Sergio Jonathan Medrano Lopez

Expediente 261/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
261/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
28/03/2016

Partes del expediente

  • Sergio Jonathan Medrano Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, la diligencia de notificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Francisco Victoriano Navarro García, en atención a la vista formulada en auto de diecisiete de marzo del año en curso (fojas 346), manifestó: ".señor Juez que las personas que reAlisaron Los esTudios criminológicos le seAn remitidos 1 copiA de la cedula profesionaL De quienes reAlisaron Los EsTudios y emitieron la oPinion 2 CoPia De la CerTificacion De institución (P.G.R.) que los FaculTa como periTos para emitir Dictamen en la materia 3 CoPia Del NombramienTo o cargo oficina De quienes emiten la opinión del estudio criminologico." Atento a lo anterior, hágase saber al promovente, que no ha lugar acordar favorable su petición, ya que acorde a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de la materia, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubieren rendido ante la autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto del acto reclamado, que en el caso lo es la negativa de trasladar al quejoso al Centro de Reinserción Social del Estado para Varones, con residencia en Hermosillo, Sonora. No se desatiende que en términos del precepto apenas invocado, el quejoso puede ofrecer pruebas cuando no ha tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; sin embargo, se estima que éstas deben ser idóneas para acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado, de tal suerte que la facultad de la que goza la citada parte para ofrecer pruebas no es plena, sino que está limitada al cumplimiento de determinados requisitos, en los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido, necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que le principio de idoneidad de la prueba. Pues en el caso, se aprecia que las documentales que solicita sean recabadas, a consideración del suscrito, en este juicio de derechos humanos, no resulta idónea para demostrar la inconstitucionalidad de la resolución reclamada. Por su aplicación y atendiendo a que la Ley de Amparo, en el transitorio sexto, dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la Ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se cita el siguiente criterio: Jurisprudencia VI.2o.C. J/196 , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "PRUEBAS EN EL AMPARO. CUÁLES DEBEN ADMITIRSE. Aun cuando en el juicio de garantías sean en principio aceptadas toda clase de pruebas, conforme al artículo 150 de la Ley de Amparo, sólo deben ser admitidas aquellas que sean conducentes a justificar la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 78, segundo párrafo, del ordenamiento legal en cita."

  2. Principal

    Del estado procesal de autos se advierte, que el Jefa del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene, dependiente de la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación en el Estado de México del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ha sido omisa en dar cumplimiento al requerimiento de diez de los actuales (foja 374), no obstante de estar debidamente notificada para tal efecto, como se aprecia del acuse de recibo del oficio 464 que obra a foja trescientos setenta y ocho de las presentes actuaciones; por tanto, en consideración que de los artículos 192, 193, 194 y 195, de la Ley de Amparo referentes a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de derechos humanos, se advierte que el espíritu de dichas disposiciones legales es el que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de los derechos fundamentales violados, mediante la ejecución de la sentencia es una cuestión legal de orden público que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, pues de estimarlo de otra forma, resultaría contrario a los fines del juicio de amparo y alteraría la jerarquía de las normas jurídicas. En ese sentido, requiérase nuevamente a la citada autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que tenga conocimiento de este proveído, remita las constancias debidamente certificadas que acrediten que dio cumplimiento al fallo protector. Se le apercibe que de no dar cabal y oportuno cumplimiento a lo ordenado se procederá en términos de lo establecido en los artículos 192 y 195, de la ley de la materia y se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como segundo y tercero transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; acorde a lo establecido en el numeral 258 de la citada legislación. Asimismo, atendiendo a los lineamientos del precepto 192 de la ley de la materia, mediante oficio, notifíquese este acuerdo al Delegado en el Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, para que ordene a la autoridad responsable (Jefa del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene, dependiente de la Subdelegación de Prestaciones en la Delegación en el Estado de México del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) cumpla con la ejecutoria de amparo; se le apercibe, para que, en el caso de no demostrar que realiza las gestiones correspondientes para tal efecto, además de imponerle una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como segundo y tercero transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 237, fracción I y 258, ambos de la Ley de Amparo; podrá incurrir en la misma responsabilidad que la autoridad responsable.

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