Sergio Herrera David
Expediente 194/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Sergio Herrera David
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el que remite copia certificada de la ejecutoria dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 262/2021 de su índice. Acúsese recibo. Ahora, por cuanto el Tribunal de alzada al resolver el citado recurso de queja, determinó: "Único. Se declara infundado el recurso de queja.". En consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: De conformidad con el artículo 21, inciso d),1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó la demanda de amparo, mismo que fue confirmado por el Tribunal de Alzada, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Finalmente, en virtud que la autoridad oficiante anexó el cuaderno de varios 2021 (Amparo Directo 219/2018, causa penal 259/2021), dirigió al Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, así como la diversa comunicación 8/2021, dirigido a la Jueza de Primera Instancia del Juzgado Mixto de Copainala, mismos que no tiene relación con este juicio de amparo; en obvio de mayores dilaciones remítanse el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dichas documentales a efecto de que el citado órgano sea el encargado de proveer lo que corresponda. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de agosto de dos mil veintiuno. Con apoyo en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación signada por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra de proveído de nueve de junio de esta anualidad, dictado en el juicio de amparo en que se actúa; recurso que registró con el número 262/2021 de su índice; se toma nota de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito firmado por el quejoso ***, en el cual interpone recurso de queja contra el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido recurso de queja contra el proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, consecuentemente, remítase inmediatamente vía electrónica constancias digitalizadas del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la sustanciación del medio de defensa hecha valer. INFORME. De conformidad con el artículo 101 del ordenamiento en cita, se rinde informe en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Sin que sea el caso dar vista a las partes para que señalen las constancias que deben remitirse para resolver el recurso, en virtud de que, como se anticipó en el primer párrafo de este proveído, el auto recurrido es la determinación en la que se desechó la demanda. REMISIÓN DE CONSTANCIAS. En cumplimiento a la circular DGGJ/0012/2020 de diez de julio de dos mil veinte, firmada por la titular de la Dirección General de Gestión Judicial y a la diversa SECNO/15/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, que prevé el trámite que debe darse a un recurso; de ahí que el Fedatario Judicial deberá hacer lo siguiente: a) Usando la "funcionalidad en interconexión", deberá remitir el recurso y sus anexos. b) En el supuesto de que no sea posible remitir por interconexión, las constancias, proceda a empaquetarlas, elaborando una relación con las datos mínimos de identificación (Número de Expediente, nombre del o los quejosos o promoventes, número de expediente de origen y anexos que se acompañan), emitiendo la relación de manera electrónica al Tribunal Colegiado, para su conocimiento y entregue el paquete correspondiente a la "administración del edificio que les presta servicio para su resguardo" (buzón). VINCULACIÓN DEL EXPEDIENTE. La Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) deberá proceder a la vinculación del expediente electrónico del presente asunto a través de la opción "Relacionar Expediente de Origen", con el fin de que esté disponible para consulta del Tribunal Colegiado. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la diligencia de ratificación del quejoso ***, de la que se advierte que reconoció como suya la firma que calza el escrito aclaratorio de demanda de treinta y uno de mayo del año en curso; consecuentemente, téngase por desahogada satisfactoriamente la prevención ordenada en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, Tomo XVI, julio dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. En esencia, la tesis anotada señala que se debe desechar una demanda de amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por manifiesto lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado esencialmente en: ***. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página diecisiete, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, Novena Época, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Por la conclusión a la que se llegará, es menester destacar que el artículo 107 Constitucional, establece que: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b. Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.. Por su parte, el diverso numeral 107, de la Ley de Amparo, en su fracción V, clarifica cuáles son los actos de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de garantías: Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Al respecto, debe decirse que conforme a la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido dos criterios complementarios a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación: a El primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén las garantías individuales establecidas en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. b El segundo criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, que se considera complementario del referido con anterioridad, establece que los aludidos actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior. Así lo sostuvo en la tesis en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página nueve, que establece: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de imposible reparación se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. En ese contexto, el análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa promovió ante la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, juicio contencioso administrativo respecto de la resolución contenida en ***. En ese sentido de advierte que ***; evidentemente, no genera una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse sentencia definitiva correspondiente que ponga fin a la juicio contencioso administrativo de origen, y en caso contrario, podrán hacerse valer al promover amparo directo contra violaciones al procedimiento. Así, la resolución interlocutoria reclamada que ***, no genera una afectación en grado predominante o superior a la parte que la resiente. En consecuencia, el acto reclamado en esta vía, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, pues sólo implica que ***, al considerar que no le asiste el carcater de tercero interesado; produzca efectos meramente procesales, pues la parte quejosa puede obtener sentencia favorable, ya que como se dijo no se ha dictado resolución en el juicio natural el cual se encuentra en etapa de integración; por lo cual dicho acto, hasta en esta etapa, no vulnera ningún derechos sustantivos; además, la parte quejosa al momento de promover este juicio de amparo, no tiene la certeza de que la resolución que se llegare a dictar en la cuestión de fondo planteada le será desfavorable o no, para así estar en condiciones de determinar si las indicadas violaciones trascendieron o no al resultado del fallo. Entonces, respecto de los actos cuyos efectos produzcan imposible reparación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en el Estado Mexicanos sea parte, proporcionan una mayor seguridad jurídica de los mismos, es decir, establece que tales actos, para calificarse como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, por tanto, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzca una lesión de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; así, se insiste que el acto aquí reclamado por el inconforme por sí sólo no produce un afectación a sus derechos sustantivos, que no puedan ser reparados con el dictado de la sentencia sobre el fondo del juicio natural. Cobra aplicación la tesis I.1o.A.193 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Registro digital: 2016239, visible en la página 1420, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: DESECHAMIENTO DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DEL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL QUE SE CONFIRMA ESA DECISIÓN ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, AL NO AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. De la interpretación conjunta de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario, se colige que los actos dictados dentro de un juicio sólo pueden controvertirse directamente si son de imposible reparación, esto es, siempre que afecten materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado sea Parte; cualidad que no reúne la resolución del recurso de reclamación en el que la Sala confirma el auto por el que el Magistrado instructor desechó el escrito de contestación de la demanda del tercero interesado en el juicio contencioso administrativo federal, en tanto que el eventual perjuicio que ocasiona es estrictamente procesal, ya que se traduce en la imposibilidad de oponer excepciones, controvertir los hechos, refutar los conceptos de impugnación y, en su caso, ofrecer pruebas, pero no impide su participación procesal en el juicio anulatorio. Además, el solo hecho de desechar la contestación de demanda no implica, necesariamente, que se emita una decisión final contraria a los intereses de aquél, pues, de serle favorable, los efectos de esa transgresión adjetiva desaparecerían y, de no ser así, puede impugnarla en unión de la sentencia a través del amparo directo, vía concepto de violación. Asimismo, la tesis V.3o.C.T.7 K (10a.), sustentada por Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo Del Quinto Circuito, Décima Época, Registro digital: 2016157, visible Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, página 1412, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS SOLICITADA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [INAPLICABILIDAD DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA P./J. 147/2000 Y 1a./J. 102/2008 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)]. El legislador contemporáneo, al utilizar la expresión "afectación material a derechos sustantivos en el artículo 107, fracción V, de la ley citada, retomó el criterio que en épocas de antaño adoptó la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/89, conforme al cual, para que un acto dentro de juicio fuera de imposible reparación y, por ende, reclamable en el amparo indirecto, era necesario que afectara de manera directa, actual y real derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (y ahora también en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte), trascendiendo a la persona o bienes de las partes, de tal modo que el perjuicio resentido no pudiera repararse ni en la sentencia definitiva, ni por medio del juicio de amparo directo. De esta manera, el legislador pretendió regresar a la fórmula que originariamente regía respecto a la impugnación de los actos dentro de juicio, conforme a la cual únicamente aquellos que de consumarse sus consecuencias serían verdaderamente irreparables, debían examinarse en la vía indirecta, reservando para la directa el análisis de todas las demás actuaciones que generaran una afectación reparable, ya sea en sentencia definitiva o por el propio Tribunal Colegiado de Circuito. Lo anterior es acorde con las exposiciones de motivos, de la reforma constitucional en materia de amparo de seis de junio de dos mil once y de la actual ley, las cuales destacan la necesidad de concentrar los juicios de derechos fundamentales, siendo éste un principio que permea en las disposiciones contenidas en la normatividad vigente, lo cual puede constatarse con el diseño empleado por el legislador para procurar que, desde el primer juicio de amparo directo, se analicen todas las violaciones procesales cometidas durante la sustanciación del juicio, privilegiando la resolución de fondo sobre los aspectos procesales y formales, sin afectar los derechos de defensa y equidad procesal entre las partes. Así, por una parte se pretendió reducir considerablemente la cantidad de juicios de amparo indirecto promovidos contra actuaciones procesales -al tornar excepcional su procedencia en los términos señalados- y, por otra, concentrar en la medida de lo posible los juicios de amparo directo derivados de una misma secuela procesal, todo ello en aras de optimizar la garantía de protección de derechos humanos más importante que existe en nuestro orden jurídico; lo que lleva a estimar inaplicables las tesis de jurisprudencia P./J. 147/2010 y 1a./J. 102/2008, por no estar vigentes, pues es posible analizar la violación procesal impugnada en el amparo directo. De las consideraciones expuestas se concluye que a pesar de que el acto emitido por la autoridad jurisdiccional que niega llamar a juicio a un tercero, afecta el derecho sustantivo de acción del denunciante previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha afectación que carece de la materialidad requerida para hacer procedente la vía indirecta, pues no trasciende a la persona o bienes de la parte denunciante, además, aun cuando la determinación negativa aludida no sea abordada en la sentencia definitiva, en caso de impugnarla como violación procesal en la vía directa y concederse el amparo solicitado, a través de la reposición del procedimiento pudiera dejarse insubsistente y ordenarse llamar al tercero, con lo que se retrotraería el estado de las cosas a como se encontraba antes de que se cometiera la infracción adjetiva, sin dejar rastro de afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso. Así, en la parte conducente la diversa tesis V.2o.P.A.4 A (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, Décima Época, Registro digital: 2004121, visible en la página 1599, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE INDICA EN LA DEMANDA, CORRESPONDE AL MAGISTRADO INSTRUCTOR DETERMINAR, FUNDADA Y MOTIVADAMENTE, SU EXISTENCIA, Y SÓLO SI CONSIDERA QUE EXISTE, PUEDE REQUERIR AL ACTOR PARA QUE LO SEÑALE. De acuerdo con los artículos 3o., fracción III y 14, fracción VII y antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es parte en el juicio contencioso administrativo el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante y, cuando lo haya, en la demanda debe indicarse su nombre y domicilio, así como, en caso de que se omita hacerlo, el Magistrado instructor requerirá al promovente para que los señale dentro del término de cinco días. Lo anterior lleva a concluir que cuando en la demanda no hay señalamiento al respecto, ello resulta indicativo de que el actor no consideró que existiera tercero interesado, por lo que, en tal supuesto, corresponde al referido juzgador realizar un juicio de valor que le permita, bajo los elementos objetivos extraídos de las constancias que pueda tener a la vista, determinar, fundada y motivadamente, su existencia, y sólo si considera que existe, podrá emitir el señalado requerimiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con apoyo en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la. Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y otra autoridad. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. También es de señalarse que esta determinación no contraviene las garantías judiciales y de protección judicial que prevén los artículos 8° y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que al efecto señalan: ARTÍCULO 8°.- Garantías Judiciales.- 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. ARTÍCULO 25.- Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2.- Los Estados partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En virtud de existir pronunciamiento de nuestro Más Alto Tribunal en ese sentido, en la jurisprudencia 22/2014, sustentada por la Primera Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, marzo de 2014, tomo I, página: 325, que dice: DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental. Notifíquese y, personalmente a la parte quejosa.
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