Sergio Herrera Navarrete
Expediente 740/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 740/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sergio Herrera Navarrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Jefe del Departamento de lo Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, representante legal de las autoridades responsables, informando las acciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo que se adquiere conocimiento. Por otra parte, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo, se concede una prórroga de tres días hábiles a dicha autoridad responsable para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo, por lo que subsiste el apercibimiento de autos. Notifíquese; y mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de esta anualidad, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó y concedió el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas. En ese sentido, se requiere al Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, (por conducto del servidor público competente), en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese; y mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 740/2023-I; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado al Juzgado Primero de Distrito en la citada materia y residencia, el día uno de junio siguiente, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios y otra autoridad. II. Mediante acuerdo del dos de junio de dos mil veintitrés, el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, la registró en el libro de gobierno con el número 838/2023-V y resolvió que es legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, por lo que ordenó remitirlo al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, del cual tocó conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien por auto del trece de junio de dos mil veintitrés lo radicó con el número 740/2023-I y no aceptó la competencia declinada. III. Previa sustanciación del conflicto competencial respectivo, por ejecutoria del trece de julio de dos mil veintitrés, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, determinó que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo indirecto, por lo cual, mediante auto del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se abocó al conocimiento del asunto; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón de que así fue determinado en la ejecutoria del trece de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el conflicto competencial 39/2023, de su índice. Segundo. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo, se hace consistir en: La omisión de resolver la solicitud de actualización pensión del quejoso, presentada ante la autoridad responsable el once de abril de dos mil veintitrés. Tercero. La autoridad responsable Presidente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a través de su representante legal, al rendir su informe justificado, alegó carecer de facultades y/o atribuciones para tramitar o emitir una respuesta a la solicitud de pensión que fuera presentada por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. De ahí que, como lo indica la referida autoridad, no le es atribuible tramitar o emitir una respuesta a la solicitud presentada por la parte quejosa; por lo que no existe el acto reclamado al Presidente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que procede decretar el sobreseimiento respecto del acto reclamado a dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia PC.I.P. J/54 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1967, registro digital 2019326, que establece: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE OTRAS TAMBIÉN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LO ACEPTEN. La causal de sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, en términos del precepto y fracción citados, se actualiza cuando las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, lo niegan o cuando el quejoso no prueba su existencia en la audiencia constitucional, con independencia de que otras autoridades también señaladas como responsables lo admitan, pues la aceptación del acto reclamado por estas últimas, salvo casos de excepción, no desvirtúa la negativa de las autoridades a quienes de manera independiente y autónoma se les atribuyó por el quejoso, por lo que dicha causal de sobreseimiento es de estudio preferente a la diversa de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con la actualización de alguna causal de improcedencia." Cuarto. Por su parte, el representante legal de la autoridad responsable Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al rendir su informe aceptó la existencia del acto reclamado, al señalar que existe la solicitud de pensión y que al día en que rindió el informe justificado, no ha emitido una respuesta. Por tanto, se tiene por cierta su existencia. Resulta aplicable la jurisprudencia 278, publicada en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Máxime que de conformidad con el artículo 3 del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, dicho Comité tiene como objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes de ese instituto. Quinto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. En el particular, el representante legal de la responsable al rendir su informe justificado hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX en relación con el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa estaba en aptitud de promover juicio contencioso administrativo, previó a acudir al juicio de amparo; lo cual se estima infundado. En primer término, debe señalarse que la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevén que el principio de definitividad en materia de amparo consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley por virtud de los cuales los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el citado ordenamiento legal. En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole a dicho juicio el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico, el tribunal de segunda instancia o uno de carácter contencioso. Por tanto, el precepto mencionado prevé la improcedencia del juicio de amparo como una variante del principio de definitividad, en el supuesto de que contra el acto reclamado de tipo administrativo proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En ese contexto, conviene indicar que el principio de definitividad que rige al juicio constitucional encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa significa que el quejoso previo a su promoción debe acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia, modificación, revocación del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición que debe responder en su carácter de ente asegurador; por consiguiente, se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el gobernado no está obligado a agotar los medios de defensa ordinarios cuando se impugnen omisiones por parte de las responsables. Por tanto, como se adelantó, la causal de improcedencia invocada deviene infundada. A lo anterior resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, con número de registro 2011948 de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Al no haber diversa causal hecha valer por las partes ni este juzgado advertir la existencia de alguna que deba analizarse de oficio, se procede al estudio de la cuestión de fondo, sin que sea necesario que conste expresamente el análisis de cada una de las hipótesis que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no existe precepto en dicha legislación que obligue a realizarlo. Sexto. En lo conceptos de violación el quejoso sostiene sustancialmente: Aduce, en esencia, que la responsable transgrede en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8o. Constitucional, en relación con el 73 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al omitir dar respuesta a su solicitud de pensión, no obstante que el segundo precepto en comento le otorga a la autoridad un plazo de treinta días para que resuelva sobre la procedencia de una pensión, sin que así lo haya hecho. Destaca, que su solicitud fue presentada el once de abril de dos mil veintitrés, sin que se hubiera dado respuesta a su petición, por lo que resulta evidente que han transcurrido en exceso más de treinta días para que la autoridad se pronunciara al respecto. Previamente, al estudio correspondiente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como los numerales 68 y 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que disponen lo siguiente: "Artículo 73.- El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente (.)" "Artículo 68. El trámite para el otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, se iniciará a petición de parte, por escrito, mediante los formatos establecidos por el Instituto, debiendo cumplir además con los siguientes requisitos documentales: I. Solicitud de pensión debidamente requisitada; II. Copia certificada del acta de nacimiento del servidor público. III. Comprobantes de sueldo de los últimos ocho meses laborados, en el caso de que el servidor público haya mantenido durante sus últimos tres años el mismo nivel y rango; o los comprobantes del sueldo de los últimos tres años, cuando durante dicho plazo haya cambiado su nivel y rango o cuando sus percepciones correspondan a horas clase. En caso de no contar con los comprobantes de sueldo a que hace referencia el párrafo anterior, la Institución Pública podrá emitir una certificación con la información que tenga registrada en sus archivos, la cual deberá contener el sueldo sujeto a cotización desglosado tanto de percepciones y deducciones percibido durante el periodo en que se ubique el servidor público. Se considerará como último sueldo cotizado aquél que se encuentre en los registros presentados ante el Instituto. Sólo en caso de no haber sido enterados dichos registros, se considerarán los comprobantes de pago expedidos por la Institución Pública; y IV. Certificación expedida por la Institución Pública en la que se establezca el tiempo de servicio aportado con base al sueldo sujeto a cotización, el desglose del nivel y rango de los últimos tres años y los permisos sin goce de sueldo otorgados; con excepción de aquellas Instituciones Públicas que en las nóminas que presentan ante el Instituto contemplen estos registros." "Artículo 75. Cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." Los anteriores preceptos regulan el procedimiento que se debe seguir para acceder a una pensión por parte del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, el cual inicia con la presentación de una solicitud, mediante los formatos establecidos por el Instituto, adjuntando los diversos requisitos documentales enlistados. Asimismo, se advierte que cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente, a fin de que dentro del plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, en el entendido de que en caso de omisión se tendrá por no presentada la solicitud. De igual forma, los anteriores preceptos prevén un plazo máximo de treinta días para que el gobernado obtenga una respuesta a su solicitud de otorgamiento de pensión, la cual estará disponible en la unidad administrativa donde se inició el trámite. Destacado lo anterior, se estima esencialmente fundado el concepto de violación formulado por la quejosa, pues la omisión en que ha incurrido la autoridad al no dar respuesta a la solicitud de pensión dentro del plazo que la legislación aplicable prevé para tal efecto, transgrede en su perjuicio el derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional. Pues la violación que acusa la quejosa se vincula con los actos del procedimiento regulado al tenor de los numerales previamente transcritos, en los cuales se establece un parámetro temporal para el ejercicio de las facultades de la autoridad. Al respecto, importa resaltar que ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el derecho a la justicia pronta consagrado en el artículo 17 Constitucional, implica que, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, como en el caso acontece, es porque se considera necesario sujetar a un lapso temporal su actuación, ya que de otra manera no se entendería el porqué de su establecimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, página 772. Registro: 2015154, de rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR PARA LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. El ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LI/2002 (*), sostuvo que los principios que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal, deben adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa. En ese contexto, avanzando en la interpretación del precepto constitucional citado, en concreto, respecto al derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un lapso temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento." Por lo anterior, si el ordenamiento que rige el otorgamiento de pensiones por parte del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, establece una serie de pasos y requisitos a seguir, sujetando la actuación de la autoridad a un límite temporal, es inconcuso que ésta se encuentra obligada a actuar dentro del plazo establecido, por lo que al no hacerlo, se vulnera en perjuicio del impetrante el derecho a la justicia pronta previsto en el artículo 17 Constitucional en su vertiente al respeto de los plazos establecidos por el legislador para la actuación de las autoridades administrativas. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que en términos del artículo 75, párrafo segundo del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, la responsable asegura que existe una excepción al plazo de treinta días para dar respuesta a la solicitud de pensión, cuando se trate de aquellas que, por su Naturaleza, requieran de mayor tiempo para su resolución. Lo anterior, pues la autoridad no esboza razón o motivo alguno inherente a la naturaleza intrínseca del escrito en cuestión, que le haya impedido pronunciarse dentro del plazo de treinta días establecido en la legislación aplicable, aunado a que tampoco acredita que se hubiere prevenido al quejoso en términos de la citada porción normativa; sino que argumenta que su actuar se debe a la sobre carga de trabajo, lo que en modo alguno puede justificar la violación de derechos advertida. En virtud de lo expuesto, ante la falta de respuesta a la solicitud de actualización de pensión, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************, para el efecto de que el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, (por conducto del servidor público competente), dentro del término de tres días posteriores a que cause ejecutoria la presente sentencia: a) Emita de manera escrita la resolución que en derecho proceda respecto de la solicitud de pensión del quejoso, presentada ante el once de abril de dos mil veintitrés. b) La haga del conocimiento de la parte quejosa a través de la (Oficina de Atención al Derechohabiente Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios) (al haber sido esta última la autoridad ante quien se presentó la solicitud) Es importante destacar que el sentido de la respuesta o su fundamentación no son motivo de la concesión del amparo, por lo que bastará que la autoridad responsable emita la resolución que conforme a derecho corresponda y la hagan del conocimiento de la parte quejosa, para que la sentencia se tenga por cumplida. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra las autoridades y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. Se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; y por lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase al Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y representante de las autoridades responsables, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Conforme a los numerales 9o. y 28 de la misma legislación, se tienen como delegadas a las personas que designa y como domicilio el señalado. Se tienen por autorizado a los usuarios que señala para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente. Se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes. Se toma conocimiento del correo electrónico que se indica a fin de establecer contacto en caso de que se considere necesario durante la tramitación de este juicio. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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