Sergio Hidalgo Alejos Victoria

Expediente 1421/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1421/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Sergio Hidalgo Alejos Victoria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con un anexo que acompaña, con el que informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto, con la documentación de cuenta y las constancias que obran en autos, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden notificadas de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/2023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, con el que contaban las partes para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su segundo punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en los términos previstos en la sentencia. Apercibida dicha responsable, que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258², en armonía con el diverso ordinal 238³, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    En Mérida, Yucatán, a las diez horas con treinta y un minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1421/2023-VIII, promovido por Gabriel Jesús Bastarrachea Pardenilla a favor de Sergio Hidalgo Alejos Victoria, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes; y la Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda, constancias de autos, entre ellas la razón actuarial de dos de septiembre del año en curso, en la que se notificó al directo quejoso Sergio Hidalgo Alejos Victoria, el contenido del proveído de esa fecha, quien expresó su deseo de ratificar la demanda de amparo promovida a su favor y con los informes de ley rendidos por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mismos que obran agregados en los presentes autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos en tiempo y forma los informes de ley que las autoridades responsables rindieron a través del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para ser tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con el informe justificado; en mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales citadas debido a que ya obran en autos, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, se hace constar con que la parte quejosa no formuló alegatos, y se da cuenta con el alegato ministerial 360/2023, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de la parte quejosa para formular alegatos y por formulados los alegatos de la Agente del Ministerio Público, para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo 1421/2023-VIII, promovido por Gabriel Jesús Bastarrachea Pardenilla favor de Sergio Hidalgo Alejos Victoria, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otra autoridad, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintidós, Gabriel Jesús Bastarrachea Pardenilla, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, a favor de Sergio Hidalgo Alejos Victoria, contra los actos que reclamó de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otra autoridad, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. Por auto de dos de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, a reserva de que fuera ratificada por el directo quejoso, lo cual fue realizado en diligencia de esa misma fecha, ante el Actuario de la adscripción. Asimismo, se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto actos emitidos y con ejecución en esta ciudad, que es donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, de la lectura integral de la demanda y constancias de autos, se advierte que el directo quejoso reclamó la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento e incomunicación. TERCERO. INEXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO. En el informe justificado que rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, negó expresamente el acto que se le atribuyó, consistente en la incomunicación, que se alegó sufrió el quejoso. Ahora bien, toda vez que no existe prueba en contrario aportada por la parte quejosa que desvirtúe dicha negativa, a pesar de la vista que se le dio con el contenido de dicho informe, y por otra parte, de las constancias que obran en autos no se advierte la certeza de la incomunicación atribuida a dichas autoridades y tampoco hay alguna presunción legal o humana que evidencie su existencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, por lo que corresponde a la incomunicación, así como por todos los actos reclamados al Fiscal General del Estado. Sirve de apoyo al caso, la tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. CERTEZA SOBRE DIVERSO ACTO RECLAMADO. Por otro lado, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al rendir informe justificado, únicamente aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la detención realizada contra el directo quejoso, lo cual fue decretada con motivo de un arresto por el término de veinticuatro horas, derivado de la comisión de una falta de índole administrativa. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que remitió la responsable como justificación de su informe, entre las que se encuentra el informe homologado realizado por el Policía Primero y el acta administrativa del arresto de dos de septiembre del año en curso; documentales, que por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones.. Motivo por el cual se tiene por cierto el citado acto que se reclama, consistente en la detención realizada en contra del quejoso. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia de este juicio de amparo ni oficiosamente se observa alguna que, por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Expuesto lo anterior, se considera fundado el concepto de violación, aunque para ello sea necesario suplir la queja en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en razón de que de las constancias que remitió el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se advierte una violación que dejó sin defensa al quejoso, la cual vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; máxime que en el caso el acto reclamado se relaciona con la libertad del directo quejoso, y es por ello, que procede la suplencia de la queja en términos de lo establecido en la fracción VI del artículo 79, de la Ley de Amparo,. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1417, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa." Ahora bien, de las constancias de autos, cuyo valor probatorio ya ha quedado establecido en el considerando anterior, se advierte que el dos de septiembre de dos mil veintitrés, el directo quejoso fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado y recluido en la cárcel pública de la dicho cuerpo policiaco; posteriormente el Director Jurídico de la citada Secretaría, le impuso un arresto administrativo de veinticuatro horas por conducir en estado de ebriedad. Ahora bien, a fin de sustentar que el acto reclamado vulnera los derechos de la parte quejosa reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, es necesario transcribir dichos preceptos en lo conducente. El artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" Por su parte, el artículo 16 Constitucional, en su parte conducente, establece: "Artículo 16. "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El primer artículo transcrito establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Así, el derecho humano y garantía de audiencia constituye el principal instrumento de defensa que tiene cualquier persona frente a actos de autoridad que pretendan privarlo de sus derechos fundamentales, como son la libertad y sus propiedades, lo que incluso se reconoce en diversos documentos de carácter internacional, tales como en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a ser oída con los debidos derechos y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El acto de privación contemplado en el artículo 14 Constitucional, es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el fin perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos con carácter definitivo; en cambio en el segundo, la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un objetivo diverso. Luego, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquél cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional de referencia pues, atendiendo a su naturaleza, se garantiza a una persona que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. De esta forma, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar, previamente, al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar a una persona de sus bienes o libertades, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto y en forma previa al acto, el derecho de audiencia; mientras que, cuando se trata de un acto de molestia, no es indispensable que, previamente a él, se brinde al sujeto la referida garantía. La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva, precisamente, de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que erigen los derechos de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad; y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no en primer término de los efectos que produce. Esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional, como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica de una persona causándole una afectación, sea por la indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia. Por tal motivo, se colige que la distinción establecida en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, deriva de la naturaleza del acto y no en primera instancia de los efectos a que puede dar lugar. Los perjuicios -en sentido amplio- a una persona, que se pueden producir tanto por un acto regido por el numeral 14 de la Constitución o por uno de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de ese ordenamiento, constituyen el efecto del acto; y no puede ser la base para distinguir entre actos privativos o de molestia, pues ese efecto puede presentarse en ambos, ni tampoco puede constituirla su mayor o menor reparabilidad, dado que esta condición también puede actualizarse en los dos casos y depende de circunstancias de hecho o jurídicas. El análisis de la reparabilidad de los efectos de los actos reclamados tiene como punto de partida la naturaleza del acto; y la posibilidad de exigir esa reparación, se actualiza una vez que se ha determinado sobre la no juridicidad del mismo, lo que supone que previamente se analice si éstos se encuentran sujetos o no a respetar a la persona la garantía de audiencia. De lo anterior se sigue que, lógicamente, primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la entidad de los efectos, dentro de los que se encuentra la causación de perjuicios y su reparabilidad, para determinar si un acto se encuentra o no regido por el numeral 14 de la Constitución; y es por esa razón que la referida causación de perjuicios, no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento de la garantía de previa audiencia, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional. Por tanto, como se apuntó, para verificar si un acto queda regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, debe atenderse a su finalidad. En relación con lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional." En el presente caso, al quejoso Sergio Hidalgo Alejos Victoria, se le impuso un arresto administrativo por un periodo de veinticuatro horas, por conducir en estado de ebriedad, y se fundamentó en los artículos 42 y 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, así como, el 328, 448 y 452 del Reglamento de dicha ley. Ahora bien, el arresto de veinticuatro horas que se impuso al solicitante de amparo, constituye un acto de privación total, porque, se le impediría gozar de su libertad en ese plazo; además, la finalidad perseguida con la imposición de dicho arresto, es que cumpla con las normas administrativas, es decir, no se persigue un interés diverso a la sola observancia de normas generales. También, por sus efectos, ya que causa perjuicios de difícil reparación, pues de consumarse el arresto, sería imposible restituir a la persona en el goce del derecho humano violado, porque no se le podría restaurar el lapso de tiempo que estuviera privada de su libertad. Por ello, el arresto que aquí reclama el quejoso se rige por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento previo a su dictado, pues de consumarse el arresto, el daño ocasionado al quejoso, como se dijo, sería de difícil reparación. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia con número 19/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Libro 74, enero de 2020, Tomo I, Materias Constitucional, Administrativa, de la Décima Época, visible en la página 6, de rubro y texto siguientes: "ARRESTO ADMINISTRATIVO COMO SANCIÓN POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. AL PRETENDER IMPONERLO EL JUEZ CALIFICADOR DEBE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA DEL PROBABLE INFRACTOR. El arresto administrativo, que forma parte de las sanciones que puede imponer la autoridad administrativa de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal por el incumplimiento a disposiciones administrativas, invariablemente reviste el carácter de acto privativo, porque produce efectos que suprimen la libertad personal ambulatoria por un tiempo determinado y con efectos definitivos. En consecuencia, cuando a una persona se le pretende imponer un arresto administrativo como sanción por conducir bajo el influjo del alcohol, existe la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho de audiencia previa reconocido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, al no existir una restricción expresa a este derecho en el texto constitucional ni justificación suficiente que amerite eximir de su observancia en forma previa a la restricción de la libertad personal. Así, el probable infractor debe tener la posibilidad de ser oído en el momento oportuno por el Juez Calificador previamente a que se le imponga la sanción de arresto administrativo; entendiéndose por "momento oportuno" cuando ya se encuentra en las instalaciones del órgano calificador y está en condiciones de comparecer a efecto de alegar lo que a su derecho convenga en torno a la infracción atribuida: si desvirtúa la comisión de la infracción, entonces no se le puede decretar el arresto administrativo; si no lo hace, procede que se le individualice el tiempo que deberá compurgar. Con este criterio se armoniza, por una parte, la facultad de la autoridad para sancionar la comisión de infracciones (destacando aquellas que ponen en riesgo la integridad física del propio infractor y de terceros, como es el caso de conducir en estado de ebriedad) y, por otra, se evita la arbitrariedad de la autoridad al momento de ejercer dichas atribuciones o que se prive de la libertad a personas que no cometieron la infracción atribuida pero aun así fueron detenidas y remitidas ante el órgano calificador, soslayando que las políticas públicas y disposiciones tendentes a inhibir la comisión de infracciones deben ser compatibles con la debida observancia de los derechos humanos". Ahora bien, tocante a las formalidades esenciales del procedimiento, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Diciembre de 1995, página 133, Novena Época, estableció: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Los criterios jurisprudenciales transcritos revelan el derecho fundamental de audiencia que obliga a la autoridad a otorgar a una persona, previamente a la imposición de un acto privativo, la posibilidad de ser oído en un procedimiento, en el cual se observen como formalidades esenciales mínimas aquellas que garanticen su defensa; las cuales son: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse alguna de dichas formalidades, la consecuencia es que se deja a la persona en estado de indefensión. En el caso, no se cumplieron esas formalidades en el procedimiento instaurado contra el quejoso iniciado el dos de septiembre de dos mil veintitrés, quien fue puesto en libertad al mismo día de su detención, con motivo de la suspensión de plano en este juicio. Se afirma lo anterior, pues al momento de su detención no se advierte que se le haya hecho saber el inicio del procedimiento administrativo seguido en su contra, comunicándole su derecho humano a un debido procedimiento y las garantías mínimas descritas en líneas anteriores, pues si bien obra un acta del registro de su detención siendo este el informe homologado realizado por elementos de la policía, del cual se aprecia se le dio lectura de sus derechos como detenido, lo cierto es que no se advierte que se hayan cumplido las formalidades esenciales mínimas, esto es, no se hizo del conocimiento de la parte quejosa por qué en su caso se iniciaba el procedimiento o se le imponía el arresto, así como la oportunidad que tenía de ofrecer y desahogar las pruebas para fincar la defensa, a fin de que en su caso se tomaran en cuenta al emitir la determinación respectiva. Máxime, que el mismo día en que llevó a cabo la detención del peticionario de amparo (dos de septiembre de dos mil veintitrés), se dictó la resolución en la que se le impuso el arresto de veinticuatro horas; lo que hace concluir que previamente a ser sancionado, no se le respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se dijo de las constancias remitidas con el informe justificado no se aprecia que se le haya dado oportunidad de ofrecer pruebas y alegar a su favor, dada la premura en el dictado de esa determinación (imposición de arresto), pues se le detuvo y sin dar oportunidad de ejercer sus derechos, se dictó el arresto en su contra. En otras palabras, el quejoso fue detenido y enseguida se dictó la resolución que decretó su arresto; luego quedó en libertad con motivo de la suspensión de plano decretada por este juzgado, sin que durante ese lapso, se aprecie que se le haya informado sobre la naturaleza del procedimiento en su contra, los derechos que le asisten y oportunidad de ofrecer pruebas, todo lo cual evidencia la transgresión de las formalidades mínimas y esenciales de cualquier procedimiento, y por ende, la violación de su garantía de audiencia y defensa, lo que provoca, que se les conceda la Protección Federal. Es conveniente precisar que este órgano jurisdiccional no desconoce que las personas, como en el presente caso, tienen el deber de cumplir con las normas administrativas que prohíben faltas a la moral y buenas costumbres, por constituir un peligro para las demás personas, y por otro lado, el juicio de amparo no constituye un instrumento para eludir esa responsabilidad de aquéllos, en la medida que los autorice para realizar los actos mencionados; sin embargo, los órganos jurisdiccionales, como este juzgado que resuelven dicho proceso constitucional, únicamente deben verificar si el acto reclamado es violatorio o no de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internaciones suscritos por el Estado Mexicano; por tanto, si se concluye que hubo una transgresión a alguno de esos derechos, se debe conceder la protección constitucional para reparar ese agravio. Se invoca en apoyo a lo anterior, por las razones que lo sustentan la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno del Décimo tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el tres de mazo de dos mil diecisiete, con número de registro 2013792, que dice: "ARRESTO ADMINISTRATIVO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. PREVIO A SU IMPOSICIÓN DEBE RESPETARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, previsto en el artículo 158, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Oaxaca, por sí mismo persigue la privación de la libertad personal ambulatoria del gobernado, con efectos definitivos. Luego, al tratarse de un acto privativo de la libertad, previo a su imposición debe respetarse la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, a fin de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento." Por otro lado, a más de no respetarse las formalidades del procedimiento, el arresto reclamado en sí mismo, también es violatorio del diverso artículo 16 Constitucional, ya que carece de motivación lo que constituye una violación formal del acto. Cabe señalar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 Constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; en tanto que dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. La fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a las personas estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Lo antes razonado encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia que se citan: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En el caso, de la lectura integral del arresto decretado contra el quejoso, se advierte que carece de motivación, dado que no se establecieron cuáles son las circunstancias especiales, razones particulares y las causas inmediatas que se tuvieron en consideración para imponer la sanción consistente en veinticuatro horas. En efecto, la autoridad señaló que el quejoso se encontraba conduciendo en estado de ebriedad y que esa conducta encuadraba en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, y 328 del Reglamento de dicha ley, los cuales contemplan que los conductores no podrán transitar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas, etcétera, y que por tal motivo se determinaba un arresto administrativo de veinticuatro horas. Como se, lo anterior revela que, la autoridad consideró entre otras cosas que la detención obedeció a que el quejoso se encontraba conduciendo en estado de ebriedad; y de las documentales que se anexaron, siendo este el informe homologado, se aprecia que los policías detuvieron al quejoso y de una prueba de aliento se determinó que contaba con 124° BAC, la cual realizaron con equipo de detección de alcohol marca Draguer); sin embargo, no se advierte que al informe o acta de detención, se haya anexado los resultados de la prueba, ni que en dicha resolución se haya señalado el grado de alcohol con que contaba el quejoso al momento de su detención, lo cual de cierta manera denota inconsistencia, entre los motivos que sustentaron el arresto y las constancias para justificarlo, pues únicamente fue con base al dicho del agente de policía, por lo que se estima que no está justificada las aseveraciones del policía, y por ende, tampoco lo está el arresto decretado. Aunado a ello, la responsable impuso el arresto por un periodo de veinticuatro horas, cuando en su propia resolución reclamada, cita diversos preceptos que permiten imponer un arresto hasta treinta y seis horas, lo que evidencia que la temporalidad va de una a treinta y seis horas, por lo que puede imponer un arresto menor a la máxima contemplada de treinta y seis horas. Sin embargo, si bien la responsable pretendió justificar o explicar por qué en el caso concreto procedía imponer ese número de horas que permite la norma, la misma expuso que la peligrosidad social de la conducta del quejoso era calificada con más tendencia a la media, así como no existían en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado registros de antecedentes de que sea reincidente en su actuar, es decir, puede traducirse que era la primera vez que lo cometía; siendo que dichas circunstancias permitían establecer una medida de apremio menor a la que se le impuso, la cual se encontraba por arriba de la media de la máxima permitida. En efecto, si la propias normas que invocó prevén la posibilidad de que se decrete un arresto entre una a treinta y seis horas, ello necesariamente implica que la autoridad debe analizar la gravedad de la infracción en relación a la temporalidad de la sanción, exponiendo de manera congruente y precisa los argumentos que la llevan a concluir que esa medida de apremio y el tiempo por el que se decretó, dada las circunstancias que rodean el caso, es la conducente al caso concreto; sin embargo, como ya se expuso, la responsable no justifico de manera adecuada o congruente la medida impuesta al quejoso. Lo que evidencia que no se expusieron los motivos para fijar la duración del arresto por ese tiempo que no constituye el mínimo permitido por la norma, sino se impuso una duración mayor a la media. En esas condiciones, debido a que la responsable no justificó y/o acreditó las circunstancias del arresto y menos aún argumentó adecuadamente cuáles fueron las circunstancias de hecho que tomó en consideración para determinar la duración por veinticuatro horas, entonces, la atribución conferida por la norma para imponerlo, la llevó a cabo de manera arbitraria, pues no se encuentra motivada adecuadamente la imposición de esa medida de apremio y menos aún por el tiempo decretado, y al proceder de esa manera, transgredió en perjuicio del quejoso la garantía de seguridad jurídica reconocida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que aunado a la violación al artículo 14 de dicha Carta Magna, que antes se analizó, ameritan la concesión de amparo al peticionario de amparo. SEXTO. EFECTOS. DEL AMPARO. En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Sergio Hidalgo Alejos Victoria, para el efecto de que la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, en el ámbito de sus competencia deje insubsistente la resolución de dos de septiembre de dos mil veintitrés, en la que decretó un arresto de veinticuatro horas contra el quejoso. Cabe destacar que el anterior pronunciamiento, no veda la posibilidad de que la autoridad administrativa en uso de sus atribuciones pueda llevar a cabo un arresto por hecho diverso, pues se trata de una facultad potestativa de ésta, la cual podrá ejercer, siempre y cuando respete la garantía de audiencia en forma previa a la imposición del referido arresto administrativo correspondiente. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 497, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido a favor de Sergio Hidalgo Alejos Victoria, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Subsecretario de dicho cuerpo policiaco, precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso Sergio Hidalgo Alejos Victoria, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, consistente en el arresto por veinticuatro horas decretado en su contra; lo anterior, por los motivos precisados en la quinta consideración de esta sentencia y para los efectos señalados en el sexto subsecuente. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 360/2023, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, en el segundo punto petitorio, solicita sobreseer en el presente juicio de amparo, y en el tercero, que se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 124 del mencionado ordenamiento jurídico, relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, respecto a la solicitud de copias certificadas, únicamente se accede respecto a las constancias que obren en el expediente físico, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida y generada por vía electrónica constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente fisico. Sin perjuicio de ello, se hace notar que, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 las partes se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requieran, mismas que tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr

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