Sergio Javier Hernández Beltrán
Expediente 1291/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1291/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/08/2019
Partes del expediente
- Sergio Javier Hernández Beltrán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
SE TIENE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZANDO DIVERSAS MANIFESTACIONES RESPECTO AL REQUERIMIENTO DE FECHA... SE LE REQUIERE PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO... BAJO APERCIBIMIENTO...
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el once de junio de dos mil diecinueve, Sergio Javier Hernández Beltrán, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de trece de junio dos mil diecinueve (fojas 8 a 12), se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular alegato ministerial; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició a las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de julio de dos mil diecinueve y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto por el artículo 74, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados al Presidente Municipal, al Director de Inspección y Vigilancia, a Leticia Navarro Lázaro y a Carlos Murguía López, ambos adscritos a la Dirección de Inspección y Vigilancia, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, consisten en: La emisión de la orden de visita de inspección 29064 y el acta de inspección folio 38888, de cuatro de junio de dos mil diecinueve, que derivaron en la clausura de la negociación del quejoso. Toma aplicación al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por conducto del Síndico de ese ente público (fojas 26 a 31). Luego, en la medida que la responsable negó el acto reclamado, no es a ella a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se le atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que le reclama. Ante la negativa de la autoridad, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuar la misma, como es dable colegir del enlace de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo; el primero, al prever como motivo de sobreseimiento la inexistencia del acto reclamado, derivado del hecho de que en la audiencia constitucional no se pruebe su existencia; el segundo, al aludir tanto a la obligación del quejoso de justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, como a la posibilidad que éste tiene de desvirtuar el contenido del informe justificado y el último precepto, precisamente al prever la mencionada audiencia. No obstante, del análisis del presente expediente no se advierte que la parte quejosa haya ofrecido prueba idónea que logre desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se explicó, a ella corresponde acreditar tal cuestión, sino por el contrario, pues anexo al escrito de demanda exhibió el acta de inspección que reclama, de la cual se desprende que quien la emitió fue la Inspectora Municipal Leticia Navarro Lázaro, adscrita a la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco (foja 7). Por su parte, la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, remitió copia certificada de la orden de visita de inspección 29064, de cuyo contenido se puede observar que fue emitida por la Directora de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco (foja 33), y no por el Presidente Municipal de ese ente público. En consecuencia, al no haberse demostrado el acto reclamado al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, a través de la exhibición de algún medio de prueba idóneo para desvirtuar la negativa externada por la autoridad responsable, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por su parte, el Director de Inspección y Vigilancia, Leticia Navarro Lázaro y Carlos Murguía López, ambos Inspectores adscritos a la Dirección de Inspección y Vigilancia, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, al momento de rendir su informe justificado (foja 26), por conducto del síndico de ese ente público, aceptaron la existencia de los actos que el impetrante de amparo les atribuye, por lo que se tienen plenamente probados. Además de que la certeza de dichos actos se corrobora con las documentales relacionadas con anterioridad, consistentes en la propia orden de visita y acta de inspección reclamadas, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, al tratarse respectivamente de documento público y copia certificada, emitidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. Las autoridades responsable alegan en su informe justificado, que en el caso que nos ocupa, opera la causal de improcedencia prevista por el artículo XII, de la Ley de Amparo, tomando en consideración que el acto que el quejoso no demostró su interés jurídico pues no acreditó contar con licencia para el funcionamiento del taller de cantera sobre el cual se llevó a cabo la visita de inspección. La normativa invocada por las responsables dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia(...)" Dicha causal se estima actualizada, empero, por diversos motivos a los establecidos por las autoridades responsables. De conformidad con la fracción y artículo transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del promovente, lo que de suyo hace necesario traer a colación lo que el artículo 6° de la Ley de Amparo establece: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". Como se puede ver, el numeral reproducido establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. En ese sentido, el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. De manera ilustrativa, se cita la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Dicho interés supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Así, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Sustenta lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 120 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio administrativo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar el accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que intenten los particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de mayores alcances que éste". Igualmente, se invoca la jurisprudencia 119, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico". En suma, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen en el mismo deriven de un acto concreto de autoridad que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de los derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de los derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, pues de esa manera prosperará la acción constitucional para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos, correspondiendo, indefectiblemente, a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 289 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En la especie, de la orden de visita número 29064, de cuatro de junio de dos mil diecinueve, emitida por el Director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, se aprecia que se ordenó que se practicara una visita de inspección a la negociación ubicada en la calle Álvaro Obregón, número 344, colonia Víctor Hugo, en Zapopan, Jalisco, la cual se dirigió al encargado, propietario o representante legal del giro comercial que se lleva a cabo en tal domicilio. En esa misma data -cuatro de junio de dos mil diecinueve-, la Inspectora Municipal Leticia Navarro Lázaro, adscrita a la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, se constituyó en el domicilio en el que se encuentra la negociación a inspeccionar y considerando que al momento de practicarse la diligencia respectiva, no se acreditó contar con la licencia municipal correspondiente que ampare llevar a cabo las actividades del giro comercial, así como que se observó que se depositan materiales, residuos sólidos y escombro que contaminan el suelo del predio colindante, se decretó la clausura de las actividades en ese negocio. Ahora, el quejoso promueve el presente juicio de amparo por propio derecho, alegando violaciones a sus derechos humanos, derivadas de la emisión de las actas de visita e inspección referidas en los párrafos que preceden; sin embargo, no acreditó una afectación en su esfera de derechos que torne procedente este juicio constitucional, pues bien, en el acta de inspección respectiva se estableció que el propietario de la negociación es Francisco Hernández Martínez y no el peticionario del amparo. En efecto, según se observa de la orden de inspección con número de folio 29064 (foja 33), el cuatro de junio de dos mil diecinueve, se comisionó a los Inspectores Municipales Leticia Navarro Lázaro y Carlos Munguía López, adscritos a la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, a efecto de que se inspeccionara la negociación instalada en el domicilio ubicado calle Álvaro Obregón, número 344, colonia Víctor Hugo, en Zapopan, Jalisco, y se verificara que dicho giro comercial contara con la licencia municipal vigente que le permita llevar a cabo sus actividades y que cumpliera con los requisitos de ley en cuanto a medidas de seguridad. Por su parte, del acta de inspección reclamada, se desprende que en la misma data, el inspector municipal llevó a cabo la diligencia de inspección, la cual atendió con el quejoso Sergio Javier Hernández Beltrán, quien manifestó ser encargado de la negociación, la cual lleva a cabo el giro comercial de taller de cantera; sin embargo, en la propia acta se precisó que el propietario del negocio es Francisco Hernández Martínez, no así el quejoso. En ese sentido, quien pudiese sufrir una afectación directa en sus derechos con motivo de la clausura decretada sobre la negociación inspeccionada es el propietario del giro comercial; sin embargo, atendiendo las consideraciones vertidas previamente, se desprende que ese carácter no recae el quejoso Sergio Javier Hernández Beltrán, sino en Francisco Hernández Martínez. En el juicio de amparo es necesario que se demuestre que el acto de la autoridad se encuentra dentro de la esfera jurídica del peticionario, lo cual debe acreditarse de manera fehaciente y a través de los medios idóneos, es decir, la parte quejosa tiene que acreditar en forma indubitable la existencia del derecho que aduce afectado, pues además de que éste es uno de los principios esenciales de la litis constitucional, sólo en tal caso el tribunal de amparo podrá determinar si efectivamente el acto de autoridad resulta inconstitucional. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 216, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." De igual forma, cabe citar la diversa tesis XXV/89, emitida por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del país, en la Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, primera parte, enero-junio de 1989, página 338, cuyo rubro y texto señalan: "INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo." Así como la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1854, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro electrónico 2004501, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Por ello, si el propietario del negocio es Francisco Hernández Martínez y no el quejoso, es inconcuso que la clausura decretada sobre dicha negociación no le causa perjuicio alguno, pues no se actualiza una afectación en su esfera jurídica, al no acreditar contar con un derecho legítimamente tutelado; pronunciamiento que es para los efectos exclusivos de este juicio de amparo pues no prejuzga ni decide sobre los derechos sustantivos de las partes. Sentado lo anterior, el quejoso debió haber acreditado que la emisión del acta de inspección que reclama causa perjuicio en su interés jurídico y en todo caso que él es el propietario del giro comercial o bien, su representante legal; no obstante, no aportó prueba alguna que así lo demuestre, siendo que la carga de la prueba corresponde a este. Al caso, resulta aplicable por las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, sostenida por la Primera Sala de Nuestro Alto Tribunal en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero 2002, página 15, con número de registro electrónico 187777, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." De tal manera, al no haberse acreditado la afectación al interés jurídico del promovente opera la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, se impone sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia en relación con el acto reclamado al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo de la presente resolución. En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el peticionario de amparo, ya que al haberse actualizado el sobreseimiento del presente juicio, esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, sin que ello genere agravio alguno a la parte quejosa, porque dicha cuestión es de estudio preferente y de orden público. Lo anterior, tal como lo establece la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo VI, Materia Común, visible página 335, del rubro: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sergio Javier Hernández Beltrán. Notifíquese. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa y firma con el licenciado Kavdxary Youdvary González Macedo, secretario que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. LAPT/KYGM
- Incidental
Se tiene por recibido el escrito que firma Salvador González Muñiz, quien pretende apersonarse al presente juicio de amparo como tercero interesado y al efecto, realiza diversas manifestaciones. No ha lugar a reconocerle el carácter de tercero interesado en el presente asunto, en virtud de que en el presente asunto, los quejosos comparecen a juicio a reclamar del Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, la sentencia definitiva de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en juicio administrativo I-585/2015 de su índice, en su carácter de terceros extraños, al no haber sido llamados a comparecer a dicho juicio. De tal forma, toda vez que la sociedad en comento no fue parte en el juicio administrativo I-585/2015 del índice de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (juicio de origen), dado que en dicho asunto únicamente tuvieron intervención -como parte actora-, José Concepción ..., y el Consejo Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Tonalá y el Notificador de la Dirección Jurídica del citado ayuntamiento -como autoridades demandadas...
- Principal
Se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omiso, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo fue notificado el veintiséis de junio pasado, lo que se aprecia de la constancia de notificación correspondiente, sin que desahogara dicha vista. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 51 a 61), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "a) Se desincorpore de la esfera jurídica de la solicitante la aplicación del artículo 45, fracción II, inciso b), numeral 2, de la Ley de Ingreso del municipio de Zapopan, Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco (sin que sea obstáculo que no haya sido llamada a juicio): c) Emita otro recibo de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la cantidad que se haya pagado en exceso, tal como consta en el recibo oficial ********************expedido el veintidós de enero de dos mil diecinueve, anexo a la demanda de amparo, por la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados; así como la devolución de las cantidades que de ser el caso haya pagado en exceso de todos aquellos recibos que le hayan sido expedidos con motivo de la aplicación de dicho numeral, desde el primer acto de aplicación y hasta que cause ejecutoria este fallo." Luego, en proveído de cuatro de julio de este año, se tuvo a la Tesorería municipal de Zapopan, Jalisco, haciendo del conocimiento que la parte quejosa compareció ante ésta, a recoger el documento expedido a su favor, circunstancia que también fue hecha saber por la quejosa a través de su escrito presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el uno de julio de dos mil diecinueve. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente expediente, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, en términos del cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, a la par de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones de los similares que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil catorce; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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