Sergio Javier Gómez Ramírez
Expediente 855/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Sergio Javier Gómez Ramírez
Actuaciones
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Informe previo. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase al Coordinador de Asuntos Jurídicos en representación del Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, rindiendo informe previo; dese la cuenta correspondiente en la audiencia incidental. II. Domicilio y delegados. Como lo solicita, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por designados como sus delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a los profesionistas que menciona. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Coordinador de Asuntos Jurídicos en representación del Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, dese la cuenta correspondiente en la audiencia constitucional; con su contenido se da vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. II. Domicilio y delegados. Como lo solicita, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por designados como sus delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a los profesionistas que menciona. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda promovida por Sergio Javier Gómez Ramírez; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 855/2019 e intégrese expediente electrónico. Decisión sobre la instancia constitucional. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, párrafo primero, y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, contra la autoridad denominada: Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. De quien reclama haber ordenado de forma verbal que no se otorgara incapacidad al quejoso, así como su reintegración al servicio policial. III. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del seis de febrero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: a) Domicilio. Téngase como su domicilio procesal para recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. b) Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al escrito de demanda; sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Compulsa Hágase compulsa de las documentales que en original anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, con las copias simples que exhibió para el incidente de suspensión. Tiene aplicación al respecto, las jurisprudencias emitidas por el Pleno y Segunda Sala del Máximo Tribunal; de texto siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver." (Novena Época. Registro 163758. Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, materia común, tesis P./J. 71/2010, página 7). "CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010). La jurisprudencia citada establece como requisito que el Juez de Distrito, de oficio, ordene la compulsa o certificación de los documentos originales presentados con la demanda de amparo, con las copias simples que se anexen a ésta, a fin de que se tomen en consideración al emitir la resolución relativa a la suspensión definitiva de los actos reclamados. Incluso prevé que respecto a las pruebas documentales aportadas en el expediente principal del juicio de amparo durante el procedimiento, también debe actuar en los términos referidos, con el propósito de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren los mismos elementos probatorios. Ahora bien, dicha actuación corresponde al secretario del Juzgado de Distrito, según los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el 2o. de la Ley de Amparo, que en general establecen que el secretario del órgano jurisdiccional es quien debe realizar la certificación correspondiente, la cual constituye una actuación fundamental e imprescindible para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal y material de conocer si se aportaron elementos probatorios con la demanda de amparo o durante el procedimiento del juicio de garantías, con el objeto de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren las mismas pruebas documentales y al dictar la resolución atinente a la suspensión definitiva de los actos reclamados, atienda a todas las pruebas exhibidas por la quejosa, con base en lo cual emita una decisión apegada a la realidad jurídica de ese asunto." (Décima Época. Registro 2000319. Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, marzo de 2012, tomo 1, materia común, tesis: 2a./J. 19/2012 (10a.), página 401). d) Precisión de las autoridades responsables. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligación del peticionario de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables incluso tratándose de asuntos en donde opere la suplencia de la queja. 2. Autoridad responsable: a) Informe. Con fundamento en el artículo 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de quince días rinda su informe con justificación, apercibida que de no cumplir, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. b) Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en su caso, remita las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo, con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se impondrá una multa de cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. 3. Tercero interesado. Con los elementos que existen al momento, no se advierte persona a quien pudiera recaer el carácter de tercero interesado. 4. Representación social. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. V. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las partes para que en caso de que tengan conocimiento que se actualice alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, se impondrá una multa de treinta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo. VI. Incidente de suspensión. Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VIII. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículo 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación y formación de los cuadernos incidentales. Como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión, contra los actos que reclama a la siguiente autoridad: Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. Intervención a las partes del incidente de suspensión. Quejoso. a) Domicilio. Téngase como su domicilio procesal para recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. b) Prueba documental. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al escrito de demanda; sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia incidental. c) Precisión de las autoridades responsables. Se indica que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligación del peticionario de amparo, el señalar con precisión a las autoridades responsables incluso tratándose de asuntos en donde opere la suplencia de la queja. 2. Autoridad responsable. a) Informes previos. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, el que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual remítansele copia simple de la demanda de amparo, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la ley de la materia. 3. Representación Social. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. Audiencia interlocutoria. Se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del dos de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Fijación de los actos reclamados. En el caso, del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "La orden verbal con la cual el Secretario de Seguridad Pública Municipal, pretende reincorporarme al servicio policial, sin considerar el dictamen de incapacidad permanente emitido por el Director de Servicios Médicos Municipales del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, trastocando con tal actuación mi derecho a la salud adecuada." También se observa que el quejoso se desempeña como Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con número de cobro 9367; y, que desde el veinte de junio de dos mil diecisiete, está incapacitado por riesgo de trabajo, y fue el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve en que se realizó dictamen provisional de incapacidad permanente por el plazo de dos años, para fines de valuación. Asimismo, que inició su trámite de pensión por incapacidad física permanente. Del mismo modo, se observa que el quejoso solicita la suspensión de los actos reclamados para los efectos siguientes: ".para efecto de que la autoridad responsable se abstenga de reincorporarme al servicio hasta en tanto no cuente con medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud, por lo que la responsable deberá considerar que estoy imposibilitado permanentemente para realizar mi función como agente de tránsito adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa." Pronunciamiento sobre la suspensión provisional. Ahora bien, se procede a proveer respecto de la suspensión de las consecuencias de los actos reclamados antes citados, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, así como en la tesis jurisprudencial P./J. 4/2019 (10a.), que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. (Décima Época; Registro: 2019200; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 01 de febrero de 2019 10:03 h; Materia(s): (Constitucional); Tesis: P./J. 4/2019 (10a.). En principio, resulta necesario traer a contexto los requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, para lo que es necesario atender a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, que en la parte que aquí interesa, son del tenor siguiente: CONSTITUCIÓN FEDERAL "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.). X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". LEY DE AMPARO "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. (.). ARTÍCULO 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: (.)". Conforme a los numerales antes transcritos se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión de los actos reclamados son los siguientes: Que la parte quejosa solicite la suspensión de los actos reclamados. Que sean presuntivamente ciertos los actos reclamados cuya paralización se solicita. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión. Que con la concesión de la medida cautelar no se vulneren disposiciones de orden público ni contravenga el interés social. Solamente en caso de cumplirse dichos requisitos este órgano jurisdiccional estará en condiciones de conceder la suspensión. Así, para resolver sobre la medida cautelar del acto reclamado solicitado por el quejoso, debe examinarse, en principio, la naturaleza de éstos, para determinar o no si son paralizables, es decir, que puedan contenerse preventivamente sus efectos hasta que se resuelva el juicio en definitiva y, además, si se satisfacen o no las exigencias previstas en los artículos 128 y demás relativos de la Ley de Amparo. Es pertinente recordar que la institución suspensiva sólo garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no pueden abordarse cuestiones del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues ello equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no resulte favorable al quejoso, por la insuficiencia, deficiencia o inoperancia de los conceptos de violación, o bien, porque se actualice una causa de improcedencia, por lo que la restitución de la situación jurídica sólo es propia de la concesión del amparo, a menos que en el caso concreto exista apariencia de buen derecho y peligro en la demora, pues ante tal evento es posible anticipar de manera provisional los efectos de una eventual sentencia concesoria del amparo. Esto es, deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, siempre y cuando la naturaleza del acto lo permita. En reiterados criterios la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal ha establecido directrices para determinar la existencia de la apariencia del buen derecho, siendo las siguientes: Para advertir la existencia del "derecho discutido en el proceso", el órgano jurisdiccional debe examinar cada asunto en específico, con base en el contenido del acto reclamado y a partir de la normatividad que le sea aplicable. La normatividad aplicable al acto reclamado es la base de la "apariencia del buen derecho", que no es otra cosa que verificar si el acto reclamado es acorde o no con la normatividad que lo rige. El estudio sobre la "apariencia del buen derecho", sólo rige para la suspensión y no debe entenderse como parte de la resolución de fondo del asunto. La "apariencia del buen derecho" se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad, respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Así, para decidir sobre el otorgamiento de la suspensión solicitada, debe realizarse un juicio de ponderación y un análisis razonado, la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social y al orden público. En el entendido de que tal ponderación deberá hacerse incluso cuando se esté en presencia de cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 129 de la ley de Amparo. En esa virtud y derivado de la ponderación razonada de los citados factores relevantes, procede conceder la suspensión solicitada, en relación con los efectos y consecuencias de la orden verbal de que la institución de salud niegue otorgar incapacidad al quejoso, además de reincorporarse al servicio policial a pesar de que desde el veinte de junio de dos mil diecisiete, está incapacitado por riesgo de trabajo y que por tal motivo el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve se realizó dictamen provisional de incapacidad permanente por el plazo de dos años, para fines de valuación. Sin que esto implique dar efectos restitutorios definitivos. Ello, porque en apariencia de buen derecho, la orden verbal, por una parte, es previsiblemente invasiva de competencias ajenas (Institución de Salud); por otra, de suya carece de absoluta fundamentación y motivación. Así, del derecho a la tutela judicial efectiva, dimana el derecho a medidas cautelares aptas a fin de que la administración de justicia a través del proceso no resulte inútil para la protección de los derechos fundamentales de los gobernados. La suspensión vinculada con la orden verbal de que la institución de salud niegue otorgar incapacidad al quejoso, además de reincorporarse al servicio policial a pesar de que desde el veinte de junio de dos mil diecisiete, está incapacitado por riesgo de trabajo y que por tal motivo el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve se realizó dictamen provisional de incapacidad permanente por el plazo de dos años, para fines de valuación, es de las que para su procedencia requieren de la petición de parte, y para ello deben cumplirse los requisitos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, y son los siguientes: I. Solicitud del quejoso de la suspensión, la cual consiste en la voluntad de obtener la paralización de los efectos y consecuencias de la orden de mérito, a fin de no ser reincorporación al servicio activo dentro del servicio policial como elemento de tránsito adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, con motivo de la incapacidad permanente con la que fue dictaminado en forma provisional. En el caso específico debe ponerse especial énfasis en para qué efectos se solicita la suspensión de la orden cuestionada, esto es, se debe atender a si el quejoso solicita su no reincorporación al servicio activo por contar con un dictamen provisional de incapacidad permanente por riesgo de trabajo que le impide desarrollar su actividad como elemento de tránsito adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por estar incapacitado permanentemente y con ello, no nada más se pondría en riesgo su salud e integridad física, sino la seguridad de la colectividad, al tener como activo a elemento de policía de tránsito que no está en condiciones físicas se salvaguardar el orden y la seguridad pública. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Respecto a este requisito el Alto Tribunal ha determinado que los requisitos previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, es un concepto graduable, en función de la exigencia constitucional derivada del derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un proceso adecuado para la protección de los derechos fundamentales defendidos a través del juicio de amparo. De tal manera que, si los efectos para los cuales se pide la suspensión es para que el quejoso no sea reincorporado como miembro activo al servicio público como elemento de policía de tránsito vial, y dado su condición física por la cual fue dictaminado provisionalmente con incapacidad permanente para desarrollo dicha actividad, se estima entonces, que debe prevalecer el derecho a la salud del quejoso y con ello incluso evitar que se ponga en riesgo a la colectividad, al tener como activo a un elemento que físicamente no está apto -dada su incapacidad permanente- para brindar apoyo y seguridad a la sociedad. III. Que los daños y perjuicios que se puedan causar al quejoso con la ejecución de los actos reclamados (orden para incorporarse al servicio policial a pesar de que desde el veinte de junio de dos mil diecisiete, está incapacitado por riesgo de trabajo y que por tal motivo el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve se realizó dictamen provisional de incapacidad permanente por el plazo de dos años, para fines de valuación) sean de difícil reparación. En la especie se estima que dicha orden es una medida que causa daños y perjuicios de difícil e imposible reparación, porque tiende a poner en tela de juicio, durante la tramitación del juicio de amparo, el derecho a la salud del afectado, así como a privarlo de momento a momento a una recuperación integral; máxime que de acuerdo a las documentales que anexó a su escrito de cuenta, se advierte que con motivo de dicha incapacidad se encuentra realizando los trámites para su pensión, desde el veintidós de julio de dos mil diecinueve. En consecuencia, atendiendo a los principios de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, considera que es procedente otorgar la suspensión provisional respecto de los efectos de la orden para incorporarse al servicio policial a pesar de que desde el veinte de junio de dos mil diecisiete, está incapacitado por riesgo de trabajo y que por tal motivo el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve se realizó dictamen provisional de incapacidad permanente por el plazo de dos años, a fin de que el quejoso no sea obligado a incorporarse al servicios público como elemento de policía de tránsito, mientras no exista una revaluación que revoque o modifique la incapacidad permanente que le fue otorgada. Ello con la finalidad de no poner en riesgo la salud e integridad física del quejoso, quien de acuerdo a las documentales exhibidas, existe un dictamen provisional donde se le otorgó incapacidad permanente para laborar; motivo por el cual, está realizando los trámite de pensión. Además, tomando en consideración lo que establecen los numerales 491 y 492 de la Ley Federal de Trabajo, que a la letra disponen: "Artículo 491. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago se hará desde el primer día de la incapacidad. Si a los tres meses de iniciada una incapacidad no está el trabajador en aptitud de volver al trabajo, él mismo o el patrón podrá pedir, en vista de los certificados médicos respectivos, de los dictámenes que se rindan y de las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual indemnización o procede declarar su incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. Estos exámenes podrán repetirse cada tres meses. El trabajador percibirá su salario hasta que se declare su incapacidad permanente y se determine la indemnización a que tenga derecho. Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador." Esto es, de los transcritos numerales se advierte que la propia ley que regula lo relativo a la incapacidad presentada por el quejoso, se privilegia la salud de los trabajadores, al establecer que si a los tres meses de iniciada una incapacidad no está el trabajador en aptitud de volver al trabajo, él mismo o el patrón podrá pedir, en vista de los certificados médicos respectivos, de los dictámenes que se rindan y de las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual indemnización o procede declarar su incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. Bajo tal contexto, debe estimarse que sí es factible en este caso, conceder la suspensión provisional solicitada para que el quejoso no sea obligado a incorporarse al servicios público como elemento de policía de tránsito, mientras no exista una revaluación que revoque o modifique la incapacidad permanente que le fue otorgada Lo anterior, porque si la medida cautelar se puede basar en los principios de verosimilitud o apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, nada impide que ante un acto de autoridad (como el que nos ocupa) que se prolonga en el tiempo, se pueda analizar esos elementos, y si la medida cautelar, como mera suspensión es ineficaz, debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolverlo posteriormente en forma definitiva y, permitir, mientras tanto, el desarrollo de ciertas conductas por parte del quejoso, que si se le impidieran ocasionarían perjuicio a él, ocasionándole daños y perjuicios de carácter irreparable, que la protección constitucional no lograría reparar. Además, en esta determinación no tiene efectos restitutorios definitivos, propiamente dichos sino provisionales, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, porque el tiempo en el cual el quejoso sea obligado a laborar cuando le ha sido expedida una incapacidad permanentemente para ello, nadie puede restituirlo, e incluso se pondría en riesgo su salud, así el efecto de la suspensión será interrumpir los efectos y consecuencias de la orden combatida en tanto se resuelve el fondo del juicio de amparo, y en el supuesto de que se niegue la protección de la Justicia Federal, porque la apariencia del buen derecho, sea equivocada, la autoridad responsable podrá incorporar al quejoso del servicio activo como elemento de policía de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Notifíquese.
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