Sergio Isaac Bañuelos Gutiérrez

Expediente 1465/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 23 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1465/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • Sergio Isaac Bañuelos Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Bajo ese contexto, por sentencia dictada el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó sobreseer por una parte y conceder por otra a Sergio Isacc Bañuelos Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por el quejoso, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por el concepto de inscripción de documento público o privado. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle la cantidad de dinero, debidamente actualizada, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit. Devolver a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional; cantidad que debía ser actualizada. Luego, seguido el juicio por sus demás trámites, el diez de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en el amparo en revisión 878/2019, donde se desechó el recurso de revisión interpuesto por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia, con sede en esta ciudad y, confirmó la sentencia recurrida, misma que, por un lado sobreseyó en el juicio y por otro, otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Entonces, a través del oficio presentado el dieciocho de agosto de dos mil veinte, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y para tal efecto acreditó que entregó al solicitante del amparo un cheque valioso por la cantidad de $5,073.43 (cinco mil setenta y tres pesos 43/100 moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, este órgano federal analizó el cumplimiento del fallo protector y determinó no declararlo cumplido; por ende, se requirió el acatamiento de la ejecutoria de amparo y se le indicó a la autoridad responsable la cantidad faltante a fin de restituir al promovente del amparo en el goce de su derecho violado; a saber: $160.81 (ciento sesenta pesos 81/100 moneda nacional). En ese sentido, mediante comunicado y anexo recibidos en este juzgado de distrito, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas, remitió copia de la transferencia realizada a la parte quejosa, por la suma de $160.81 (ciento sesenta pesos 81/100 moneda nacional). Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. De igual manera, se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Bajo ese contexto, por sentencia dictada el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó sobreseer por una parte y conceder por otra a Sergio Isacc Bañuelos Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por el quejoso, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por el concepto de inscripción de documento público o privado. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle la cantidad de dinero, debidamente actualizada, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit. Devolver a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional; cantidad que debía ser actualizada. Luego, seguido el juicio por sus demás trámites, el diez de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en el amparo en revisión 878/2019, donde se desechó el recurso de revisión interpuesto por el Director Jurídico Contencioso dependiente de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha dependencia, con sede en esta ciudad y, confirmó la sentencia recurrida, misma que, por un lado sobreseyó en el juicio y por otro, otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Entonces, a través del oficio presentado el dieciocho de agosto de dos mil veinte, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y para tal efecto acreditó que entregó al solicitante del amparo un cheque valioso por la cantidad de $5,073.43 (cinco mil setenta y tres pesos 43/100 moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, este órgano federal analizó el cumplimiento del fallo protector y determinó no declararlo cumplido; por ende, se requirió el acatamiento de la ejecutoria de amparo y se le indicó a la autoridad responsable la cantidad faltante a fin de restituir al promovente del amparo en el goce de su derecho violado; a saber: $160.81 (ciento sesenta pesos 81/100 moneda nacional). En ese sentido, mediante comunicado y anexo recibidos en este juzgado de distrito, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas, remitió copia de la transferencia realizada a la parte quejosa, por la suma de $160.81 (ciento sesenta pesos 81/100 moneda nacional). Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. De igual manera, se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta, suscrito por *************, en calidad de Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia del reporte de transferencia bancaria SPEI, a la cuenta proporcionada por la parte quejosa; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta, suscrito por *************, en calidad de Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia del reporte de transferencia bancaria SPEI, a la cuenta proporcionada por la parte quejosa; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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