Sergio Juventino Arredondo Medina y Otros.
Expediente 855/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Sergio Juventino Arredondo Medina y Otros.
- Sergio Juventino Arredondo Medina
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de diez de noviembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene por perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de noviembre de dos mil veinte. Visto el contenido de la demanda de cuenta promovida por SERGIO JUVENTINO ARREDONDO MEDINA, contra el acto del Juez de Control de la Quinta Región Judicial, con sede en esta ciudad, se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro Uno de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, con el número 855/2020-II. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "causa manifiesta e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, Agosto de 1993, página 77, registro 215188, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en mención al interpretar el artículo 145 de la norma abrogada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de contenido similar al artículo 113 del cuerpo normativo vigente, interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y da como resultado el desechamiento de la demanda o el sobreseimiento en el juicio. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte promovente de amparo hace consistir el acto reclamado en la resolución emitida el quince de octubre de dos mil veinte, dentro de la carpeta procesal 17/2020, en la que el juez responsable determinó improcedente la revocación, modificación o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en la audiencia inicial de uno de febrero de dos mil veinte; ello, con el argumento de que no han cambiado en su totalidad las condiciones que se tomaron en consideración en su momento, para imponer dicha medida. Conforme a lo anterior, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte promovente no agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, ya que en contra del acto que por esta vía reclama, procede el recurso de apelación en términos de los artículos 160, 467, fracción V, 471 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación con lo anterior, conviene precisar que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Desde ese punto de vista, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por los actos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le compete, el amparo se convertiría en un recurso ordinario. Por ello, tenemos que el artículo 61, en su fracción XVIII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Se toma nota del correo electrónico abogadoslitigio1@gmail.com, para los efectos a que haya lugar. Por cuanto a sus solicitudes de consultar, promover y recibir notificaciones electrónicamente, por el momento no ha lugar a proveer de conformidad dicha autorización, en virtud de que no proporcionó el nombre de usuario requerido para el registro en el sistema correspondiente. Finalmente, atendiendo a las cargas de trabajo que se tienen en este juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, con fundamento en la parte in fine del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta a los Actuarios Judiciales adscritos para que en caso de ser necesario se constituyan en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que puedan notificar personalmente las actuaciones derivadas del presente juicio que así lo ameriten.
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