Sergio Hernández Cervantes

Expediente 783/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
783/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Sergio Hernández Cervantes
  • Juez Primera de Primera Instancia En Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora de Hidalgo, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la tercera interesada..; por el que, promueve incidente de pago de daños y perjuicios respecto de la resolución interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, dígase a la tercera interesada que no ha lugar a tener promoviendo el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía y/o incidente de pago de daños y perjuicios, lo anterior es así, puesto que en el incidente de suspensión la parte quejosa no otorgó garantía, con motivo de la suspensión definitiva. En efecto, a fin de dilucidar lo anterior, se debe precisar lo que establecen los numerales 132 y 156 de la Ley de Amparo, lo cuales se transcriben a continuación: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no se obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. [.]." "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente". De las porciones normativas transcritas, se advierte que la garantía que se otorga a fin de que surta efectos la suspensión, únicamente es para responder de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los terceros interesados con motivo de la suspensión, en caso de que no se obtenga sentencia favorable, esto es, que no se conceda al quejoso la protección Constitucional solicitada o, en su defecto, se sobresea en el juicio de amparo. Aunado a lo anterior, tales daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la suspensión otorgada, y esta relación inmediata y directa ha de probarse fehacientemente. Luego, si bien es verdad que el citado precepto prevé el medio para que la parte tercero interesada pueda ver resarcida la afectación a su patrimonio sufrida con motivo de los daños y perjuicios generados por la suspensión concedida, también la propia ley le impone cargas para lograr ese propósito; es decir, las partes tienen tanto el derecho a la prueba, en cuanto a la manifestación esencial de las garantías de acción y de defensa en juicio, como la carga de la prueba, que consiste que el que afirma la existencia de un hecho debe demostrarlo mediante pruebas, para evitar una resolución adversa a sus intereses. En efecto, cuando la pretensión de la parte actora incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños, esto es, la pérdida o menoscabo sufrido en su patrimonio, el estándar de prueba debe ser de alta calidad; es decir, es imperativo que indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su haber patrimonial como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado y que, en su momento, los demuestre. Ello es así, porque la garantía que se pretende hacer efectiva se rige por el principio indemnizatorio, conforme al cual, la indemnización constituye propiamente la reparación del quebranto o la merma que, en su patrimonio efectivamente ha sufrido la parte tercero interesada. En el caso de los perjuicios no puede darse el mismo trato. Su propia naturaleza lo ubica en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, definición que per se obliga al incidentista a exponer hechos relevantes de su reclamo a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca el interesado y de las que a su vez, allegue el quejoso. Conforme a lo hasta aquí expuesto se puede inferir que los requisitos de procedencia del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía que se otorgue con motivo de la suspensión, son los siguientes: 1. La existencia de un tercero interesado. 2. El otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados. 3. La exhibición de la garantía exigida con motivo de la suspensión de los actos reclamados. 4. El dictado en el juicio de amparo de una sentencia desfavorable a la parte quejosa. En ese contexto, cabe destacar que en el caso concreto, si bien, se encuentra colmados los requisitos señalados en los puntos 1, 2 y 4, lo cierto es que no se encuentra colmado el requisito marcado con el punto tres consistente en la exhibición de la garantía exigida con motivo de la suspensión de los actos reclamados, pues como se mencionó la parte quejosa en el presente asunto no exhibió garantía respecto de la concesión de la suspensión definitiva, de ahí que, no ha lugar a tener promoviendo el incidente de referencia; sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente de conformidad con la última parte del artículo 156 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Finalmente, con las documentales que adjunta a su ocurso de cuenta y debido a su volumen, con las mismas fórmense un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, las que se ordena conservar por separado. Notifíquese, y personalmente a la parte tercero interesada.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la primera de las certificaciones que anteceden, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintidós, dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y glósese el original del incidente de suspensión. Ahora bien, en virtud a que por resolución de veintiocho de julio de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Así, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Finalmente, devuélvase al Juez Primero Civil de Primera Instancia, con sede en Zamora, Michoacán, las copias certificadas del juicio ordinario civil número 555/2019, que remitió a este Juzgado Federal; con los cuales se formó un tomo por separado. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el escrito presentado vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por *****, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.b2., a nombre del citado promovente; atento a su contenido; dígasele que cada una de las promociones y acuerdos que dicta este Órgano Jurisdiccional, se encuentran todas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la constancia practicada por el Actuario de la adscripción, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso *******, así como a sus autorizados, la sentencia definitiva de veintiocho de julio de dos mil veintidós, por los motivos que en la misma se indica; consecuentemente, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele el sentencia de que se trata, y los subsecuentes que sean de carácter personal por medio de lista de acuerdos, en tanto señale domicilio para tal efecto. Tiene aplicación a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 1a/J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 238, tomo XXVII, Abril 2008, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente Notifíquese.

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