Sergio Leaños Romo

Expediente 165/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
165/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Sergio Leaños Romo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 165/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Sergio Leaños Romo demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda fue turnada a este Juzgado y mediante auto de once de marzo del año en curso; se registró el juicio con el número de expediente 165/2021; se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe con justificación y se ordenó dar intervención a la agente del Ministerio Público Adscrita. Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la omisión reclamada se reclamó ante este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que se desprende de la demanda de amparo, mismo que consiste en: La omisión de dar respuesta a la petición planteada en escrito de trece de octubre de dos mil veinte, recibido en la oficialía de partes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el veintiséis de noviembre del mismo año. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por conducto de la Directora de Amparos de la Unidad de Asuntos Jurídicos, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, si bien manifiesta que, mediante volante de turno AMLO/1934/2020, de treinta de noviembre de dos mil veinte, se había turnado dicha petición a la Directora General de Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), a efecto de que diera respuesta a las inquietudes del quejoso, sobre el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales; lo cierto es, que a la fecha de la presentación de la demanda, no acredita que se hubiere notificado esta circunstancia al solicitante de amparo, elemento que forma parte del derecho de petición. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2167, registro digital 162603, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Lo anterior, se corrobora de las documentales aportadas tanto por la parte quejosa, así como de la autoridad responsable, a las cual se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 133, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, sea que la invoquen las partes, o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Criterio que continúa vigente, a pesar de haberse emitido a la luz de la Ley de Amparo abrogada, por así permitirlo el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, toda vez que la causa de improcedencia invocada está prevista en términos idénticos tanto en la Ley de Amparo vigente, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado si no que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso que nos ocupa el quejoso manifiesta que el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, presentó solicitud de información y documentación por escrito, ante la oficialía de partes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Lo anterior, pues expresó que resultó beneficiario del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales; por lo que cumplió con los requisitos solicitados; sin embargo, ninguna empresa se ha presentado a cumplir con su obligación. Es por ello, que solicitó la información y documentación relativa; para que en caso de un incumplimiento pudiera hacer valer sus derechos mediante la acción civil correspondiente. Asimismo, pidió a la autoridad responsable, que en caso de que no pudiera atender la petición, la turnara a la subsecretaría, dirección, coordinación o unidad administrativa que resultara competente, y le informara tal situación. Luego, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, manifestó que en cumplimiento a lo que establece el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnó dicha petición a la Directora General de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), mediante oficio volante AMLO/1934/2020, de treinta de noviembre de dos mil veinte, mismo que fue recibido el cuatro de diciembre del mismo año. En ese sentido, anexó a su informe justificado, copia certificada del oficio AMLO/1934/2020, de treinta de noviembre de dos mil veinte, dirigido a la Directora General de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). De cuya documental, se advierte que el escrito de petición del solicitante de amparo fue turnado a la Directora General de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), por ser la competente para dar respuesta a su solicitud; trámite que el propio quejoso pidió en su ocurso; sin embargo, esta circunstancia no fue hecha de su conocimiento. No obstante lo anterior, de las constancias que integran este juicio de amparo, se obtiene que por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, ordenó agregar a los autos de este juicio, con vista a las partes, la constancia que remitió la autoridad responsable, ello en apoyo a su informe con justificación. Acuerdo que se notificó a la parte quejosa el diecisiete de agosto del año en curso, por lista que se publicó en los estrados de este Juzgado. Apoya a lo anterior, las razones que sustentan la resolución dictada en el Incidente de Inejecución 460/1998, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, que dio origen a la Jurisprudencia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, página 469, registro digital 194060, de rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Asimismo, orienta a lo anterior, por las razones que la sostienen, la tesis I.3o.A.591 A, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-1, febrero de 1995, página 169, registro digital 209059, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICION. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA DIRIGIDO LA PETICION ESTA OBLIGADA A DAR CONTESTACION A LA MISMA. El hecho de que materialmente le resulte imposible al Secretario de Hacienda y Crédito Público dar contestación a los escritos de petición que se le formulan, o atender todas y cada una de las solicitudes presentadas por los peticionarios o bien, aducir que para tal efecto existen unidades administrativas con facultades otorgadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, competentes para desahogar o despachar esas peticiones, en tanto que son departamentos administrativos subordinados, no justifica la omisión de la autoridad en dar respuesta al particular peticionario. Independientemente del cúmulo de trabajo que tiene que desarrollar el titular de la secretaría referida, el artículo 8o. constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer el derecho de petición será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario, en forma personal, bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que, necesariamente, deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. En consecuencia, si bien es cierto que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen unidades o departamentos administrativos encargados de atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia, este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron." (lo resaltado es propio del Juzgado). Por lo expuesto, es evidente que se destruyeron los efectos de la omisión reclamada de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Sergio Leaños Romo, contra el acto precisado en el considerando segundo, por los motivos vertidos en el diverso cuarto de esta resolución. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, asistido del secretario Antonio Calderón Espinosa quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

  3. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, a través de la Directora de Amparos en la Unidad de Asuntos Jurídicos. En consecuencia, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, glósese al expediente en que se actúa el pedimento signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno; y como lo solicita, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese. ...

  4. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la promoción de cuenta 13138, para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable directora de Amparos en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en La Ciudad de México; con dicho ocurso dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la referida responsable las constancias que adjunta a su comunicado; mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Por otra parte, glósese a los autos las promociones con registros 12822 y 12826, signadas por la supracitada autoridad; en atención a la primera de ellas, sin que haya lugar hacer pronunciamiento alguno, toda vez que esta fecha se tiene recibido su informe de Ley; asimismo, en relación a la segunda de las referidas comunicaciones, téngase por señalando el correo y número telefónico a que hace alusión, para de ser el caso, se entablen comunicaciones que no tengan el carácter de procesales. Notifíquese. ...

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