Sergio Humberto Lopez Diaz
Expediente 198/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2023
Partes del expediente
- Sergio Humberto Lopez Diaz
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Interpone recurso de queja. Visto el oficio y anexo, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de diez de marzo del año en curso. Distribución del escrito de agravios. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las demás partes con copia del oficio por el que se expresan agravios, a fin que dentro del lapso de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señalen las constancias que se deberán remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, que deba resolver el citado recurso. III. Sustanciación del recurso. Una vez que fenezca el plazo concedido a las partes, ríndase el informe con justificación y mediante oficio solicítese el turno del citado recurso a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito; a efecto de que en su momento pueda vincularse este expediente para la consulta del órgano que corresponda conocer de dicho medio de impugnación. Tan pronto como obre constancia de lo anterior, hágase disponible el expediente en que se actúa para su consulta al Tribunal Colegiado que resulte competente para conocer del precitado recurso, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Razón por la cual, no se ordena la remisión física de constancia alguna. Notifíquese por lista física y electrónica; así como personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa, el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Visto el oficio de cuenta, procedente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al cual se adjuntó el testimonio de la resolución pronunciada en sesión virtual ordinaria de veinte de enero del año en curso, en la revisión principal ..., de su índice, de la que se advierte que dentro del aludido recurso de revisión, se resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento, para los efectos precisados en el penúltimo considerando de esta resolución. TERCERO. Se declara sin materia la revisión adhesiva". Anotaciones. En consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y acúsese recibo. Efectos de la ejecutoria emitida por el Superior. En razón de lo anterior, resulta pertinente conocer los efectos de la ejecutoria emitida por la Superioridad, que son los siguientes: "[...] En consecuencia, lo que procede es revocar la resolución recurrida y ordenar la reposición del procedimiento a fin de que la sentencia en el juicio de amparo de origen se emita con todas la formalidades necesarias para que surta sus efectos legales, esto es, que sea firmada por el Juez de Distrito y el Secretario que dé fe de tal acto procesal en la misma fecha en la que sea autorizada o engrosada. [.]" En consecuencia, se procede a dar cumplimiento a dicha ejecutoria, por lo que se acuerda lo siguiente: Señalamiento de audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, las diez horas con dieciséis minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés. Se apertura nuevo tomo. Finalmente, dado lo voluminoso del presente expediente y para el mejor manejo del mismo, se ordena su clausura y la apertura de un segundo tomo, previas certificaciones. Notifíquese personalmente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Radicación y formación de los cuadernos incidentales. Visto lo de cuenta, como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda, el escrito aclaratorio y con fundamento en los artículos 115, 125, 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2214/2022 promovido a****z, por derecho propio y en representación de su menor hijo ****, contra el acto que reclama del Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en los preceptos constitucionales que menciona. En la inteligencia de que la formación del cuaderno duplicado de carácter físico, es sustituido por una versión electrónica del presente incidente, de conformidad con lo previsto en los artículos 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Intervención de las partes del incidente de suspensión. Parte quejosa. a) Domicilio y autorizados. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; además, designando como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo *** debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y, en términos restringidos del precepto legal en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a ****, por no contar con dicho registro ni acreditar estar facultado para ejercer la abogacía, así como a las diversas personas que señala expresamente con dichas facultades. Consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con los numerales 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena autorizar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario*****", a fin de que cuente con acceso al expediente electrónico del presente juicio. Autoridad responsable. a) Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, el que deberá rendir dentro del lapso de cuarenta y ocho horas, para lo cual remítasele copia autorizada de la demanda de amparo y escrito aclaratorio; bajo apercibimiento que de no cumplir, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Consideraciones respecto a las notificaciones a las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. 3. Tercero interesado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado **** 4. Representación social. Dese al Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. Audiencia incidental. Se fijan las once horas con treinta y ocho minutos del dos de febrero dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Fijación del acto reclamado. De la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el acto reclamado consiste, en síntesis, en: El auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós dictado en el juicio civil sumario ****, en el que no se atendió favorablemente la solicitud de la quejosa respecto a que se ejecute la condena de alimentos provisionales contra el demandado. Pronunciamiento sobre la suspensión provisional. a) Presupuestos procesales para la válida paralización de los actos reclamados. Análisis del caso concreto. En principio, cabe puntualizar que de conformidad con el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y los numerales 125 a 158 de la Ley de Amparo, la suspensión constituye una medida cautelar que tiene la finalidad de preservar la materia de la controversia y evitar que su solicitante sufra una afectación a su esfera mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante la aplicación de medidas conservativas, es decir, paralizantes de la ejecución del acto reclamado, o bien, de tutela anticipada, esto es, con efectos restitutorios de las condiciones necesarias para garantizar el goce del derecho fundamental que se estima violado. Para su otorgamiento, es necesario que se acrediten en su conjunto, las siguientes condiciones normativas: 1) Que los actos reclamados sean ciertos. Para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender. En su fase provisional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado que las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo sobre la existencia de los actos generan una presunción sobre su certeza, al ser los únicos elementos con que se cuenta para resolver. 2) Que el solicitante de la medida acredite su interés suspensional. Dependiendo de la naturaleza del acto reclamado y el derecho fundamental sobre el que éste se proyecta, la parte quejosa debe probar que es titular de un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Para el otorgamiento de la suspensión provisional, el máximo tribunal del país ha establecido que basta que el interés suspensional se pruebe de forma indiciaria. 3) Que los efectos del acto reclamado sean susceptibles de paralizarse. En términos de los artículos 131 y 147 de la Ley de Amparo, no es factible otorgar la suspensión, cuando su concesión implique: La modificación o restricción de derechos. La constitución de derechos que no se tenían antes de la presentación de la demanda. Que se agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, cuando la suspensión se solicita con efectos restitutorios. 4) Ponderación de la apariencia de buen derecho frente al perjuicio que la concesión puede causar sobre el interés social o la contravención a normas de orden público. Para otorgar la suspensión, es necesario realizar de forma simultánea, un juicio de probabilidad anticipado acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado y una valoración sobre si la eventual concesión causaría perjuicio al interés social o al orden público, lo que, en términos generales puede acontecer cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, no es factible conceder la suspensión si se concluye que el perjuicio al interés social o al orden público es de mayor entidad que los daños y perjuicios que puede sufrir el quejoso con los efectos del acto reclamado. Aunado a lo anterior, y en vista de la naturaleza del acto reclamado precisado previamente, así como de los derechos del menor que se encuentran inmersos en el mismo, resulta necesario destacar lo dispuesto por los artículos 1, fracción III, y 18 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que a la letra señalan: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto: [.] III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. [.]". "Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.". Por su parte, los artículos 567 a 571 del Código Civil del Estado de Jalisco, establecen lo siguiente: "Art. 567. Niñas, niños y adolescentes deben ser objeto de especial atención, cuidado y reconocimiento. Son niñas y niños las personas menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad." "Art. 568. Niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que México sea parte, la Constitución Política del Estado, la legislación general y estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, este código y todas aquellas disposiciones que atiendan el interés superior de la niñez." "Art. 569. Ninguna de las disposiciones enunciadas en este código, debe ser interpretada en forma restrictiva respecto de los derechos y de los intereses superiores de la niñez, sino que las normas aplicables a niños, niñas y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. En todos los casos la autoridad judicial y administrativa atenderá al interés superior de la niñez." "Art. 570. Se entenderá por interés superior de la niñez al conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar a niños, niñas y adolescentes, los alimentos y una vida digna para alcanzar el máximo bienestar posible. Cuando se vaya a tomar una determinación relacionada con el interés superior de una persona menor de edad, deberá oírsele y considerársele su opinión, la cual deberá ser valorada en función de su edad y madurez." "Art. 571. Las actuaciones administrativas y judiciales atenderán al interés superior de la niñez, para tal efecto se observará que: I. Los derechos de la niñez sean preferentes sobre cualquier otro derecho; II. El derecho de los adultos no condicione el ejercicio de los derechos de la niñez; III. Los vínculos afectivos y la convivencia existentes entre padres e hijos permanezcan, salvo que existan razones determinantes para restringirla o suspenderla; IV. Se reincorpore en la medida de lo posible a los niños, niñas y adolescentes a su ambiente familiar; V. Las medidas que promuevan la recuperación física y psicológica, así la como (sic) la reincorporación a un ambiente familiar y social garanticen el respeto de su personalidad individual; VI. La identidad de las personas menores de edad se resguarde de cualquiera que no sea parte; VII. En el desarrollo de las actuaciones se garantice que la persona menor de edad pueda gozar de privacidad que facilite su comunicación libre y espontánea y de asistencia profesional especializada; y VIII. La persona menor de edad sea escuchada en privado, siempre con respeto a sus derechos, sin la presencia o intervención de quienes personifiquen o representen intereses contrarios a los suyos. Para efecto de lo dispuesto por la fracción VII, podrán autorizarse entrevistas previas a la audiencia de escucha, quedando el padre o madre custodio o quien ejerza la guarda y custodia personal o institucional obligado a dar cumplimiento a los requerimientos del asistente designado por el Juez." De los artículos transcritos, se advierte que el Código Civil del Estado de Jalisco, contempla el interés superior del niño como la institución a través de la cual se procura su desarrollo pleno e integral, proporcionándole los cuidados y asistencia necesaria para lograrlo, en toda acción y proceso tendientes a garantizarles los alimentos y una vida digna para alcanzar el máximo bienestar posible; principio que a su vez se encuentra consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, debe decirse que los derechos de los niños son considerados como de interés superior y buscan siempre el mayor beneficio posible para ellos en todos los aspectos, pues se trata de un imperativo de entidad superior, de la comunidad en general y sus instituciones hacia la protección de los menores. Además, los principios rectores de la tutela especial de la niñez, también deben ser observados en relación a los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, aun cuando lo dispuesto en los tratados internacionales y compromisos suscritos por el Estado mexicano sobre los derechos de la niñez, no aparezcan reflejados en la Ley de Amparo; por lo que, si en el caso está de por medio derechos de una menor, por virtud de la naturaleza y los efectos de los actos reclamados; ello es suficiente para establecer que la suspensión del acto debe atender de manera preferente a su interés superior. Además, es pertinente precisar que la obligación alimentaria es una institución conforme a la cual una persona denominada acreedor alimentario tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentista, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo y de la adopción, entre otros. Se trata, de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia. La esencia de la obligación alimentaria, reposa en el deber que tienen algunas personas (deudores alimentario) de proporcionar a otras (acreedores alimentistas) lo necesario para su supervivencia, obligación dentro de la que quedan comprendidos de manera genérica, la comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad y, tratándose de menores, los gastos necesarios para su educación primaria, secundaria, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Asimismo, se trata de una institución de orden público e interés social porque es un asunto que interesa a toda la colectividad, así como al Estado mexicano, quien tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege, pues implican la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia. Razonamientos que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CXXXVI/2014 (10a.), de la décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, abril de 2014, tomo I, página 788, del tenor literal siguiente: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia." De lo anterior se evidencia que los intereses que se ventilan en el juicio natural, son de orden público e interés superior, dado que versan sobre el derecho del menor involucrada a los alimentos, pues como se adelantó, el acto reclamado lo constituye el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio civil sumario +**** en el que no se atendió favorablemente la solicitud de la quejosa respecto a que se ejecute la condena de alimentos provisionales contra el demandado, decretada en favor del menor **** bajo el argumento de que no se ha requerido el pago de la primera mensualidad. En ese orden de ideas, debe decirse que respecto de los efectos del acto reclamado, no es jurídicamente posible que este Juzgado de Distrito conceda la medida cautelar a fin de que la autoridad responsable ejecute la condena de alimentos provisionales, pues se trata de una facultad exclusiva de la autoridad de origen, dado que es quien rige el procedimiento y en todo caso quien tiene ante su potestad las constancias con base en las cuales apoyará la decisión que en su caso legalmente corresponda, ya que hacer lo contrario implicaría que este órgano federal se sustituyera en las funciones propias de la autoridad emisora del acto reclamado, lo cual no está permitido. No obstante, este juzgado, se pronunciará respecto a la medida cautelar en razón de los derechos del menor que se encuentran inmersos en el acto reclamado. Lo anterior, con fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 92/2017 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Décima Época (registro 2015701), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de diciembre de dos mil diecisiete, cuyos rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO AL SOLICITADO POR EL QUEJOSO. Para que proceda la suspensión a petición de parte, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita y las razones por las cuales debe proceder; sin embargo, la Ley de Amparo no especifica los términos para los cuales debe concederse. Ahora bien, una vez que el juzgador determina que procede conceder la suspensión del acto reclamado, puede hacerlo para un efecto diverso al solicitado por el quejoso, a fin de conservar la materia de la controversia y evitar que sufra afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. En este sentido, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que los jueces deben fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar medidas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de tal manera, limitar a los jueces a conceder la medida suspensional para un efecto que, a pesar de haberse solicitado, no sea el idóneo para preservar la materia del juicio o no le dé la mayor protección al quejoso, sería contrario a su objetivo principal. En efecto, los jueces deben tener la facultad de modificar los términos en que fue solicitada la suspensión, ya que así pueden actuar de la forma más favorable para el quejoso, protegiendo el orden público y el interés social. En este sentido, el artículo 154 de la Ley de Amparo, señala que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive. Por tanto, por mayoría de razón, si la ley de la materia dispone que la resolución que conceda o niegue la suspensión puede ser modificada de oficio cuando se presente un hecho novedoso, resulta evidente que los juzgadores tienen la misma facultad de modificar lo solicitado por el quejoso al concederla.". En ese sentido, con fundamento en los artículos 128, 129, 138, fracción I, y 147 de la Ley de Amparo, y en atención a la figura de la apariencia del buen derecho, así como a la diversa institución jurídica del interés superior de la niñez, se concede la presente suspensión provisional para el efecto de que el Juez responsable, de inmediato y con libertad de jurisdicción, ordene requerir al deudor alimentario para que cumpla con la pensión alimenticia decretada en su contra mediante acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, dentro del juicio civil sumario número **** de su índice. En la inteligencia de que, lo determinado prevalecerá hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva en el presente cuaderno incidental. De la garantía. Sin resulte procedente fijar caución alguna para que surta efectos la suspensión provisional, pues si bien es cierto, los alimentos son de orden público, dado que tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario y además, constituye una obligación prevista en la ley común el que los padres den alimentos a los hijos, en los casos y condiciones que fija esta última; cierto es, también, que dicha suspensión debe surtir efectos sin necesidad de otorgamiento de fianza, pues como los alimentos constituyen el medio económico por el que se protege la subsistencia del acreedor alimentario, es claro que no se puede comprometer tal afectación al otorgamiento de una caución, cuando, como en el caso, el acto reclamado redunda en garantizar dicha pensión y que, la aquí quejosa, pretende que se requiera. VII. Notificación al tercero interesado. En vista de lo anterior, notifíquese personalmente el presente proveído al tercero interesado **** Por tanto, túrnense los autos al Actuario Judicial de la adscripción, para que le notifique el presente proveído en el domicilio que para tal efecto se señaló en el escrito de demanda; en la inteligencia de que si a dicho funcionario no le es posible practicar la diligencia de que se trata en el lugar indicado, estará facultado para indagar por cualesquier medio su domicilio correcto y realizarla sin ulterior acuerdo una vez obtenido el dato respectivo. VIII. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. IX. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. X. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. XI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese por lista física y electrónica; y personalmente al tercero interesado.
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