SERGIO JEHOVANY o SERGIO GIOVANNI RODRIGUEZ JIMENEZ
Expediente 30/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 09/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- SERGIO JEHOVANY o SERGIO GIOVANNI RODRIGUEZ JIMENEZ
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante el cual informa que el quince de abril del actual, determinó el no ejercicio de la acción penal persecutoria dentro de la carpeta de investigación CDI: 274/2019/UIET, por el delito de tortura, en agravio del quejoso Sergio Jehovany Rodríguez Jiménez y/o Sergio Giovanni Rodríguez Jiménez, y se ordenó el archivo definitivo del asunto; de lo que se toma nota para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cinco al veinticinco de junio del presente año, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la documental que la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, remitió en apoyo a su informe justificado rendido en esta instancia, consistente en el duplicado de la causa penal 97/2015, con el que se ordenó formar el anexo I, devuélvase el mismo a la autoridad responsable. Asimismo, se solicita a la autoridad responsable en cita a efecto de que acuse el recibo correspondiente respecto a la recepción del citado duplicado de su estadística. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notificación al quejoso: Toda vez que el quejoso Sergio Jehovany Rodríguez Jiménez y/o Sergio Giovanni Rodríguez Jiménez, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Distrital de Tecamachalco, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal de Tecamachalco, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso el presente acuerdo, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Distrital de Tecamachalco, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Sergio Jehovany Rodríguez Jiménez y/o Sergio Giovanni Rodríguez Jiménez; y, cerciorado de su identidad; c) Notifique al quejoso el presente acuerdo, entregándole copia autorizada del mismo; y, d) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Así mismo, dígase al juez requerido que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito. Apercíbase a dicha autoridad, que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. Queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 264), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que al efecto desahogaran la vista otorgada. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil diecinueve (fojas 149 a 174), se concedió el amparo y protección a Sergio Jehovany Rodríguez Jiménez y/o Sergio Giovanni Rodríguez Jiménez, para que el 1. Juez de lo Penal de Tecamachalco, Puebla, realizara lo siguiente: "NOVENO. Efectos de la concesión. Procede conceder el amparo al quejoso Sergio Jehovany Rodríguez Jiménez y/o Sergio Giovanni Rodríguez Jiménez, para el efecto de que la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal de Tecamachalco, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 97/2015, y en su lugar, dicte otra resolución en la que, con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, ya sea en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a). Deberá precisar las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir el auto de formal prisión. En el apartado del cuerpo del delito. b). Deberá analizar cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo agravado (a establecimiento comercial) que citó, precisando con qué pruebas se acredita cada uno de ellos y, el valor jurídico que les corresponda. En el apartado de la probable responsabilidad. c). Deberá indicar a qué personas se refiere cuando dice: ".la forma de participación de dichas personas.", si en su resolución sólo hizo alusión al aquí quejoso: Sergio Jehovany Rodríguez Jiménez y/o Sergio Giovanni Rodríguez Jiménez. d). Así mismo, deberá motivar la categoría de intervención delictiva que tuvo por actualizada en términos del artículo 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla. 2. Notificará la determinación de término constitucional a las partes; y, 3. Remitirá a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora." (fojas 167 vuelta y 168). En acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fojas 200 a 202), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficios 473 y 537, signados por la 1. Jueza de lo Penal de Tecamachalco, Puebla, comunicó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto, fotocopia certificada de la resolución pronunciada el treinta de abril de dos mi diecinueve, en la causa penal 97/2015 de su índice, así como sus constancias de notificación. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 97/2015 de su índice (foja 217). 2. Con libertad de jurisdicción emitió una nueva resolución en la que a) precisó su competencia en términos del artículo 7 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. 3. En el apartado del cuerpo del delito de robo agravado (a establecimiento comercial), ilícito previsto y sancionado por los artículos 373, 378, 380, fracciones I, XI y XVIII, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, señaló que los elementos que lo conforman son: a) Una conducta de hacer doloso consistente en el apoderamiento. b) De cosa ajena mueble c) Sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer del bien con arreglo a la ley. d) Ejecutado con violencia contra la víctima de aquél o contra otra u otras personas que se encuentren en lugar de los hechos. e) Con la intervención de dos o más personas f) Que se cometa contra un establecimiento abierto al público. Indicando que dichos elementos quedaron debidamente demostrados, citando como primer medio de prueba para conocer las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito, la denuncia formulada por Miguel Alonso Mendoza Jiménez, adminiculada con la declaración de hechos de Ana Laura Martínez Varillas, de la que también se advierte la existencia del elemento apoderamiento sin derecho y sin consentimiento de la persona que pudiera otorgarlo conforme a la ley, así como del informe de investigación número 417 emitido por el Agente 429 de la Policía Ministerial del Estado de Puebla y, del testimonio de Armando Reyes Hernández. Así mismo, el que se cometa contra un establecimiento abierto al público, señaló la juez penal responsable, que se acredita con la diligencia de inspección ministerial, en donde la representación social dio fe de que el lugar en que se perpetró el ilícito es un establecimiento abierto al público, adminiculado con la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, con nombre comercial Ana Laura Martínez Varillas, así como con el acta de matrimonio de Miguel Alonso Mendoza y Ana Laura Martínez Varillas. Del mismo modo, que la existencia previa del dinero materia del apoderamiento la tuvo por justificada con la declaración de la testigo Gloria Alejandra Martínez Varillas. Que, la existencia de las armas en el momento de los hechos y la pluralidad de sujetos activos, se tiene por acreditado con el dicho de Miguel Alonso Mendoza Jiménez, adminiculado con la declaración de Ana Laura Martínez Varillas. Probanzas todas ellas, a las cuales otorgó valor probatorio en términos de los artículos 73, 178, fracción I, 195, 196, en relación con el diverso 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Y, en cuanto a la probable responsabilidad, motivó la categoría de intervención delictiva que tuvo el aquí quejoso en términos del artículo 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla. Con esto, quedan subsanadas las deficiencias desatacadas en la sentencia de amparo, pues la jueza penal responsable preciso la disposición en la que funda su competencia; analizó los elementos del cuerpo del delito, indicando con qué pruebas tuvo por acreditado cada uno de ellos; y motivo la intervención delictiva que tuvo el aquí quejoso en la comisión del delito de robo agravado (a establecimiento comercial) que se le atribuye. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Tortura, Nancy López García, con el que en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve (foja 275), informa que se dio inicio a la investigación correspondiente bajo la carpeta de investigación número 274/2019/UIET, de esa estadística, en agravio de Sergio Jehovany Rodríguez Jiménez y/o Sergio Giovanni Rodríguez Jiménez, de lo que esté órgano de control constitucional queda enterado.
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