Sergio Isamu Moreno Rustrian

Expediente 992/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
992/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Sergio Isamu Moreno Rustrian

Actuaciones

  1. Principal

    SE DIFIERE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA EL DÍA DE HOY Y EN SU LUGAR SE FIJAN LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, este juzgado advierte que mediante acuerdos de mediante acuerdos de seis de abril, veintiuno de mayo, y veintiuno de junio, todos de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional determinó que para el cabal acatamiento del fallo protector, las autoridades vinculadas en el cumplimiento debían realizar lo siguiente: *** Conviene señalar, que el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se requirió por última ocasión a la autoridad vinculada, así como a su superior jerárquico el cumplimiento a la sentencia de amparo. No obstante, las autoridades de referencia omitieron acreditar dentro del plazo otorgado, haber realizado algún acto de los que les fueron encomendados. Tampoco demostraron fehacientemente las causas concretas, objetivas y demostrables que les impedían realizar las conductas requeridas, dentro del mismo plazo. En consecuencia, a la fecha la Directora General de Recursos Humanos, así como la Coordinadora General de Administración, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no han remitido a este Juzgado las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento a los requerimientos de que se tratan, a pesar de que mediante acuerdos de seis de abril, veintiuno de mayo, y veintiuno de junio, todos de dos mil veintiuno, se les requirió de manera pormenorizada y destacada, la actividad que debían realizar, de acuerdo a sus facultades y niveles jerárquicos, con el fin de dar cumplimiento al fallo protector. En el último acuerdo en mención, se les apercibió que de no cumplir con lo requerido, se remitirían los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para el trámite del incidente de inejecución en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional. Este órgano jurisdiccional considera que dicha omisión equivale a un incumplimiento, pues aunque no hayan manifestado expresamente una voluntad de desacato, la misma se infiere de la conducta contumaz de las autoridades en cuestión. Por lo que hace a la autoridad a la que se reprocha contumacia en su calidad de superior jerárquico, esta juzgadora no deja de tomar en cuenta que la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no acreditó en autos que a su vez haya remitido diversos oficios por el que conminara a la autoridad vinculada, para que diera cumplimiento a los mandatos judiciales de que se trata, pues el superior jerárquico debió haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso prevenciones y sanciones, para conminar de manera efectiva a las autoridades para que cumplieran con los requerimientos respectivos. Todo lo anterior redunda en el retardo en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cuyo acatamiento es de orden público, lo cual a su vez se traduce en una nueva vulneración a los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues el solo retardo en el cumplimiento del fallo protector es violatorio del derecho a la impartición pronta de justicia, en términos de los párrafos segundo y séptimo del artículo 17 constitucional. SE DA TRÁMITE AL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA Por consiguiente, y en vista de la conducta renuente y contumaz de la autoridades sancionadas, con fundamento en los artículos 192, 193, 194, de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, punto cuarto, fracción IV, TRAMÍTESE EL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA y REMÍTASE EL EXPEDIENTE ORIGINAL, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para su substanciación. Lo anterior, para que se determine la procedencia de la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Federal, y en ese sentido, se resuelva lo conducente sobre la separación del cargo de las autoridades contumaces, Directora general de Recursos humanos, así como la Coordinadora General de Administración, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y los consigne al Juez de Distrito competente, por los delitos que corresponda, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. FÓRMESE CUADERNO DE EJECUCIÓN Con copia de la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen necesarias para el mejor conocimiento del asunto, fórmese cuaderno de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso". REQUERIMIENTOS No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo REQUIÉRASE a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de QUINCE DÍAS, remita las constancias con las que acredite haber obtenido la planilla de liquidación actualizada al ejercicio 2021 a favor de los quejosos ***; o bien, para que dentro del mismo plazo, informe a este juzgado la razón objetiva y demostrable por la que no es posible cumplir con este requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE a la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad requerida, para que en el término de CINCO DÍAS le ORDENE cumplir con el presente proveído; o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se los impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. APERCIBIMIENTO SE APERCIBE a las autoridades requeridas, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a doscientas veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. Cabe precisar asimismo, que los plazos correspondientes a los requerimientos que anteceden no son prorrogables, pues respecto de las autoridades requeridas, ya se han agotado como medios de apremio la multa y la apertura del incidente de inejecución, de manera que no es procedente otorgar mayores oportunidades para el acatamiento del mandato judicial que han incumplido; lo anterior, con la salvedad de que este juzgador resuelva lo que en derecho proceda con base en nuevas actuaciones que obren en autos.

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