Sergio Islas Alvarado

Expediente 868/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
868/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Sergio Islas Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    ADM se reanuda la tramitación del presente juicio de amparo para los efectos legales correspondientes. En el entendido de que se emite el presente acuerdo hasta el día de hoy, en virtud de las medidas de ampliación de plazos para la reanudación escalonada establecido en el punto 17 del apartado II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, en relación con el artículo 2°, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19; cuya fecha límite se fijó para el quince de marzo de dos mil veintiuno. Luego, visto el estado procesal que guardan los presente autos, y de conformidad en lo establecido en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su precepto legal 2°, se tiene por hecha la certificación de cuenta para conocimiento de las partes. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra la determinación de treinta de noviembre de dos mil veinte, por la que se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que en virtud de lo acordado en líneas que preceden, se deja sin efectos la suspensión de plano y oficio decretada en el presente asunto. Luego, si bien es cierto que la notificación del presente auto debe practicarse al quejoso en términos del artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; no menos cierto resulta que mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, se le tuvo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito; por tanto, practíquese esta notificación a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 29 de la Ley de Amparo; se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, devuelve diligenciado el exhorto 570/2020 (orden 570/2020) del índice de este órgano jurisdiccional, por medio del cual se le solicitó notificar al quejoso Sergio Islas Alvarado, los autos de trece, catorce, quince, diecisiete y veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dictados en los autos del presente asunto. En ese sentido, dese de baja la citada comunicación oficial y háganse las anotaciones correspondientes tanto en el Libro de Gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes; sin que resulte necesario acusar recibo de la misma, dada la forma de envío correspondiente. En consecuencia, como lo establece el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase por notificado al quejoso de los autos de trece, catorce, quince, diecisiete y veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Ahora, de la diligencia de veintiséis de noviembre pasado, a través de la cual se realizó la notificación de los proveídos aludidos; se advierte que el quejoso manifestó lo siguiente: "Notificado y recibo copias de todos los acuerdos descritos de la presente acta y ratifico la demanda de amparo promovida a mi favor y ratifico el domicilio procesal y autorizados en dicha demanda". (sic) En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Atento a lo manifestado, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por ratificada la demanda de amparo promovida en su favor por Eduardo Acosta Hernández, para los efectos legales conducentes. Ahora, respecto de su manifestación relativa a que autoriza a las personas señaladas en el escrito de demanda, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jonathan Duarte González, Adán Martin Ortiz Rincón y Marcela Flores Pérez.; pues cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del precepto legal en cita, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas referidas en el escrito de cuenta, por carecer de dicho registro. Luego, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, y en atención a lo solicitado por el quejoso, practíquense las notificaciones que deriven del presente juicio de amparo a través de la lista que se fija en este recinto judicial. Por otro lado, en virtud de que el quejoso ya cuenta con autorizados en términos amplios y en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a partir del presente auto las notificaciones que deban efectuársele en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; realícense por conducto de aquéllos, sin que con ello se deje en estado de indefensión al impetrante, al estar debidamente representado en este juicio constitucional. Ahora bien, del análisis de las constancias se aprecia que el quejoso ya no se encuentra a disposición de las autoridades señaladas como responsables en su libelo constitucional, a quienes les atribuía la privación ilegal de la libertad y la incomunicación; sino que actualmente se encuentra interno en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Lic. Juan Fernández Albarrán" en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Ante tal circunstancia, este Juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo; razón por la que se impone sobreseer en el presente juicio constitucional, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" Lo anterior es así, toda vez que de las constancias de autos, se aprecia clara y fehacientemente que los actos reclamados por el impetrante en el juicio constitucional en que se actúa, se encuentran consumados de modo irreparable. En principio, cabe destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Sin embargo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados deben apreciarse atendiendo a su naturaleza y efectos, ya que de otra manera, llegaríamos al extremo de afirmar equívocamente que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. En otras palabras, resulta equívoco establecer que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia nos ilustra en el sentido de que los actos consumados los podemos clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable, y; b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable. Sin embargo, los segundos constituyen aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, resulta patente que el acto reclamado argüido por los impetrantes, atendiendo a su naturaleza y efectos, constituye un acto consumado de forma irreparable. Se concluye de manera inequívoca lo anterior, en virtud de lo siguiente: a) Ya se ejecutó; b) Ya surtió todos sus efectos y consecuencias legales, y; c) No pueden volver las cosas al estado que guardaban antes de la materialización de los actos reclamados, aun cuando se hubiese concedido un hipotético fallo protector. Se explicita lo anterior. En el presente juicio de amparo se señalaron como actos reclamados la privación ilegal de la libertad y la incomunicación de que supuestamente fue objeto el quejoso Sergio Islas Alvarado; y se señalaron como autoridades responsables al Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de Lerma de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y al Coordinador de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Justicia de Lerma de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Sin embargo, de las constancias certificadas de la carpeta de investigación LER/FHT/054/280449/20/11, mismas que obran en autos, se advierte que el trece de noviembre de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de homicidios Unidad de Investigación Cuatro, Toluca, Estado de México; decretó la libertad del quejoso bajo reservas de la Ley por el delito de cohecho (cometido por particulares), y giró oficio al Coordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que permitiera la salida inmediata del ahora impetrante del área de seguridad del Centro de Atención Ciudadana de Lerma de Villada, Estado de México. En ese sentido, resulta evidente la materialización de la causa de improcedencia invocada con antelación, puesto que se surten las notas esenciales precisadas en supralíneas, esto es: a) El quejoso estuvo transitoriamente privado de su libertad personal ante las autoridades señaladas como responsables, y; b) Posteriormente se le puso en libertad por el delito por el cual se encontraba retenido ante las autoridades señaladas como responsables. En ese tenor, resulta fehaciente e irrebatible que el juicio de amparo no podría generar consecuencia jurídica benéfica al impetrante de amparo, puesto que ni siquiera un eventual fallo protector podría tener el efecto de volver las cosas al estado que guardaban antes de la supuesta materialización de los actos reclamados, ya que de ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar los actos reclamados, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la supuesta incomunicación y supuesta privación ilegal de la libertad sufrida por los quejosos ante las responsables, y que a la postre cesó con su puesta en libertad por el delito investigado a través de la carpeta de investigación LER/FHT/054/280449/20/11. En otras palabras, conforme a la naturaleza de los actos reclamados, una eventual concesión de amparo no puede revertir las condiciones fácticas supuestamente soportadas por el impetrante, debido a que una vez que este fue puesto en libertad por la autoridad ministerial, el supuesto estado de incomunicación y/o privación ilegal de la libertad ante las responsables se convirtió en un acto ontológicamente imposible de reparar, al haber acontecido precisamente en un momento temporal determinado que a la postre cesó al haberlo puesto en libertad por el delito de cohecho investigado en la carpeta de investigación de referencia. Es decir, las declaraciones del órgano de control constitucional solo pueden conseguir la finalidad de restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I del artículo 77 de la Ley de la materia, cuando existen condiciones fácticas viables, sin embargo, ninguna sentencia emitida por este Juzgado de Distrito podría tener los alcances de volver el tiempo atrás y haber impedido que los quejosos fueran hipotéticamente incomunicados y/o privados ilegalmente de su libertad ante las responsables; de ahí que resulte palmaria e indudable la improcedencia del presente sumario constitucional, pues resultaría ocioso y a nada practico conduciría emprender el estudio de constitucionalidad de los supuestos actos de incomunicación y/o privación ilegal de la libertad supuestamente materializados por el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de Lerma de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y el Coordinador de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Justicia de Lerma de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; cuando la determinación de inconstitucionalidad del mismo, se limitaría a una mera declaración vacía e ineficaz que desde luego no podría cambiar hechos que se suscitaron en el pasado. Por tanto, al haber sido puestos en libertad el trece de noviembre de dos mil veinte por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de homicidios Unidad de Investigación Cuatro, Toluca, Estado de México; como se desprende de las constancias certificadas de la carpeta de investigación LER/FHT/054/280449/20/11, seguida en contra del quejoso por el delito de cohecho, mismas que obran en autos, y a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; es evidente que se consumaron de forma irreparable los actos reclamados por el quejoso, y por ende, resulta dable sobreseer en el mismo fuera de audiencia, con base en la ya expuesta fracción XVI del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de la materia. No pasa desapercibido que actualmente el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Lic. Juan Fernández Albarrán" en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; sin embargo, el motivo de su estadía en tal centro de reclusión no deriva de los actos, ni de las autoridades señaladas en este juicio de amparo; en otras palabras, se afirma que la medida cautelar que impera sobre el peticionario de la Justicia Federal, resulta diversa a las cuestiones ventiladas en este sumario constitucional; de lo que se puede concluir que tanto aquélla, como el acto procesal penal de que derivó, ciertamente pueden ser impugnados a través de la vía ordinaria correspondiente, o del juicio de amparo biinstancial, pero en un diverso juicio independiente y autónomo, en el que se señales tales actos de manera destacada, y se expresen las autoridades jurisdiccionales que participaron en su emisión. De igual forma, tampoco pasa desapercibido para este órgano de control de constitucionalidad, que se encuentra transcurriendo la oportunidad para que la parte quejosa desahogara la prevención decretada en proveído de trece de noviembre del presente año; lo anterior, toda vez que las constancias certificadas precisadas con antelación resultan en el caso suficientes, idóneas y pertinentes en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; para advertir de forma manifiesta e indudable la materialización de la causa de improcedencia expuesta con antelación, la cual no podría desacreditarse de forma jurídica o material de ningún modo, incluso desahogándose aquélla; lo cual vuelve patente su eficacia, misma que puede decretarse desde este momento, sin esperar el eventual desahogo de la prevención precitada. Ahora, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe practicarse de forma personal en términos del inciso j) fracción I del artículo 26 de la Ley de la materia; porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que en líneas precedentes se tuvo como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 544/2020 (orden 544/2020) del índice de este órgano jurisdiccional, por medio del cual se le solicitó notificar al quejoso Sergio Islas Alvarado los autos de trece y diecisiete de noviembre de dos mil veinte, así como efectuar la diligencia de ratificación de la demanda. En ese sentido dése de baja la citada comunicación oficial; y háganse las anotaciones correspondientes tanto en el Libro de Gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes; sin que resulte necesario acusar recibo de la presente comunicación oficial, dada la forma de envío correspondiente. Sin que haya lugar a realizar mayor gestión al respecto, toda vez que la parte quejosa ya fue notificada de los citados autos, y ratificó oportunamente la demanda de amparo enderezada en su nombre, como se acordó en auto de esta misma fecha, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Ahora, tal como se acordó en el auto de esta misma fecha; en términos del artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; practíquese la notificación del presente auto mediante la lista que se publica en este Juzgado de Distrito, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. Finalmente, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 29 de la Ley de Amparo; se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita. Notifíquese en los términos precisados en la presente determinación. Así lo acordó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Jorge Daniel Jaimes Ledezma, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 544/2020 (orden 544/2020) del índice de este órgano jurisdiccional, por medio del cual se le solicitó notificar al quejoso Sergio Diaz Cisneros, los autos de trece y diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en los autos del presente asunto. En ese sentido dése de baja la citada comunicación oficial; y háganse las anotaciones correspondientes tanto en el Libro de Gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes; sin que resulte necesario acusar recibo de la presente comunicación oficial, dada la forma de envío correspondiente. Por lo anterior, en virtud de que la parte quejosa ya fue notificada de los citados autos así como ratifico su demanda lo cual se acordó en auto de treinta de noviembre del año en curso. Es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o bien, en el lugar de su reclusión; la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional, a fin de que éste se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal convenga, y no hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia, por tanto, ante determinaciones que no tengan la finalidad de impulsar el procedimiento (como en la especie), o tratándose de la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario ordenar la notificación de manera personal.

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