Sergio Joaquín Guerra Aranda

Expediente 1074/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1074/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Sergio Joaquín Guerra Aranda
  • Cámara de Senadores
  • Sergio Joaquín Guerra Aranda y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guarda los autos y la certificación secretarial de cuenta, en el sentido de que transcurrió el plazo que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para recurrir la resolución en que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme dicha resolución. Por lo que, se ordena archivar los presentes autos con fundamento en el artículo 196 cuarto párrafo de la Ley de Amparo. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la sentencia emitida en el juicio en que se actúa, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En su oportunidad, se ordena que se realicen las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.

  2. Principal

    Ha quedado demostrado el cumplimiento total de los efectos del amparo, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Se da vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días legalmente computados, manifieste lo que a su interés legal convenga, acerca del cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional determinará su desinterés, y de oficio, resolverá con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad oficiante. El actuario adscrito al momento de la notificación respectiva del presente proveído, debe hacer entrega a la parte quejosa de las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector (oficio y anexo), lo que se debe asentar en el acta que para tal efecto se elabore.

  4. Principal

    En treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez, con el estado que guardan los presentes autos.- Conste. Querétaro, Querétaro, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se desprende que mediante proveído de diecinueve de noviembre del año en curso, se requirió al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, para que diera cumplimiento con la ejecutoria concesoria de amparo; sin embargo, la autoridad en comento ha sido totalmente omisa a lo anterior, no obstante haber sido debidamente notificada de dicho requerimiento. Ahora bien, debe decirse que la ejecución de una sentencia de amparo es, pues, conforme a la dogmática jurídica, la obligación que pesa sobre los órganos de control constitucional, de hacer cumplir los imperativos jurídicos en ella contenidos. Habrá, en consecuencia, inejecución de sentencia, cuando a pesar de los medios utilizados para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, esto no se logre por contumacia de las autoridades obligadas a acatar el fallo constitucional y en consecuencia, a asumir los deberes de los cuales se traduce el núcleo esencial de la obligación exigida. Dicho en otras palabras, habrá desacato a la sentencia de amparo cuando la autoridad responsable abiertamente o con evasivas se abstiene totalmente de obrar en relación con los deberes jurídicos impuestos por la ejecutoria, o bien, no realiza la obligación de dar, hacer o no hacer, que constituye el núcleo esencial de la garantía que se estimó infringida en la sentencia, sino que realiza actos intrascendentes, secundarios o poco relevantes para lograr el cumplimiento. Bajo este contexto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el término de TRES DÍAS legalmente computados, dada la naturaleza del acto reclamado, de cabal cumplimiento conforme a los efectos precisados en la sentencia de amparo: debiendo remitir, a la brevedad, las constancias que así lo acrediten. Por lo cual deberá atenderse a las siguientes disposiciones de la Ley de Amparo: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.". "Artículo 193 . Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo .." "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo." "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta Ley será de cien a mil días." Lo anterior, en el entendido que de no dar cumplimiento se le impondrá como medida de apremio una MULTA de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización, equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, párrafos penúltimo y último, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y, el precepto 258, de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad que corresponda. Asimismo, es dable hacer del conocimiento de la autoridad citada, que deberá realizar las gestiones que resulten eficaces para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, evitando hacer uso de evasivas o procedimientos ilegales, lo cual ocurre cuando: EVASIVAS: Si la autoridad responsable lleva a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. PROCEDIMIENTOS ILEGALES: Si se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, o bien, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Da sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justifica de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, materia común, de contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Máxime que la autoridad responsable al llevar a cabo las gestiones encaminadas al cumplimiento, deberá respetar en todo momento el principio de economía procesal, que persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene por objeto hacer el procedimiento más ágil y eficiente, lo que implica el respeto al principio de una administración de justicia pronta y expedita, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imprimiéndole celeridad al proceso judicial; lo cual no acontecería si realiza actos intrascendentes, secundarios, poco relevantes o contradictorios para lograr el cumplimiento. Sustenta lo anterior, la tesis IV.1o.A.10 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, agosto de 2016, Tomo IV, materia común, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. En el sistema jurídico mexicano, la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe atenderse, por parte del órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Por tanto, a pesar de que la quejosa manifieste estar conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, el Juez Federal, debe verificar que la sentencia se encontraba cumplida, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales son irrenunciables, pese a la voluntad de los quejosos. Ello en razón de que se debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al convenio de las partes; por tal motivo, si la comparecencia de la parte quejosa tiene un efecto de dimisión o renuncia de la protección constitucional al momento de emitir la determinación el Juez Federal, de ninguna manera debe estar por encima de la ejecutoria de amparo." conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos." NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el doctor en derecho Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la licenciada Claudia Gómez Peralta, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

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