le asiste la razón al quejoso cuando solicita que sea en esta instancia de investigación inicial donde le proporcione la clasificación jurídica, pues como ya se vió, se encuentra recabando datos para poder judicializar la mencionada carpeta; empero, ello no quiere decir que el imputado, al no ser un perito en derecho, quede en estado de indefensión por no saber los hechos y la clasificación jurídica en que podría encuadrarse, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esa obligación recae en el defensor, toda vez que éste, debe: entrevistarse con el imputado para conocer directamente su versión de los hechos, para, en su caso, planear una estrategia de defensa; asesorarlo sobre la naturaleza y consecuencias jurídicas de los delitos que se le acusan; analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación; comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en el que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia; mantener informado al imputado sobre el desarrollo y seguimiento del procedimiento o juicio; interponer recursos o cualquier medio de defensa, entre otras. En esas condiciones, una vez analizado el acto reclamado, este juzgador no advierte violación al artículo 1° constitucional, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que en la especie acontece, pues como se ha visto, la responsable respetó sus garantías al resolver la cuestión planteada. Corolario de lo anterior, lo procedente es negar el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitó .. SEXTO. La parte quejosa no se opuso a la publicación de datos sensibles, por tal motivo deberán suprimirse sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo, promovido por .., respecto del acto y autoridad precisado en el tercer considerando de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a .. respecto del acuerdo dictado el dos de julio de dos mil veintiuno, reclamado al agente del Ministerio Público de la Federación de la agencia Tercera Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de delitos en contra los derechos de autor y Propiedad Industrial, en esta ciudad, de la Fiscalía General de la República, de conformidad con lo razonado en el considerando quinto de esta resolución. TERCERO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus datos personales, en la consulta o publicación de esta determinación, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Ténganse por recibidas las comunicaciones remitidas por la autoridad responsable y su superior jerárquico; en atención al contenido de las constancias que remiten, glósense sin mayor proveído, toda vez que en auto de ocho de los actuales se tuvieron por recibidas las mencionadas actuaciones y respecto de lo manifestado se acordó lo conducente. Cúmplase.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,802 expedientes
- Sergio Javier Gómez Carmona503/2023
- Sergio Javier Ibarra López715/2023
- Sergio Jiménez Cordoba214/2016
- Sergio Leonel de Jesús Valdés Castillo728/2014
- Sergio Lizarraga Lizarraga1018/2021
- Sergio Lizárraga Lizárraga475/2022
- Sergio Lizarraga Lizarraga690/2022
- Sergio Lizarraga Lizarraga1019/2021
- Sergio Martínez Estrella86/2016
- Sergio Mauricio Negrete Romero234/2016
- Sergio Mauricio Negrete Romero194/2016
- Sergio Mauricio Negrete Romero272/2016