Sergio Iván Casares Valencia
Expediente 976/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2017
Partes del expediente
- Sergio Iván Casares Valencia
Actuaciones
- Principal
Se tiene por no presentada la demanda de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
Se tiene por no presentada la demanda de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada por dicho tribunal así como los autos originales del presente juicio de amparo, lo anterior, con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia que resolvió el sumario en que se actúa. Consecuentemente, acúsese recibo, glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado al presente expediente; háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y estese a lo resuelto por el Superior que mediante la ejecutoria de cuenta determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por RAYMUNDO ESTRADA RUBIO, contra el acto, autoridades y por las razones expuestas en el considerando tercero de la sentencia impugnada." TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******, contra los artículos 95 y 145, párrafos primero y tercero, de la ley de Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1° de enero de 2014. CUARTO. La justicia de la unión ampara y protege a RAYMUNDO ESTRADA RUBIO, contra la regla I.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 y la retención impugnada, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. " REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo establecido en la ejecutoria del Tribunal de Alzada. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal.
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