Sergio Hernando Barrero Covarrubias
Expediente 769/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/03/2018
Partes del expediente
- Sergio Hernando Barrero Covarrubias
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos y toda vez que mediante auto de nueve de octubre de dos mil quince, se tuvo por cumplida la sentencia constitucional y se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido, al efecto se provee: SE ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvanse al Juez Quinto de lo Penal de Puebla, las copias certificadas de la causa penal 391/2009 de su índice; que remitió como apoyo a su informe justificado, la cual obra en catorce tomos por separado del juicio en el que se actúa.
- Principal
CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías (fojas 795 a 809). Por sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se determinó conceder el amparo al quejoso ****, por vicios de forma, para el efecto de que la Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla: ".deje insubsistente la orden de aprehensión de veintiuno de noviembre de dos mil doce, dictada en el proceso *** de su índice, y con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en sentido diverso a la anterior, o en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales que se indican, esto es: 1. Explique en qué consistió el elemento esencial del fraude, que lo es el engaño que consideró actualizado, con base en lo resuelto en la presente resolución. 2. De igual forma, especifique con qué pruebas de las recabadas en la averiguación previa, se respalda la información contenida en el oficio número ******Director General de la Dirección General de Delitos Fiscales y Financieros, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de otorgarle pleno valor probatorio. 3. Examine los contratos exhibidos por los agraviados celebrados con la empresa denominada *****, a fin de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se llevó a cabo la conducta en estudio. 4. Que en el estudio de la probable responsabilidad, funde y motive la forma de intervención del quejoso en el evento delictivo de que se trata conforme al artículo 21 del Código Penal para el Estado de Puebla, precisando los medios probatorios con los que acredita lo anterior y el valor individual y en conjunto que les atribuye, con los que se justifica la probable responsabilidad del ahora quejoso ***** como integrante en su carácter de Secretario del Consejo de Vigilancia de la empresa denominada *****, en la comisión del delito de fraude genérico que se le atribuye, precisando de las pruebas, el señalamiento directo o indirecto de los ofendidos, y de los empleados, acerca de su participación en la dirección, coordinación o ejecución de las actividades encaminadas a la captación y destino de los recursos de los ahorradores; motivando la intervención de éste y la forma en que actuó dolosamente en su perpetración.." (fojas 795 a 809). Por auto de nueve de abril de dos mil quince, causó ejecutoría la sentencia de garantías y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 1046 y 1047). En cumplimiento a dicho fallo, la Jueza responsable, mediante oficio 4749 de veintitrés de junio de dos mil quince, recibido en este órgano jurisdiccional el veinticinco del mismo mes y año, con número de registro 20612 interno, remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de junio del año en curso dictada en el proceso 391/2009, de la que se observa que dejó insubsistente la orden de busca, aprehensión de veintiuno de noviembre de dos mil doce, emitida dentro del referido proceso, por el delito de fraude, cometido en agravio de la tercero interesada **** y, al seguir los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, dictó una nueva resolución en la que decretó orden de aprehensión en contra del impetrante del amparo **** como probable responsable en la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403 fracción IV con relación a los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal del Estado, cometido en agravio de *** y otros, en los siguientes términos: 1. Expuso que el elemento para tener por acreditado el elemento esencial de fraude, esto es, el engaño o el aprovechamiento del error en que se encuentra el pasivo, lo tuvo acreditado con las declaraciones de los pasivos, en las que explicaron pormenorizadamente la forma en como realizaron sus contratos al llegar a las instalaciones de la empresa, los empleados que laboraban en la misma, los engañaron de que entregando un depósito de ciertas cantidades de dinero, podrían obtener un beneficio económico incrementando sus ahorros, lo que se les hizo atractivo para entregar su dinero a la empresa (Financiera Coofía, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada), así como a los socios que era de ésta, sufriendo así un detrimento patrimonial del que fueron objeto, luego entonces expuso que el engaño que sufrieron los agraviados por cada uno de los integrantes de la referida persona moral, consistió que la misma se estructuró con el fin de la obtención de (captar) dinero del público de manera ilegal, a sabiendas de que su verdadera situación financiera nunca permitió su estadía legitima en la prorroga en términos del artículo 2° transitorio de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, situación que tuvo por demostrada perfectamente con el contenido de la escritura pública en la que se formalizó la creación de la persona jurídica "COOPERATIVA CAJA POPULAR COOFIA, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA, de ahí que la personas que laboraban en dicha sociedad convencían a los ahora agraviados el tipo de inversión que más les convenía para así invertir su dinero y obtener un incremento en tal inversión, lo que no sucedió, ya que la misma no fue recuperada en su totalidad, situación que tenía conocimiento el inculpado. 2. Luego, precisó que las pruebas que respaldan esa información se encuentra contenida en el oficio 529-V-DGDFD-451 suscrito por el Director General de la Dirección General de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en las constancias que integran la causa penal **** del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, en específico con el oficio número **** de veintitrés de julio de dos mil nueve, por el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó a esa unidad administrativa que la federación denominada ******, no se encontraba amparada por la prórroga condicionada en términos del artículo 2° transitorio de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con la cual acreditó el dolo en el que actúo la persona moral financiera COOFIA, al proporcionar datos falsos de sus estados financieros, con el fin de seguir captando dinero de manera ilegal, toda vez que su verdadera situación financiera nunca le permitió su estadía legitima con la mencionada prórroga. 3. Asimismo, analizó los contratos exhibidos por los agraviados, de los que se desprenden las circunstancias de tiempo y lugar, en los que enumeró a cada uno de los agraviados señalando el domicilio y la fecha en que acudieron a las sucursales a fin de firmar el contrato por el cual invirtieron a plazo fijo, para obtener altos rendimientos a su inversión, y ante la pluralidad de los agraviados a quienes se les afectó su patrimonio en diversos momentos, precisó que se trataba de un delito continuado, de acuerdo a lo establecido por los artículos 17 y 19 del Código Penal para el Estado. 4. Del mismo modo, el juez responsable al estudiar la probable responsabilidad del aquí quejoso, fundó y motivó la forma en que tuvo intervención en el delito delictivo, conforme a lo establecido al artículo 21 del Código Penal para el Estado de Puebla, y señaló las pruebas con las que tuvo por acreditada esa intervención en el delito que se le imputa, lo anterior es así, en virtud de que determinó que el referido artículo establece que toman parte ejecución del delito aquellas personas que al momento de la comisión del delito auxilian de cualquier forma a quien directamente lo consuma, de ahí que, la coparticipación se trata de un fenómeno jurídico, ya que el mismo se actualiza cuando varios sujetos, voluntariamente y conscientemente asisten a la comisión de un delito, esto es, interviniendo en la concepción, preparación o ejecución del mismo; con lo anterior, el juez de origen consideró que se encontraba probada la coparticipación del quejoso, ya que encontró datos suficientes para establecer que las personas que se encontraban a cargo de la negociación ejecutaron actos tendentes a la operación de la persona jurídica a sabiendas que no contaba con la autorización para la captación recursos de la sociedad y así tener un beneficio económico. Y, las pruebas que tomó en consideración son las siguientes: El Oficio número *** del Director General de la Dirección General de Delitos Fiscales y Financieros, documental que apoyó con las copias certificadas del proceso *** del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, de la que se advierte que mediante oficio ***** el referido Director General de Delitos Fiscales y Financieros, solicitó al Director General de ***** presentó solicitud de afiliación o estaba afiliada a dicha federación y, en contestación al mismo, mediante diverso oficio ***** el Director informó que la empresa denominada *******, no estaba afiliada a dicha federación, lo que conllevó a acreditar que Coofía no legitimó su estadía en la prórroga de ley, ya que manipuló su información al esconder que la misma no reunía los requisitos necesarios para ser ampara por dicha prorroga en términos del artículo 2° transitorio de la Ley de Ahorro y Creditó Popular, y expresó que con dicha probanza de manera indiciaria se acreditó la probable responsabilidad penal por el detrimento patrimonial de los querellantes, a quienes crearon y formaban parte de la referida empresa, de igual forma a las personas que realizaron diversos actos, como lo es el caso del indiciado, aquí quejoso ****, quien tenía el carácter de Secretario del Consejo de Vigilancia quien tenía conocimiento de las actividades y estados financieros de la empresa en que se desempeñaba. Del mismo modo tomó en cuenta el Decreto por el cual se reformaran diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil siete, en el que se establece que las sociedades o asociaciones que realicen operaciones que impliquen captación de recursos de sus socios o asociados para su colocación entre éstos, que no hubiesen cumplido los requisitos establecidos con el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley citada, deberían de abstenerse de realizar actividades de captación de recursos y no obstante ello continúo captando recursos. Asimismo, consideró el instrumento notarial número 2724, volumen cincuenta y cuatro de la Notaría Pública. Número cuarenta y dos de la ciudad de Puebla, relativo a la constitución de la persona moral ******* misma que por escritura pública siete mil trecientos veintisiete, volumen doscientos doce, de la Notaría Pública número Veintiocho de la ciudad de Puebla, cambio de denominación a *****", documental con la que advirtió que el aquí quejoso tenía pleno conocimiento de las actividades financieras a que se dedicaba la empresa, en la que fungió como Secretario del Consejo de Vigilancia, que conforme a su artículo 93, el Consejo de Vigilancia, es el cuerpo nombrado por la Asamblea de entre los propios, y que tienen por misión, la de supervisar la actuación de los directivos y funcionarios que se ciñan a estas bases constitutivas. Con lo señalado anteriormente el Juez responsable comprobó que con dichos datos el inculpado al desempeñar sus atribuciones como Secretario del Consejo de Vigilancia, tuvo participación en la división del trabajo delictivo mediante funciones esenciales o necesarias para manipular los estados financieros mediante los cuales se encubrió la verdadera situación financiera de COOFIA, por lo que reitero que **** es uno de los sujetos activos que conjuntamente mediante unidad de propósito deductivo, pluralidad de conductas y unidad de sujetos activos, actúo dolosamente en la comisión del ilícito que se le imputa, habida cuenta que el déficit del capital real no fue reflejado en los estados de cuenta financieros, ya que era sabedor de que "****", no estaba autorizada por la Comisión Nacional Bancaría y de Valores para la captación de recursos del público al no estar constituida como verdadera institución financiera (fojas 1051 a 1136). Ahora bien, del contenido de la resolución de veintitrés de junio de dos mil quince, que el Juez responsable remitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que, dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintiuno de noviembre de dos mil doce, dictada en el proceso *** por el delito de fraude, cometido en agravio de ****, y en su lugar, dictó una nueva resolución, en la que cumplió con los lineamientos en el fallo protector de garantías, pues fundó y motivó las consideraciones de las que tuvo por acreditada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le imputa, en los términos que han quedado anotados en párrafos que anteceden, y en esas condiciones, se considera cumplida la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que en primera instancia se sobreseyó y concedió el amparo solicitado por la quejosa, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito y copias de cuenta, signado por el quejoso ****, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en este juicio; visto su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que *** Notifíquese y personalmente
- Principal
CAMBIO DE DENOMINACION Y COMPETENCIA DEL ORGANO JURISDICCIONAL Y RENUMERACION DEL EXPEDIENTE. En atención a que el veintinueve de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla; .así como a las reglas de turno, sistemas de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales en la entidad en mención.", por lo cual, a partir del uno de junio de este año conforme al artículo quinto del citado acuerdo, este Juzgado Federal concluye sus funciones como Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla y cambia de denominación a Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, conservando su domicilio y modifica su competencia respecto de los asuntos en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales. Por lo anterior, en virtud de la nueva denominación y competencia, se procederá a la renumeración del presente juicio de amparo, por consiguiente hágaseles saber a las partes que al número de registro 1301/2014 ahora le corresponde el número 92/2015 del índice de este órgano jurisdiccional Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de los mismos se advierte que no obra el dictamen de la perito oficial ******; en consecuencia. Requiérase a la referida perito, para que en el término de tres días a partir de que surta efectos el presente proveído, emita la opinión correspondiente respecto de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, anunciada por el tercero interesado en el presente juicio de garantías. Apercíbase que de no hacerlo, se le impondrá una multa de diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 3 bis de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, difiérase la audiencia constitucional señalada para hoy, para dar oportunidad a lo anterior. Se fijan de nueva cuenta para su celebración las nueve horas con quince minutos del quince de julio de dos mil quince.
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