Sergio Hernández González

Expediente 755/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
755/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Sergio Hernández González

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso "b" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el siete de octubre de dos mil veinticuatro. En acatamiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. En ese orden, se deja a disposición del promovente el documento que anexó a su escrito de demanda para que acuda por el; con el apercibimiento que, de no hacerlo en el término de noventa días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, será agregado y seguirá la suerte del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora, debido a las medidas preventivas en relación a materia de salubridad general para combatir el virus SARS-CoV2 (COVID-19), determinadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en los Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020, 8/2020, 13/2020 y 18/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron diversos lineamientos para las actuaciones judiciales, para así expedirse una impartición de justicia pronta y expedita en los juicios tramitados durante el periodo de suspensión de acuerdo al catálogo de tipo de asuntos a tramitarse que se fue ampliando, así como los juicios promovidos en línea. En el Acuerdo General 21/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, se determinó la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por dicho virus, abandonando las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda los plazos y términos procesales, y reactiva la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. En ese orden, para efectos de recibir los documentos que anexó a su escrito de demanda, el promovente o su autorizado, deberán ajustarse a los lineamientos establecidos este último acuerdo general, por lo que para acudir a este Juzgado de Distrito, deberán entrar al micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas, disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan a este juzgado, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente al promovente, y háganse las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta promovida por ********************, por su propio derecho, trece copias y un anexo; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 755/2021-VI, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En ese tenor, el suscrito advierte la actualización de manera manifiesta e indudable de la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, de la ley de la materia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la referida legislación solo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Precisa que si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Asimismo, aclara que en los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos precisados. En ese orden, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, establece una regla general y dos específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido un juicio. La regla general de procedencia del juicio de amparo se advierte del primer párrafo de la fracción IV, del artículo 107, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio. Es dable destacar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el juicio de amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Es aplicable al presente caso, la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152. De rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia transcrita, destaca para la resolución del presente asunto, el siguiente pronunciamiento: Esto es, la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. De igual forma, se invoca la tesis aislada número I.3o.C.116 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1287, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161390, que establece lo siguiente: AMPARO INDIRECTO. SU PROCEDENCIA TRATÁNDOSE DE ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, AUTÓNOMOS A LA COSA JUZGADA. De conformidad con la tesis P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que por excepción, en tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución, puede admitirse la vía indirecta para actos que de manera directa afecten derechos sustantivos dictados en esa etapa ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Asimismo, de las consideraciones que sustentan la ejecutoria que da origen a ese criterio, se observa que la aplicación, por analogía, que dicha jurisprudencia autoriza, no implica la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, autónomos a la cosa juzgada, la regla general la constituye que el juicio de amparo solo procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y solo por excepción se admite la procedencia del amparo biinstancial, cuando se trate de actos que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; entendiéndose como tales de conformidad con la tesis P. LVII/2004, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", que sustenta el mismo órgano, aquellos cuyas consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. Asimismo, procederá amparo indirecto contra las resoluciones que tengan autonomía de la ejecución. Por su parte, las dos reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto derivan de los párrafos segundo y tercero de la fracción en cita, en cuanto establecen la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta en los siguientes casos: a) Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, b) En tratándose de remates, solo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; pudiendo en ambos casos reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 22 de abril de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2011474, de rubro y texto: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Asimismo, debe señalarse que en relación con la fracción IV del precepto en cita, la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final de dicho procedimiento. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las mencionadas reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto fueron instrumentadas por el legislador al expedir la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, ahora abrogada, así como en la ley de la materia actualmente en vigor, con la finalidad que se desprende de la exposición de motivos respectiva, consistente en evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el mencionado juicio constitucional se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituía la verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante este que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, y tratándose de remates, que solo procedería contra la resolución que lo aprobara o desaprobara. Importa también precisar que nuestro Máximo Tribunal de la Nación ha emitido criterio en el sentido de que por última resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 190035, que establece: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Ahora, en la especie, la parte promovente del amparo reclama la resolución de diecisiete de junio del año en curso, y la diligencia de requerimiento de seis de agosto pasado, así como el lanzamiento, emitidas en los autos del expediente ********************, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, promovido por ********************, en contra del aquí peticionario de garantías, en las que la responsable ordenó requerir la desocupación del bien inmueble embargado en autos con el apercibimiento de que de no hacerlo sería lanzado con el auxilio de la fuerza pública. Así, resulta pertinente indicar que el promovente en los hechos de la demanda, señaló, bajo protesta de decir verdad, que ante el referido Juzgado el citado ********************, le demandó la reivindicación del predio rústico denominado ******************** de la Congregación de ******************** en Tierra Blanca, Veracruz y otras prestaciones, radicándose el expediente ********************. Posteriormente, se agotaron las etapas procesales y el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva, en contra de la cual el demandado (aquí quejoso) interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, quien radicó el toca 133/2019 y resolvió el quince de marzo de ese año, devolviendo el juicio de origen al Juzgado aludido, quien continuó con la ejecución de la sentencia. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, toda vez que si bien se reclama una determinación emitida después de concluido el juicio (regla general); no se actualiza alguna de las dos hipótesis específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido un juicio, porque: A. Los actos reclamados no constituyen actos con autonomía propia, pues en realidad tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia del juicio natural. B. Por tanto, los actos reclamados no son actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues su objeto es preparar la ejecución de la condena. C. Aunado a lo anterior, los actos reclamados no constituyen la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, toda vez que con ellos no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, no se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se ordena el archivo definitivo del expediente. Es decir, se trata de una actuación dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia firme pronunciada en el juicio natural, pero no constituye la última resolución en el mismo, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial. Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, resulta improcedente la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente e indudablemente improcedente la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en el ocurso de cuenta, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a ********************, ya que acreditan estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; por lo que respecta a ********************solo se le autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos por no encontrarse registrada en dicho sistema, ni proporcionar su número de cédula profesional para su verificación en el Registro Nacional de Profesionistas. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde puedan ser localizados, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 20/09/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B...Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta promovida por ********************, por su propio derecho, trece copias y un anexo; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 755/2021-VI, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En ese tenor, el suscrito advierte la actualización de manera manifiesta e indudable de la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, de la ley de la materia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la referida legislación solo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Precisa que si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Asimismo, aclara que en los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos precisados. En ese orden, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, establece una regla general y dos específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido un juicio. La regla general de procedencia del juicio de amparo se advierte del primer párrafo de la fracción IV, del artículo 107, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio. Es dable destacar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el juicio de amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural... De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia transcrita, destaca para la resolución del presente asunto, el siguiente pronunciamiento: Esto es, la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes... Por su parte, las dos reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto derivan de los párrafos segundo y tercero de la fracción en cita, en cuanto establecen la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta en los siguientes casos: a) Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, b) En tratándose de remates, solo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; pudiendo en ambos casos reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución... Asimismo, debe señalarse que en relación con la fracción IV del precepto en cita, la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final de dicho procedimiento. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las mencionadas reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto fueron instrumentadas por el legislador al expedir la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, ahora abrogada, así como en la ley de la materia actualmente en vigor, con la finalidad que se desprende de la exposición de motivos respectiva, consistente en evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el mencionado juicio constitucional se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituía la verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante este que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, y tratándose de remates, que solo procedería contra la resolución que lo aprobara o desaprobara. Importa también precisar que nuestro Máximo Tribunal de la Nación ha emitido criterio en el sentido de que por última resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. .. Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, resulta improcedente la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente e indudablemente improcedente la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en el ocurso de cuenta, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a ********************, ya que acreditan estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; por lo que respecta a ********************solo se le autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos por no encontrarse registrada en dicho sistema, ni proporcionar su número de cédula profesional para su verificación en el Registro Nacional de Profesionistas. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde puedan ser localizados, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Notifíquese personalmente al promovente.

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