Sergio Ismael Carranza Peña

Expediente 168/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
168/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Sergio Ismael Carranza Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer el recurso de revisión en contra del auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por el quejoso Sergio Ismael Carranza Peña, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este órgano jurisdiccional este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional. Sin que se haga pronunciamiento sobre la devolución de documentos, de conformidad con la certificación inserta al proemio de este acuerdo, ni tampoco de garantía, toda vez que no se apertura incidente de suspensión. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el párrafo primero del dispositivo 21 del indicado acuerdo general, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del juicio principal. Para el trámite de la destrucción del juicio de amparo deberá observarse lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal y otro tanto de dichos documentos deberán conservarse en este órgano jurisdiccional. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula del expediente principal, los datos precisados con antelación, con la leyenda de valoración "destruible". Aviso de cambio de titular Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, el suscrito funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Sergio Ismael Carranza Peña, mediante el cual, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la autoridad responsable le notificó el acuerdo que dictó el nueve de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se programó la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 5A-2315/2019, para las once horas del tres de junio del año en curso, motivo por el cual, considera que han cesado los efectos del acto reclamado, al haberse reanudado el procedimiento natural. Ahora bien, del análisis integral de la demanda y de las constancias que obran en autos se advierte que el peticionario señaló como acto reclamado en su escrito de demanda el siguiente: "(.) ACTO RECLAMADO:- Se reclama de la responsable el OMITIR SEÑALAR FECHA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, ya que ésta audiencia se suspendió por pláticas conciliatorias con fecha 12 de marzo del 2020; (aún cuando la ley no contempla la suspensión de la audiencia, por pláticas)". Sic. Acto por el cual, en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención correspondiente al fiscal de la Federación adscrito. Posteriormente, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el siete de abril del presente año, la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, informó lo que enseguida se transcribe: "(.) Por otro lado, infórmese a esa autoridad federal, que por un error involuntario de esta junta, en el informe justificado rendido a aquella autoridad, fue omisa en informar que esta junta con fecha nueve de noviembre del año dos mil veinte, emitió un proveído mediante el cual señala fecha para la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, para el día tres de junio del año dos mil veintiuno, lo que se hace de su conocimiento para constancia legal". Comunicado al cual adjuntó copia certificada del mencionado acuerdo, en el que, además ordenó al actuario de su adscripción notificar personalmente a las partes actora y demandada para efectos de su comparecencia a la continuación de la audiencia bifásica. Constancia que cuenta con valor probatorio pleno, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que expresa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, este juzgador estima que en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional (.)". Lo anterior es así, debido a que del acuerdo de nueve de noviembre del año dos mil veinte, remitido en copia certificada por la junta responsable, se acredita que a la data de presentación de la demanda de amparo (tres de marzo de dos mil veintiuno) no existía el acto reclamado; de manera que es innegable que no existía la omisión imputada a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Para una mayor comprensión del asunto se relatan los siguientes antecedentes: El doce de septiembre de dos mil diecinueve, la parte actora del juicio de origen -aquí quejosa- presentó su escrito de demanda contra del "Instituto Sor Juana Inés de la Cruz Morelia", "Universidad Sor Juana Inés de la Cruz", Reyna Maritza y Valdemar, ambos de apellidos López Herrejón, por rescisión de la relación laboral y otras prestaciones. En acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve se admitió la demanda laboral y se señaló como fecha para la celebración de la audiencia de admisión, demanda y excepciones el doce de marzo de dos mil veinte; ordenándose el emplazamiento de los demandados. Llegado el día de la audiencia únicamente compareció el representante del "Instituto Sor Juana Inés de la Cruz Morelia", por lo que éste y el trabajador, aquí quejoso, solicitaron la suspensión de ésta por encontrarse en pláticas conciliatorias, a lo que accedió la junta responsable, señalando las once horas del veintinueve de mayo de dos mil veinte para su continuación. Derivado de la pandemia ocasionada por el virus SarsCov-2 Covid-19, no se verificó la continuación de la audiencia bifásica el veintinueve de mayo de dos mil veinte, ni tampoco se notificó a las partes acuerdo relativo a su reprogramación; motivo por el cual, el tres de marzo de dos mil veintiuno el quejoso presentó su demanda de amparo, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Federal. Empero, mediante acuerdo de nueve de noviembre del año dos mil veinte, la junta responsable señaló las once horas con treinta minutos de tres de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, ordenando notificar a las partes actora y demandada la referida determinación, para efectos de su comparecencia. Por tanto, se reitera, desde el nueve de noviembre de dos mil veinte la autoridad responsable señaló fecha para el desahogo de la diligencia de mérito y, ordenó su notificación y apercibimiento a las partes actora y demandada para que comparezcan a las once horas con treinta minutos de tres de junio de dos mil veintiuno en que se tiene programado su verificativo, esto es, previo a la presentación de la demanda de amparo -tres de marzo de dos mil veintiuno-. En esas condiciones, se considera que en el presente asunto está debidamente comprobada la inexistencia de la omisión reclamada a la junta responsable (lo que se corrobora con las manifestaciones vertidas por el quejoso en el escrito de cuenta, inicialmente referido), por lo que sería ocioso esperar hasta el verificativo de la audiencia constitucional, la que se encuentra señalada para las doce horas con cuarenta minutos del seis de mayo de dos mil veintiuno, dado que ninguna probanza arrimada por las partes podría desvirtuar dicha inexistencia; máxime que la sentencia no puede ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen al juicio constitucional. Consecuentemente, con fundamento en el precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio promovido por Sergio Ismael Carranza Peña, contra la omisión que reclamó a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en virtud de su inexistencia; por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como la citación para la audiencia constitucional, señalada para las doce horas con cuarenta minutos del seis de mayo de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2646, con número de registro electrónico 2019142, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional". De la misma manera, es aplicable, por analogía, la tesis publicada en la página 254 del Tomo XIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, enero de 1994 cuyo rubro y texto disponen: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo, cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizase con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". Así como la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 68, del Tomo 76, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de abril de 1994, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". Finalmente, cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Capturas y anotaciones. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJSOA. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Sergio Ismael Carranza Peña, mediante el cual, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la autoridad responsable le notificó el acuerdo que dictó el nueve de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se programó la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 5A-2315/2019, para las once horas del tres de junio del año en curso, motivo por el cual, considera que han cesado los efectos del acto reclamado, al haberse reanudado el procedimiento natural. Ahora bien, del análisis integral de la demanda y de las constancias que obran en autos se advierte que el peticionario señaló como acto reclamado en su escrito de demanda el siguiente: "(.) ACTO RECLAMADO:- Se reclama de la responsable el OMITIR SEÑALAR FECHA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, ya que ésta audiencia se suspendió por pláticas conciliatorias con fecha 12 de marzo del 2020; (aún cuando la ley no contempla la suspensión de la audiencia, por pláticas)". Sic. Acto por el cual, en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención correspondiente al fiscal de la Federación adscrito. Posteriormente, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el siete de abril del presente año, la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, informó lo que enseguida se transcribe: "(.) Por otro lado, infórmese a esa autoridad federal, que por un error involuntario de esta junta, en el informe justificado rendido a aquella autoridad, fue omisa en informar que esta junta con fecha nueve de noviembre del año dos mil veinte, emitió un proveído mediante el cual señala fecha para la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, para el día tres de junio del año dos mil veintiuno, lo que se hace de su conocimiento para constancia legal". Comunicado al cual adjuntó copia certificada del mencionado acuerdo, en el que, además ordenó al actuario de su adscripción notificar personalmente a las partes actora y demandada para efectos de su comparecencia a la continuación de la audiencia bifásica. Constancia que cuenta con valor probatorio pleno, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que expresa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, este juzgador estima que en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional (.)". Lo anterior es así, debido a que del acuerdo de nueve de noviembre del año dos mil veinte, remitido en copia certificada por la junta responsable, se acredita que a la data de presentación de la demanda de amparo (tres de marzo de dos mil veintiuno) no existía el acto reclamado; de manera que es innegable que no existía la omisión imputada a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Para una mayor comprensión del asunto se relatan los siguientes antecedentes: El doce de septiembre de dos mil diecinueve, la parte actora del juicio de origen -aquí quejosa- presentó su escrito de demanda contra del "Instituto Sor Juana Inés de la Cruz Morelia", "Universidad Sor Juana Inés de la Cruz", Reyna Maritza y Valdemar, ambos de apellidos López Herrejón, por rescisión de la relación laboral y otras prestaciones. En acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve se admitió la demanda laboral y se señaló como fecha para la celebración de la audiencia de admisión, demanda y excepciones el doce de marzo de dos mil veinte; ordenándose el emplazamiento de los demandados. Llegado el día de la audiencia únicamente compareció el representante del "Instituto Sor Juana Inés de la Cruz Morelia", por lo que éste y el trabajador, aquí quejoso, solicitaron la suspensión de ésta por encontrarse en pláticas conciliatorias, a lo que accedió la junta responsable, señalando las once horas del veintinueve de mayo de dos mil veinte para su continuación. Derivado de la pandemia ocasionada por el virus SarsCov-2 Covid-19, no se verificó la continuación de la audiencia bifásica el veintinueve de mayo de dos mil veinte, ni tampoco se notificó a las partes acuerdo relativo a su reprogramación; motivo por el cual, el tres de marzo de dos mil veintiuno el quejoso presentó su demanda de amparo, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Federal. Empero, mediante acuerdo de nueve de noviembre del año dos mil veinte, la junta responsable señaló las once horas con treinta minutos de tres de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, ordenando notificar a las partes actora y demandada la referida determinación, para efectos de su comparecencia. Por tanto, se reitera, desde el nueve de noviembre de dos mil veinte la autoridad responsable señaló fecha para el desahogo de la diligencia de mérito y, ordenó su notificación y apercibimiento a las partes actora y demandada para que comparezcan a las once horas con treinta minutos de tres de junio de dos mil veintiuno en que se tiene programado su verificativo, esto es, previo a la presentación de la demanda de amparo -tres de marzo de dos mil veintiuno-. En esas condiciones, se considera que en el presente asunto está debidamente comprobada la inexistencia de la omisión reclamada a la junta responsable (lo que se corrobora con las manifestaciones vertidas por el quejoso en el escrito de cuenta, inicialmente referido), por lo que sería ocioso esperar hasta el verificativo de la audiencia constitucional, la que se encuentra señalada para las doce horas con cuarenta minutos del seis de mayo de dos mil veintiuno, dado que ninguna probanza arrimada por las partes podría desvirtuar dicha inexistencia; máxime que la sentencia no puede ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen al juicio constitucional. Consecuentemente, con fundamento en el precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio promovido por Sergio Ismael Carranza Peña, contra la omisión que reclamó a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en virtud de su inexistencia; por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como la citación para la audiencia constitucional, señalada para las doce horas con cuarenta minutos del seis de mayo de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2646, con número de registro electrónico 2019142, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional". De la misma manera, es aplicable, por analogía, la tesis publicada en la página 254 del Tomo XIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, enero de 1994 cuyo rubro y texto disponen: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo, cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizase con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". Así como la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 68, del Tomo 76, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de abril de 1994, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". Finalmente, cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Capturas y anotaciones. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló informa el domicilio de los demandados en el juicio laboral subyacente, el que se ubica en: DEMANDADODOMICILIO PROCESALInstituto Sor Juana Inés de la Cruz, en el nivel Básico y/o como en lo sucesivo se le denomine, por cualquier figura jurídica. Calle Dr. José María Coss, número 4129, colonia Riviera 1, de esta ciudad. Universidad Sor Juana Inés de la Cruz, en el nivel Preparatoria y Licenciatura y/o como en lo sucesivo se le denomine, por cualquier figura jurídica. Al propietario y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo antes citada Reyna Maritza López Herrejón Valdemar López Herrejón Emplazamiento a terceros interesados. Por lo que, tomando en consideración que a éstos les reviste el carácter de terceros interesados en el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que los emplace a juicio en el referido domicilio, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda, del auto de admisorio de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, así como del presente proveído. De igual forma, les haga saber que la fecha para la celebración de la audiencia constitucional se fijó para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO y los aperciba para que en el momento de la diligencia, o bien dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este auto, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido que de no hacerlo las subsecuentes, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo se les practicarán en el domicilio donde sean emplazados, con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

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