Sergio Hernández Uresti
Expediente 1061/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sergio Hernández Uresti
Actuaciones
- Principal
De la lectura integral de la demanda de garantías que nos ocupa, de la que se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, y ante ello, y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la misma. Ello es así, pues del análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la misma carece de firma del promovente del amparo Eduardo Hernández Uresti, así como de las anotaciones de la técnico de enlace administrativo de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, y de la oficial de partes de este órgano jurisdiccional, en el sentido que reciben demanda carente de una firma y 7 tantos de la misma. En razón de lo anterior, no ha lugar a admitirla respecto a Eduardo Hernández Uresti, pues al omitir el promovente asentar su firma, no manifestó su voluntad de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que el documento citado no incorpora, como ya se dijo, expresión de voluntad alguna y en tales condiciones no solicita expresamente ante el órgano jurisdiccional, conozca del juicio de garantías promovido, pues éste se rige por el principio de instancia de parte agraviada de conformidad con el artículo 6°, de la Ley de Amparo, es pues, una exigencia que el particular a quien se le vulnera su esfera de derechos por un acto de autoridad deba estampar su firma, lo cual constituye la expresión de su voluntad de promover dicho juicio. En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida a nombre de Eduardo Hernández Uresti, con apoyo en el artículo 113 de la citada ley de la materia. De la misma manera, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se estudia. Se desprende que contra la ilegal notificación del acuerdo pronunciado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Concepción del Oro, Zacatecas, dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio número 259/2014, al actor Sergio Hernández Uresti, y que ahora reclama al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Concepción del Oro, Zacatecas y al Actuario adscrito al citado órgano jurisdiccional, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, establece la nulidad de notificaciones, medio de defensa, por el cual, podía ser modificada, revocada o nulificada, por la propia autoridad responsable, situación que al no haber agotado, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues es ante los Tribunales de la Justicia de la Unión, ante quien se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, contra la ilegalidad de la notificación del auto emitido, por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Concepción del Oro, Zacatecas, que por esta vía reclama el quejoso, la ley aplicable, prevé un medio de defensa ante la propia autoridad responsable, que en su caso pudo modificarla, revocarla o nulificarla, por lo que éste debió agotarse sin distinción alguna, ya que por el hecho de estar contemplado por la ley aplicable al caso, está a disposición del interesado para que pueda ejercitarlo a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías, máxime que el quejoso es parte del procedimiento del que proviene dicho acto reclamado, por tanto al no acreditar en esta instancia constitucional, que agotó el recurso correspondiente, contra el acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Máxime que en el caso, no nos encontramos en las hipótesis de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Sergio Hernández Uresti, y que ahora reclama al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Concepción del Oro, Zacatecas y otra autoridad, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA: De la lectura integral de la demanda de garantías que nos ocupa, de la que se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, y ante ello, y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la misma. Ello es así, pues del análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la misma carece de firma del promovente del amparo Eduardo Hernández Uresti, así como de las anotaciones de la técnico de enlace administrativo de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, y de la oficial de partes de este órgano jurisdiccional, en el sentido que reciben demanda carente de una firma y 7 tantos de la misma. En razón de lo anterior, no ha lugar a admitirla respecto a Eduardo Hernández Uresti, pues al omitir el promovente asentar su firma, no manifestó su voluntad de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que el documento citado no incorpora, como ya se dijo, expresión de voluntad alguna y en tales condiciones no solicita expresamente ante el órgano jurisdiccional, conozca del juicio de garantías promovido, pues éste se rige por el principio de instancia de parte agraviada de conformidad con el artículo 6°, de la Ley de Amparo, es pues, una exigencia que el particular a quien se le vulnera su esfera de derechos por un acto de autoridad deba estampar su firma, lo cual constituye la expresión de su voluntad de promover dicho juicio. En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida a nombre de Eduardo Hernández Uresti, con apoyo en el artículo 113 de la citada ley de la materia. De la misma manera, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se estudia. Se desprende que contra la ilegal notificación del acuerdo pronunciado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Concepción del Oro, Zacatecas, dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio número 259/2014, al actor Sergio Hernández Uresti, y que ahora reclama al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Concepción del Oro, Zacatecas y al Actuario adscrito al citado órgano jurisdiccional, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, establece la nulidad de notificaciones, medio de defensa, por el cual, podía ser modificada, revocada o nulificada, por la propia autoridad responsable, situación que al no haber agotado, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues es ante los Tribunales de la Justicia de la Unión, ante quien se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, contra la ilegalidad de la notificación del auto emitido, por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Concepción del Oro, Zacatecas, que por esta vía reclama el quejoso, la ley aplicable, prevé un medio de defensa ante la propia autoridad responsable, que en su caso pudo modificarla, revocarla o nulificarla, por lo que éste debió agotarse sin distinción alguna, ya que por el hecho de estar contemplado por la ley aplicable al caso, está a disposición del interesado para que pueda ejercitarlo a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías, máxime que el quejoso es parte del procedimiento del que proviene dicho acto reclamado, por tanto al no acreditar en esta instancia constitucional, que agotó el recurso correspondiente, contra el acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Máxime que en el caso, no nos encontramos en las hipótesis de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Sergio Hernández Uresti, y que ahora reclama al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Concepción del Oro, Zacatecas y otra autoridad, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.
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