Sergio Juventino Arredondo Medina
Expediente 985/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 985/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/05/2021
Partes del expediente
- Sergio Juventino Arredondo Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley reglamentaria, en contra del proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que da cuenta la Secretaría, se advierte que ha fenecido el término de tres días concedido al quejoso Sergio Juventino Arredondo Medina, mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, para que compareciera a este Juzgado a recoger los edictos ordenados a fin de emplazar al tercero interesado Gerardo Alonso Carrillo Cerda, sin que hubiera cumplido lo anterior; por tanto, resulta inconcuso que el solicitante del amparo, no cumplió con la carga procesal consistente en la publicación de los edictos para emplazar al referido tercero interesado, quedando por su omisión paralizado el presente juicio de amparo, entorpeciendo de esa manera la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la falta de interés en la parte quejosa; luego, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo y 5º, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, impresa en la página doscientos once, Tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que se lee: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Así como la tesis números I.7°.P.1 K, Novena Época, Tomo XVIII, Julio de 2003, sustentada por el Séptimo tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1104, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS A UNO DE LOS TERCEROS PERJUDICADOS. EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL QUEJOSO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Cuando de la lectura de la demanda de garantías se advierte la existencia de dos o más terceros perjudicados, todos deben ser llamados a juicio para no violar las formalidades del procedimiento, y si de autos se advierte que no fue posible emplazar a alguno de ellos, no obstante se haya ordenado vía edictos a costa de la parte quejosa, conduce a sobreseer en el juicio, toda vez que no es factible se siga el juicio sólo por cuanto hace al o a los que sí fueron emplazados, en virtud de que la acción intentada involucra necesariamente la participación en el juicio de todos y cada uno de los terceros perjudicados que pudiesen resultar afectados con el análisis constitucional del acto de autoridad que se reclama, de lo contrario se violaría uno de los principios que rigen todo procedimiento, el denominado por la doctrina como litisconsorcio pasivo necesario o forzoso, tomando en consideración que la sentencia que llegara a dictarse en el juicio de garantías podría producir la consecuencia de ordenar la insubsistencia del acto reclamado por estimarlo inconstitucional, lo que, desde luego, afecta la esfera jurídica de todos y cada uno de los terceros perjudicados incluyendo el que no fue emplazado." Sin que obste a lo anterior el contenido de la tesis jurisprudencial 2a./J. 108/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXII, Agosto de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO". Lo anterior es así, toda vez que dicho criterio jurisprudencial prevé tal circunstancia en el supuesto de que la parte quejosa comparezca ante el Órgano Jurisdiccional a manifestar su imposibilidad para cubrir los trámites necesarios para la recepción y publicación de los edictos relativos al emplazamiento de la tercera interesada, y si de su afirmación, así como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren su incapacidad económica para sufragar un pago semejante, el Juzgador se encontrará en aptitud de determinar que el Consejo de la Judicatura Federal deba publicarlos a su costa, circunstancia que no ocurrió en el caso concreto, toda vez que la parte quejosa no acreditó con probanza alguna la imposibilidad para efectuar los trámites necesarios para la publicación de los edictos indicados; asimismo, de las constancias que obran en los autos del presente juicio este Tribunal no advierte elementos suficientes para considerar la imposibilidad de la parte quejosa en sufragar un gasto de tal naturaleza. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, atento a lo determinado en el presente acuerdo, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las diez horas con cuarenta y ocho minutos del trece de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio número 700-63-00-01-01-2021-0107, signado por la Subadministradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas "4", de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que este Juzgado de Distrito le hizo en proveído de dieciocho de marzo del año en curso y al efecto manifiesta que no se encontró en su base de datos ningún domicilio a nombre del aquí tercero interesado Gerardo Alonso Carrillo Cerda. En consecuencia, dado que de autos aparece que se han agotado todas las medidas al alcance de este tribunal para lograr la ubicación del tercero interesado Gerardo Alonso Carrillo Cerda, lo procedente es, conforme a lo dispuesto por la última parte del inciso b) de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, emplazar al citado tercero interesado mediante edictos que se publicarán a costa del quejoso Sergio Juventino Arredondo Medina, por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana. En el cual se le hará saber que se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Sergio Juventino Arredondo Medina, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, el cual se hizo consistir en la orden de reaprehensión girada en contra del aquí quejoso el veinticuatro de mayo de dos mil doce, dentro de los autos que integran la causa penal 745/2018. Comuníquese al tercero interesado de referencia, que deberá comparecer ante este Juzgado de Distrito, dentro de los treinta días siguientes, contados a partir de la última publicación del edicto y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad; apercibido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se publica en este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, infórmesele que la copia de la demanda queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. De igual forma, se ordena a la Secretaría fije en la puerta de este tribunal copia certificada del presente proveído, por el tiempo que dure el emplazamiento. Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo antes ordenado, requiérase al quejoso Sergio Juventino Arredondo Medina, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste categóricamente y bajo protesta de decir verdad, si se encuentra en condiciones de sufragar, total o parcialmente el pago de las publicaciones a que se hace referencia, o bien, si carece de capacidad económica para realizar la erogación correspondiente. En el entendido que de no realizar manifestación alguna al respecto dentro del indicado plazo, se entenderá que es su deseo hacerse cargo del costo de las publicaciones a que se alude; por lo que dentro de ese mismo lapso deberá comparecer ante este Juzgado de Distrito, con objeto de recibir los edictos correspondientes para su publicación. Apercibido que de ser omiso al respecto, se decretará el sobreseimiento en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 211 del Apéndice al semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVI, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, Materia Común, Novena Época, al resolver la contradicción de tesis 16/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Igualmente resulta pertinente citar la tesis aislada II.2o.C.101 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1339, Novena Época, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERO PERJUDICADA POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO. NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CUANTO MANDA QUE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES GRATUITA. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo dispone que el emplazamiento al tercero o terceros perjudicados por medio de edictos se hará a costa del quejoso, es decir, impone al promovente del juicio constitucional la carga de pagar lo conducente para que se emplace y notifique al tercero perjudicado por edictos y se imponga así de la demanda de garantías radicada en un Juzgado de Distrito, lo cual tiene su teleología o fin primordial en la razón de que como al gestionante del amparo corresponde la carga tanto de impulsar el procedimiento como de participar en su desarrollo a efecto de que se integre debidamente la litis respectiva, sin duda ese aspecto procesal no contraviene lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución Fundamental de la República en cuanto estatuye que la impartición de justicia debe ser gratuita, ya que son los tribunales encargados de esa misión quienes están impedidos para cobrar retribución a las partes por su actividad, máxime que resulta inexacto que se hubiese negado el impartir Justicia Federal a la inconforme pues, ante la imposibilidad reseñada de integrarse debidamente la litis constitucional, al no llamarse al juicio a uno de los terceros perjudicados, es indiscutible que no puede dictarse sentencia formal y legalmente, ya que de hacerlo se dejaría en total estado de indefensión a quien no resulte emplazado al juicio de garantías, porque además de no otorgársele el derecho de audiencia para que alegue y aporte las pruebas pertinentes al respecto, no tendría conocimiento de éste ni oportunidad para interponer el medio de defensa relativo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio número NU-126/2021, signado por el representante legal de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, con sede en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional mediante comunicado 76096/2021, de veintidós de febrero del año actual, e informa que una vez realizada la búsqueda en sus archivos no se encontró dato sobre posible domicilio del aquí tercero interesado Gerardo Alonso Carrillo Cerda; por tanto, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el ocurso de cuenta, y una vez que se cuente con la totalidad de las informativas requeridas a las diversas autoridades, mediante el proveído de mérito se acordará lo conducente en derecho. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante diverso comunicado 7606/2021, de esa data (veintidós de febrero de dos mil veintiuno), se requirió de igual manera al Administrador Local de Servicios al Contribuyente, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, informará a este órgano jurisdiccional, si dentro de su base de datos, cuenta con posible domicilio del aquí tercero interesado en mención, lo anterior para efectos de emplazarlo a la presente contienda constitucional, sin que a la fecha se tenga noticia de la información solicitada. En virtud de lo anterior, a fin de dictar las medidas pertinentes con el propósito de que se investigue el domicilio del tercero interesado de mérito y estar en aptitud de llevar a cabo dicha encomienda; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Administrador Local de Servicios al Contribuyente, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, informe a este Juzgado de Distrito, las gestiones que se encuentra realizando para verificar si tiene registrado en su base de datos a Gerardo Alonso Carrillo Cerda, y en su caso, proporcione el domicilio que tenga del mismo, o haga del conocimiento del impedimento que tenga para ello; con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se hará efectiva la multa con que fue conminado en el comunicado relacionado con antelación (7606/2021, derivado del proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno), consistente en multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia. Una vez que se recabe el informe de la autoridad a que se ha hecho alusión y en base a lo que manifieste en el mismo, referente al domicilio del aquí tercero interesado Carrillo Cerda, se procederá a realizar el respectivo emplazamiento. Con motivo de lo anterior, a fin de que la parte tercera interesada de mérito, disponga del tiempo prudente para ocurrir a juicio y hacer valer lo que a su interés legal convenga, se hace necesario diferir la audiencia constitucional que se encuentra señalada para esta propia fecha, y se fijan las diez horas con cuarenta y ocho minutos del trece de abril de dos mil veintiuno, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
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