Sergio Ivan Alcala Martinez

Expediente 64/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
64/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2017

Partes del expediente

  • Sergio Ivan Alcala Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías promovida por el quejoso; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, en el término de cinco años computado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos del artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por existir un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se destaca que la parte quejosa, omitió cumplir cabalmente con el requerimiento efectuado por acuerdo de veinticuatro de enero del presente año, donde se le previno para que bajo protesta de decir verdad, cumpliera con el cuestionamiento realizado en dicho proveído; en tal virtud, considerando que tal proveído se le notificó el treinta de enero del año en curso, sin que a la fecha obre constancia de que tal prevención haya sido cumplida cabalmente; en consecuencia, al haber transcurrido el término de cinco días que le fue concedido por acuerdo de veinticuatro de enero del presente año, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la presente demanda de garantías.

  3. Principal

    de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico al quejoso Sergio Iván Alcalá Martínez, el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, por lista de acuerdos que se fija en los tableros del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, así como en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación (www.cjf.gob.mx), toda vez que la parte interesada no se presentó al Juzgado de mérito, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se dejó el citatorio relativo, en el horario de labores del mismo comprendido de las nueve a las quince horas a notificarse del acuerdo aludido, cuyo auto esencialmente dice: Vista la demanda de amparo promovida por SERGIO IVAN ALCALÁ MARTINEZ, contra actos del CONSEJO DE HONOR SUPERIOR ADSCRITO A LA PRIMERA REGION NAVAL, CON RESIDENCIA EN VERCARUZ, VERACRUZ, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que corresponde con el número de partida 64/2017-II. PREVENCIÓN. Previo a proveer sobre el trámite de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito, y con tantas copias del mismo como exhibió de su escrito de demanda, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con las siguientes prevenciones: ? Manifieste si la resolución reclamada en el juicio de amparo 56/2017 del índice de este Juzgado es la misma que pretende combatir a través del presente juicio de garantías, o si se trata de una diversa, toda vez que si bien difieren de la fecha, pues en aquel sumario constitucional se señala que es de fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en este nuevo juicio de amparo se refiere que es de veintiocho del mismo mes y año, sin embargo, de los antecedentes de los actos reclamados en ambas demandas se observa que reclama la resolución que resuelve el recurso de inconformidad que interpuso el quejoso en contra de la resolución de veintidós de octubre de dos mil trece, a través de la cual se le dio de baja del servicio activo de la Armada de México; aunado a que la emisión de dicha resolución se atribuye a la misma autoridad y deriva de los mismos hechos que refiere el quejoso en ambas demandas de garantías. ? En caso de tratarse de resoluciones diversas, exhiba copia simple o certificada de la resolución reclamada en el citado juico de amparo 56/2017 del índice de este Juzgado, es decir, de la dictada en fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, por el Consejo de Honor Superior de la Primera Región Naval en Veracruz, Veracruz. Apercíbase a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior en el término que se le indica, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, esto, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o por manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones aun las que tengan el carácter de personal, por lista de acuerdos; lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene como sus autorizados a ALEJANDRO FLORES GONZALEZ, JULIO CUEVAS OCAMPO, BEATRIZ PERALTA VARGAS, ERASMO SALYANO ALVARADO, FELIPE OLVERA MONTES y JUAN LUIS RUIZ ZARATE, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con cédula profesional 3472355, 4560732, 3257015, 09051612, 6702081 y 3545613, respectivamente, debidamente inscritas en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el acuerdo general 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, en términos del segundo párrafo, parte final, del citado numeral, a las restantes personas que menciona, por no acreditar ante este Juzgado que se encuentren facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho. En otro orden, se autoriza a la parte quejosa y a sus autorizados a imponerse de los autos que integran el expediente en que se actúa, por medio de cámaras, grabadoras, dispositivos ópticos y teléfonos celulares; en consecuencia, como lo solicita y con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase al promovente y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras, dispositivos ópticos y teléfonos celulares, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a la parte quejosa y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que el promovente o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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